Al cierre de esta edición, el movimiento indígena ecuatoriano se concentraba en diversos plantones pacíficos de miles de personas frente a las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. Pedían que se transparentara el proceso de conteo de votos y que se aclararan las dudas pertinentes respecto a una multitud de actas electorales confusas; todo ello mientras los responsables de la institución rectora de la democracia ecuatoriana –nombrados, la mayoría de ellos, por sectores políticos conservadores– negaban y dilataban dicha reivindicación.
Pese a que inicialmente la candidatura indígena de Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik, aparecía como la segunda más votada en las elecciones del domingo 7 y que Pérez se perfilaba como el contrincante del llamado correísmo en una segunda vuelta, la evolución del conteo de votos al comienzo de esta semana dio un vuelco en la tarde del martes 9. Guillermo Lasso, magnate financiero y candidato de las elites, pasaba a ser, con apenas un puñado de votos por encima de Pérez, el contradictor del exministro correísta Andrés Arauz en el balotaje que tendrá lugar el 11 de abril.
Las sospechas del movimiento indígena se basan en que el territorio que quedó último en el procesamiento de las actas fue la provincia de Guayas, feudo histórico de los socialcristianos. Se trata de un sector de la derecha costeña aliada a la candidatura de Lasso y tradicionalmente conocida por sus artimañas electorales. En Guayas, las actas que presentaban inconsistencias pasaron de ser el 5 por ciento en el anterior proceso electoral a ser el 20 por ciento en esta ocasión. Así, una cantidad importante de votos quedó a merced de la decisión del Consejo Nacional Electoral. Según la versión de los observadores electorales indígenas, durante el lento procesamiento de sufragios de los últimos días podrían haberse sustituido –con la complicidad de los miembros de ese organismo, copado por delegados de la derecha– varias bolsas de votos y una parte importante de las actas con inconsistencias, extremo que aún no ha podido ser probado.
CAMBIO DE PRIORIDADES
Más allá de esta situación, y dada la estrechísima diferencia de votos entre Pérez y Lasso, lo cierto es que el domingo el pueblo de Ecuador rompió con el clivaje sociopolítico que ha marcado los últimos 14 años de este país: la polaridad entre dos facciones políticas claramente enfrentadas. Por un lado, la del expresidente, hoy exiliado en Bélgica, Rafael Correa y la estructura político-partidista que lidera y, por otro, la de la derecha empresarial a la que representa Lasso, a la cabeza del partido CREO.
Pese al eslogan electoral «En una sola vuelta» con el que la candidatura del favorito Arauz esperaba evitar un balotaje, su partido apenas obtuvo 3 millones de votos (32,6 por ciento de los votos válidos emitidos). Lasso y el candidato indígena Pérez obtuvieron alrededor de 1.800.000 votos cada uno (entre el 19,7 y el 19,5 por ciento de los sufragios). En cuarto lugar quedó Xavier Hervas, un empresario joven y desconocido hasta esta campaña, que corrió por el partido social liberal Izquierda Democrática (ID) y obtuvo cerca de 1 millón y medio de votos (15,7 por ciento). El resultado de las otras 12 candidaturas que se disputaron la poltrona presidencial fue marginal.
Las oposiciones antiextractivismo versus desarrollismo y nueva política versus política tradicional se abrieron espacio así en un escenario que inicialmente aparecía dominado por el enfrentamiento entre partidarios y detractores de Correa. Esta ruptura se materializó en lo alcanzado por Pachakutik y por ID, un viejo partido de la escena política venido a menos en los últimos años. Para entender este fenómeno debe tenerse en cuenta que los candidatos de ambas fuerzas conectaron en su campaña con segmentos de la población que ya no se sentían representados por la política tradicional. Más allá de su éxito en los territorios de la sierra y amazónicos, Pérez logró entre los jóvenes urbanos una particular sintonía a través de un mensaje ambientalista «en defensa de la Pachamama», mientras Hervas se presentó como el líder de la renovación. Ambos defendieron, además, el derecho al aborto por violación frente a las otras candidaturas, que optaron por oponerse a legalizarlo o directamente no abordaron el tema.
Pachakutik compensó las críticas de sus rivales a las carencias del plan económico que presentó durante la campaña –menos transformador incluso que el presentado por el correísmo– mostrándose como el depositario del capital político acumulado en el levantamiento indígena de 2019 contra el FMI y el gobierno de Lenín Moreno (véase «País de lucha», Brecha, 11-X-19). En muchos sectores populares urbanos, Pérez fue visto como parte del «pueblo», «uno de nosotros» y no como un miembro del establishment.
Lo sorpresivo del resultado obtenido por Pachakutik en estos comicios –los sondeos previos le daban en torno al 11 por ciento de los votos– es en parte efecto de la politización del dolor de muchas familias ecuatorianas por los más de 15 mil muertos por la covid-19 en 2020 registrados por las cifras oficiales; el actual incremento acelerado del desempleo y la precariedad laboral, que sufre al menos un 83 por ciento de la población económicamente activa, de acuerdo al Instituto de Estadísticas y Censos; la constante pérdida de capacidad adquisitiva de las clases medias y medias bajas, que está generando un fuerte endeudamiento familiar, y el crecimiento de la pobreza, que afecta casi al 38 por ciento de los ecuatorianos, y de la desigualdad, que aumentó en un 6 por ciento el último año, según cifras de Unicef. En este contexto, el partido indígena, fundado en 1995 como un frente electoral de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha obtenido así el mejor desempeño de su historia en las urnas, pasando a ser la segunda bancada más importante en la Asamblea Nacional.
LAS Tensiones y EL PELIGRO DE LA DIVISIÓN
La criminalización de la protesta social durante la década de gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y la apertura de procesos jurídicos contra buena parte de la dirigencia indígena que ejercía su derecho a la resistencia en defensa de sus territorios han dejado una brecha que hace imposible el entendimiento actual entre ambas facciones políticas. En este contexto, el conflicto dentro del movimiento indígena parece inevitable. Mientras Pérez y su entorno, más afín a negociar con la derecha un frente común anticorreísta, mantiene la posición de reabrir las urnas y recontar los votos en las siete provincias en las que consideran que existen incidencias –especialmente en Guayas– los sectores más combativos de la Conaie, aquellos que lideraron el alzamiento popular de octubre de 2019, difícilmente apoyarían la candidatura de Lasso en una segunda vuelta.
En paralelo, parte del correísmo parece priorizar el conflicto con el movimiento indígena, al que acusa de complicidad en el desmantelamiento –efectuado durante los últimos cuatro años– de la institucionalidad instalada durante la década progresista. Esta agria disputa entre las dos principales opciones de la izquierda puede abonar el camino al poder de una derecha neoliberal que el domingo apenas sumó el 20 por ciento del apoyo popular.
Sin embrago, así como existen diferencias dentro del movimiento indígena, no todo el correísmo comparte la postura confrontativa contra el Pachakutik, encabezada por el mismo Rafael Correa. Su exministro y candidato presidencial Arauz viene haciendo llamados permanentes a la conformación de un frente amplio que incorpore no sólo al movimiento indígena, sino también a la expresión socialdemócrata liberal representada por la ID. De hecho, en las filas correístas existe una tensión similar a la vista recientemente en Bolivia entre viejos y nuevos cuadros del progresismo.
PREDESTINADO A LA CRISIS
En esta coyuntura resulta difícil vislumbrar cómo se resolverá el bloqueo político que vive Ecuador. Un escenario factible sería que se atendiera el reclamo de Pérez de abrir las urnas y recontar los votos. Si se comprueba el supuesto fraude denunciado por el Pachakutik, el rival del correísmo en segunda vuelta sería el propio Pérez, quien tendría que negociar con las elites económicas a cambio de su voto. Esto conllevaría graves tensiones en el movimiento indígena.
En caso de que se confirmara el pasaje de Lasso al balotaje, es posible que Pérez le declare su apoyo en segunda vuelta a cambio de algunas carteras ministeriales de segundo orden. No sería la primera vez que Pachakutik comete este error político. Sin embargo, una vez más parece difícil que semejante posicionamiento –alianza de los históricamente olvidados con las elites del país– sea secundado por la Conaie, la verdadera estructura organizativa del poder indígena.
Por último, si no se diese lugar al recuento de votos que demanda Pérez, está asegurada una potente movilización indígena en la que se podrían repetir episodios como los de octubre de 2019. Un escenario como ese, por otra parte, significaría también la consiguiente represión a mano de los aparatos de seguridad del Estado e incluso la posibilidad de un escenario a la boliviana, con la imposición de un gobierno de facto transitorio hasta una nueva convocatoria electoral. Sin duda, esa sería una ocasión propicia para quienes desean imponer el paquete de medidas económicas exigidas por el FMI, que carecen del apoyo de la inmensa mayoría de los ecuatorianos.
A esta crisis política se suma, además, el anuncio de la Fiscalía General del Estado de pasar a investigar las finanzas de la campaña de Arauz con base en una denuncia proveniente de Colombia. Según la revista Semana, posicionado con intereses conservadores de aquel país, la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional habría donado unos 80 mil dólares a la campaña electoral del correísmo. Pese a que la credibilidad de esa publicación en cuestiones relativas a la guerrilla y sus presuntos vínculos con el progresismo legal está severamente mermada y la acusación carece hasta ahora de fundamento, es claro que existe un fuerte interés del oficialismo ecuatoriano y de sus aliados en la región de lograr la elección de un gobierno de tinte conservador para la próxima legislatura.
