El encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva es todo un acontecimiento del devenir político sudamericano, y visto en perspectiva probablemente tendrá el rango de un hito histórico.
Si bien en lo inmediato, por tratarse de un acontecimiento en desarrollo y en disputa abierta, es razonable que se imponga el grito de orden “Lula livre”, importa también el balance político del evento, sopesar su significancia estructural y la búsqueda de pistas estratégicas para pensar el tiempo histórico y político regional.
La prisión de Lula, como punto alto de una ofensiva desarticuladora del bloque social liderado por el PT en Brasil, viene a hablarnos de al menos dos grandes nudos políticos fundamentales: a) la crisis de la estrategia progresista, y b) la democracia representativa en la región llega hasta donde comienzan a ponerse en cuestión los elementos fundamentales de la reproducción política y económica de los sectores dominantes.
El desfondamiento del pacto progresista. El mar de fondo de la crisis estratégica del progresismo está en el desfondamiento del pacto distributivo (piedra angular de la estrategia progresista) que permitieron las turbinas de la acumulación capitalista de la región, alimentadas con la renta agropecuaria y minera a partir del boom de los commodities. Llegado el cuello de botella que impone la caída de los precios de exportación, las economías sudamericanas ya no son capaces de sostenerse en su mismo dinamismo y comienzan a requerir duros ajustes sobre salarios, gasto público y marcos de regulación laboral. El problema en eso es que implica desmantelar un tejido institucional relevante, y la propia expresión política que lo llevó adelante: las coaliciones progresistas. Siguiendo al sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero podemos decir que la estrategia progresista se muestra impotente para resolver el nuevo equilibrio de fuerzas y contradicciones que ha desatado al incorporar masas populares al espacio político, económico y social, y por ende al reparto del producto social; porque al mismo tiempo que le impone condiciones al capital que éste ya no puede sostener, tampoco es capaz de avanzar sobre él.
El tiempo político regional, por tanto, empieza a gravitar en torno a una situación de “empate hegemónico”, entendido éste como la dinámica de bloques capaces de vetarse mutuamente sus proyectos, pero sin fuerzas suficientes para imponer cada uno el suyo. Lo que está en marcha en Brasil, y la prisión de Lula es un paso clave en ese sentido, es la apuesta de las principales fracciones del poder brasileño para superar el empate a su favor.
En esta disputa por el desempate hegemónico la derecha parece tener la iniciativa. En el caso de Brasil, al menos desde las llamadas “manifestaciones de junio de 2013” (ciclo de movilizaciones contra el gobierno del PT dirigido por Dilma, que inicialmente se originaron en demandas por transporte público barato y acabaron cooptadas por sectores de la derecha social y mediática), la derecha brasileña comienza un proceso de rearticulación política en dos líneas: a) en materia de síntesis programática y discursiva, comienza a instalarse la necesidad del ajuste económico y cobra fuerza la matriz de opinión con eje en la corrupción, la inflación y el déficit fiscal, y b) la constitución de expresiones políticas de la derecha social que lentamente comienzan a ganar las calles, entre las que se destacan el Movimiento Brasil Livre (Mbl) y el colectivo Vem Pra Rua (“Ven a la calle”).
Desde entonces la derecha brasileña viene ganando espacio social disputando las banderas del malestar, anclada en la denuncia de la corrupción, la demanda de ajuste económico y seguridad y los movimientos pro-familia. Todo ello articulado en torno al rechazo furibundo de la izquierda y en particular del PT y Lula. La comunicadora Ivana Bentes dice que “el antipetismo histérico es una contraseña para liberar la barbarie”.
No es casual que el marco supremo del debate público comience a organizarse en torno al eje de la corrupción, algo que no ocurre sólo en Brasil sino que también es claro en el caso argentino y despunta lentamente en Uruguay. Si bien hay elementos de realidad que aportan insumos al discurso de la corrupción como eje madre de los problemas de nuestros países, su centralidad acaba siendo funcional para una “antipolítica” de derecha, en tanto opera en una suerte de vacío ideológico y diagrama un espacio discursivo y de sentido que elude lo fundamental.
Esta constelación de actores y discursos parece tener expresión también en Uruguay. Si bien la crisis sudamericana parece llegar a nuestro país diferida y amortiguada, los contornos de la batalla política se presentan de forma muy similar. La derecha ya inició un proceso de rearticulación programática y organizativa, tanto en el plano económico –con la creación de la Confederación Empresarial– como, por ejemplo, a nivel educativo, con el desarrollo de espacios como Eduy 21. Y ya comienza a concretar su propio movimiento de ciudadanos descontentos, con expresiones como los “autoconvocados” y los grupos movilizados en torno a la seguridad y contra la “ideología de género”.
Mientras la derecha politiza el malestar social, los frentes progresistas navegan en la ausencia de agenda y relato capaces de hacer frente al proceso de agotamiento cada vez más evidente, y su estrategia parece reducirse al intento de reeditar un pacto social y distributivo cada vez más inviable.
Estrategia sin poder. Quien en 2010 fuera elegido por la revista Time como el político más influyente del mundo, hoy está recluido en una celda de 15 metros cuadrados. No hubo resistencia civil relevante, no hubo huelgas, ocupaciones, cortes de ruta. En San Bernardo de los Campos estaba sólo el núcleo duro de la base del PT y los movimientos sociales aliados (Central Única de Trabajadores, Unión Nacional de Estudiantes, el Movimiento sin Tierra, los Sin Techo): la minoría intensa de la izquierda lulista.
Lula va preso porque es un obstáculo para la reactivación de los motores de acumulación del capital brasilero (el ajuste sobre el trabajo), pero también porque nunca apostó por encabezar un bloque social capaz de avanzar progresivamente sobre el estancamiento político brasileño. Su presencia en la contienda es la continuidad de un empate que ya no es sostenible sin afectar a alguna de las partes.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge), quienes están en el 1 por ciento más rico ganan 36 veces más que quienes se encuentran en el 50 por ciento más pobre. Eso es lo que importa en materia de poder social. Desigualdad económica, desigualdad política, concentración mediática, por no hablar del poder militar. Esas son las bases materiales y el secreto de una correlación de fuerzas que hoy tiene encarcelado sin pruebas al principal líder progresista de Brasil.
Lula preso es el testimonio brutal de la crisis de una estrategia que no ha tenido voluntad de poder real.
* Economista. Integrante de Hemisferio Izquierdo.