En Brasil el combustible y sus derivados no paran de subir. Desde que Jair Bolsonaro llegó al poder, el precio del diésel tuvo una suba acumulada de 23,5 por ciento, el de la gasolina ha sido de 51 por ciento y el del gas de cocina, de 85,4 por ciento. Estos aumentos empujan al alza el resto de los precios. Sobre todo los de los alimentos, en un país donde actualmente unos 19 millones de personas pasan hambre. Se estima que Brasil terminará el año con una inflación acumulada del 7,9 por ciento.
Cuando comenzó la polémica, a mediados de agosto, Bolsonaro trató de atribuir los aumentos a los gobernadores, a causa de un impuesto cobrado por los estados sobre la venta de combustibles. Sin embargo, ese impuesto casi no registra subas en los últimos años. A partir de entonces, su discurso ha ido cambiando. El jueves pasado, en su transmisión semanal en vivo en redes sociales, hizo otra lectura: «Vivimos en un país que paga todo en reales, es prácticamente autosuficiente en petróleo y tiene el precio del combustible guiado por el dólar. Realmente nadie entiende eso, pero es algo que viene de hace años». Algunas aclaraciones: primero, el «viene de hace años» puede y debe ser sustituido por 2016, el año del golpe contra Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer; segundo, el presidente acierta el diagnóstico, pero no parece dispuesto a atacar sus causas, y, tercero, pretende aprovechar la crisis actual para presentar las causas del problema como si fueran su solución, como veremos más adelante.
SE VENDE
Para entender el descontrol en el precio de los combustibles es necesario tener en cuenta un elemento anterior: el rol de Petrobras. Fundada en 1953 como empresa estatal monopólica por Getúlio Vargas, fue concebida como un motor del desarrollo económico y productivo nacional. Ese papel se mantuvo, hasta cierto punto, incluso luego de convertirse, en 1997, en sociedad anónima de capital abierto, con el Estado brasileño como accionista mayoritario. El rol de estímulo a la economía nacional que Petrobras tuvo desde su creación se extendió durante los gobiernos progresistas iniciados en 2002 a vastos sectores de la cultura y los deportes; quien haya visto cine brasileño de las últimas décadas recordará su patrocinio, que aparecía en la mayoría de las cintas producidas en el país.
En 2016, la realidad cambió de forma drástica. William Nozaki, economista, sociólogo y coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (INEEP), dice a Brecha: «A partir de entonces, la idea de Petrobras como empresa protagonista del desarrollo industrial, tecnológico y petrolífero brasileño, que tenía como objetivo garantizar la seguridad energética nacional y el abastecimiento del mercado interno, fue desmontada y sustituida por la idea de una compañía concentrada en la producción de crudo sin valor agregado y orientada a maximizar la generación de dividendos para los accionistas». Para Tadeu Porto, director de la Federación Única de los Petroleros, desde 2016 «la burguesía brasileña secuestró Petrobras y la usa como un Robin Hood al revés, aprovechando toda su estructura, poder y presencia para volcar el dinero en el mercado en el que tiene más control: el financiero».
Las medidas tomadas por el gobierno de Temer llevaron a Petrobras a iniciar un profundo programa de desinversión y venta de activos. La estatal se retiró progresivamente de los segmentos de energías renovables, fertilizantes y gas natural. Ha puesto a la venta ocho refinerías de las 13 que tiene y, con ellas, casi la mitad de la capacidad de refinación nacional. Hasta ahora, de las 17 refinerías de Brasil, solo cuatro son privadas y en total no llegan a producir el 5 por ciento de la gasolina del país. Porto opina que «como Brasil está en crisis, los grandes capitales privados compran a la baja. Las autoridades actuales de Petrobras les facilitan el acceso a activos que a la larga van a dar muchísimo lucro. Así se hacen de buena parte del enorme patrimonio de la estatal sin discutirlo con la sociedad, que es la que va a pagar la cuenta más adelante».
EL PRECIO
Para Nozaki, «el nudo que organiza la relación entre la privatización y el precio abusivo de los combustibles» es la venta de las refinerías y la disminución, decidida por la propia Petrobras, de sus capacidades de operación y refinado. «Hay una capacidad instalada que permitiría abastecer el mercado interno de derivados, gasolina, diésel, gas, nafta, combustible de aviación y marítimo. Pero, para viabilizar la venta de una parte de esas instalaciones, la empresa redujo el uso de sus refinerías, que trabajan con capacidad ociosa», apunta el economista.
Según datos del propio INEEP, entre 2015 y 2017 aumentó en 30 por ciento el número de empresas importadoras de petróleo autorizadas a operar en el país. Con ellas, aumentó la presión para mantener un precio dolarizado. A partir de 2016, Petrobras comenzó a aplicar la política de precios de paridad de importación (PPI), que hace que el valor de los combustibles en las estaciones de servicio cambie de acuerdo a las oscilaciones del precio del barril y de la tasa de cambio en el mercado internacional. Este valor incluye también los costos de logística de importación, a pesar de que lo importado por la estatal es una ínfima parte de lo que comercializa.
Según Nozaki, este sistema es el principal responsable de los aumentos abusivos. «El PPI arrastró a Brasil hacia una situación de mucha inestabilidad e incertidumbre en materia de precios. Durante el gobierno de Bolsonaro, desde enero de 2019 hasta setiembre de 2021 hubo más de 90 alteraciones del precio del diésel y más de 100 alteraciones del precio de la gasolina.» En la práctica, explica el economista, «esto ha significado ganancias muy importantes para los accionistas». «Las subas del precio aumentaron significativamente las ganancias líquidas de Petrobras, pero al mismo tiempo generaron una inflación de los combustibles que impacta en el mercado interno de una manera muy fuerte», sostiene.
La contradicción es evidente: en lo que va de 2021, y mientras la gente paga precios estratosféricos para llenar el tanque y el costo de los alimentos aumenta exponencialmente, Petrobras lleva obtenidas ganancias por 75.000 millones de reales (13.700 millones de dólares), de acuerdo al balance anunciado el 29 de octubre. Además, la empresa anunció el pago anticipado de 31.000 millones de reales en dividendos a sus accionistas, que totalizan unos 64.000 millones de reales anuales (11.700 millones de dólares).
ILUSIONES
Antes de la adopción del PPI, las políticas de precios de la estatal brasileña trataban de anticipar a largo plazo las alteraciones en el precio internacional del barril y minimizar los impactos en la interna. A su vez, la infraestructura era operada con el objetivo de maximizar la producción con vistas al mercado interno y reducir la dependencia con respecto a la importación. Existían también instrumentos públicos para intentar controlar el margen de lucro en sectores como distribución y reventa y para minimizar el impacto al consumidor, al menos cuando Petrobras actuaba en esos segmentos de la cadena, explica Nozaki. Eso ya no sucede. En julio de este año, la empresa terminó de vender a capitales privados su subsidiaria dedicada a la distribución de combustibles, la mayor empresa del ramo en todo el país, y con ella perdió toda su cadena de estaciones de servicio.
Según datos relevados por el periodista Guilherme Weimann, durante los primeros seis meses de la pandemia de coronavirus, Petrobras –dirigida en aquel entonces por Roberto Castello Branco, nombrado en el cargo por Temer– vendió 382 de sus activos, incluyendo plataformas, campos de exploración y la estructura completa de gasoductos de la estatal. «Los liberales brasileños han planteado históricamente como un problema el tamaño y el grado de verticalización de Petrobras. El argumento es que se crea una cadena de abastecimiento concentrada que hace que los precios terminen subiendo. Sin embargo, en la práctica, por la propia naturaleza de la actividad, esta cadena productiva funciona en red, está al mismo tiempo verticalizada e integrada», dice Nozaki. Y agrega: «Este es un sector de recursos naturales estratégicos, que exige mucha coordinación y mucha inversión. Con el argumento de vender Petrobras para aumentar la competencia, sustituimos un monopolio estatal por uno privado».
La petrolera estatal supo tener el monopolio de la explotación, la refinación y la distribución de combustibles en el país hasta 1997, cuando el gobierno de Fernando Henrique Cardoso aprobó la Ley del Petróleo, que no solo vendió parte de las acciones que el Estado poseía en Petrobras, sino que apuntó a abrir el mercado de los combustibles a jugadores privados. Sin embargo, en lo referido a la producción, la compañía venía manteniendo un monopolio virtual por ausencia de competidores.
LA POLÍTICA
La polémica sobre el precio de los combustibles ya venía desde mayo, cuando Bolsonaro cambió al presidente de Petrobras. Presionado por los constantes aumentos de precios y las quejas de una de sus bases de apoyo más importantes –los camioneros–, el mandatario colocó en lugar de Castelo Branco al general Joaquim Silva e Luna. En aquel momento, Bolsonaro dijo que su intención era que bajaran los precios, pero desde entonces hasta ahora nada cambió. A fines de octubre, además de quejarse del precio dolarizado, Bolsonaro dijo que Petrobras no debería dar ganancias tan altas como las actuales, porque al ser una compañía estatal debería tener cierto «costado social». ¿Qué propone el presidente como solución? Privatizar la empresa, a la que considera un «problema» que solo le trae «dolores de cabeza».
La confusión viene desde siempre. Bolsonaro ha dado mensajes poco claros sobre lo que piensa de la estatal a lo largo de toda su carrera política. En campaña decía que era contrario a la privatización, porque se trataba de una empresa «estratégica» para el país. Lo que el gobierno federal evalúa ahora es enviar al Congreso un proyecto de ley que permita la venta de acciones de Petrobras al punto de que el Estado pierda la mayoría accionaria y, por tanto, el control de la compañía. Su ministro de Economía, el notorio neoliberal Paulo Guedes, siempre tuvo entre sus planes –y nunca lo escondió– la venta de todas las estatales. En los últimos días fue más allá al afirmar que «en 30 años Petrobras no va a valer nada».
Para Deyvid Bacelar, coordinador general de la FUP, Guedes «es un cínico»: «Usa ese argumento para privatizar, pero en el fondo lo que quiere es aumentar a corto plazo el lucro financiero y de los especuladores, y el pueblo y el medio ambiente que se arreglen». Opina que «lo que valga Petrobras de aquí a 30 años dependerá de las estrategias adoptadas por la propia gestión de la empresa» y sostiene que «aunque el petróleo deje de ser la mayor fuente de energía del mundo, seguirá siendo una fuente importante de materia prima para más de cuatro mil productos de la industria química y petroquímica». Por otro lado, el petrolero rescata «la estrategia adoptada entre 2003 y 2014 de ampliar el campo de actuación de la estatal, con participación creciente en la producción de energía eléctrica a través de usinas eólicas y fotovoltaicas y en el segmento de biocombustibles». La semana pasada, los trabajadores de Petrobras iniciaron un proceso de discusión en asambleas, de cara a la construcción de una huelga nacional contra los intentos de privatización total.
