El ex presidente de la cooperativa Cossac y ex dirigente colorado Julio César Talamás fue enviado un mes a prisión por tenencia no autorizada de armas de fuego. El hombre que cobró notoriedad en 2004 por el eslogan de su campaña política en 2004, “La fuerza del adulto mayor”, tenía decenas de armas sin declarar, dos de ellas con la numeración limada. Desde 2012 tenía vencido el carné de coleccionista.
La Operación Freud de la Dirección General de Información e Inteligencia (Dgii), realizada a fines de marzo, implicó dos allanamientos simultáneos (uno en San José de Carrasco y otro en Libertad) y la incautación de 59 armas de grueso calibre, todas en situación irregular. El propietario de este poderoso arsenal era el ex dirigente político Julio César Talamás, quien primero estuvo vinculado al Partido Colorado y luego tuvo un breve pasaje por el Frente Amplio.
El procedimiento liderado por la fiscal Mónica Ferrero fue una derivación de la Operación Sirio, iniciada a partir del trabajo de la Dirección General de Fiscalización (Digefe), que tiene a su cargo el registro y supervisión de las empresas de seguridad. Esta dependencia del Ministerio del Interior trabaja desde hace varios meses en detectar posibles incumplimientos a la ley de control de armas.1
En ese operativo se incautaron 74 armas registradas por una empresa de seguridad privada que estaba inactiva. Pero la indagación siguió adelante y la investigación de inteligencia terminó en Talamás, quien tenía estrechos vínculos con el propietario de la empresa. Talamás se hizo conocido en las elecciones de 2004, cuando se postuló como diputado por la lista 7444 del Partido Colorado, vinculada al Foro Batllista, bajo el eslogan “La fuerza del adulto mayor”. Su lista obtuvo el tercer lugar en la interna colorada, por detrás de las encabezadas por el senador José Amorín Batlle y el ex diputado Óscar Magurno, pero la debacle electoral del partido de gobierno le impidió llegar a la Cámara baja.
DE TODO CALIBRE. Cuando los efectivos ingresaron a la casa de Talamás durante la Operación Freud se encontraron con armas de diverso calibre: 19 no estaban registradas a su nombre, otras 40 sí, pero, excepto tres, todas tenían las guías vencidas. Dos de las 59 armas, una pistola Beretta y una carabina calibre 30 Carbine –un arma de guerra–, tenían el signo de identificación suprimido y estaban en condiciones de funcionamiento.
Además se incautaron cientos de municiones para armas de diverso calibre, incluidos cinco cargadores extendidos de 30 municiones para pistolas Glock (prohibidos para uso civil) y una granada desactivada. Talamás se escudó en que era coleccionista, pero tenía su certificado vencido desde marzo de 2012. Según la normativa uruguaya, una persona puede tener hasta tres armas registradas a su nombre. Por este motivo, todo el arsenal fue incautado. Talamás fue detenido y enviado a prisión preventiva por 30 días.
En este marco, días atrás, la jueza María Noel Odriozola dispuso la condena de Talamás por un delito continuado de tenencia no autorizada de armas de fuego y municiones en reiteración real, con dos delitos de porte y tenencia de armas de fuego con sus signos de identificación suprimidos y un delito de receptación, según el fallo al que accedió Brecha. Este último por tener en su poder una pistola Bersa que había sido robada 16 años atrás de una finca de Ciudad de la Costa.
La condena se dictó en proceso abreviado, tras el acuerdo logrado entre Talamás y la fiscalía. Allí se acordó una pena mixta: un mes de prisión efectiva y 15 meses de libertad vigilada, por lo que Talamás recuperará la libertad este sábado, ya que ingresó a Cárcel Central el 27 de marzo. Además, el ex dirigente político no podrá portar armas de fuego ni municiones por el resto del tiempo de condena. Si lo hace, el acuerdo judicial será revocado y la condena revisada. Las armas incautadas serán destruidas.
Este no
es el primer episodio con armas de fuego en su vida. En setiembre de 2007,
Talamás ingresó a una reunión de la Cooperativa de la Previsión Social (Cps) con guardaespaldas, un chaleco
antibalas y una metralleta Uzi en sus manos. Según informó entonces La
República, Talamás amenazó a los integrantes de la Junta de Acreedores
–con quienes estaba enfrentado–, al grito de que estaba “en guerra”. Por
este hecho fue procesado sin prisión y luego condenado por un delito de
violencia privada especialmente agravada.
Más adelante, Talamás fue presidente de Cossac, una cooperativa de ahorro y crédito que terminó intervenida por la justicia tras registrar, en 2012, un déficit de unos 137 millones de pesos. Su gestión fue duramente cuestionada por la Auditoría Interna de la Nación (Ain), que reveló contratos irregulares de la cooperativa con amigos y familiares de los integrantes de la Comisión Directiva y aportes ilegales a partidos políticos, entre otras cosas. Según la Ain, Talamás gestionaba Cossac como un negocio particular, algo prohibido por las normas que regulan la actividad de las cooperativas.2