El 9 de noviembre fueron 2,5 millones los ciudadanos de Cataluña (sobre 5,4 millones de votantes potenciales) que participaron en la votación no vinculante sobre la independencia convocada por la Generalitat (gobierno catalán) y cuya organización y desarrollo recayó en 40 mil voluntarios. La sociedad catalana sorteaba así la proscripción impuesta desde Madrid y las amenazas de procesar a todo funcionario que tomara parte en esta consulta, que tuvo que realizarse sin censo y con muchísimos menos lugares de votación que, por ejemplo, en unas elecciones legislativas.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy y los medios de comunicación radicados en Madrid intentaron, una vez más, minimizar y ridiculizar la movilización civil catalana, al igual que hicieron con las multitudinarias marchas d...
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