Al igual que hace una década larga en Río de Janeiro, la futura edición del mundial de fútbol en Latinoamérica hizo aflorar conflictos locales y abrió la puerta para un engorde represivo, en el inicio de un nuevo gobierno progresista, el de Claudia Sheinbaum.
«No va a haber represión ni criminalización de las movilizaciones, pero sí va a haber un protocolo que garantice que no habrá afectaciones a terceros», dijo la semana pasada la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, al anunciar un «protocolo de acompañamiento» que comenzó a ser implementado a menos de un año del puntapié inicial de un mundial de fútbol que tendrá su partido inaugural en el ex-Azteca.
El icónico estadio, que perdió su nombre original por el del banco privado que le entró a su patrocinio en marzo, funciona desde ya como el centro de la movilización vecinal que articula a distintos barrios. Acostumbrados al ejercicio de la participación en la vida de sus comunidades, los vecinos del Azteca son, en realidad, un conjunto de pueblos prehispánicos que han batallado por su reconocimiento por el gobierno de la capital y que ya padecen vivir en la zona gestionada por el grupo Televisa, dueño del estadio.
Gracias a investigaciones de la Asamblea Ciudadana contra las Megaconstrucciones Tlalpan-Coyoacán, se sabe que Televisa recibió en 2019 una concesión de perforación de agua para el estadio. Los vecinos exigen pura y simplemente su revocación. El gobierno ha querido aplacar el conflicto anunciando un acuerdo por el que Televisa «donará» a la red pública el agua que extrae, pero las vecinas organizadas insisten en que su lucha es por el fin del permiso de extracción, que aumentó el poder de un grupo económico que desde su llegada al barrio, en 1966, ha tratado a la gente que reside en el área como si también fuera de su propiedad.
El agua, su cuidado y su uso común están profundamente arraigados en los movimientos antimundial barriales del sur de la capital mexicana, que enlazan esta causa con el motivo de amenaza más evidente: el desarrollo inmobiliario desmedido y con nulo diálogo con los habitantes de la zona. La incidencia que tienen las comunidades del sur de la ciudad en las movilizaciones por el agua (véase «Los rostros del agua», Brecha,5-IX-24) instaló la exigencia de que la opinión vecinal sea vinculante para lo que se haga en el territorio, pero, en el caso del mundial, la información sobre los proyectos ha fluido de manera vertical: la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, la presenta en «audiencias públicas» en las que expone puntos ya laudados, sin mayor espacio para la disidencia.
En esta línea de reclamo fue que el domingo 20 se convocó a una manifestación contra un desarrollo inmobiliario de apenas 52 casas para sectores de alto poder adquisitivo que implica un desplazamiento de población ya instalada. El desarrollo, llamado Fuentes Brotantes 132, supuso, además, la tala de decenas de árboles del parque nacional homónimo.
ENCAPSULAMIENTO
Ese domingo las fuerzas policiales llegaron antes que los manifestantes y fueron tomando el control de la colonia Fuentes Brotantes. El punto del encuentro era sobre la avenida Insurgentes Sur, a unos 15 minutos del estadio Azteca. El despliegue de granaderos se hizo primero frente a la fachada de los edificios, custodiando bancos y supermercados. La mayoría estaban cerrados; los otros negocios que habrían abierto un domingo habían colgado carteles de protesta en los que especificaban que se trataba de «negocios familiares» o de «mexicanos», en contraposición a las empresas extranjeras que están promoviendo la gentrificación del área. Unas semanas antes, convocada desde redes sociales, otra manifestación similar había sido organizada por jóvenes activistas provenientes de espacios virtuales desde los cuales hace ya tiempo que se viene alertando sobre el alto costo de los alquileres en la capital, que han subido a un ritmo anual que triplica el de la inflación. Los «frentes virtuales» acabaron confluyendo con los vecinos de Fuentes Brotantes.
Las manifestaciones tomaron tal volumen que hasta el gobierno de Estados Unidos protestó por las consignas antiyanquis, mientras que representantes de cámaras de turismo reclamaban ser indemnizados por la rotura de vidrios en las marchas. Algún despistado redactor vinculó a los jóvenes que se movilizaron el domingo 20, pertenecientes por lo general a grupos anarquistas, con el crimen organizado. Apenas unos diez minutos antes de la hora pautada, mientras los organizadores, los influencers y algunos activistas se organizaban para marchar, los policías, con equipo táctico, se colocaron primero a lo largo de la vereda, dejando a la gente concentrada en un carril de la calle, entre ellos y la estación del metrobús céntrico, hasta que dos grupos más de agentes bloquearon ambas esquinas y los encerraron. El encapsulamiento total, paralizante, de la movilización duró una hora, un lapso durante el cual la gente quedó atrapada por filas de escudos y cascos de policías.
En una nota publicada en Brecha en 2014, en ocasión del mundial brasileño de ese año, Raúl Zibechi describía una táctica similar de la Policía en Río de Janeiro: «La táctica consiste en cercar a los manifestantes con barreras y agentes, dejándolos aislados e inmovilizados durante horas», señalaba el artículo«El Mundial según el lente con que se mire» (17-VII-14). «Es la ley de la FIFA», explicaba entonces un policía brasileño. En México, esta técnica fue usada contra manifestaciones feministas protagonizadas por mujeres jóvenes, pero no de forma tan masiva como ahora.
Lo del domingo 20 funcionó como la muestra inaugural del protocolo anunciado por la jefa de gobierno de Ciudad de México. Sonó a advertencia: una vez iniciada la marcha, granaderos escoltaron todo el recorrido de la movilización, interfiriendo en su desarrollo y cortándola en dos. Días después la misma táctica represiva volvió a ser empleada, primero contra una protesta de trabajadores de la salud y luego, el domingo pasado, en ocasión de una manifestación de recordatorio del asalto al cuartel Moncada en Cuba. La marcha fue convocada, entre otros, por el Frente por la Vivienda Joven, que también protestaba por el proceso de gentrificación rampante en la capital mexicana. La manifestación, que debía ir desde la embajada de Estados Unidos hasta la de Cuba, debió cambiar de recorrido debido al gigantesco despliegue policial. Los manifestantes fueron embocados y reprimidos. Todo parece indicar que la «ley de la FIFA» llegó para quedarse.
