Los cubanos ilegales de La Habana – Brecha digital
La migración interna en Cuba

Los cubanos ilegales de La Habana

Desde 1997 el asentamiento en la capital de habitantes provenientes de otras regiones está regulado. Hoy, buena parte de los alrededor de 600 mil inmigrantes internos vive prácticamente en la ilegalidad.

Para los inmigrantes internos, La Habana sigue siendo la “tierra prometida” / Foto: Alejandro Arigón

Por experiencia propia, Caridad sabe que el Centro Histórico y el Malecón son las zonas más “peligrosas” de La Habana. Allí la presencia policial es constante y las redadas pueden producirse incluso varias veces al día. “Casi siempre es porque buscan jineteras (prostitutas) o se preparan para una visita importante, pero una no puede confiarse. Yo misma ya tengo dos cartas de advertencia, y una vez hasta me deportaron. Si me detuvieran de nuevo posiblemente no pararía hasta (la cárcel de) Puerto Boniato.”

Como una salvaguardia, Caridad lleva siempre dos billetes de 20 Cuc en su seno. Equivalen a cerca de 40 dólares, o lo que es igual, casi dos meses de salario para la mayoría de los funcionarios estatales. Con ellos ha pagado durante las ocasionales redadas policiales en las que se ha visto envuelta: “un billete primero, y si no funciona, entonces el segundo…”.

Así ha ido capeando temporales y escribiendo su historia “capitalina”. Todo comenzó hace alrededor de cinco años, cuando decidió que no quería seguir pasando trabajo en un pueblo perdido de la provincia de Santiago de Cuba, casi mil quilómetros al este de La Habana. “Si iba a comer tierra, por lo menos quería hacerlo en la Poma”, dice aludiendo al sobrenombre de la capital cubana. “Todo lo que te digan es verdad: aquí dan más cosas en la libreta de racionamiento, hay más posibilidades de ganar dinero y hasta los hospitales están mejor.”

El primer paso fue convencer a su abuela de vender la casita en la que ambas vivían con los dos hijos de Caridad. Luego, con aquellos 60 mil pesos, se lanzaron a la odisea de encontrar techo en la gran ciudad. Con ese presupuesto, su punto de destino no podía ser otro que alguno de los extensos barrios de “llega y pon” que cercan la urbe. En su caso se trató de la “parte buena” del reparto Los Pocitos, en el municipio citadino de Marianao. Allí lograron comprar una pequeña casa de tablas y ladrillos sin repellar, con techo de tejas de cartón y un único cuarto. Todo sin papeles, como el resto de las viviendas de esa extensa barriada que pueblan fundamentalmente inmigrantes de la parte más oriental de la isla.

LOS PALESTINOS. Precisamente de las provincias del oriente, las más pobres, parte el flujo migratorio que condiciona la realidad demográfica del país. Los nacidos en esa zona tienen un título propio: “palestinos”, y son objeto de una discriminación tan habitual que parece formar parte de la identidad nacional. “El término ‘palestino’ es doblemente ignominioso: porque etiqueta a una parte de sus ciudadanos (y) porque toma como objeto de mofa a una nacionalidad que por su lucha es digna de admiración”, se lamentaba hace algunas semanas el escritor Reinaldo Cedeño en un artículo que suscitó discusiones en Internet. A su juicio, ni el Estado ni los medios de difusión masiva han hecho lo suficiente para cambiar el actual escenario, favoreciendo con su “apatía” la victimización de ese segmento poblacional.

La problemática trasciende, con mucho, el escenario de las políticas culturales o para la igualdad social. Las diferencias en cuanto a desarrollo y oportunidades signaron desde siempre las distintas regiones geográficas de la isla, generando corrientes migratorias que se extendían por su eje central, por lo regular con dirección al oeste. Luego del triunfo de la revolución ese proceso se moduló parcialmente gracias a los planes de desarrollo aplicados por el nuevo gobierno, que pretendían una evolución más armoniosa de todos los territorios. La crisis de los noventa echó por tierra la inmensa mayoría de aquellos proyectos. Sólo entre 1991 y 1996 la emigración promedio hacia La Habana pasó de unas 10 mil personas anuales a casi 30 mil.

Ese fue el contexto en que se aprobó una de las legislaciones más polémicas: el decreto-ley 217, de 1997. En él se establecen limitaciones para el asentamiento en la capital de los cubanos llegados desde otras provincias, quienes pueden ser multados y deportados hacia sus localidades de origen si son sorprendidos residiendo en la ciudad sin todos los permisos de rigor. Además, aunque la disposición no lo especifica, las autoridades tienen la prerrogativa de recluir en establecimientos penitenciarios a los reincidentes, bajo el pretexto de la llamada “peligrosidad social”.

En sus cinco años como “capitalina” Caridad ha sido de todo un poco, “menos ladrona y puta”. Cuenta que ha limpiado casas, trabajado en cafeterías y otros negocios del floreciente sector privado, vendido los más disímiles artículos… Precisamente el último de esos oficios es el que ahora le permite ganar el sustento para ella y sus familiares. Adonde va, Caridad lleva siempre varias cajas de tabaco, que consigue entre tabaqueros particulares, ilegales como ella, y que más tarde vende en las cercanías de los hoteles u otras zonas con gran afluencia de extranjeros. De ahí el riesgo de que puedan detenerla y deportarla, un desenlace que dejaría sin protección a sus dos hijos, de 11 y 16 años, y a su abuela, que ronda los 70.

De acuerdo con los censos realizados en 2002 y 2012, un tercio de los más de 2 millones de habitantes de La Habana son nacidos en otras provincias; buena parte de ellos (algunos estudios aseguran que hasta un 25 o 30 por ciento) se encuentran en una situación migratoria irregular. “Sólo cuantificar la magnitud del fenómeno ya resulta un reto, pues en muchas de esas barriadas las personas tienden a esconderse y se niegan a colaborar con cualquier estudio por miedo a salir perjudicados”, asegura Richard Esteban, profesor de sociología en la Universidad de La Habana. “Es un asunto con el que convivimos de forma habitual, que afecta a miles de cubanos, pero que se mantiene a la sombra y con muy pocas posibilidades de solución.”

CONDICIONES. Para regularizar su estatus en La Habana, un inmigrante del interior del país debe contar con una vivienda propia o el consentimiento del propietario de una que le permita inscribirse en su dirección particular. El proceso incluye trámites en varias dependencias de alguno de los 15 gobiernos en que se divide administrativamente la urbe, comprobaciones y numerosos documentos, además de la siempre difícil firma del presidente (alcalde) de la demarcación donde se aspira a residir.

Sin esas formalidades no es posible obtener el carné de identidad que acredite la condición de “legal”, y sin éste serán infructuosos los esfuerzos para acceder a algún empleo estatal, a los productos que se distribuyen de forma subsidiada a través de la libreta de abastecimiento, y –al menos en teoría– a los servicios gratuitos de salud y educación.

“Los niños asisten a la escuela hasta que se gradúan de algún técnico medio o de obrero calificado –porque el preuniversitario también se otorga según la dirección del estudiante–; y más tarde, a la hora de ejercer, no pueden hacerlo en La Habana porque no residen oficialmente en ningún lugar de la ciudad, aunque muchos nacieron allí”, comenta la periodista Lisandra de la Paz en un artículo publicado por la revista científica Juventud Técnica. Es una realidad compleja, en la que “todos tienen derecho  la atención médica, sobre todo las mujeres embarazadas, pero al nacer el niño o la niña se les obliga a inscribirlos en su provincia de origen, donde su carné dice que residen”.

Pero por adversa que sea la realidad en la que viven, ni Caridad ni los suyos, ni otros miles que cada año arriban a la ciudad, piensan en el retorno. En Baire, su poblado natal, “no hay nada que buscar. A las mujeres sólo nos queda trabajar en la agricultura, en algún negocito que aparezca por ‘la izquierda’, o dedicarnos a atender a un hombre. ¿Acaso eso es vida?”.

“¿Volver a dónde?”, repiten casi todos. Para ellos La Habana sigue siendo la “tierra prometida”.

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