El general panameño Manuel Antonio Noriega fue capturado en el marco de la invasión estadounidense a Panamá. Realizada entre diciembre de 1989 y enero de 1990 bajo el nombre de Operación Causa Justa, implicó la movilización de unos 26 mil marines y fuertes combates contra las fuerzas panameñas, con la posterior instalación de un gobierno subordinado a Estados Unidos y sus intereses sobre el canal de Panamá.
La vía marítima fue entonces un recurso tan importante como lo es el petróleo hoy en el caso de Venezuela. En 1977, buscando mejorar su imagen internacional, la administración demócrata de Jimmy Carter había firmado un acuerdo con el presidente panameño Omar Torrijos para que el canal, manejado directamente por Estados Unidos, pasara a operar bajo la soberanía panameña en 2000. Cuatro años después de la firma, y con Ronald Reagan en la Casa Blanca, Torrijos murió en un supuesto accidente aéreo que nunca ha sido completamente aclarado, y fue sustituido por Noriega.
De nombre menos conocido, la Operación Nifty Package fue la misión en el marco de la invasión encargada al cuerpo de Delta Force y Navy Seal para localizar, capturar y entregar a Noriega a la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Una vez lograda la captura, fue trasladado a Estados Unidos y presentado ante un tribunal federal. En el curso del juicio posterior, el juez al frente del proceso no aceptó que la defensa presentara documentos que implicaban a las agencias estadounidenses en la muerte de Torrijos.
Las acusaciones de narcotráfico contra Chávez nunca fueron demostradas ni lograron la acumulación necesaria, como tampoco las que lo presentaban como suministrador de armas a la guerrilla colombiana. Tras su muerte, en 2013, la fórmula Noriega se adaptó contra Nicolás Maduro y finalmente se ejecutó la noche de este 3 de enero.
EXPLOTACIÓN MEDIÁTICA
Pero la fórmula Noriega debe lograr primero el convencimiento del público estadounidense de que la acción militar contra un lejano país latinoamericano es una extensión inevitable de la lucha policial antidrogas en las calles de las ciudades de Estados Unidos. Para eso debe ser precedida por lo que podría llamarse fórmula Tambs: la explotación mediática del imaginario asociado al narcotráfico para utilizarlo como un instrumento político.
Históricamente el uso de las drogas como una herramienta para la dominación vino de la mano de la colonización. Los europeos introdujeron y fomentaron el consumo de alcohol entre los pueblos originarios de América, África, Asia y Oceanía para desarticular estructuras sociales, generar comercio desigual, debilitar resistencias y someter a las comunidades a un estado de dependencia y vulnerabilidad.
Posiblemente, el primer caso de «narcoterrorismo» como geopolítica imperialista de Estado haya sido el sometimiento de China por Reino Unido durante el siglo XIX. La Corona británica pugnaba con otras potencias europeas por privilegios y exclusividades para el comercio con los puertos chinos. China exportaba cantidades millonarias de mercancías de amplio consumo en Europa, pero los productos europeos no eran del interés de su población. Los barcos británicos llegaban a los puertos ingleses cargados y regresaban a China vacíos. Era un comercio que iba en una sola dirección, como también lo hacían el dinero y las deudas.
Buscando crear una situación de dependencia para China, los británicos impulsaron el contrabando y consumo de opio cultivado en la India, bajo su dominio colonial. En su viaje desde Inglaterra, sus barcos comenzaron a hacer escala para cargar opio hacia los puertos chinos. A pesar de su prohibición por las autoridades, el tráfico fue en aumento y millones de chinos cayeron en la adicción. Cuando el país asiático intentó detener ese flujo, Reino Unido desató las guerras del Opio (1839-1842 y 1856-1860), y salió victorioso gracias a su superioridad naval. El resultado fue la imposición a China de tratados desiguales, la cesión de Hong Kong como protectorado británico y la obligación de aceptar el libre comercio de opiáceos.
DE NORIEGA A TAMBS
En el contexto moderno, el tráfico de drogas siguió jugando un papel geoestratégico. En el marco de las relaciones de Estados Unidos y América Latina, fue el diplomático estadounidense Lewis A. Tambs el artífice de su utilización mediática.
Durante el gobierno de Ronald Reagan, Tambs fue embajador en Colombia (1983-1985) y más tarde en Costa Rica (1985-1987). Con fuertes vínculos con el Partido Republicano, participó en la redacción de los Documentos de Santa Fe, una serie de guías para la estrategia estadounidense hacia América Latina diseñada para las administraciones de Reagan, George Bush y George W. Bush.
A partir de 1984, Colombia se vio sacudida por la agresión permanente contra el Estado por cárteles como el de Medellín, bajo el liderazgo de Pablo Escobar. Mediante atentados terroristas, asesinatos y secuestros se buscaba amenazar al gobierno para que no firmara un acuerdo de extradición con Estados Unidos que afectaría a traficantes reclamados por tribunales de ese país. La sociedad colombiana vivió una violencia sin precedentes. Por sus intenciones y métodos, se comienza a llamar a estas acciones narcoterrorismo.
Sin vínculo con esto, el entonces presidente Belisario Betancur, con el apoyo de la sociedad civil colombiana, dio los primeros pasos para un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros movimientos guerrilleros. Desde su cargo como embajador, Tambs aprovechó el ambiente de inseguridad para hacer un intenso trabajo mediático con el interés de sabotear el diálogo político colombiano y frustrar cualquier intento de acuerdo entre el gobierno, las guerrillas y otras organizaciones de izquierda.
Utilizando ante la prensa el término narcoguerrilla, sembró acusaciones que vinculaban a las FARC y el Partido Comunista de Colombia como un solo ente, y a este con el narcotráfico. La injerencia pretendía que el gobierno, que mantenía una política de «cero diálogos» con los narcotraficantes, aplicara lo mismo a la guerrilla. Más aún, que el vínculo sirviera para naturalizar la aceptación de la actividad de la CIA en Colombia y su colaboración con las estructuras militares y de seguridad nacionales, como si se tratara de la DEA.
En aquel momento, Tambs utilizó datos sobre casos puntuales para presentarlos como generalizaciones, para construir un imaginario en el cual narco y guerrilla se vieran como lo mismo. Para esto contó con la complicidad de periodistas colombianos y extranjeros a su servicio. A su vez, las propias FARC respondieron con acusaciones similares contra oficiales del ejército y políticos. El prefijo narco inundó la prensa colombiana: narcoguerrilla, narcomilitares, narcogobierno.
El logro de Tambs fue entregar a la derecha colombiana el recurso retórico de lo narco contra la guerrilla y sembrarlo en su imagen pública internacional. Más tarde esto fue aprovechado y retomado en los años dos mil por el gobierno de George W. Bush, junto con el de Álvaro Uribe, para implementar el Plan Colombia, un programa de contrainsurgencia, presentado como antidrogas, para la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano en apoyo al combate contra la guerrilla.
La injerencia provocó las protestas de numerosas personalidades políticas honestas, periodistas e intelectuales colombianos. En 1985, cuando su tarea ya estaba hecha, el Departamento de Estado decidió trasladar a Tambs a Costa Rica.
Desde el nuevo cargo de embajador en San José, fue orientado para trabajar contra la revolución sandinista nicaragüense. Presionó al gobierno costarricense para que permitiera la construcción de una pista clandestina en Potrero Grande, al extremo norte del país, cerca de la frontera. Un ciudadano estadounidense con fachada de empresario, John Hull, compró una finca en el lugar. Desde ahí aterrizaban aviones de la Southern Air Transport, una compañía aérea de carga creada por la CIA, con armas que eran introducidas a través de la frontera y entregadas a la Contra. Otras operaciones similares eran realizadas desde Honduras y El Salvador. El coordinador general de la operación era Oliver North, teniente coronel del Cuerpo de Marines, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El programa de apoyo a la Contra estaba calculado en unos 200 millones de dólares, pero el Congreso estadounidense lo había prohibido por su repercusión internacional, por lo que se utilizó el narcotráfico para financiar la compra de armas ante la falta de acceso a fondos federales. En cada envío, los aviones regresaban a Estados Unidos llevando toneladas de cocaína que antes habían sido trasladadas a Centroamérica desde Colombia. El mercado subterráneo en las ciudades estadounidenses se inundó con esta droga.
El trabajo de la CIA para apoyar a la Contra a veces chocaba con el de la DEA. En febrero de 1985, uno de sus agentes, Enrique Camarena fue asesinado en México debido a que sus investigaciones lo habían llevado a conocer sobre el entrenamiento de efectivos de la Contra en ranchos de narcotraficantes mexicanos.
En febrero de 1986, el piloto estadounidense Barry Seal fue acribillado en una calle de Baton Rouge. Se había formado como piloto en la Patrulla Naval –donde coincidió con Lee Harvey Oswald, el supuesto francotirador en el asesinato de John F. Kennedy–, por lo que conocía la costa del golfo de México a la perfección. Ahí fue reclutado por la CIA y comenzó a trabajar para esta, formando parte de una flota aérea de la agencia que operaba con fachada civil en el sudeste asiático durante los inicios de la guerra de Vietnam. Más tarde estuvo encargado de tareas para la contrarrevolución cubana y fue expulsado de la TWA, la reconocida línea comercial, donde había entrado a trabajar como piloto hasta que fue descubierto trasladando explosivo plástico en su equipaje.
Por encargo de la CIA, Seal se puso en contacto con el cártel de Medellín en 1981, y realizó numerosos vuelos con droga hacia Estados Unidos como parte de la red de apoyo a la Contra. En una de estas ocasiones fue capturado por la DEA y, para evitar ser encarcelado, aceptó trabajar para esta como informante. El reclutamiento fue conocido por la CIA, que pasó la información a Pablo Escobar, quien ordenó su eliminación. La vida de Barry Seal fue llevada al cine en el filme American Made, protagonizado por Tom Cruise y estrenado en 2017.
Pero nada de esto había logrado perturbar el curso de las operaciones. Para mediados de los ochenta, la Contra nicaragüense había recibido miles de toneladas de armamento al tiempo que el consumo de crack, cocaína y otras drogas se convirtió en un flagelo social en las ciudades estadounidenses, llegando a ser considerado un problema de salud pública a escala nacional. Como otra vía de financiamiento, a través de Israel se vendieron armas avanzadas estadounidenses a Irán para su guerra contra Irak –violando otra prohibición del Congreso– y el dinero luego se invertía en armamento básico que también era enviado a Nicaragua.
Todo marchaba bien hasta que, en octubre de 1986, un pequeño destacamento del Ejército Popular Sandinista detectó el ruido del motor de uno de los aviones que sobrevolaba la selva nicaragüense, le disparó un misil portátil y lo derribó. La nave iba cargada de fusiles AK-47 para la Contra. El piloto, el estadounidense Eugene Hasenfus, sobrevivió y reveló que tanto él como la tripulación fallecida trabajaban para la CIA. Hasenfus fue presentado ante la prensa internacional por el gobierno sandinista, dando inicio al destape de lo que sería el escándalo «Irán-Contras», que sacudiría al gobierno de Reagan.
Debido a la repercusión, Lewis Tambs fue expulsado de Costa Rica por reclamo del Parlamento local, junto con otros funcionarios estadounidenses, incluyendo al jefe de la estación de la CIA en San José. Irónicamente, el hombre que acuñó el término narcoguerrilla fue presentado por la prensa internacional y conocido a partir de entonces con el mote de «el embajador de la coca».
LA BASE PANAMEÑA
Como parte de la red estaba Noriega, que desde inicios de los setenta trabajaba para la CIA. En 1985, el destacado médico panameño y opositor Hugo Spadafora fue asesinado por orden de Noriega, luego de presentar una acusación pública contra este por su participación en el narcotráfico. Luego Oliver North coordinó con Noriega para que facilitara a mayor escala el tráfico en apoyo a la Contra, utilizando bases aéreas en Panamá para que las avionetas que volaban desde Colombia se reabastecieran de combustible. Durante el proceso judicial de Irán-Contras, varios de los pilotos de la CIA involucrados mencionaron tener como escala habitual el territorio panameño.
Para fines de los ochenta, tras una estela de revelaciones y acusaciones por tráfico de drogas, Noriega resultaba un inconveniente para el gobierno de Reagan. Los mismos que antes lo utilizaron, necesitados de distraer la atención de los detalles de la trama del Irán-Contras, determinaron que era el momento de avanzar hacia un gobierno bajo completo control estadounidense. Para eso iniciaron la narrativa antinarcotráfico contra el general panameño que dio sustento a la invasión para derrocarlo.
Pero la narconarrativa es un recurso de corto alcance para objetivos mayores y la excusa de combatir el narcotráfico es incapaz de sostener la presencia de una flota de portaaviones en el Caribe. Por eso la reorientación del discurso de Trump contra Venezuela del «narcoterrorismo» hacia el «robo de petróleo», de la misma manera en que Reagan acompañó su discurso contra Noriega de la necesidad de proteger el canal de Panamá. Pero, por lo pronto, las promesas del control del petróleo venezolano por las empresas estadounidenses esperan por un escenario pos-Maduro aún por definir.
