—¿La reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss) fue la gota que hizo explotar toda la crítica y protesta de los últimos años?
—La reforma fue el cerillo que encendió la mecha de un cóctel, lanzado sobre una pradera que se venía resecando desde hace varios años.
Primero, por la falta de libertad para expresarse y movilizarse, pues cada tentativa de manifestación ha sido objeto de represión, por parte de grupos de choque, o directamente por la policía.
Segundo, porque la gente sabe que se han practicado fraudes electorales de forma sistemática, aplastando todo intento de construir fuerzas de oposición, de cualquier signo, en particular de signo sandinista. Sólo permiten fuerzas “zancudas”, o sea que le hacen el juego para aparentar democracia (el término “zancudo” se acuñó en la lucha contra Somoza, para los conservadores que le hacían el juego).
Tercero, porque la justicia está totalmente controlada. Hasta los juicios más sencillos pasan por un tamiz partidario.
Cuarto, porque no se castiga la corrupción. El caso más emblemático es el de Roberto Rivas, magnate con mansiones en España y Costa Rica, jet privado, a quien Estados Unidos le aplicó la ley global Magnitsky. El gobierno, en vez de quitarlo de la presidencia del Consejo Supremo Electoral, lo mantiene en el cargo con privilegios e inmunidad. Eso nadie, ni los propios orteguistas, lo vio bien.
Quinto, porque crímenes absolutamente repudiables, como el cometido en la comunidad de San Pablo, en La Cruz de Río Grande, donde el ejército ejecutó (por asesinatos extrajudiciales) a seis personas, entre ellos dos menores (un niño de 12 y una niña de 15, la niña incluso fue objeto de violación), quedan en total impunidad. Ni siquiera se integra una comisión de investigación que haga el teatro, como hacía Somoza.
Sexto, porque en Nicaragua las organizaciones de mujeres, ambientalistas, de derechos humanos y otras son sometidas a acoso y presión, usando las instituciones del Estado. A las organizaciones de derechos humanos independientes no se les deja ver a los detenidos y hay detenidos políticos a los que se les abren causas falsas con acusaciones comunes.
Séptimo, los estudiantes se cansaron de que no se les dé libertad de organización en las universidades, pues los rectores y muchos profesores actúan como comisarios políticos del gobierno. La autonomía universitaria no existe. Todas las autonomías fueron suprimidas, incluyendo la municipal, la de las regiones autónomas.
Octavo, porque el gobierno ha instalado como norma el secretismo y no tiene ninguna interlocución con la sociedad. Solamente hablan con sus aliados (el gran capital) y con quienes se les subordinan, a quienes mantienen por la humillante condición de la dependencia económica y el miedo. Ni sus propias fuerzas tienen derecho a la palabra. Sólo Ortega y su vocera, Rosario Murillo, pueden hablar y dar declaraciones.
Noveno, porque no existe libertad de expresión. Los medios de comunicación, incluyendo los del Fsln, fueron casi todos privatizados a favor del régimen. La mayoría de los canales de tevé forman parte de un duopolio: o son de los hijos del matrimonio gobernante o son de su socio el empresario mexicano Juan Ángel González, que sólo trasmiten novelas y enlatados.
Décimo, porque el gobierno ha entregado el país a través de la ley 840 (ley para la concesión canalera) y otras concesiones: mineras, forestales, pesqueras. Todas las iniciativas para discutir sobre la conveniencia o no de estas concesiones son rechazadas.
Por último, porque al pueblo sólo le reparten migajas a través de programas asistenciales que no sacan a la gente de la pobreza.
Nicaragua sigue siendo el país más pobre de América Latina, después de Haití. Los mismos programas sociales van siendo cerrados porque eran artificialmente mantenidos con parte de la ayuda venezolana, que entraba a las arcas de la familia presidencial sin control estatal. Es decir, la disminución de la pobreza que pregonan no es sostenible, porque no se basó en un cambio estructural, ni en reformas al sistema tributario.
Ahora bien, ¿cómo se construyó este verdadero estallido social? ¿Cómo se enlazaron los eventos? El ambiente comenzó a tensarse claramente desde hace cuatro años, con la ley canalera. Para enfrentar los peligros que entraña directamente para miles de familias campesinas que tendrían que ser desalojadas, se construyó el movimiento campesino más fuerte que se haya podido organizar en los últimos 20 años. El movimiento realizó casi cien marchas. Todas fueron reprimidas, e impedidos brutalmente todos los intentos de marchar hacia Managua. Llegaron al colmo de bloquear los caminos con buldócer para que ningún vehículo pudiese transitar.
En este contexto se realizaron elecciones nacionales y luego las municipales. Ambas fraudulentas. En las primeras, Ortega se recetó 70 por ciento de los votos para tener una Asamblea totalmente controlada y reformar la Constitución a su antojo. En las segundas, control total de los municipios. Las protestas contra el fraude fueron reprimidas y se contabilizaron una decena de muertos.
En noviembre de 2017 fue la matanza de La Cruz de Río Grande, que ya mencioné. Yo vi en la marcha del día de los derechos humanos (10 de diciembre) a gente que nunca había visto y que decía que ya no podía tolerar más. Es decir, gente que marchaba enardecida por esta matanza, y por el cinismo del gobierno que ni siquiera dio la cara, ni explicaciones.
—¿Quiénes fueron al principio a la calle?
—Las movilizaciones por el incendio de (la reserva) Indio Maíz fueron protagonizadas por estudiantes no partidizados (no organizados en partidos políticos), pero con un cierto nivel de conciencia política: ambientalistas. La reserva biológica Indio Maíz comprende 3.180 quilómetros cuadrados y es el hogar de una amplia variedad de animales y árboles. Ya se había denunciado la complicidad del gobierno con los colonos, gente que invade las reservas, o las tierras indígenas como las del río Coco, por grupos que aterrorizan a las poblaciones para tomar posesión de sus tierras. Hay crímenes denunciados y documentados ante la Cidh. El gobierno, el poder judicial, todos controlados por la pareja de gobierno, no hicieron nada.
Esta vez, frente a la protesta de los estudiantes por el incendio (de la reserva biológica), el gobierno montó una contramarcha (con grupos del gobierno y fuerzas de choque) y militarizó la zona del incendio, impidiendo que periodistas independientes y Ong del Grupo Cocibolca fueran a la zona.
Días después, en un error de cálculo, el gobierno impuso la reforma del sistema de seguridad social e inconstitucionalmente elevó la cuota patronal y la de los trabajadores, mientras se redujeron en un cinco por ciento las pensiones de los jubilados. Pero ya era público que los fondos del Inss han estado usándose en inversiones riesgosas, y que la institución ha inflado la nómina y los privilegios. El anuncio fue sin discusión previa. Fue un balde de agua fría. Fueron los estudiantes quienes volvieron a iniciar las protestas casi de inmediato.
Los estudiantes, esta vez con la presencia de algunos jubilados, fueron objeto de brutal represión, claramente dirigida a periodistas y algunos liderazgos ya más visibles en otras banderas como la del movimiento feminista. Grupos de choque armados de tubos los golpearon inmisericordemente, mientras les quitaban cámaras y teléfonos celulares. Todo fue filmado y divulgado por las redes sociales. Esta represión contra periodistas afectó a medios que han tenido actitud moderada con el gobierno, sin ruptura total con él, como Cien por Ciento Noticias y el Canal 23. El Canal 12 y emisoras locales fueron sacados del aire. Estos cierres provocaron una reacción en nuevos sectores, incluyendo los de la cúpula empresarial Cosep, que esta única vez no habían logrado consenso con el gobierno.
Esa represión rápidamente hizo crecer la protesta a niveles hasta ahora desconocidos durante el gobierno de Ortega y Murillo y se extendió territorialmente, incorporando a sectores populares: jubilados, gente desempleada, trabajadores por cuenta propia, obreros, principalmente jóvenes de las ciudades. Las marchas en los pueblos más alejados, como Santo Domingo, Rancho Grande, Camoapa, Catarina, Niquinohomo –cuna de Sandino–, han sido totalmente pacíficas, porque a estas no alcanzó a llegar la policía. En Niquinohomo unos mil manifestantes le quitaron la pañoleta rojinegra del Fsln al monumento de Sandino y le pusieron una pañoleta azul y blanca.
La multiplicación de focos de conflictos en León, Ocotal, Matagalpa, Masaya, en los pueblos Granada, Tipitapa, Estelí, Jinotepe, Diriamba, etcétera, obligó a la policía a reprimir directamente. Los grupos de choque no resolvían la situación. Empezaron los disparos de bombas lacrimógenas, balas de goma, y juntamente balas de plomo.
Los estudiantes de la Universidad Agraria y de Ingeniería después de un par de días fueron desarticulados. La policía penetró en los sagrados locales (según la ley de autonomía de 1958) y capturó a decenas, pero en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), ubicada entre barrios populares, la población levantó barricadas para proteger a centenares de estudiantes que se refugiaron en las aulas.
La brutalidad de la represión fue incrementándose. Otro fenómeno fue la dificultad del gobierno para masificar las contramarchas, porque parte de su fuerza no lo está respaldando y rechaza la represión. Por supuesto, hay que resaltar que la gente, para defenderse, rápidamente pasó de las movilizaciones a la construcción de barricadas para impedir el paso de la policía.
Pero la mayor parte de los que protestan son, como es lógico en un país con una clase media muy pequeña, la gente del pueblo trabajador, artesanos, obreros, y del sector informal (que es el más grande en Nicaragua, 70 por ciento). Es interesante que el movimiento estudiantil, que había estado cooptado y controlado por el gobierno, se les fue de las manos, y ya se han escuchado pronunciamientos conjuntos de estudiantes reclamando la real autonomía universitaria, suprimida de facto. Las fuerzas movilizadas provienen de todas las tendencias políticas: sandinistas, liberales, conservadoras, y la mayoría, como siempre, sin partido.
Es de mucha importancia que las fuerzas de izquierda, de centroizquierda, y gente progresista de todas partes entiendan que ni Ortega es Chávez ni Nicaragua es Venezuela, y no debe hacerse una traslación mecánica del movimiento venezolano contra Maduro y lo que acontece hoy en Nicaragua. Aquí la derecha económica y política, el capital, en una sola palabra, es quien gobierna junto a Ortega. Es el modelo de alianza público-privado que aplaude la derecha mundial, el Fmi, el Banco Mundial y las grandes corporaciones e inversionistas. Actualmente el 96 por ciento del Pbi de Nicaragua proviene del sector privado. Es decir que este gobierno terminó de aniquilar lo que quedaba de propiedad social, en forma estatal y de cooperativas, y ha dejado al país sin riqueza pública.
Aquí la derecha y el gobierno son la misma cosa. La de los banqueros y Ortega es la alianza que nos gobierna por más de una década. Aquí no hay medios “imperialistas”, porque como dijimos, casi todos son de Ortega y sus socios. Aquí la mayor parte de los fondos gringos son especialmente los que recibe el gobierno, por su complicidad con la agenda de seguridad de Trump, atropellando y reprimiendo a los inmigrantes. Aquí el dinero está del lado del gobierno y sus aliados. La gente de estas protestas se está moviendo con sus propios recursos, como ocurrió con el movimiento campesino, que durante cuatro años ha sufragado sus marchas.
Tampoco hay grandes partidos de derecha liderando esto. Porque el orteguismo primero pactó con los partidos de derecha tradicionales, luego se vieron reducidos porque esa fuerza asumió la representación de los intereses de los sectores adinerados. A ellos, los millonarios, no les preocupa que el gobierno se autoproclame de izquierda, socialista o sandinista, siempre y cuando les garantice estabilidad a sus mezquinos intereses.
—¿Por qué justo esta reforma movilizó las protestas más grandes desde 2007?
—Aquí el pueblo, en particular la juventud pasó en un solo movimiento, de una exigencia social a demandas por la democracia y las libertades ciudadanas y políticas, como resultado de un acumulado de molestias y de la represión. La represión, con jóvenes heridos, capturados y muertos, provocó tal indignación que se perdió el miedo, y rápidamente se redescubrió el poder de los sectores populares movilizados.
Algunos me preguntan “¿quién dirige?”. Dirige el anonimato del pueblo sublevado que tiene miles de rostros y figuras. Aquí hoy –y ojala así siga–, no hay dirigentes de partidos ni caudillos. Sólo pueblo movilizado.
—¿Piensa que las movilizaciones abren una nueva oportunidad para cambios?
—Claro que sí. Pero debemos estar claros que siempre los movimientos populares, y más los espontáneos, si no logran un nivel de organización y continuidad, tienden a ser disputados por las fuerzas políticas con propósitos electorales. Pero viendo los peligros para la vida, para la seguridad de tanta gente, las diferentes fuerzas que respaldamos este movimiento debemos deponer intereses mezquinos y trabajar más bien alrededor de puntos mínimos que unan a todos los nicaragüenses. Una agenda construida por nosotros mismos, sin injerencias extranjeras. La política nicaragüense históricamente ha sido mediada por la injerencia, en especial de los estadounidenses. Los políticos históricamente se disputaban el respaldo y la bendición de los gringos. Eso debe acabar, pues sólo males ha dejado a Nicaragua. Debemos ser capaces de diseñar nuestro propio país sin intervenciones. Pero no todos piensan así. Por eso hay que dar la pelea junto a la gente, y apostar a que los resultados no sean más de lo mismo: más capitalismo, más entreguismo y extractivismo que acaba con los recursos y depreda la naturaleza. Que Nicaragua no sea el reinado de los capitales extranjeros, que sea para los nicaragüenses. Que seamos capaces de construir una masa crítica que no se conforme sólo con que se cambien las caras en el gobierno sino que se abran posibilidades de un modelo distinto de sociedad. Es una farsa que el progreso sólo es posible con el mercado y el capital.
—¿Podría haber cambios hacia la izquierda?
—En Nicaragua la palabra está desprestigiada desde que Ortega y sus serviles se autocalifican de izquierda, antiimperialistas y revolucionarios. Lastimosamente también el término sandinista. Por ello hay jóvenes que han quemado la bandera rojinegra. No porque no reconozcan a Sandino, o la lucha sandinista heroica de los años sesenta y setenta.
Para nosotros, que desde nuestra adolescencia estamos luchando bajo los principios, valores y programa del sandinismo de Carlos Fonseca, no deja de ser doloroso. Pero tenemos que entender que estos jóvenes identifican esa bandera con el gobierno que abominan. Ya habrá un tiempo de rescatar la integralidad de Sandino, de Carlos Fonseca, de hacer la lectura correcta de su ideario. Ya hay muchos que entienden que, para el orteguismo, el sandinismo terminó siendo sólo un nombre que ocupan para engañar a una parte del pueblo, una bandera electoral vaciada de contenido real de cambios. Tenemos que rescatar la bandera rojinegra. Es decir la auténtica, la de Sandino, pero no para ninguna otra fuerza partidista, sino para la nación entera, ya que Sandino es uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad. Mientras tanto, miles de sandinistas, de distintas generaciones, algunos ya “viejucos”, acompañamos desde distintas trincheras estas luchas que nos llenan de esperanza. Se ha cumplido el sueño del padre Fernando Cardenal. “Yo sueño aquel día en que los jóvenes vuelvan a las calles a hacer Historia.”
(Brecha reproduce fragmentos de la entrevista original con la autorización de la entrevistada.)
[notice]Son al menos 45
Arlen Cerda
Desde Managua
Los enfrentamientos mortales entre estudiantes y pobladores vecinos contra la policía nacional y portátiles del gobernante Frente Sandinista duraron cuatro días consecutivos. La noche del domingo 22 de abril, la policía atacó las instalaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), el último bastión universitario de la protesta. Desde esa noche no se ha reportado ningún otro enfrentamiento con estudiantes, pero la lista de muertos siguió creciendo.
Este domingo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) registró ( N de E: al cierre de esta edición) un total de 45 muertos, mientras la Comisión Permanente de Derechos Humanos (Cpdh) mantiene su cifra de 63 personas.
La mayoría de los muertos son estudiantes. Eran de secundaria o universitarios. Otros trabajaban en zonas francas o comercios independientes.
A una semana de las protestas, los familiares –en su mayoría madres– aún llegaban a las morgues para identificar cuerpos. Otros, a 14 días de la primera represión, aún esperan al pie de la cama en los hospitales, donde la orden es hacer “control de daños”, empezando por restringir acceso a heridos y fallecidos.
(Tomado del portal nicaragüense Confidencial, con autorización del medio. Brecha reproduce fragmentos)
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