Como era de esperarse, la coalición de gobierno confirmó esta semana que se accederá al reclamo de Cabildo Abierto (CA) de otorgar más recursos al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para, entre otros puntos, aumentar los salarios militares. Luego de varios tires y aflojes en la Cámara de Diputados, que incluyeron la amenaza de los cabildantes de no votar el proyecto de rendición de cuentas, la negociación está ahora en manos del Senado, aunque, según pudo saber Brecha, CA no ha presentado todavía el aditivo formal a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. De todos modos, el monto que estaría manejando el partido liderado por Guido Manini Ríos trascendió en una versión de prensa y ascendería a 666 millones de pesos (El Observador, 19-IX-23). Ahora, la disputa consistirá en acordar cuál será el número final para atender dicha demanda, que, de acuerdo con lo que estimaron en distintas filas a este semanario, deberá reducirse significativamente para que encuentre consenso.
El episodio podría ser un ejemplo más de la impronta que los cabildantes han mantenido durante prácticamente toda la administración de la coalición multicolor. Sin embargo, a casi un año de las elecciones nacionales, la ocasión puede leerse como una oportunidad ideal –quizá la última– de apelar a reconquistar el electorado militar a través de un ambicioso incremento presupuestal en el marco de una rendición de cuentas que se pretendía austera.
EN JAQUE
No es un hecho menor que, pese a tener representación en el Poder Ejecutivo –particularmente en el rubro de la defensa, con Rivera Elgue como subsecretario–, CA no hiciera el planteo al momento de la redacción del proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro Javier García ha coincidido con parte de las necesidades planteadas. Brecha confirmó, a través de fuentes oficiales del MDN, que este planteo nunca estuvo sobre la mesa ni por parte de Elgue ni por algún otro ministro cabildante.
La primera versión de la propuesta apareció recién cuatro días antes de la votación en el plenario de Diputados. Ese primer documento, en total, contenía un pedido de 500 millones de pesos, cifra que alteró toda la estrategia presupuestaria elaborada por el gobierno. Allí, el incremento salarial se planteaba para los escalafones militares de todo el personal subalterno y casi todo el personal superior –hasta el grado de teniente coronel–, con la excepción de las máximas jerarquías: los oficiales superiores y los generales. Finalmente, ese mismo día, tras bambalinas, terminó acordándose dejar la discusión para el Senado y continuar con el resto de los artículos.
Sin embargo, CA no aguantó la espera y decidió insistir el día de la votación en el plenario de la Cámara Baja, cuando presentó un segundo aditivo, que esta vez englobaba a los escalafones del personal subalterno hasta el grado de suboficial mayor. Con este cambio apuntaba a obtener el apoyo del Frente Amplio (FA), que estaba dispuesto a acompañar la nueva iniciativa y, con esto, a dar los votos necesarios para su aprobación. De todas formas, los cabildantes volvieron a acordar con la coalición dejar el tema en manos del Senado.
Bajo el entendido de que la tercera es la vencida, ahora los cabildantes redoblaron la apuesta y elevaron la cifra solicitada en más de 150 millones de pesos, y volvieron a incluir entre los beneficiados a los escalafones del personal superior hasta el grado de teniente coronel.
DE VESTIR Y DESVESTIR SANTOS
Con el foco mediático de la rendición de cuentas en el planteo cabildante, desde el Partido Nacional se ha apuntado a no darle demasiada relevancia al asunto. La posibilidad de que CA no acompañe el proyecto en tanto integrante del gobierno resulta lejana, por lo que entienden que deberá negociar en los mismos términos que el resto de sus miembros.
Al igual que lo han hecho saber otros legisladores oficialistas, el senador nacionalista Jorge Gandini entiende que «la de Cabildo no es la única demanda» y que todas se van a evaluar «como se hace siempre». La dificultad puede venir, según evaluó en diálogo con Brecha, en cuanto a «cómo y de dónde» sacar los recursos necesarios para atender esta demanda.
«Como en todos los casos», lo que puede pasar con el aditivo es que, «de 20, se le puedan dar diez», porque «lo que no va a pasar es que Cabildo diga una cosa y que no alcance para más nada», aunque sugirió «no ponerle números por ahora». Consultado por el aumento del incremento presupuestal en el nuevo planteo cabildante, consideró que «es una muy mala técnica escribir esos números, porque si al final conseguís una buena cifra, aunque sea por debajo de lo que escribiste, no es una victoria, es una derrota».
En esta línea, en el FA se mantienen cautos para plantear su postura, sobre todo porque aún no han recibido un documento concreto para estudiar. En diálogo con Brecha, el diputado Gustavo Olmos recordó que estuvieron dispuestos a acompañar el pedido si incluía solo «a la tropa», pero remarcó que, así como está, «no lo vamos a votar». Por otra parte, señaló que es improbable que la cifra –casi 18 millones de dólares– no se reduzca, cuando está cerca de igualar al incremento insignia del proyecto, el del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones, que supone 20 millones de dólares.
En tanto, el senador socialista José Nunes –vicepresidente de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda– señaló como curiosidad a este semanario que, el lunes, cuando el ministro de Defensa Nacional compareció ante la comisión e hizo alusión en profundidad a la situación de los salarios militares, ninguno de los legisladores cabildantes hizo acotaciones ni mencionó el incremento solicitado.
En cuanto al riesgo de que su costo suponga recortes para otros incrementos previamente acordados, desde distintas filas partidarias explicaron que es una posibilidad, aunque no necesariamente. Si bien únicamente el Poder Ejecutivo tiene la potestad de habilitar más presupuesto para nuevos incrementos, lo que podría solicitar a través de un mensaje complementario, la línea del gobierno es no modificar el monto ya acordado. La opción que queda –coincidieron varias fuentes consultadas por Brecha– son las partidas presupuestales de reserva que no suelen ejecutarse y que, en última instancia, podrían ser utilizadas en caso de no querer recortar fondos de otros rubros, más aún considerando que la coalición no quiere dar marcha atrás a los incrementos acordados en la Cámara Baja.
