El edil herrerista Rodrigo Blás, máximo dirigente de Luis Lacalle Pou en el departamento costero, no fue el único, el organismo de contralor impositivo también sancionó a cinco personas que colaboraron en la maniobra, entre éstas otro edil blanco y un ex jerarca de la antigua Junta Anticorrupción. Paralelamente, el caso está en la justicia penal de crimen organizado desde 2014.
Dos semanas antes de que Rodrigo Blás dejara la presidencia de la Junta Departamental, al cabo de dos períodos de gestión (2016-2018), la Dirección de Rentas confirmó que el político utilizó su inmobiliaria (Blás Propiedades) para evadir parte de los impuestos correspondientes a la venta de terrenos del fraccionamiento fernandino Valle di Saronno, propiedad de la empresa Javipark SA. El 6 de julio el director de Rentas, Joaquín Serra, firmó la resolución –a la que accedió Brecha– que declara a Blás “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por un total de 57.556.444 pesos (1,9 millones de dólares). En este caso la multa por defraudación equivale a cuatro veces el monto de los tributos defraudados. Por esto también tendrá que responder el empresario argentino Oscar Andorno, quien figura como responsable de Javipark SA, empresa de la que Blás admitió públicamente ser apoderado.
Por otra parte, la Dgi entiende que tres escribanos que trabajan para Blás –José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, y dos funcionarias municipales– tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento” y deberán responder personalmente por defraudación, con multas de 7.337.964 pesos, 24.736.123 pesos y 5.131.896 pesos, respectivamente. Aunque los profesionales alegaron que no están vinculados a Javipark SA y que por eso no se les puede imputar defraudación, la Dgi fundamentó que “faltaron a su deber de depositarios de la fe pública y falsificaron ideológicamente un documento público, lo cual es de trascendencia para que se concretara el engaño”. También se consideró que la participación del edil herrerista Darwin Correa, a cargo de la sucursal fernandina de Blás Propiedades, fue “indispensable” para cometer la maniobra fraudulenta. Una imputación similar se aplicó a la esposa de Blás. Ambos fueron sancionados con 14.389.110 pesos de multa.
Todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas desde setiembre de 2014, y además fueron denunciados por la Dgi en la justicia penal especializada en crimen organizado. Hasta ahora los múltiples recursos que presentaron ante la Dgi y la justicia han sido rechazados. En el ámbito judicial su estrategia de interponer recursos logró dilatar las citaciones de testigos durante meses. No obstante, fuentes del caso adelantaron a Brecha que es inminente el reinicio de las actuaciones a cargo de la sede especializada de segundo turno.
LA MANIOBRA. La Dgi basó su resolución en “exhaustivos informes de la División Fiscalización”, que incluyeron “múltiples declaraciones testimoniales y documentación respaldante”. Así estableció que Javipark SA utilizó la inmobiliaria de Rodrigo Blás para vender inmuebles y operar de la siguiente manera: primero se emitía un boleto de reserva en el que figuraba el precio verdadero pactado entre las partes y por el que el comprador abonaba una seña; el día del otorgamiento de la escritura de compraventa se integraba parte del precio, hasta completar aproximadamente el 40 por ciento; el saldo del 60 por ciento restante que quedaba a pagar en cuotas era el que figuraba como precio en la escritura. “De esta manera, el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, resume la citada resolución.
La Dgi también constató que cuando un comprador objetaba la diferencia entre el precio real y el que figuraba en las escrituras se le proponía un acuerdo extrajudicial en el que obtenía beneficios a cambio de guardar reserva sobre el contenido de las negociaciones y “desmentirlas” ante la Dgi, en caso de ser citado. “Con la participación de diversos sujetos y sirviéndose de la estructura comercial de la inmobiliaria de Blás, se diseñó y ejecutó un aparato formal destinado a la obtención ilícita de un enriquecimiento indebido, a expensas de los derechos del fisco”, enfatiza la resolución. Y agrega: “El engaño estaba pergeñado para generar una apariencia de verdad susceptible de error a los funcionarios del fisco. Tan así, que sólo pudo ser expuesto al descubierto por el desarrollo de una exhaustiva y eficaz labor inspectiva, que requirió la colaboración de terceros y una ardua tarea de investigación”. Para esto los investigadores contaron con testimonios de compradores, de escribanos que se negaron a participar de la maniobra, y diversa documentación. Entre esta fueron determinantes varias cuadernolas incautadas en la sucursal fernandina de la inmobiliaria –a cargo del edil Correa–, donde estaban registrados los precios declarados y los verdaderamente cobrados. “El engaño habría tenido total éxito de no haberse presentado la denuncia” por parte de un particular.
Las maniobras confirmadas por los inspectores se registraron entre 2011 y 2014, lapso en el que Blás era edil por la lista 23. En 2014 asumió la presidencia de la Comisión Departamental Nacionalista (cargo que aún ocupa) y trabajó activamente por la candidatura del presidenciable Luis Lacalle Pou. Luego fue candidato de la agrupación Unión y Cambio a la Intendencia de Maldonado, y su caudal electoral resultó determinante para el triunfo de Enrique Antía, en mayo de 2015. Por su poder económico, Blás sigue siendo el máximo aliado en Maldonado para las aspiraciones electorales de Lacalle Pou.
En tanto presidente de la Junta Departamental, se erigió como el principal defensor de los intereses del intendente, sobre todo en la aprobación de excepciones a la normativa para habilitar grandes proyectos edilicios. El empresario inmobiliario, que es edil desde la década del 90, siempre integró la Comisión de Obras del legislativo y varios de sus empleados en la inmobiliaria han sido ediles o concejales del Partido Nacional. Inicialmente su abogado fue el actual prosecretario de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas. Luego el caso pasó a manos de la socia de éste, Susana Sotto, e intervino también en la defensa el ex fiscal Enrique Moller, contratado por la Intendencia para llevar adelante denuncias penales contra la pasada administración frenteamplista.
La resolución administrativa de la Dgi (independiente de la investigación judicial) es recurrible ante el propio organismo (en tal caso, la decisión definitiva pasaría al Ministerio de Economía) y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
