Las cuentas ecológicas en la rendición de cuentas - Brecha digital
Las cuentas ecológicas en la rendición de cuentas

Con uñas y dientes

Cuando se examina la propuesta de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, quedan en evidencia sus modos de entender las políticas y la gestión ambiental. En la sección dedicada al Ministerio de Ambiente, lo primero que llama la atención son las ausencias. No se incluyó un artículo que corrigiera el trágico decreto que liberalizó la cacería, y tampoco se concretó el traspaso de la gestión ambiental de los bosques autóctonos, que actualmente sigue dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ninguna de esas acciones implica aumentar el gasto, y en los dos casos existe una abrumadora mayoría de opiniones sobre su necesidad. En el segundo caso, el ministro Adrián Peña desde hace dos años promete que se concretaría esa transferencia de funciones, pero, una vez más, esto no ocurrió.

Lo segundo destacable es lo que efectivamente se dice. El presupuesto del Ministerio de Ambiente empeoró todavía más. El gobierno de Lacalle había sostenido en el presupuesto aprobado en 2020 que ese ministerio contaría con unos 758 millones de pesos. En aquel año, en realidad fueron apenas 244 millones de pesos y en 2021, 353 millones de pesos, cifras muy alejadas de aquellas promesas. También empeoró en proporción a los gastos de la administración central, pasando del 0,56 por ciento del total al 0,26 por ciento. Es el ministerio con la menor dotación de dinero y eso deja en evidencia que la institucionalidad ambiental se debilitó.

En la rendición se indican nuevas partidas, incluyendo una de 30 millones de pesos anuales para gastos de funcionamiento, otras más pequeñas y puntuales para las áreas de calidad ambiental, aguas y biodiversidad (que totalizan aproximadamente un poco más de 10 millones de pesos), y los dineros de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo que acordó el anterior gobierno en 2019 (900 mil dólares para 2023). Pero, al mismo tiempo, cuando se compara con 2020, este ministerio padeció recortes y subejecuciones (por ejemplo, una reducción del 30 por ciento en remuneraciones y del 18 por ciento en funcionamiento en el área de calidad y evaluación ambiental) que totalizan al menos 30 millones de pesos. Sobre eso se suma que, en 2021, el Ministerio de Ambiente solo usó la mitad de los dineros asignados para remuneraciones.

Bajo esas condiciones es cuestionable que la cartera pueda evaluar y controlar emprendimientos que anuncia el propio gobierno. Por ejemplo, ANCAP otorga nuevas áreas de exploración petrolera en el océano, anuncia la producción de hidrógeno verde, que presionará más sobre nuestros acuíferos, y el ministro Peña anuncia que en los próximos seis meses multiplicará por diez la superficie de las áreas protegidas marinas. Pero en esta rendición no hay recursos ni normas para lidiar con esas iniciativas de manera adecuada.

Además de las mencionadas, el gobierno propone otras nuevas partidas, que en un primer año pueden estimarse en un poco más de 1 millón de dólares. Esos dineros no son para fortalecer la gestión ambiental, sino para un nuevo local y para informática (por ejemplo, 10 millones de pesos para la nueva sede y 14,6 millones de pesos por año para el inmueble contratado). Gastar dinero en una nueva oficina no tiene ninguna prioridad, ya que ese ministerio ocupa un local desde hace años. Los que no usan esas instalaciones son el ministro y algunos jerarcas, por lo que se esperaría que ellos mismos comprendieran que, en ese ministerio, las urgencias son ecológicas.

La temática ambiental también aparece en otros capítulos de la rendición de cuentas. Entre ellos, no pasa desapercibido que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esté avanzando en esta temática, incluso por delante del Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, en lo que titulan como «reformas estructurales», se incluye una larga sección sobre cuestiones ambientales, enumerando instrumentos económicos para la gestión ambiental. Allí se incluye la exoneración del IMESI (impuesto específico interno) a los vehículos eléctricos e híbridos o a los insumos para abonos orgánicos conocidos como compost. Es bienvenido que el MEF tenga intereses ecológicos, y allí hay medidas positivas, pero también se mezclan con otras muy discutibles, como la insistencia en ponderar los gases con efecto invernadero por unidad de producto, medidos por ejemplo en dólares. De ese modo, se disimula que las emisiones totales, calculadas en toneladas, aumentan. O bien se insiste con la idea de préstamos o deuda «verde» que estarían ligados a ciertos desempeños ambientales.

En cambio, lo más urgente en una economía ambiental no aparece en la rendición de cuentas. Es imperioso que se evalúe el costo económico que tiene la contaminación en Uruguay, y en especial la de las aguas. Se debe cuantificar el dinero que implica el daño ambiental: desde el pago a los servicios médicos por parte de los afectados debido a los agroquímicos hasta la pérdida de las exportaciones de mieles contaminadas. Se deben corregir los indicadores sectoriales; por ejemplo, al producto agropecuario se le debería restar el costo económico por ese daño ecológico y los efectos sobre la salud pública.

Más o menos al mismo tiempo en que se presentaba esta rendición de cuentas, el ministro de Ambiente decía que defendería con «uñas y dientes» el proyecto que un conjunto de empresas presentó para tomar agua del Río de la Plata. Es una iniciativa privada, millonaria y repleta de riesgos y dudas ambientales, pero que de manera inexplicable se ha convertido en meta esencial de su cartera. Otro tanto se puede decir de la obsesión por una nueva sede. Ese espíritu guerrero puede ser bienvenido, pero el ministro equivoca las prioridades de sus luchas. El país, y su naturaleza, necesitaría un ministro que peleara con «uñas y dientes» por proteger a nuestra fauna de los cazadores, que asegurara la preservación del monte nativo, que consiguiera los dineros para el equipo, la logística y los técnicos para controlar efectivamente el impacto ambiental de la segunda planta de UPM en el río Negro y del Ferrocarril Central, que preparara a su ministerio para defender la calidad del agua en sus mares y que realmente comenzara a descontaminar sus ríos.

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