El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) arremetió contra la iniciativa popular que promueve someter a plebiscito una reforma constitucional muy sencilla. Veamos el contexto.
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL CERES?
Hay algunos cuantos pesos pesados autodenominados liberales que son los que intentan marcar aspectos centrales de la vida política y económica nacional. Así, hace cinco años decían que la seguridad social era el «elefante blanco» del Uruguay y, en 2019, promovieron una «reforma» demasiado parecida a la que se terminó votando en 2023.
Por eso mismo nunca vimos un estudio o investigación seria y crítica (vista desde quienes viven de su trabajo) sobre el verdadero régimen de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP). No han abierto la boca sobre algunos datos alarmantes. Más de la mitad de las trabajadoras y los trabajadores afectados por las AFAP cobran 5.660 pesos o menos; una de cada tres personas cobra menos de 2.830 pesos; un poco menos de 6 mil personas cobran en promedio 126 pesos (sí, unos vergonzosos 126 pesos). Las casi 6 mil personas que les siguen cobran un promedio de 745 pesos (sí, menos de 1.000 pesos uruguayos). Luego hay otro tramo que cobra un promedio de 1.448 pesos. Otra franja de 6 mil jubilados y jubiladas por el régimen de ahorro individual cobra un promedio de 2.200 pesos y otro tramo, 3.200 pesos. El que le sigue cobra un promedio de 4.500 pesos, etcétera. Resulta así que el 90 por ciento de quienes cobran las rentas vitalicias obtienen bastante menos que la jubilación mínima que paga el BPS.
¿Alguna vez quienes leen han visto algún informe o estudio del CERES que advirtiera de lo escandalosos que resultan estos datos? ¿Alguna vez se les ha escuchado decir que el invento de las AFAP es cualquier cosa menos seguridad social? Nunca, ¿verdad?
¿QUIÉNES FINANCIAN EL CERES Y QUIÉNES LO INTEGRAN?
Está constituido como asociación civil y tiene como presidente nada menos que a Ricardo Peirano. Entre su comité asesor «honorario» están Dolores Benavente, Carlos Steneri, Gustavo Michelín y exministros de Economía como Ricardo Zerbino y Luis Mosca. Es decir –más allá de la opinión que como personas se pueda tener acerca de ellos–, la flor y nata de un reducido grupo nada inocente a la hora de buscar a los responsables de muchas de las injusticias que todavía padece nuestro pueblo.
El centro funciona sobre la base de instituciones asociadas que lo apoyan mensualmente. ¿Cómo lo hacen? ¿Pagan una cuota? Sería bueno saber de cuánto es, ya que muchos de esos socios son empresas de propiedad de uruguayas y uruguayos. A vuelo de pájaro miremos solo unas pocas instituciones asociadas, entre las que quiero destacar: República AFAP, el banco Itaú (dueño de Unión Capital AFAP), el Grupo SURA (dueño de la AFAP del mismo nombre), el Banco República y el Banco de Seguros (propietarios junto con el Banco de Previsión Social [BPS] de República AFAP), y además la Bolsa de Valores de Montevideo, ANCAP, ANTEL, la Asociación Uruguaya de Fútbol, Banque Heritage, canales de televisión, Citibank, el Club de Golf del Uruguay, la Confederación de Cámaras Empresariales, etcétera.
ACERCA DE IGNACIO MUNYO
Es un hombre de 44 años de edad que se formó –entre otros institutos– en la Universidad de Chicago, por lo que es posible valorarlo como un Chicago boy. Y fue precisamente en esa universidad donde Milton Friedman «inventó» el régimen de administradoras de fondos de pensiones, que sería impuesto por primera vez en el mundo en 1980, en la terrible dictadura de Augusto Pinochet.
El invento, visto desde los ojos de los capitalistas, fue y es maravilloso, ya que con la plata de las trabajadoras y los trabajadores (y no de los propios capitalistas) se resolvieron problemas de liquidez y se han ido formando inmensas sumas multimillonarias en dólares sacadas de los bolsillos de quienes viven de su trabajo (que durante 30 o más años no pueden utilizarlas, pero sí deben pagar comisiones mes a mes para recibir al final de sus vidas y con cuentagotas las famosas rentas vitalicias).
Esos montos se destinan a inversiones en Uruguay e incluso en el extranjero. Por supuesto, son utilizadas por los gobiernos y por las propias empresas capitalistas para desarrollarse. Es decir, un negocio redondo para los que están –desde siempre– en la cúspide del poder.
Pero Munyo, además de tener todos estos vínculos y dependencias directas con los dueños de las AFAP, integra nada menos que la Bolsa de Valores de Montevideo, que también –como sabemos– juega un rol muy importante porque es a través de ella que se compran y venden las acciones, interviniendo en esas transacciones los propios fondos acumulados en las AFAP.
Al repasar, entonces, tenemos un conjunto de datos interesantes que configuran un círculo que se retroalimenta y termina siempre haciéndole los mandados al poder, a ese que siempre está tras bambalinas cualquiera sea el gobierno de turno. Es decir, puede comprobarse la conjunción de intereses entre las AFAP, el llamado régimen mixto, el CERES y el papel de Ignacio Munyo como defensor del sistema vigente y detractor del plebiscito que promovemos, intentando siempre desprestigiarlo y buscando ubicarnos en el lugar de locos sueltos, «populistas» e «irresponsables».
EL DÍA DESPUÉS DEL PLEBISCITO
Munyo dice que volveremos 30 años atrás. Tiene razón: pero para tomar impulso y construir un camino radicalmente democrático y, por eso, bueno para las grandes mayorías. Ahora, las críticas que hacemos a las AFAP no son hipotéticas (o meramente «ideológicas», como nos decían en 1995). A casi 30 años de su imposición, más de 100 mil compatriotas las padecen mes tras mes al cobrar esas rentas vitalicias vergonzosas.
Si el plebiscito gana, es por demás claro y transparente lo que sucederá. Uno: aumentarán las jubilaciones y pensiones mínimas hasta que alcancen el valor del salario mínimo nacional, es decir, un aumento necesario pero modesto. Ellos hablan de 1.000 millones de dólares: cualquier lector o lectora puede imaginarse lo que significará para el mercado interno, ya que favorecerá primero a los jubilados y pensionistas que ganarán el nuevo mínimo, ayudará a sus familias y dinamizará las cosas para beneficio de almaceneros, verduleros, pequeños y medianos comerciantes, productores e industriales nacionales, y se esperarán buenas noticias para la creación de nuevos empleos. Dos: se reestablecerá la edad jubilatoria en 60 años (y, obviamente, quienes deseen continuar laborando por encima de esa edad podrán hacerlo). Tres: se eliminarán las AFAP en un plazo de 24 meses y los 22 mil millones de fondo acumulado hasta la fecha pasarán a un fideicomiso. Cuatro: desde el día de la eliminación de las AFAP, el BPS empezará a recaudar más de 1.300 millones de dólares por año por los aportes que ahora van a las administradoras de fondos. Esto abrirá una formidable ventana de oportunidad para que el nuevo gobierno y el nuevo Parlamento rediseñen un verdadero sistema de seguridad social sobre nuevas bases –contemplando todas las modificaciones que se vayan produciendo en el mercado de trabajo y analizando de una vez por todas nuevas fuentes de financiamiento que no caigan en el consabido aumento de IVA o aumento de montepío personal y graven al gran capital–.
(Los trabajadores y las trabajadoras ganarán doblemente: primero, porque no se les cobrará más comisión y, segundo, porque al momento de jubilarse la sola jubilación del BPS será más que la supuestamente doble jubilación actual, es decir, lo que paga el BPS más las magras cifras que pagan las rentas vitalicias.)
LAS RESPUESTAS DE LA PAPELETA
Munyo y otros agitan dos grandes fantasmas para desestimular ahora las firmas (y, en octubre, el voto a favor de la papeleta). Aseguran que habrá miles de recursos contra el Estado uruguayo por parte de grupos de trabajadoras y trabajadores que supuestamente serán afectados, y que, además, las propias AFAP reclamarán por lucro cesante, dado que serán eliminadas.
Sin embargo, en la propia papeleta está escrita a texto expreso la respuesta a ambas acusaciones: «Disposición transitoria y Especial V: la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida ni menoscabo de derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. El Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al sistema de seguridad social, concediendo prestaciones inferiores». Es decir que ningún trabajador o trabajadora perderá plata con relación a ahora si triunfamos en el plebiscito.
Y los últimos renglones de la papeleta dicen con claridad meridiana que «la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las administradoras de fondos de ahorro previsional», o sea que aquí la certeza jurídica es contundente. ¿Por qué, entonces, si la papeleta es tan clara, son capaces de mentir a cara de perro? Cada lectora y cada lector sacará sus propias conclusiones.
*Cofundador y expresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Trabajó 35 años en el BPS, donde se jubiló como jefe de Estudio y Liquidación de Pensiones a la Vejez e Invalidez.
