En este texto plantearemos algunas reflexiones acerca del proceso político que condujo al plebiscito por la seguridad social, los serios problemas que ha enfrentado el debate ciudadano en torno a la iniciativa, la plausibilidad de su aprobación y los escenarios que genera la iniciativa para el gobierno que surgirá de las elecciones de este año.1
El punto de partida
La génesis de esta iniciativa es una larga historia ya relatada: una votación dividida de la Mesa Representativa del PIT-CNT, en la cual 16 sindicatos la impulsaron, 14 pidieron aplazar la discusión y 14 se abstuvieron, dando como resultado que la propuesta prosperase con apenas un tercio del respaldo de ese organismo.
Las 430 mil firmas recolectadas2 en mancomunado esfuerzo por diversas organizaciones sociales y políticas del campo popular hablan del implacable músculo sindical, social y partidario para acometer este tipo de tarea militante. No obstante, este reconocimiento no obsta afirmar, siguiendo el razonamiento propuesto por Fernando Esponda en La Diaria (4-V-24), que «el plebiscito más importante de nuestra historia» –al considerar su impacto económico– concita un apoyo irrisoriamente escaso en las dimensiones partidarias y técnico-académicas.
Explica Esponda, y comparto, que los impactos de una eventual aprobación de la propuesta serían inmensos en áreas tan diversas como el mercado laboral, el sistema tributario, la deuda pública y tantos otros, sistemáticamente explicados por expertos en economía y en distintas áreas de política pública en medios de comunicación y actividades académicas durante los últimos meses. Sin embargo, existe una discrepancia notable entre el impacto de la propuesta y la debilidad del debate público que se ocupa de ella, así como el escaso respaldo partidario y técnico del cual adolece.
Una coyuntura inhóspita para el debate
El debate sobre esta propuesta de plebiscito ocurre, como prevé la Constitución para todo intento de reforma constitucional, en el marco de una campaña electoral hacia las elecciones nacionales. Así, la discusión queda entreverada y, peor aún, generalmente subsumida a la puja electoral; un escenario especialmente inoportuno para una discusión de altísima complejidad técnica y profundas implicancias tanto económicas como en una miríada de políticas públicas.
Quizá el constituyente no anticipó cuán complejo se volvería hacer foco en las propuestas sometidas a democracia directa en medio de la artillería marquetinera en que progresivamente han derivado las campañas electorales, agregando toneladas de ruido y acusaciones cruzadas a un tema ya de por sí áspero, con derivaciones económicas, presupuestales, de bienestar, de distribución intergeneracional del ingreso, y tantas otras. Este plebiscito se discute no solo en el marco de la campaña presidencial, sino en paralelo a otras iniciativas plebiscitarias, situación que la Constitución habilita sin límite de razonabilidad alguno. Bien podríamos darnos la posibilidad de repensar si, más allá de las razones de economía de recursos, es deseable que los plebiscitos sigan siendo discutidos y votados en este escenario.
Cuando un partido se parte
En términos partidarios, la configuración de apoyos se muestra extremadamente desfavorable a la propuesta. Los integrantes de la coalición multicolor la rechazan monolíticamente y han recibido este proceso como un regalo de la oposición. El plebiscito en ciernes supone un arma para la coalición: habilita la intervención del presidente –jugador estrella del equipo multicolor– en esta campaña; siembra divisiones en el Frente Amplio (FA) en un tema de máxima relevancia; coloca en el centro de la campaña una de las reformas más relevantes del actual gobierno, y resta espacio para la discusión sobre otros temas en los cuales esta gestión presenta flancos débiles.
Dentro del FA, la propuesta cosecha el apoyo de los sectores que acompañaron la precandidatura presidencial de Carolina Cosse y que, tomando como referencia los votos obtenidos en octubre de 2019, representan cerca de un tercio del partido. Es rechazada por el resto de los sectores relevantes, encolumnados tras el ungido candidato presidencial Yamandú Orsi. El FA resolvió «dar libertad de acción» a la militancia para adherir o no a la recolección de firmas y ahora se apresta a ratificar o rectificar esta decisión de cara a las elecciones nacionales. Para el FA, este asunto ha sido un constante balanceo entre Guatemala y Guatepeor.
Esta libertad de acción supone un equilibrio inestable, pero romper el equilibrio definiendo una postura parece aún más desfavorable que conservar el incómodo statu quo. Este limbo parece ser la única posición plausible, aun asumiendo el costo de explicar a la ciudadanía por qué el partido con mayores chances de ser gobierno no se pronuncia claramente acerca de un tema tan relevante.
El FA queda así orejeando silencioso una reforma que puede transformar el país, sin decidir con quién pagar unos costos ineludibles. No puede gratuitamente desairar al campo popular que apoya la propuesta y tampoco desoír las voces monocordemente críticas de todos los cuadros técnicos que integraron sus equipos económicos durante 15 años de gobierno.
Cualquier paso parece un paso en falso y mantenerse haciendo equilibrio indefinidamente mientras vuelan palos desde otras tiendas es un riesgo considerable en una elección que puede ganarse o perderse por escasos votos y en la que todo error no forzado cuenta. Este intríngulis queda evidenciado en paroxismos de la especulación como el de Fernando Pereira y la propia Cosse negándose a decir si pondrán o no la papeleta; suspensos desconcertantes para el nivel de responsabilidad política que estas figuras ostentan.
Esta configuración de apoyos choca de frente contra la evidencia empírica de las últimas décadas, en las que las propuestas de democracia directa exitosas han sido aquellas que contaron con apoyos multipartidarios.
Luces de alarma en la relación entre conocimiento, proceso político y ciudadanía
Cuesta hallar una propuesta de política pública que reúna tantas opiniones técnicas contrarias, provenientes de las más diversas profesiones, filiaciones institucionales, comunidades epistémicas, escuelas de pensamiento y orientaciones ideológicas. Pareciera que especialistas que jamás coinciden en nada coinciden en este desacople respecto a la propuesta.
Este notorio desacople de los expertos bien podría ser espejado por un similar desencuentro progresivo entre el proceso político y la opinión ciudadana en nuestro país, en línea con las tendencias globales de desapego con las instituciones de la democracia representativa. Son tiempos globales en los que la conducción política está jaqueada en su (in)capacidad de respuesta a las demandas sociales: como en «El hombre de la calle», de Jaime Roos, el discurso de las élites merma en su buena salud. En este marco, los plebiscitos se han vuelto traicioneros, pues, en el afán de ampliar la participación y complementar la democracia representativa, reflejan malestares sociales y desconfianza hacia las élites. Se suman casos de electorados que votan de espaldas a posturas ultramayoritarias de sus sistemas políticos, expertos, referentes culturales, líderes de opinión y medios de comunicación.3
Una alternativa poco explorada en Uruguay es la instauración de mecanismos deliberativos («juicios ciudadanos» o similares) que acompañen y potencien las consultas populares con debates informados precedentes al momento plebiscitario, en que asuntos de alta complejidad técnica e implicancia política de largo plazo quedarán inevitablemente reducidos a una decisión binaria «por sí o por no» (Massa dixit).
Dibujando futuribles
No contamos aún con mediciones demasiado precisas para anticipar qué decidirá la ciudadanía respecto a este plebiscito y campea el desconocimiento sobre la propuesta. Algunos sondeos marcan apoyos en torno al tercio del electorado, aunque cuando se consulta acerca de las propuestas concretas englobadas en la papeleta –equiparar jubilaciones con el salario mínimo o retornar la edad de jubilación a los 60 años– parecerían existir apoyos mayores a los dos tercios. Todo con enormes pinzas, está claro.
Los indicios de qué hará la ciudadanía con este plebiscito apuntan en direcciones contradictorias. Por un lado, la constatación empírica de que los plebiscitos requieren el apoyo de fracciones de más de un partido para aprobarse, que en este caso no sucede. Por otra parte, como argumenta Benjamín Nahoum en La Diaria (7-V-24), los dos plebiscitos que trataron acerca de las jubilaciones en Uruguay (los de 1989 y 1994) se aprobaron por importantes mayorías, reflejando un apoyo oriental consistente hacia postulados asimilables con las propuestas bajo consideración en esta ocasión. El resultado de octubre dependerá enormemente de cómo este tema sea tratado en la campaña electoral y qué lugar le den los candidatos presidenciales, quienes ocuparán la mayor parte del espacio mediático en estos días.
Jugando a pronosticar futuribles (futuros posibles) y movimientos de los agonistas de acuerdo con el resultado de octubre, podemos plantear un primer escenario en el que la coalición multicolor gana el gobierno y el plebiscito no se aprueba. En este futurible, el esquema actual de la seguridad social establecido en la ley 20.130 quedará políticamente blindado por un buen tiempo. El gobierno recurrirá al manido argumento de que «un pueblo laudó», tal como tantas veces se hace antojadizamente con los plebiscitos infructuosos. Si gana el FA y no se aprueba la reforma constitucional, nos encaminaremos hacia un nuevo diálogo social por la seguridad social como prescribe el programa del FA y como prefiere la enorme mayoría de los dirigentes y candidatos a cargos públicos de ese partido, lo expresen a viva voz o más soterradamente, según sus niveles de convergencia ideológica y directriz con los movimientos sociales promotores.
Si gana la coalición y se aprueba la reforma, el gobierno reelecto podría encontrar caminos para una aplicación minimalista de la papeleta, su dilación en el tiempo y quizás explorar vías para judicializar la interpretación de aquello que quedará plasmado en la Constitución, avizorándose la entrada en escena de actores judiciales y hasta tribunales internacionales.
Si gana el FA y se aprueba la reforma, la coalición de izquierdas deberá acatar sin dilaciones o externalizaciones del conflicto, pues no tiene margen para procurar una aplicación minimalista o judicialmente retaceada. No podría desdeñar un pronunciamiento de la ciudadanía que reflejaría el sentir de votantes mayormente de izquierda y acicateado tanto por aliados sociales como por sectores del propio partido. El desafío en este escenario será designar un equipo económico capaz de timonear con esta papa caliente. Papa que incluye lidiar con la aplicación cabal de esta reforma, llevando adelante las negociaciones para su operacionalización, estimando sus implicaciones presupuestales y financieras presentes y futuras, así como ocupándose del elefante en la sala que representará hallar la fórmula para su sostenibilidad financiera, sobre la que ninguna pista ofrecerá el texto constitucional. Iríamos probablemente camino a una nueva reforma tributaria o a un gobierno maniatado en el resto de su agenda transformadora por el peso paquidérmico de la implementación de esta política pública.
A modo de cierre, quizá lo más preocupante de este proceso político sea que, por laudar el tema mediante la vía plebiscitaria, se bloquea o posterga un debate integral capaz de trascender los puntos de la papeleta y apuntar a una definición colectiva acerca de qué niveles de bienestar queremos alcanzar como sociedad, cómo podemos sostener ese bienestar para las futuras generaciones, y cuánto y cómo estamos dispuestos a financiar para ello, y a través de qué fuentes de recursos. Porque la política se trata, al final del día, de gobernar la economía: tramitar los conflictos y tomar las decisiones colectivas y coercitivas sobre cómo una sociedad produce, distribuye y costea entre sus integrantes los bienes materiales o simbólicos a los que asigna valor. Qué bueno estaría.
* Mauro Casa es politólogo y magíster por la Universidad de Londres.
1. Agradezco a mi colega José Busquets, con quien intercambié ampliamente sobre el tema, afinando las reflexiones que aquí presento.
2. El conteo de la Corte Electoral terminó al llegar a la rúbrica válida número 276.151.
3. Apenas como ejemplos que encuadran dentro de este fenómeno, vale mencionar los casos del Brexit y los acuerdos de paz en Colombia (2016).
