Después de escuchar en varios pasajes al senador Pedro Bordaberry en su interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, el pasado 9 de abril, no puedo dejar de evocar a José Gaspar Rodríguez de Francia, retratado magistralmente en la novela Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Rodríguez de Francia siempre tuvo el enfermizo deseo de liberarse del influjo de las palabras, pues las consideraba cárceles para el pensamiento y la realidad. Quiso eludir las trampas y la improductividad de los juegos verbales, pero, como siempre ocurre en estos casos, su pretensión fue en vano. Al final del camino solo tenemos palabras. El senador Bordaberry, por su parte, reivindicó el lugar de los pragmáticos y de los realistas –esos que tienen como misión de vida «no fallar»– y criticó las gestiones del Frente Amplio (FA) en el campo de la seguridad por sucumbir al palabrerío, al academicismo desconectado y a las teorías sin comprobación empírica. Y como gran ejemplo de éxito en el control de la criminalidad señaló los cinco años de gobierno de la Coalición Republicana, con Jorge Larrañaga a la cabeza, y lo hizo con gran inflamación verbal, con cataratas de palabras que solo eran capaces de aludir a otras palabras.
Durante la interpelación al ministro Negro, los 15 años de gobiernos del FA fueron severamente enjuiciados. Según el interpelante, los principales errores que llevaron al fracaso fueron alentar teorías peregrinas (mezcla de positivismo, teoría de la tensión y marxismo, se llegó a decir en pleno brote de inventiva), acuñar la expresión sensación térmica (olvidando que esa expresión fue colocada por jerarcas de la primera administración del Partido Nacional) y minimizar los riesgos del narcotráfico (que ya reinaba a sus anchas en los noventa). Para llegar a la conclusión de fracaso se apeló a la lectura de estadísticas oficiales. En 15 años, todos los delitos subieron y el país quedó «destrozado» en materia de seguridad. Pero esos datos también son palabras, precarias y ambiguas. De todo lo dicho, lo único cierto y comprobado es el aumento de los homicidios. Lo demás son todas palabras, y nos referimos con esto a la idea de vincular la evolución de la violencia y la criminalidad con períodos de gobierno. A la luz de esto, los pragmáticos son tan impotentes como el resto, y las palabras solo se formulan para escamotear los hechos. Y para que esta tarea sea completa hay que atacar a los académicos, a los consultores y a los técnicos (los de antes y los de ahora), pues ellos representan la encarnación diabólica de la productividad palabrera («que vayan al Borro», gritó el senador interpelante, con seguridad muy involucrado cotidianamente con esas realidades). «No es la pobreza, no es la desigualdad la que lleva al delito, es el propio individuo el que decide, y si lo hace así debe ser castigado». El odio indisimulado a cualquier perspectiva de interpretación social (que solo sirve para justificar acciones reprobables) es un recurso tan viejo como eficaz para sostener un sentido común de derecha.
Como no podía ser de otra manera, el plan de seguridad presentado recientemente fue criticado también por las palabras: en primer lugar, por el exceso (son 340 páginas, más de diagnóstico que de acciones), en segundo lugar, por la irritante presencia de neologismos que solo pretenden confundir y, por último, lo más relevante, por la ausencia de la palabra mágica: al parecer, en todo el documento no hay una sola mención a la represión.
En definitiva, según el senador interpelante, el FA sucumbió a sus prejuicios ideológicos y por eso fracasó, y en esa línea es necesario que esta nueva administración no cometa los mismos errores y actúe con realismo, pragmatismo, sentido de urgencia, decisión y voluntad, tal como lo habría hecho la Coalición Republicana. No sabemos con exactitud si este discurso tiene la eficacia performativa que cabría suponer. Una colección de estigmas, que vienen de lejos, y una autorrepresentación glorificante, que también viene de lejos, son recursos propios de las élites políticas de derecha que buscan recuperar terreno hegemónico. Cuando el senador Bordaberry le preguntó a Negro si el plan de seguridad seguía los lineamientos «positivistas-marxistas» de las gestiones anteriores, la respuesta del jerarca fue que el plan no tenía sesgo ideológico. Hay que confesar que no es tarea sencilla contestar semejante pregunta. Frente a una ofensiva carente de todo juicio, pero que se sabe que provoca resonancias entre amplias zonas del electorado, la postura oficial elegida es la de la sobriedad técnica, la del enfoque basado en evidencias y la de orientarse solo por el objetivo de solucionar los problemas de la gente. Si la sombra de Bukele planea, si los «antichorros» merodean, elegir ese puerto más seguro no es una mala opción, aunque tiene sus riesgos. La ausencia de un proyecto normativo fuerte de la izquierda obliga a buscar formas de escape, y esta idea de encarnar en la gestión una mirada no ideologizada la vemos reproducirse en todas las arenas de política pública.
La violencia, la criminalidad, la inseguridad, el castigo, las penas, el encierro, la ley: nada de esto puede asumirse sin referencias ideológicas que están en la base de cómo pensamos y actuamos. Las propias evidencias con las que queremos leer los hechos (las estadísticas oficiales) están plagadas de sesgos, y sus formas de construirse y reproducirse obedecen a criterios simbólicos y culturales específicos. Si todos –casi sin excepción– somos capaces de asumir que la violencia y el delito pueden leerse por fuera de las consideraciones exigentes que imponen las desigualdades estructurales, eso ya nos ubica en un terreno decididamente ideológico. La ideología la entendemos aquí como una matriz generativa que regula las relaciones entre lo visible y lo invisible, entre lo imaginable y lo no imaginable, entre lo viejo y lo nuevo. La inseguridad no es una mera «ilusión» ni una falsa representación de la realidad, entre otras razones porque una ideología no es necesariamente falsa en cuanto a sus contenidos. De hecho, los discursos sobre la inseguridad se sostienen sobre referencias reales y concretas. Lo que importa saber a ciencia cierta es si esos contenidos reales e hiperreales guardan –de un modo no transparente– alguna relación funcional con procesos de dominación social.
Cuanto más pretendemos desideologizar, más cedemos al peso de un conjunto de visiones predominantes sobre conductas y circunstancias, cuya densidad simbólica (no necesariamente falsa) deja inalteradas las bases contradictorias de un sistema de reproducción de riesgos, amenazas y daños. Si una «situación falsa» es aquella en la cual la esencia humana es bloqueada y enajenada, entonces la función ideológica de la inseguridad como acto de habla estriba en reprimir todas las vías de acceso para problematizar la falsedad intolerable de la situación. Los discursos de la inseguridad apelan a la idea de que los «hechos hablan por sí mismos». En rigor, los hechos nunca hablan por sí mismos, sino que lo hacen a través de una red de dispositivos discursivos. ¿Por qué algunas formas de violencia son más visibles que otras? ¿Por qué algunos homicidios tienen más valor simbólico que otros? La inseguridad labra sus creencias a partir de lo que se ve, y lo que se muestra como violento e inseguro obedece a una decisión ideológica que se asume como «evidente». Cuando los medios de comunicación, las policías, los jueces y los representantes políticos tematizan los asuntos del delito, no necesariamente distorsionan la realidad, sino que imponen un relato que logra transformarse en la única realidad. Hay que romper esos monopolios para que el proyecto político pueda internarse en zonas decisivas que sean capaces de romper tendencias, regenerar lazos sociales, apuntalar trayectorias y proteger de manera auténtica a los sectores más vulnerables.
El problema de la interpelación no fue el desenfoque o el anacronismo de Bordaberry. Lo más serio fue el avance de un cerco ideológico que vuelve por sus fueros con el libreto del aumento de penas y con el discurso de la efectividad de la fuerza para combatir el delito. Y aquí es donde los problemas de la violencia, la criminalidad y la inseguridad se vuelven más reales, ya que movilizan fuerzas discursivas de alta intensidad. En la interpelación, el gobierno salió airoso y el ministro fortalecido. Sin embargo, no hay que perder de vista que esa interpelación fue diseñada como parte de una escalada que nada tendrá de amable. Y ahí conviene abastecerse de palabras, de muchas palabras que reflejen todas esas ideas que vale la pena poner en juego para desterrar tanto dolor, sufrimiento y miseria.
