Seis legisladores del Frente Amplio (FA) presentaron en el Senado un proyecto de ley que crea (artículo 1.o) una sobretasa del 25 por ciento sobre el impuesto al patrimonio (IP) vigente, cuya recaudación sería destinada (artículo 2.o) al Fondo Nacional de Vivienda (FNV). El proyecto es a todas luces ejemplar: apunta a que los que tienen más contribuyan más al financiamiento de las políticas sociales para proteger a los que tienen menos y a fortalecer la política de vivienda, uno de los problemas más graves que hoy tiene nuestra sociedad y uno de los indicadores de la pobreza infantil.
Y lo hace restituyendo al FNV el volumen de recursos de que disponía cuando se creó, con la ley de vivienda 13.728, de 1968 (el 2 por ciento de la masa salarial del sector público y privado),1 ya que establece (artículo 3.o) que cuando los recursos anuales del FNV, incluidos los que ahora se le incorporarían, no lleguen a esa cifra, la diferencia sería aportada por Rentas Generales, o sea, por el conjunto de la sociedad.
En grandes números, esto significaría del orden de duplicar los recursos actuales del fondo, compromiso de campaña del FA en 2019 y 2024, y compromiso del presente gobierno por decreto del Consejo de Ministros del 25 de marzo pasado.
Por otra parte, el camino que se toma de incrementar el IP, actualmente con los porcentajes de afectación más bajos de toda su historia de 60 años (véase recuadro),22 no puede ser mejor: este impuesto grava directamente la riqueza y, si su producido se emplea en satisfacer un derecho esencial para los sectores de menos recursos, se transformaría en una poderosa herramienta de redistribución y justicia social.
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Pero hay un detalle: el proyecto comentado fue presentado por los senadores Óscar Andrade (Partido Comunista), Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular [MPP]), Daniel Caggiani (MPP), Daniel Olesker (Partido Socialista), Uruguay Russi (La Amplia) y Alejandro Sánchez (MPP), en octubre de 2022.
Pasó inmediatamente a informe de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, pero esta recién recordó que lo tenía para considerar en agosto del año siguiente. Después llegó al Senado la rendición de cuentas y el tema durmió en la carpeta hasta noviembre de 2023, cuando se recibió al entonces ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, coronel Raúl Lozano, para escuchar su opinión.
Lozano dijo que recibía con agrado que se pensara en dotar de más recursos al FNV, pero que el gobierno había hecho el compromiso de no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes, por lo que no se compartía la solución. En la sesión siguiente se recibió
a Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) para escuchar su opinión, favorable, y después de eso no hay más actuaciones en la carpeta hasta 2025, en que el tema vuelve, al hacerse un repaso de los asuntos pendientes de estudio en la comisión.
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Pero no eludamos dos discusiones que sin duda serán planteadas: una tiene que ver con la conveniencia o no de la asignación directa de recursos a determinados fines, ampliamente usada pero siempre discutida por economistas que prefieren que todos los recursos estén en una sola bolsa para disponer de ellos sin restricciones. Ese discurso, que tiene su lógica, se contrapone con la importancia que presenta para el planificador, sobre todo cuando lo hace a mediano y largo plazo, como en el caso de la vivienda, saber cuánto dispone y cuándo lo dispone. No en balde Juan Pablo Terra y los demás redactores de la ley de vivienda de 1968 optaron por ese camino para dotar de recursos al FNV.
La otra discusión tiene que ver con si esto se suma, sustituye o se contrapone con la propuesta de gravar al 1 por ciento de milmillonarios en un 1 por ciento de su patrimonio, que ha levantado la central de trabajadores, PIT-CNT, y que han apoyado varios dirigentes y partidos de la izquierda. Claramente las dos cosas van en la misma dirección, pero la iniciativa de fortalecer en forma progresiva la imposición al patrimonio tiene la ventaja, justamente, de su progresividad, que permite no dejar afuera a nadie que pueda contribuir, aunque ese patrimonio sea de 990 millones de dólares en vez de 1.000.
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¿Qué probabilidad de ser aprobado tiene un proyecto como este? Pues tantas como voluntad política haya para aprobarlo, en los diferentes niveles. Un primer aspecto muy importante es que no requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, ni que sea tratado en una instancia presupuestal, sino solamente la mayoría de ambas cámaras (aunque en las circunstancias actuales el solamente suene a ironía). La Constitución es clara en ese sentido: el Poder Legislativo no puede eliminar ni reducir impuestos ni decidir gastos no respaldados con ingresos, porque estaría desfinanciando al Estado, pero sí puede decidir todo aquello que sume recursos o disponga gastos financiados con nuevos fondos. Esto, por si fuera necesario, quedó claro en el fugaz pasaje del proyecto por comisión en 2023.
Que el Legislativo asuma la iniciativa, por otra parte, permitiría al presidente solucionar el problema de la falta de recursos para la vivienda sin contradecir su promesa de la campaña electoral de no aumentar impuestos (aunque, en realidad, no debería tratarse de aumentar o no los impuestos, sino de qué impuestos se aumentan y para qué) y permitiría a su fuerza política cumplir con los compromisos que hizo antes.3 Y correspondería a los demás partidos políticos, que tienen la llave de la aprobación en Diputados, dejar claro cuán comprometidos están con la vivienda social.
Pero si no hay votos para poner este tema arriba de la mesa, quedan otros caminos –y quizá sea necesario que participen otros actores– para que así sea. Tampoco había votos para aprobar la responsabilidad penal empresarial, y hace 11 años que es ley –la 19.196– y ha sido un importante paso adelante en la protección de la seguridad laboral.
- Cómo y cuándo el FNV perdió casi la mitad de sus recursos es una larga historia que transcurre en varios gobiernos. Del 1 por ciento de la masa salarial que aportarían los trabajadores y otra cantidad similar aportada por los empleadores, públicos y privados, en 1992 se eliminó (y nunca fue restituido) el aporte de los patrones privados, y en 2007, al derogarse el «impuesto a los sueldos» por la creación del impuesto a la renta, aquel fue sustituido por aportes al FNV de Rentas Generales, pero sin que fuera suficiente para mantener los recursos originales. El fondo ha sido objeto además de recortes, tampoco nunca restituidos, al comienzo de varios gobiernos, a derecha e izquierda. Como consecuencia, la inversión pública en vivienda se ha mantenido, en los últimos 35 años, por debajo del 0,5 por ciento del PBI y con el presupuesto 2026-2030 apenas llegaría al 0,4. ↩︎
- La actual tasa del IP es tan reducida que ha hecho innecesario seguirla reduciendo. Aun suponiendo que se declara todo y que se paga todo, harían falta diez años para que el aporte fuera del 1 por ciento del patrimonio gravado y 100 años para que llegara, tres generaciones después, al 10 por ciento. ↩︎
- «(Acciones prioritarias) Avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad» (Bases Programáticas 2025-2030 [BP], pág. 28). Y también: «En coherencia con definiciones previas de nuestra fuerza política, se asume el compromiso de fortalecer el fondo nacional de vivienda y urbanismo con recursos propios y permanentes. La financiación del fondo estará basada en la profundización de la política tributaria que ha impulsado el Frente Amplio con el objetivo de duplicar los recursos destinados a vivienda» (BP, pág. 49). ↩︎
