A continuación, Brecha reproduce un fragmento del resumen ejecutivo del informe de la organización israelí B’Tselem (fundada en 1989 por abogados, doctores y académicos israelíes), Bienvenidos al infierno: el sistema penitenciario israelí como una red de campos de tortura, publicado este lunes 5:
«La investigación de B’Tselem para el informe incluyó la recopilación de testimonios de 55 palestinos que fueron encarcelados en prisiones y centros de detención israelíes desde el 7 de octubre de 2023. Los testimonios fueron recogidos por B’Tselem después de que los testigos fueron liberados de prisión, la abrumadora mayoría de ellos sin ser juzgados. Indican claramente una política institucional sistémica centrada en el continuo abuso y tortura de todos los prisioneros palestinos detenidos por Israel: actos frecuentes de violencia grave y arbitraria; agresión sexual, humillación y degradación; sometimiento deliberado a la inanición; condiciones antihigiénicas forzadas; privación del sueño; prohibición y medidas punitivas contra el culto religioso; confiscación de todos los bienes comunales y personales y negación de tratamiento médico adecuado. Estas descripciones aparecen una y otra vez en los testimonios, en detalle y con similitudes escalofriantes.
A principios de julio de 2024, había 9.623 palestinos recluidos en prisiones y centros de detención israelíes, casi el doble que antes de que comenzara la guerra. De ellos, 4.781 fueron detenidos sin juicio, sin que se les presenten alegatos en su contra y sin acceso al derecho a la defensa, en lo que Israel denomina «detención administrativa». Algunos fueron encarcelados simplemente por expresar simpatía por el sufrimiento palestino. Otros fueron detenidos durante la actividad militar en la Franja de Gaza, con el único argumento de que estaban comprendidos por la vaga definición de «hombres en edad de luchar». Algunos fueron encarcelados por sospechas, fundamentadas o no, de que eran agentes o partidarios de grupos armados palestinos. Los presos forman un amplio espectro de personas de diferentes áreas, con diferentes opiniones políticas y una única cosa en común: ser palestinos.
Sus testimonios ponen al descubierto los resultados de un proceso apresurado en el que más de una docena de prisiones israelíes, tanto militares como civiles, han sido convertidas en una red de campos dedicados al abuso de los reclusos. Dichos espacios, en los que cada recluso es intencionalmente condenado a dolor y sufrimientos severos e implacables, funcionan como campos de tortura de facto.
Los abusos descritos consistentemente en los testimonios de decenas de personas detenidas en diferentes instalaciones fueron tan sistemáticos que no hay lugar a dudas sobre una política organizada y declarada de las autoridades penitenciarias. Esta política se implementa bajo la dirección del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, cuya oficina supervisa el Servicio Penitenciario de Israel (SPI), con el apoyo pleno del gobierno y del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
El 18 de octubre, el ministro encargado declaró el «estado de emergencia penitenciario» como parte de una legislación de emergencia, lo que produjo una violación grave y sustantiva de los derechos humanos más básicos de los prisioneros palestinos. Kobi Yaakobi, estrecho colaborador del ministro y designado por él como comisionado del SPI en el apogeo de la guerra, declaró su intención de «revolucionar» el SPI siguiendo las políticas del ministro. Tan pronto como asumió el cargo, declaró a las prisiones en condiciones de máxima seguridad.
Como revelan los testimonios, la nueva política se aplica en todas las instalaciones penitenciarias y a todos los prisioneros palestinos. Entre sus principales métodos se encuentran la implacable violencia física y psicológica, impedir el tratamiento médico, provocar hambre, impedir el acceso a agua, la privación de sueño y la confiscación de todos los efectos personales. El panorama general indica abusos y torturas llevadas a cabo bajo órdenes de superiores y en total desafío a las obligaciones de Israel tanto bajo la legislación interna como bajo el derecho internacional.
Un claro indicador de la gravedad de la situación y de la degradación moral del sistema penitenciario israelí es el número de prisioneros palestinos que han muerto bajo custodia de Israel: no menos de 60 personas».
(Publicado originalmente en btselem.org. Traducción de Brecha.)
Expertos de la ONU piden el fin de la impunidad israelí
Los reportes de presuntas torturas y violencia sexual en la prisión israelí Sde Teiman son solo «la punta del iceberg», advirtió este lunes un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas, que pidió que se actúe con rapidez para poner fin a la impunidad que rodea a las denuncias de violaciones contra prisioneros palestinos. Se trata de la relatora especial sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo y los integrantes del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas.
«Los abusos generalizados y sistémicos de Israel contra los palestinos detenidos y las prácticas de detención arbitraria durante décadas, junto con la ausencia de cualquier restricción por parte del Estado israelí desde el 7 de octubre de 2023, pintan un cuadro espeluznante permitido por la impunidad absoluta», dijeron los relatores especiales. En un comunicado conjunto, afirmaron que lo que se necesita ahora «es nada menos que una presencia internacional independiente de observadores de derechos humanos». Explicaron que dichos observadores deberían convertirse en los ojos del mundo «ante el descarado fracaso de Israel para prevenir y abordar las atroces violaciones de derechos contra prisioneros y detenidos».
Los expertos han recibido informes contrastados de abusos generalizados, torturas, agresiones sexuales y violaciones, en medio de condiciones inhumanas, con al menos 53 palestinos aparentemente muertos como consecuencia de ello en los diez meses que han seguido a los ataques dirigidos por Hamás contra Israel, que dejaron unos 1.200 muertos y la toma de 250 rehenes.
Alrededor de 9.500 palestinos, entre ellos cientos de niños y mujeres, están actualmente encarcelados, la tercera parte sin cargos ni juicio, denunciaron. Los relatores añadieron que un número indeterminado se encuentra recluido arbitrariamente en centros de detención y otros campos, tras una oleada de detenciones y «campañas de secuestro» en todo el territorio palestino ocupado.
Innumerables testimonios de hombres y mujeres hablan de detenidos en recintos similares a jaulas, atados a camas, con los ojos vendados y en pañales, desnudos y privados de atención médica adecuada, comida, agua y sueño. Algunos han sufrido electrocuciones en los genitales y quemaduras de cigarrillos. Varias víctimas hablaron también de música a todo volumen hasta que les sangraban los oídos, así como de ataques con perros, ahogamiento simulado, suspensión de los techos y graves actos de violencia sexual y de género.
«Las denuncias de violación en grupo de una detenida palestina, una acción apoyada ahora de forma escandalosa por voces de la clase política y la sociedad israelíes, constituyen una prueba irrefutable de que se ha perdido la brújula moral», recalcaron los expertos.
Asimismo, denunciaron el silencio de los Estados miembros de la ONU y llamaron a ejercer una mayor presión sobre Israel con vistas a poner en marcha un sistema convincente de acceso, vigilancia y protección de los detenidos palestinos.
(Publicado originalmente en la página oficial de las Naciones Unidas, Noticias ONU. Brecha reproduce fragmentos.)
