Hay Estados antidemocráticos que no sólo reprimen la oposición política, sino que también la criminalizan, una manera muy efectiva de evitar la divulgación y discusión de las ideas políticas que divergen de la ideología en el poder. Ese fue el caso en la Unión Soviética y sigue siendo el caso de los regímenes que adoptaron las estructuras principales del modelo soviético, tales como China, Vietnam y nuestra propia Cuba.
Es así como, bajo la dirección del gobierno cubano, los integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) fueron detenidos por la Policía con cargos criminales –supuestamente por haber violado «el protocolo de salud de los viajeros internacionales», adoptado por el gobierno para combatir la pandemia del covid-19–. En realidad, fueron detenidos por razones políticas, por protestar en grupo y públicamente contra la represión del gobierno hacia uno de sus integrantes. Este es un típico ejemplo de la manera en que el gobierno cubano se enfrenta a la crítica: reemplazando el lenguaje político con el administrativo policíaco.
Cuba viene de una larga tradición latinoamericana que concede un trato especial a la conducta política y evita reducirla a la delincuencia o criminalidad común. Es por eso que esta tradición respalda el derecho al asilo político, así como la diferenciación en el trato de los presos políticos y los comunes. La dictadura batistiana, por ejemplo, respetó el asilo político al que recurrieron cientos de cubanos opuestos a la dictadura para salvar su vida en las embajadas de países latinoamericanos. Por supuesto, hubo violaciones a ese derecho, como lo fue el caso excepcional del asalto policíaco a la embajada de Haití, el 29 de octubre de 1956, en el que fueron asesinados todos los opositores que se habían asilado. Ahí murió también, a manos de uno de los asilados que tenía en su posesión un arma de fuego, el jefe de la Policía Nacional a la cabeza de ese ataque, Rafael Salas Cañizares, uno de los esbirros más notorios de la dictadura batistiana.
En el caso de América Latina, la excepción más notable a la regla de conceder asilo fue la de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder de la APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), quien, para protegerse del gobierno peruano bajo la dictadura de Manuel Odría, se asiló en la embajada de Colombia a principios de 1949. Haya de la Torre permaneció en esa embajada durante cinco años, hasta que por fin obtuvo el salvoconducto para salir del país hacia México, aunque sólo después de que la Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Odría para que Colombia le entregara al líder opositor peruano.
El gobierno revolucionario cubano abandonó la tradición de conceder el asilo político cuando adoptó el modelo soviético a principios de los años sesenta. Un ejemplo claro de ese viraje fue lo sucedido en la embajada de Perú en La Habana, en abril de 1980, cuando, bajo las órdenes de Fidel, las fuerzas del Estado impidieron, en las afueras de la sede diplomática, la entrada de los cubanos que querían asilarse. En un inicio sólo pudieron hacerlo los que entraron por la fuerza en un encuentro armado que causó varias muertes. Finalmente, el gobierno retiró la vigilancia de la embajada. Fue entonces que cerca de 10 mil cubanos entraron en ella demandando asilo para poder salir de la isla, lo que hicieron a través del puerto de Mariel, entre abril y junio de 1980.
Además de reconocer el derecho al asilo político, la tradición latinoamericana distingue entre los presos políticos y los comunes. Esta distinción ha sido reconocida también en otras partes del mundo. Por ejemplo, la Rusia zarista periódicamente concedía un cierto grado de autonomía a los presos y exiliados políticos. Fue así como, durante su condena de exilio en Siberia de 1897 a 1900, Lenin pudo estudiar y escribir, entre sus varias obras, El desarrollo del capitalismo en Rusia. También se le permitió asesorar a los campesinos del área en cuestiones legales y preparar documentos pertinentes a sus casos.
El gobierno bolchevique continuó parcialmente esa tradición desde el triunfo de la revolución de octubre de 1917, durante la guerra civil de 1918 a 1920 y poco tiempo después, permitiéndoles a los presos políticos que habían sido deportados a los campos de trabajo de las islas Solovetsky –anteriores al Gulag–, entre otros, a conducir actividades políticas. Asimismo, reconoció el derecho de los presos políticos de izquierda –anarquistas, mencheviques y socialistas revolucionarios de izquierda– a no tener que trabajar, a organizarse y a elegir a sus representantes para negociar con los administradores de esos campos la solución a sus quejas y condiciones de vida.
La dictadura batistiana también reconoció la distinción entre presos políticos y comunes. Es bien sabido que en muchas ocasiones violó los derechos tradicionales de dichos presos, como en el caso de Fidel Castro y los moncadistas presos de 1953 a 1955, en el llamado Presidio Modelo de la otrora isla de Pinos. Pero, en general, se les respetó su condición de presos políticos con el derecho de vestirse de civiles, rehusar el trabajo forzado y reunirse dentro de la cárcel para organizar clases y otras actividades políticas, estudiadas en detalle por el historiador cubano Mario Mencía.
Esta tradición acabó cuando Fidel Castro, haciendo a un lado su propia historia, decidió no reconocer ni siquiera la categoría de preso político, mucho menos cualquier derecho tradicional que estos reclamaran por su condición política, como vestir ropa de civil y rehusar el trabajo forzado. Muchos de los presos políticos posteriores a 1959 resistieron ser tratados como presos comunes, lo que dio lugar al fenómeno de los plantados. Estos también se opusieron a los planes de «rehabilitación», promulgados en 1964 por el gobierno con la intención de presionarlos a renunciar a sus ideas políticas a cambio de mejorar sus condiciones en la cárcel y acortar sus condenas. Los plantados protestaron contra esos planes y contra sus condiciones carcelarias con huelgas de hambre y vestidos solamente con su ropa interior para evitar los uniformes de los presos comunes. Estas protestas fueron reprimidas, frecuentemente de manera brutal, por los guardias carcelarios. En una de esas huelgas de hambre murió, en 1972, Pedro Luis Boitel, un antiguo líder estudiantil universitario y antibatistiano opuesto al comunismo.
El trasfondo ideológico de esas prácticas del gobierno cubano es que sólo existe un único pensamiento político legítimo. Cualquier oposición a este automáticamente implica el poner en peligro y traicionar a la revolución y se convierte en un crimen común en el momento en que alguien actúa, aunque sea pacíficamente, para persuadir a otros cubanos de ideas diferentes u opuestas a las oficiales. La presunción de que hay un solo pensamiento político legítimo penetró, desde muy temprano, todos los aspectos del discurso oficial con respecto a la naturaleza y destino de la sociedad cubana.
Por ejemplo, la lucha armada que tuvo lugar en la sierra del Escambray en los años sesenta fue bautizada por el gobierno como una «lucha contra bandidos». La realidad es, sin embargo, que esta no fue una lucha contra bandidos, sino contra aquellos a quienes el gobierno pudiera haber calificado como contrarrevolucionarios, un término que asume la existencia de una política contrarrevolucionaria en lugar de reducir y falsificar la realidad con un término de índole criminal. Lo curioso del caso es que, en realidad, el gobierno cubano nunca sostuvo seriamente que la del Escambray haya sido simplemente una lucha contra cuatreros, asaltantes y ladrones para quienes el término bandidos hubiera sido apropiado. Es irónico que la CIA, que invirtió tantos recursos en asistir y proveer ayuda material a esos grupos armados, no los vio como delincuentes comunes, sino precisamente como contrarrevolucionarios. Es claro que el régimen conscientemente usó el término bandidos para desprestigiar y situar más allá de la política a los rebeldes del Escambray, y para legitimar cualquier tratamiento que les impusiera a ellos y a sus partidarios, como fue el traslado forzado en los años setenta de miles de campesinos que vivían en la zona del Escambray cientos de kilómetros al oeste después de que las hostilidades habían cesado.
LA SITUACIÓN CONTEMPORÁNEA
El gobierno cubano continúa criminalizando las actividades políticas de los críticos del régimen y con mayor frecuencia lo justifica legalmente aduciendo que estas actividades son financiadas y organizadas por el imperialismo estadounidense. Así, la ley 88 de 1999, justificadamente llamada Ley Mordaza por muchos, establece en el capítulo 11 la privación de libertad por un término de tres a ocho años o una multa de mil a 3 mil cuotas para aquellos que participen en la distribución de recursos financieros o de otra índole, procedentes del gobierno de Estados Unidos.
En varios casos, esta acusación ha sido bien fundada con respecto a la procedencia de los recursos involucrados. Aun así, es necesario –por lo menos desde el punto de vista socialista y democrático– establecer el tipo de actividades políticas que han sido financiadas u organizadas con esos fondos. Por lo general, las actividades oposicionistas juzgadas por los tribunales cubanos en años recientes han sido pacíficas y han consistido en la distribución de materiales impresos o de otra índole no violenta. Como tales serían consideradas completamente legales en cualquier país latinoamericano, salvo en aquellos gobernados por sistemas antidemocráticos. No son comunicaciones incitando a la violencia o al tráfico de armas, son exhortaciones e ideas eminentemente políticas, dirigidas a un público del que buscan apoyo.
A la luz del carácter pacífico de estas actividades, es sumamente injusto, así como antidemocrático, que el sistema judicial cubano castigue a aquellos que han acudido a fuentes como el gobierno de Estados Unidos para obtener los recursos necesarios para conducir este tipo de actividades políticas. Dicho gobierno es clara y contundentemente condenable por su motivación hostil a la autodeterminación de la nación cubana. Pero los disidentes y opositores que reciben esos fondos están siendo condenados en Cuba por llevar a cabo actos políticos que serían legales en cualquier país democrático.
La recepción del apoyo material del gobierno estadounidense en circunstancias en las que los ciudadanos cubanos no tienen derecho a expresarse en público independientemente del gobierno es una cuestión política que debe discutirse como tal y no castigarse a través del sistema penal. Después de todo, el gobierno cubano, a través de su monopolio de medios de comunicación, puede decir todo lo que quiera contra los ataques a la soberanía del país, denunciando la intromisión de Washington en los asuntos internos de Cuba. Pero al mismo tiempo, como parte de ese monopolio, no permite que el pueblo cubano escuche y sea testigo de la defensa de los acusados contra las imputaciones en su contra, tanto en este como en todos los casos políticos. Es una vieja práctica que Fidel instituyó en los tiempos tempranos de la revolución cubana, cuando impidió que el pueblo escuchara la defensa del presidente Manuel Urrutia contra las graves acusaciones que el máximo líder revolucionario presentó contra él en julio de 1959.
Pero, para la izquierda cubana independiente, lo más importante, más allá de la defensa de los derechos políticos democráticos para todos, es que los cubanos tengan acceso a aquellos que critican al régimen cubano desde un punto de vista socialista, democrático y antimperialista. Este es un punto de vista que, en primer lugar, se opone a la injerencia estadounidense en los asuntos internos de Cuba basada en el derecho de autodeterminación nacional.
En contra lo que arguyen muchos integrantes de la oposición de derecha, la defensa de la autodeterminación de la nación cubana no supone de manera alguna la aprobación o el apoyo al gobierno cubano, sino que difunde la consigna de mantener el destino de Cuba en manos de los cubanos sin permitir que otros países, mucho menos potencias imperiales, controlen a Cuba, como lo hicieron en la época prerrevolucionaria. Cuando en el año 1935 la opinión democrática internacional, sobre todo los afrodescendientes y la izquierda, apoyaron sin reserva alguna la resistencia de Etiopía contra la invasión de la Italia fascista, ciertamente no fue porque querían defender o disculpar al régimen monárquico y hasta esclavista del emperador Haile Selassie –brillantemente descripto por el autor polaco Ryszard Kapuściński en su obra de semificción El emperador–, sino para oponerse al imperialismo fascista y defender la autodeterminación de la nación etíope.
Los gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, podrán proclamar que el bloqueo y la Ley Helms-Burton –medidas que han empeorado las condiciones de vida de todos los cubanos en la Isla– fueron tomados en aras de la democracia y del llamado «mundo libre». El hecho es, sin embargo, que la política exterior estadounidense persigue sus propios intereses para promover y defender su imperio, el resto es pura verborrea ideológica e hipócrita. Esto lo corrobora la larga trayectoria histórica de la política estadounidense con su intervención para derrocar gobiernos democráticamente electos, como el de Jacobo Árbenz, en Guatemala, en 1954 y el de Salvador Allende, en Chile, en 1973, con la subsecuente ejecutividad asesina de Pinochet. Por supuesto, aquí hay que incluir su apoyo a la dictadura batistiana, la invasión de playa Girón, en 1961, así como las numerosas incursiones armadas y terroristas contra Cuba. Esa trayectoria imperialista también se extiende a otras partes del mundo con el apoyo de Washington a regímenes sumamente reaccionarios y antidemocráticos, como el de Arabia Saudita y su agresión genocida en Yemen, así como su intervención y destrucción de Irak en los últimos 30 años.
Es cierto que es difícil sobrevivir como opositor o disidente en la Cuba de hoy, pero existen alternativas a la ayuda del gobierno estadounidense. Después de todo, hay más de 2 millones de personas de ascendencia cubana fuera de Cuba, de las que se podría recabar apoyo financiero independiente para mantener las actividades políticas de oposición en la isla. Eso fue lo que José Martí hizo en la década del 90 del siglo XIX, reuniendo fondos de los obreros tabaqueros cubanos en la Florida. Hay también una extensa sociedad civil estadounidense –sindicatos, iglesias, organizaciones fraternales, de derechos humanos, mujeres, gays, entre otras–, de la cual la gran mayoría opera independientemente del Departamento de Estado, la CIA o de la Fundación Nacional Cubano Americana, que actúa como vehículo de los gobiernos estadounidenses de ambos partidos. Los grupos que siguen la vía fácil de acudir a estas agencias gubernamentales y organizaciones que las auxilian, así como a las embajadas estadounidenses, no solamente comprometen la independencia de la oposición al gobierno cubano, sino que también exhiben una fuerte tendencia a vivir del cuento, pues al contar con los fondos no se molestan en desarrollar su propia base de apoyo y acaban con pocos partidarios tanto en Cuba como en el exterior.
(Publicado originalmente en La Joven Cuba. Titulación de Brecha.)
* Profesor emérito de Ciencia Política en el Brooklyn College de Nueva York, Samuel Farber nació y se crió en Cuba, país al que ha dedicado gran parte de su trabajo de investigación. Fue uno de los dirigentes del movimiento por la libertad de expresión en la Universidad de Berkeley en la década del 60 y es un reconocido activista de la izquierda socialista de Estados Unidos. Entre otros libros, recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books, 2016) y una nueva edición de Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018).
