Con significativo despliegue mediático, la embajadora de Estados Unidos y su Oficina de Cooperación Militar entregaron recientemente una donación de blindados livianos al Ejército uruguayo. Su destino son los contingentes en operaciones de paz. Como la generosidad y el altruismo no son la regla en las relaciones internacionales, es necesario indagar las características de la donación y sus razones.
Los transportes de tropa Mamba Mark 7 son el modelo actualizado de unos equipos diseñados originalmente por Sudáfrica a fines de los años ochenta. Fueron concebidos para actividades de seguridad interior y operaciones de paz. Hoy en día solo se fabrican en Estados Unidos, pueden transportar hasta ocho efectivos y resisten minas terrestres y emboscadas.
La donación de blindados, realizada en el marco de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI, por su sigla en inglés), se acompaña de una dotación de repuestos y cursos de formación para cuatro instructores. En total suman unos 13,9 millones de dólares, según estimación de la embajada estadounidense.
El GPOI, surgido como contribución estadounidense al plan de acción de apoyo a las operaciones de paz (OP), fue anunciado en la cumbre del G8 de Sea Island en 2004. Es uno de los dos grandes programas de ese país relacionados con OP y recibió más de 1.400 millones de dólares entre 2005 y 2022. El otro programa es el African Peacekeeping Rapid Response Partnership. Ambos son gestionados por la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado, en estrecha coordinación con el Departamento de Defensa.
La larga historia de la cooperación militar de Estados Unidos en Uruguay
Todo comenzó en 1940. Una misión secreta de país norteamericano llegó para sondear las capacidades militares uruguayas y lograr la instalación de una base aeronaval. Aquella gestión, infructuosa en lo inmediato, dio lugar más tarde a la Base Aérea Número 1, el Aeropuerto de Carrasco y la base aeronaval en Laguna del Sauce.
En 1951 Uruguay contrató una misión militar aérea de Estados Unidos que dio lugar a la Fuerza Aérea Uruguaya en 1953. Al amparo del Convenio de Asistencia Militar firmado en 1952, los asesores militares del país norteño prepararon a las Fuerzas Armadas uruguayas para cumplir con las misiones fijadas en el pacto militar secreto firmado el 14 de octubre de 1953. Hasta que el Congreso de Estados Unidos la interrumpió en 1976, la cooperación militar de ese país ejerció fuerte influencia en las Fuerzas Armadas, con sus oficinas instaladas en los tres comandos generales. En la Armada, la cooperación militar aún permanecía durante el primer quinquenio del siglo.
Desde la llegada de la coalición multicolor al gobierno, la presencia militar estadounidense en nuestro país se ha revitalizado. Recurrentes visitas de la jefa del Comando Sur, estadías de fuerzas especiales para realizar ejercicios con efectivos de las Fuerzas Armadas uruguayas, transferencia a precio reducido de lanchas patrulleras desafectadas por la Guardia Costera estadounidense, así como la donación de diferentes equipos menores.
El gobierno uruguayo, como contrapartida, cumple un activo rol de aliado regional e internacional de Washington. Además de firmar los Acuerdos de Artemis sobre cuestiones aeroespaciales que promueve el Departamento de Estado entre sus socios, en el Parlamento espera aprobación el acuerdo bilateral US-UY-02 sobre «adquisición de suministros y prestación recíproca de servicios». Un documento que, como se verá, contempla un objetivo relevante para la estrategia regional del Pentágono. El asunto viene de lejos y no es casual que haya levantado resistencias en su trayectoria (véase «Relaciones carnales», Brecha, 21-XII-23).
Su antecedente, caratulado como US-UY-01, firmado el 29 de marzo de 2000 por Luis Brezzo, ministro de Defensa del presidente Jorge Batlle, nunca fue enviado al Parlamento. En 2010, Estados Unidos solicitó su renovación al gobierno uruguayo. Así, el proyecto de acuerdo salió a la luz como proyecto de ley, en diciembre de 2011, bajo la denominación de US-UY-02. Sin embargo, no logró aprobación y se archivó.
En agosto de 2022, el ministro de Defensa, Javier García, lo desempolvó luego de entrevistarse en Brasilia con su colega estadounidense, el general retirado Lloyd Austin.
La piedra del escándalo del acuerdo US-UY 02 es la frase: «[…] apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo)». La rudimentaria traducción del inglés alude obviamente a que tropas de aquel país reciban apoyo para operar en bases militares de Uruguay e incluso puedan construir instalaciones para ello. Este es justamente uno de los cuatro «objetivos específicos» que guían los programas de cooperación en seguridad del Pentágono. Veamos.
Instrumento clave de la política exterior de Estados Unidos
Los programas de cooperación en seguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) incluyen los programas de Asistencia a la Seguridad del Departamento de Estado, lo que conforma una verdadera maraña: transferencias de armas y equipos, asesoramiento y entrenamiento, operaciones combinadas, intercambios militares y educación profesional militar. Si a ello se agregan las ventas militares, su porción más jugosa financieramente, se superan los 200 mil millones de dólares anuales.
La complejidad de los programas de cooperación militar los vuelve opacos y de difícil control efectivo por el Congreso, que los autoriza y supervisa. Su importancia y volumen los torna instrumento clave de la política exterior de la potencia norteamericana.
En enero de 2024, la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado informó que, en el trienio fiscal 2021-2023, se destinó un promedio anual de
55.900 millones de dólares al programa de ventas militares al extranjero. Un monto que, en realidad, retorna a la economía estadounidense, pues se invierte en su complejo industrial-militar. A ello deben sumarse las ventas comerciales directas de armamento a países extranjeros autorizadas por el Congreso. Ellas alcanzaron los 157.500 millones de dólares en 2023.
Las denominadas políticas de cooperación en seguridad del Pentágono se rigen por la directiva 5132.03, emitida por el subsecretario de Defensa el 29 de diciembre de 2016, aún vigente. Allí se establece que el Pentágono «priorizará, planificará, conducirá y alineará los recursos de cooperación en seguridad como un elemento integral de su misión y un instrumento de la seguridad nacional y de la política exterior […] dirigidos a alcanzar objetivos específicos en apoyo a la defensa y la estrategia de seguridad nacional» del país del norte.
Esos objetivos específicos son cuatro y se detallan a reglón seguido en el mismo documento: «1. Desarrollar las capacidades de los aliados y socios en defensa y seguridad, así como para participar en operaciones multinacionales; 2. otorgar a las fuerzas de Estados Unidos el acceso a las naciones huéspedes en tiempos de paz o en situaciones de contingencia; 3. desarrollar relaciones de defensa que promuevan los intereses específicos de Estados Unidos; 4. desarrollar otras acciones en apoyo a los intereses de Estados Unidos». Como se ve, el segundo objetivo específico de la directiva que orienta la cooperación militar estadounidense es exactamente lo que está estampado en el acuerdo US-UY-02 a consideración de la Cámara de Diputados.
No es menor que en 2012 el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) haya frustrado in extremis la construcción de una instalación del Comando Sur. En efecto, sin conocimiento del MDN, el Comando Sur proyectaba construir un barracón en Durazno (véase «Las dos caras de la defensa», Brecha, 12-X-12). El argumento era que sirviera como depósito para el Sistema Nacional de Emergencias. Sin embargo, su ubicación en un predio militar muy cercano a la base aérea de Santa Bernardina lo volvía un emplazamiento ideal para convertirse en una forward location (base avanzada), según la jerga militar estadounidense.
En cuanto a los blindados que recibió el Ejército, su incorporación poco aporta a sus serias carencias de equipamiento para cumplir con la defensa militar del país. Sí permiten que los contingentes uruguayos desplegados en operaciones de paz alcancen los estándares de equipamiento exigidos por Naciones Unidas.
Uruguay podrá mantener sus despliegues en Congo y en los Altos del Golán. No se ha informado si los vehículos donados por Estados Unidos son suficientes para equipar, además, la Brigada de Despliegue Rápido que Uruguay ha comprometido con la ONU.
La conclusión es diáfana. La cooperación militar del país del norte busca que sus tropas cuenten con bases para operar en nuestro territorio. Entre tanto, sus donaciones, lejos de ser funcionales a la defensa militar del país, inducen a que nuestras Fuerzas Armadas sigan perdiendo las capacidades que deberían explicar su existencia.
