El ministro del Interior pidió al presidente de la república que envíe la ley de urgente consideración al Poder legislativo, propuesta que únicamente acompaña Cabildo Abierto. El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, se preguntó: “Si alguno de los actores sociales o políticos involucrados quiere organizar una protesta contra determinado capítulo de la ley de urgencia, ¿va a ser posible?, ¿se va a dictar un estado de excepción que restrinja las libertades de asociación, reunión y expresión?”.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó el domingo, en una entrevista con Telemundo, que le había pedido al presidente de la república, Luis Lacalle Pou, que remitiera al Parlamento la ley de urgente consideración (Luc) después de Semana de Turismo. Allí argumentó que dicho proyecto contiene artículos cuya aplicación podría serle útil a su cartera. En diálogo con Brecha, Larrañaga defendió que ciertas normas vinculadas al procedimiento policial, a la Dirección Nacional de Seguridad Rural, a la División Políticas de Género y a las penas para menores infractores “se adecuan a las necesidades que el Ministerio del Interior tiene” actualmente. Explicó que la aprobación del capítulo referido a la seguridad permitiría también “tener un tope de 120 horas por 222, lo que redundaría en más presencia en la calle de agentes policiales”.
Además, Larrañaga aclaró que, antes de plantearlo públicamente, lo habló con el presidente, por lo que no pretendía “sorprender a nadie”, e insistió en que su intención no es “aprovecharse de la situación”. Puntualizó, por otra parte, que su idea no es que se trate necesariamente la próxima semana, sino a la brevedad, entre otras cosas, porque luego viene el tiempo de la rendición de cuentas y la definición del presupuesto. Sostuvo que será el presidente quien decida cuándo y cómo la Luc será enviada al Parlamento, es decir, si remite la totalidad del proyecto o únicamente el capítulo referido a la seguridad. Hasta ahora, no ha obtenido una respuesta.
En cuanto a las dificultades que puede implicar para el trabajo parlamentario una crisis sanitaria, aseguró que hay mecanismos, como las videoconferencias, que permiten que la discusión no sea sólo presencial. Consultado sobre lo limitada que se vería la protesta social con este panorama, respondió con dos preguntas: “¿El Parlamento tiene que trabajar sobre la base de la incidencia que pueda tener la protesta social? ¿Legisla en función de las protestas sociales?”. Tampoco respondió sus propias preguntas, porque prefirió “no entrar en valoraciones de ese tipo”, pero agregó que son tiempos excepcionales y que cualquier ley podría generar una protesta social.
QUÉ PIENSA LA COALICIÓN. En la coalición no hay consenso al respecto. De hecho, incluso dirigentes del Partido Nacional contaron al semanario que el planteo los tomó por sorpresa. En tanto, el coordinador de la bancada nacionalista en el Senado, Gustavo Penadés, compartió sus dudas acerca de lo oportuno (o no) de tratar una ley de tal magnitud en medio de la emergencia sanitaria. Una alternativa, aseguró, podría ser enviar sólo el capítulo referido a la seguridad, sin el rótulo de urgente consideración, porque, al contar con la mayoría parlamentaria, no sería necesario. De todas formas, aclaró que esto no significa “cercenar a nadie el derecho de ser recibido y dar su opinión” ni excluir a la oposición. Por el contrario, resaltó: “No estoy pensando en un proyecto de carácter exprés, sino en que se tengan todas las oportunidades para escuchar al Ministerio del Interior, a las cátedras de Derecho Penal y Derecho Constitucional, y a quienes pretendan dar su opinión al respecto”.
En el resto de los partidos de la coalición, las opiniones son divergentes. El senador y coordinador de bancada de Cabildo Abierto en la Cámara Alta, Raúl Lozano, fue el único que expresó el total apoyo de su fuerza política: “es tiempo”, dijo, de enviar la Luc al Parlamento, pues allí están plasmados muchos de los cambios que la gente votó en octubre. Para el parlamentario, “con los avances tecnológicos”, el Poder Legislativo podrá trabajar a través de teleconferencias, “como ya se ha hecho en algunas comisiones o con algunos ministros”.
Sin embargo, el diputado colorado Ope Pasquet manifestó que un texto de las dimensiones de la Luc requiere “extensas deliberaciones”, para las que sería necesario tener múltiples reuniones y recibir a distintas delegaciones, una forma de trabajo que “iría a contramano de lo que está diciendo el gobierno, en el sentido de que esta semana y la próxima van a ser decisivas para la evolución de la epidemia”. Para el legislador, parlamentarios y gobernantes tienen la “obligación de dar el ejemplo”. Teme que si se anuncia para luego de Turismo, se abone la idea de que “lo peor ya pasó, cuando no es así”. Tampoco le parece conveniente enviar el capítulo referido a la seguridad, pues es un tema que también generaría controversia y llevaría a un amplio debate. “Seguramente, habría mucha gente deseosa de que su opinión se escuchara en las comisiones parlamentarias, y me parece que estaríamos en la misma. No se puede tratar entre cuatro o cinco personas. Y ni soñar con hacer de esto una cuestión de videoconferencias”, concluyó.
Por su parte, el diputado del Partido Independiente (PI), Iván Posada, advirtió que en este momento “lo urgente está en la realidad social y económica”. Opinó, asimismo, que si hace unos quince días el gobierno decidió posponer el envío de la Luc al Parlamento por la situación sanitaria, sería extraño que la enviase hoy, que el panorama es más complejo. Sí considera que sería más rápido que se tratasen sólo algunos artículos, y el PI estaría dispuesto a analizarlos.
LA OPOSICIÓN. El Frente Amplio (FA) está de acuerdo en que no es oportuno tratar la Luc en este momento. El coordinador de bancada del Senado, el emepepista Charles Carrera, cree que sería “profundamente equivocado” remitir ahora este proyecto, pues “existen otras urgencias” y no podría darse un debate democrático. Además, señaló que no visualiza qué artículos de la Luc se aplicarían a esta situación. De todas maneras, contó a Brecha que consultó a la vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, sobre la posibilidad de que llegue a la Avenida de las Leyes el articulado completo de la Luc y esta le respondió que, “por ahora, no está en los planes” del Poder Ejecutivo.
En el mismo sentido que Carrera se expresó el diputado de Asamblea Uruguay Carlos Mahía. Sostuvo que, en los días que corren, la urgencia es la situación económica y social. Si se enviase una ley al respecto, indicó, los legisladores del FA serían “los primeros en levantar la mano en el Parlamento”. Considera que la presentación de este proyecto generaría una crispación política no deseable en medio de la pandemia. Por otra parte, entiende que “el marco legal es suficiente para actuar en seguridad pública”.
OTRAS VOCES. Brecha consultó al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, sobre la propuesta de Larrañaga. Lanza señaló que antes de esta emergencia sanitaria ya se le podía criticar a la Luc que “afectaba libertades fundamentales”, por lo que resultaba “peligroso” que fuese un proyecto escrito por el Poder Ejecutivo en lugar de que existiese un “espacio de discusión real en el que evaluar los requisitos de interés legítimo, necesidad y proporcionalidad, y en el que los distintos actores involucrados pudiesen participar”. A estas observaciones se les sumaría el hecho de que se enviara el proyecto en el contexto de una pandemia, es decir, en “un régimen de libertad insuficiente” para dar una discusión sobre cambios tan profundos. “Si alguno de los actores sociales o políticos involucrados quiere organizar una protesta contra determinado capítulo de la Luc, ¿va a ser posible?, ¿se va a dictar un estado de excepción que restrinja las libertades de asociación, reunión y expresión?”, se preguntó, para rápidamente responder: “No se va a poder desarrollar más que una protesta virtual o una suerte de caceroleo desde un balcón”. Remarcó que también la prensa tendría problemas para “desplazarse, concurrir al Poder Legislativo y cubrir eventos o protestas”. Por ende, al relator le parece un “antecedente muy complicado para nuestra tradición democrática utilizar las limitaciones de un estado de emergencia relativo a la salud para restringir un debate sobre una ley tan importante y delicada”.
El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, hizo un planteo similar. Manifestó que desde el comienzo cuestionaron que una Luc fuese el mecanismo adecuado para discutir temas fundamentales en “tiempos tan acotados”. Espera, entonces, que el presidente de la república “entienda que la solidez que está teniendo Uruguay para sobrellevar la circunstancia negativa” que atraviesa es posible gracias al intento de todas las partes de lograr consensos. Ilustró ese esfuerzo común con el caceroleo que el Pit-Cnt promovió, ya que, si bien fue cuestionado por una parte de la ciudadanía, “lo que buscó fue expresarse sin juntarse”. No percibe, en cambio, que en la sociedad uruguaya haya un acuerdo total sobre el envío de esta ley al Parlamento. Ergo, haría que múltiples actores quisieran exponer sus discrepancias, cuando es complejo manifestarse en estos días. Aclaró que incluso si se mandase únicamente lo que refiere a la seguridad, habría desencuentros, pues “se puede pensar que la gente tiene temor y quiere una solución, pero no cualquiera”.
