Algunos creen que una pequeña dosis de verdad puede diluir
el sabor de una gran mentira.
David Gil,
El guerrero a la sombra del cerezo
La preservación de la identidad de las fuentes es quizás el bien más preciado de un periodista, y muy a menudo ese requisito es la condición necesaria para el acceso a una información que de otra manera permanecería oculta. Así, el periodista asume la responsabilidad por la noticia que trasmite. La decisión de la comunicación requiere un proceso de verificación, tanto de la veracidad de los hechos como de la seriedad y la honestidad de intenciones de la fuente primaria que aporta los datos. De modo que las afirmaciones corren por cuenta del propio periodista, que se transforma en la fuente; por ello, resulta en definitiva pueril acudir al trillado recurso de atribuir la noticia a «fuentes que prefirieron preservar su identidad», un atajo que en la mayoría de los casos revela la escasa convicción sobre el valor de lo que se trasmite.
A los efectos prácticos, será el periodista quien deba responder, por ejemplo, ante la Justicia. Más allá de que los hechos noticiados deben contener los elementos de la veracidad, el reclamo de identificación de la fuente, incluso con apercibimiento de desacato, exigirá del periodista una conducta firme en defensa del compromiso asumido, más allá de las eventuales consecuencias, por ejemplo, judiciales (o laborales). La firmeza ante las presiones para identificar a la fuente es parte del patrimonio del periodista, una medida de su integridad y un capital para hacer su trabajo. Si los periodistas no mantuvieran una rigurosa conducta al respecto, sería prácticamente imposible ejercer un periodismo de denuncia que se proponga poner en evidencia aquello que deliberadamente se oculta, en perjuicio del bien común, por ejemplo, en casos de corrupción, de dolo o de intereses privados vinculados al ejercicio del poder, político o económico. En ese proceso de denuncia, a veces el periodismo de investigación viola los secretos que ocultan los hechos, por ejemplo, el secreto bancario o el registral, o el judicial, y esa violación, con la responsabilidad que conlleva, está en relación con la gravedad de los sucesos denunciados y de los que, de otra manera, no se tendría conocimiento.
Dicho todo esto, habría que desentrañar en qué medida este principio se corresponde con el episodio que tuvo como personaje estelar al periodista Ignacio Álvarez. Está claro que Álvarez, al difundir el contenido de ciertos videos, no estaba llevando a cabo una tarea de denuncia para dejar en evidencia algún acto delictivo o de corrupción: simplemente intentó, y en parte logró, desacreditar a una mujer víctima de una agresión sexual por parte de varios hombres. La difusión del contenido de esos videos, con el pretexto de demostrar que la denuncia era falsa porque el episodio fue consentido por la mujer, implicó una doble victimización, en la medida en que contribuyó a revelar la identidad –y a la exposición pública– de la denunciante.
Una buena parte de los colegas de Álvarez condenó la divulgación de los audios en el programa La pecera de Azul FM, tanto por la ausencia de ética como por la ilegalidad manifiesta. Ello prometía dejar a Álvarez en soledad con respecto al valor del periodismo que suele ejercer y que, en este episodio como en otros, evidencia desprecio hacia las mujeres, y en particular hacia aquellas que asumen su reivindicación de género.
Cuando la atención estaba puesta en cuál sería el reclamo de la Justicia ante la divulgación del contenido de los videos, la decisión de la fiscal de ordenar allanamientos en busca de información en celulares y computadoras, tanto personales como de la emisora de radio, tuvo la infeliz consecuencia de convertir a Álvarez en una víctima y desdibujar los contornos reprobables del carácter del periodismo que ejerce.
La decisión de las magistradas –fiscal y jueza– fue calificada como un grave «error estratégico». Se pueden hacer algunas conjeturas sobre el objetivo que pretendían los allanamientos (no concretados según el fiscal de Corte, aunque voceros policiales afirman que sí se realizaron): determinar quién difundió los videos y cuál sería el contenido real de estos, porque es evidente que los escasos segundos de audio divulgados son parte de una filmación mucho más extensa; los trozos editados tienen por finalidad inducir a creer en un supuesto consentimiento de la denunciante, en beneficio de los denunciados. Si Álvarez no editó los audios de los videos que su «fuente» le aportó, entonces alguien montó todo un operativo mediático, y esa identificación podría ser el objetivo judicial. Todo indica que el periodista fue parte del esquema; si no ofició de cómplice, fue de gran utilidad su inclinación irresistible por un periodismo amarillo.
Queda claro, como después lo señaló la fiscal, que la Justicia debió apelar a otros recursos para obtener las evidencias; aunque el secuestro de los elementos de trabajo periodístico no se concretó, la sola intención provocó una ola de rechazo, tanto en periodistas como en políticos y abogados. Sin lugar a dudas, la pretensión de identificar las fuentes de un periodista menoscaba el ejercicio de la profesión y constituye un riesgo de su independencia. Pero los argumentos en defensa de la libertad de prensa en algunos casos parecen esconder segundas intenciones. El episodio facultó a hablar de los derechos eventualmente lesionados y los riesgos a que se exponía la libertad de prensa, pero no siempre se actúa con la misma firmeza. No es necesario remontarse a la época de la dictadura militar para encontrar antecedentes de allanamientos de empresas periodísticas. Mucho más recientemente un juez habilitó el allanamiento de la redacción del semanario El Eco, de Colonia, y la incautación de todas sus computadoras, haciendo lugar al reclamo de un abogado que actuaba en representación de empresas de software utilizado sin licencia por el periódico. No hubo, entonces, la indignación correspondiente por el ataque a la libertad de prensa, este sí muy efectivo, porque estuvo en riesgo la continuidad de un medio que, curiosamente, representa una voz independiente notoria por sus investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y abuso del poder.
Si la denuncia de vulneración de derechos individuales fuera tan rigurosa como en el caso no concretado de Álvarez y Azul FM, habría que reclamar la misma conducta cuando se utilizan indiscriminadamente imágenes de cámaras o se interfieren comunicaciones telefónicas o se acepta la censura de documentos oficiales, que también afectan derechos individuales.
La saludable reacción ante una eventual agresión contra el ejercicio del periodismo no debería perder de vista una realidad cada vez más común: la transformación de «periodistas» en operadores políticos funcionales al poder y que tienen muy poco en común con el ejercicio independiente de un periodismo comprometido con los intereses de la sociedad. Son los que integran una manada corporativa.
