Un artículo del proyecto de la ley de urgente consideración (Luc) plantea desafectar miles de hectáreas de tierra de la órbita del Instituto Nacional de Colonización, que pasarán al arbitrio del libre mercado. Los beneficios de esta decisión alcanzan a una veintena de empresas, entre ellas, Forestal Oriental –la pata uruguaya de Upm–, y se extienden hasta la Torre Ejecutiva.
El Instituto Nacional de Colonización (Inc) fue creado en 1948 por la ley 11.029. El objetivo fue promover “una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”. Para capitalizarlo, se le cedieron los bienes de la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay (Bhu). Incluían inmuebles, muebles, títulos, efectivo, créditos, acciones, cauciones. Con esto, el Inc comenzó a andar. Setenta años después, el Inc tiene unas 600 mil hectáreas afectadas al régimen de colonización, de las cuales unas 230 mil son propiedad de los colonos, lo que representa el 4 por ciento de la superficie agrícola de Uruguay.
En este marco, el proyecto de la Luc –ya aprobado en el Senado– plantea sacar de la órbita de Colonización aquellas hectáreas cedidas por el Bhu a mediados del siglo XX. La superficie comprendida en esta medida oscila entre las 70 mil y las 140 mil hectáreas, según quién haga la cuenta. El Inc estima que afectaría unas 108 mil hectáreas, concentradas en 28 colonias, ubicadas, principalmente, en el litoral y el centro del país. Esto significa que el organismo perderá casi la sexta parte de las tierras que están bajo su control.
Según la respuesta a un pedido de informes que hizo Brecha, esto beneficiará a una veintena de sociedades anónimas que aparecen como propietarias de predios afectados al Inc.1 Una de las beneficiadas será Forestal Oriental SA, propiedad de Upm, que tiene a su cargo la gestión de las 270 mil hectáreas utilizadas por la empresa finlandesa para dotar de materia prima su planta de producción de pasta de celulosa en Fray Bentos.
La propuesta también beneficiará a productores rurales, propietarios de estas tierras, que a partir de ahora podrán arrendarlas o venderlas sin el visto bueno del Inc. Lo que, al decir de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap) en el Parlamento, aumentará el precio de estos predios. Entre estos productores está Celeste Ceretta, madre del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
FUERA DE ÓRBITA. La ley 11.029 definió que los compradores de tierras del Bhu tuvieran la calidad de propietarios, pero debieran adaptarse al régimen de colonización. Entre otras cosas, se decidió que toda enajenación, subdivisión o arriendo del predio se hiciera “con la autorización previa” del Inc, pero durante años esa disposición no se cumplió. Las ventas se hicieron sin ningún tipo de control, lo que permitió que buena parte de estas tierras terminara en manos de sociedades anónimas y grandes productores rurales, que no cumplían el perfil de colonos.
En 2007, el gobierno del Frente Amplio (FA) intentó poner una traba a esta práctica. Por intermedio de la ley 18.187 se reforzó la idea de que el Inc debía aceptar las ventas de estos predios: estas operaciones no podían ser inscriptas en ningún registro sin la autorización del organismo. Pero, para evitar inconvenientes, se validaron todos los contratos de compraventa que involucraban a estas parcelas, sin distinción. El argumento fue que intentar regularizar esas operaciones habría dejado inoperativo al Inc.
La aprobación de esta norma generó cientos de recursos de inconstitucionalidad por los propietarios de estas tierras, que en esta disposición veían un límite a su derecho de propiedad. Los juicios tuvieron resultados contradictorios: en un principio la Suprema Corte de Justicia (Scj) consideró que esta norma era inconstitucional, pero después cambió su criterio y declaró que era constitucional.
Para intentar subsanar este problema, se logró un acuerdo interpartidario que en 2009 dio nacimiento a otra ley, la 18.576. Por esta vía, se desafectaron de la órbita del Inc los predios adquiridos antes de 1948, que habían cancelado sus créditos antes de la entrada en vigencia de la ley de colonización. La desafectación alcanzó a unas 22 mil hectáreas. Pero, ante nuevos reclamos judiciales, esta ley fue declarada inconstitucional.
En este marco, el gobierno propuso desafectar todas las tierras del Bhu, incluidas aquellas por las que sólo existía una promesa de compraventa, por más que no se hubiera llegado a la escrituración. “Venimos con la Constitución debajo del brazo”, afirmó Fernanda Maldonado, directora general del Mgap, ante la comisión especial que trató la Luc en la Cámara Alta. Según la jerarca, esta propuesta “no pretende ir contra el espíritu” de la ley de colonización, sino respetar el principio de seguridad jurídica, ya que estas tierras fueron adquiridas bajo un régimen distinto al actual.
RESISTENCIA. La propuesta de desafectar estas tierras recibió el rechazo de la oposición y organizaciones sociales. En la misma comisión el senador Charles Carrera (FA) dijo que este artículo “no tiene como base el interés general, sino que propende únicamente a los intereses particulares”. Esta disposición, afirmó, promueve el despoblamiento de la campaña y la desprotección de los territorios de la producción familiar, al tiempo que vulnera la articulación de las colonias. En este sentido, dijo que el Inc tiene la potestad de disponer la desafectación de un predio en caso de que lo entienda conveniente.
A su turno, el secretario general de la Comisión de Fomento Rural, Fernando López, dijo que esta propuesta afecta el concepto de colonia, ya que “perfora el ecosistema de producción, comunicación y caminería rural”. Apuntó que las tierras afectadas al Inc representan un porcentaje mínimo de las tierras agrícolas del país: “Que el mercado regule y haga lo que quiera con el 96 por ciento, pero este 4 por ciento debe seguir siendo parte de una política pública”.
La Comisión de Colonización –integrada por unas dieciséis organizaciones rurales– también expresó una opinión crítica. Según Walter Bandera, colono de Cerro Largo, esta desafectación “deja a muchos productores muy lejos de las oportunidades” de acceder a las tierras. “Para nosotros, la familia rural instalada es un avance que tiene este país y no lo podemos perder. La despoblación no cabe duda que se hace sentir por todos los rincones de nuestro país”, agregó.
En tanto, Noel Fernández, de la Mesa Nacional de Colonos, presentó un ejemplo de los efectos negativos de la desafectación. Contó que en la colonia Baltasar Brum (Paysandú) un propietario logró la desafectación de un predio y se lo vendió a un capital extranjero; hace un mes ese predio fue vendido a otro capital extranjero. “Hoy en ese campo, en esa fracción, se está planificando un contrato de arrendamiento con la empresa finlandesa Upm para plantar eucaliptos y generar pasta de celulosa. Ese es un claro ejemplo de lo que no queremos que pase con las colonias”, manifestó.
Fernández también señaló que el Inc tiene la potestad de desafectar tierras, pero estudiando caso a caso. Ejemplificó con la resolución que en 2010 tomó el instituto de desafectar 11 fracciones en la colonia Ros de Oger (Paysandú), que suman casi mil hectáreas. Estos padrones, dijo, fueron vendidos a Upm. Por este motivo, se entiende que la propuesta de la Luc no es necesaria.
DON DINERO. Ante los legisladores, las autoridades del Mgap afirmaron que este cambio no afectará al Inc ni a los aspirantes a colonos. Según Maldonado, estos predios son privados, por lo que “no son parte del patrimonio del instituto” ni pueden ser utilizados para el asentamiento de nuevos colonos. Sin embargo, al estar bajo el régimen de colonización, se restringe el derecho de los propietarios de disponer libremente del predio; por ejemplo, de poder venderlos. “Dadas las limitaciones que tienen, no hay compradores ni interesados en esas parcelas. […] El propietario queda rehén de esa situación, porque el único que le puede comprar es el instituto, pero sus recursos son finitos”, explicó la jerarca.
Por su parte, el subsecretario del Mgap, Juan Ignacio Buffa, estimó que esta medida tendrá un impacto directo en el valor del predio, en su precio. Según Buffa, la superficie desafectada sería de unas 70 mil hectáreas. “Y tiene una implicancia fuerte en lo que refiere al valor patrimonial de ese activo. Recordemos que, al estar afectados a la ley implícitamente, eso es reconocido por el valor en el mercado de tierra. En resumen, la tierra vale menos porque está afectada a Colonización”, apuntó.
Pablo Díaz, del Movimiento por la Tierra de Tacuarembó, refutó lo dicho por el subsecretario. Dijo que sus cálculos refieren a una desafectación de unas 140 mil hectáreas. “Al precio actual de la tierra, nos da unos 400 o 500 millones; o sea, un Fondo Coronavirus bastante interesante o cientos de aviones presidenciales que se podrían comprar con esa plata”, calculó. Con esto se refiere a que en los últimos 20 años el valor promedio de la tierra se triplicó. Sin embargo, entiende que lo más grave es que con esta desafectación masiva se está achicando el Inc, sin saber “ni siquiera a quién estamos beneficiando”. Afirmó que en campaña todos saben que hay propietarios de estas tierras, en todo el país, “que no tienen el perfil de colonos”, a lo que se suman diversas sociedades anónimas que compraron los predios durante décadas, sin problemas. “¿Ustedes están seguros de que esas 140 mil hectáreas –si quiere Buffa, 70 mil– están en manos de colonos propietarios? ¿Están seguros?”, les preguntó Díaz a los parlamentarios.
QUIÉNES SON. Forestal Oriental (Upm/Kymmene) es una de las 100 empresas –en su mayoría, sociedades anónimas– autorizadas por el Estado uruguayo para ser propietarias de tierras (Búsqueda, 23-III-17). La empresa finesa tiene unas 115 mil hectáreas propias en Uruguay que –junto con una cifra similar de tierras arrendadas– permiten dotar de materia prima a su actual y a su futura planta de producción de pasta de celulosa. Parte de esas tierras está en la órbita del Inc.
Según la respuesta a un pedido de informes que hizo Brecha, Forestal Oriental SA es propietaria de nueve fracciones en la colonia Pintos Viana (Paysandú), que suman 545,72 hectáreas, y cinco predios en la colonia Baltasar Brum (Paysandú), que suman 2.115,73 hectáreas. El más grande de estos predios es la fracción 95, cuya extensión es de 915,77 hectáreas. El actual director nacional forestal, Carlos Faroppa, expresidente de la Sociedad de Productores Forestales, fue uno de los asesores estratégicos de Botnia (hoy Upm) para la concreción del proyecto Orión, la primera planta de la empresa en Uruguay.
Otra empresa relevante del sector forestal con tierras afectadas al Inc fue Colonvade SA (hoy Colonvade Srl), que llegó a tener unas 55 mil hectáreas. Subsidiaria de la estadounidense Weyerhaeuser SA –que vendió sus activos en Uruguay al consorcio forestal Timberland Investment Group, que opera en nuestro país con el nombre de Lumin–, aparece como propietaria de un predio de 526,92 hectáreas en la colonia Baltasar Brum. En 2012 la Scj habilitó a Colonvade SA a vender sus predios sin la autorización del Inc. Incluso, un fallo dictado por la corporación permitió que esta firma le vendiera un predio de Colonización a Forestal Oriental SA.
También aparece como propietario de tierras del Inc el frigorífico San Jacinto (Nirea SA), propiedad del grupo argentino Pérez Companc. Se trata de tres predios ubicados en la colonia Jorge Molinelli (Canelones), que equivalen a 72 hectáreas. Nirea SA aparece como aportante de 744.220 pesos para la campaña presidencial de Luis Lacalle Pou.
Otra empresa que aparece en la lista es Citrícola Salteña SA –empresa en concurso, que entró en liquidación judicial–, como propietaria de cuatro padrones en la colonia Osimani y Llerena (Salto), que abarcan 110 hectáreas. En febrero de 2016, el Inc autorizó a la empresa a enajenar estos cuatro predios en favor de Management Fiduciario y Profesional Sociedad Anónima, fideicomiso de garantía de financiamiento que implicó la emisión de obligaciones negociables por 11 millones de dólares. Los beneficiarios de este fideicomiso son la Bolsa de Valores de Montevideo y Puente Casa de Valores SA (sociedad panameña que sustituyó a Puente Corredor de Bolsa SA).
También aparece Río Tinto Logística de Uruguay SA (antes Baldrey SA), como titular de dos predios en la colonia Agraciada (Soriano), de 183 hectáreas entre ambos. Se trata de dos predios amparados por la ley 18.756, de los que nunca se hicieron los trámites de desafectación. Río Tinto –que pertenece al grupo brasileño Vale– pretendió instalar un puerto en la desembocadura del arroyo La Agraciada, que oficiara como nexo de carga para el transporte de hierro desde Brasil hacia Europa.
El listado de sociedades anónimas incluye otras empresas de distintos rubros agrícola-ganaderos, como Abedules SA (propietaria de la estancia Los Olivos de Guaviyú), Frutos del Espinillo SA (empresa agroexportadora de arándanos) y El Rebenque SA (propiedad de Edgardo Irigaray, un reconocido empresario agropecuario, que fue propietario de Enoral SA, un servicio de televisión para abonados). También aparece Cía Oriental de Tierras SA, propietaria de unas 500 hectáreas en la colonia Inglaterra, en Soriano.
En los registros del Inc también figuran otras empresas, como Cryden SA (hoy Parajes Rurales SA, propietaria de 254 hectáreas afectadas al Inc), Basoland SA, Mifebal SA (con predios en San José), Urunor SA, Brisa SA, Senitur SA, Gentiluz SA, Bantril SA y Sadirey SA, entre otras. En algunos casos, el Inc intentó –sin éxito– adquirir estos terrenos. También aparece Delitur SA, propietaria de un predio de 280 hectáreas en la colonia Carlos Reyles (Durazno). Esta empresa es propietaria de otros nueve predios, que fueron desafectados de la órbita de Colonización tras un largo proceso judicial.
Pero entre todas estas empresas agropecuarias también aparece el Banco Francés Supervielle & Cía, propietario de tres predios, conformados por 50 hectáreas, en la colonia Italia (San José). Este banco perteneció a la familia Supervielle –dedicada a la actividad bancaria y agropecuaria, así como a los negocios inmobiliarios y bursátiles– y entró en concordato en la década del 40. Años más tarde, el banco estuvo integrado por diversos grupos económicos, como los Mailhos y el holding argentino Bunge & Born. También por el grupo Peirano. El Banco Francés Supervielle & Cía es el antecesor del Banco Montevideo SA, centro de los negocios ilícitos del grupo Peirano Basso en Uruguay.
EN PARTICULAR. Según el informe entregado por el Inc, también serán beneficiados cientos de particulares propietarios de campos de diversos tamaños. La lista entremezcla pequeños, medianos y grandes productores, que ocupan estas tierras a ser desafectadas. Por ejemplo, la lista incluye a Franco Vejo Montero, propietario de la empresa Sabelin SA, y al exdiputado colorado Mauricio de Benedetti Scápula, propietario de un predio de 893 hectáreas en la colonia Las Delicias (Paysandú). Según fuentes del organismo, hay un productor que tiene unas 30 mil hectáreas de tierras, de las cuales unas 900 están afectadas a este régimen. Brecha no pudo certificar este extremo.
La lista incluye, además, a Luis Gastón Murialdo Garrone, el productor sojero que recientemente fue imputado por el delito de narcotráfico, quien cuenta con dos predios en la colonia Agraciada. Murialdo es propietario de la firma Camelia Sociedad Agraria, responsable de un contenedor incautado en el puerto de Montevideo con unos 4.400 quilos de cocaína, lista para exportar a Togo.
Otra productora que se destaca en la lista es Celeste Ceretta, madre del secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. Ceretta es propietaria de la fracción 76A2 de la colonia Ros de Oger (Paysandú), un predio de 472,35 hectáreas. Se trata de un predio lindero de la fracción de 399 hectáreas que explotaba su hijo como arrendatario del Inc. Según un informe del Inc –al que accedió Brecha–, Delgado utilizaba el predio de su madre para el pastoreo de ganado. A su vez, el predio de Ceretta realiza una aparcería forestal en un área de 75 hectáreas con Upm-Forestal Oriental SA, sin autorización del Inc.
En abril de 2018, el Inc decidió rescindir el contrato de arrendamiento con el hoy secretario de la presidencia por incumplir con la obligación de residir en el campo (La Diaria, 8-V-18). Delgado presentó una demanda de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra esta decisión, que está en trámite. En caso de obtener un fallo favorable, el jerarca podría demandar al Inc por el daño causado. Brecha intentó, sin éxito, comunicarse con Delgado.
1. Las personas físicas o jurídicas que aparecen en la variable “titulares de tierras” refieren al último titular registrado en el Instituto Nacional de Colonización, “pero no necesariamente se corresponden con el titular vigente de dicha tierra”.
[notice]La superficie afectada
Tras la aprobación de la ley 18.756, un equipo de técnicos del Inc se dedicó a analizar los archivos en formato papel para identificar las colonias y los inmuebles incorporados al organismo en 1948 y, así, determinar cuáles habían cumplido todas sus obligaciones y podían ser desafectados. Ese trabajo detectó un total de 176.777 hectáreas incorporadas al Inc antes de 1948, de las cuáles 22.743 “cancelaron todas sus obligaciones”, afirmó el Inc en su respuesta a Brecha. Esas fueron desafectadas.
Actualmente, en una revisión general en los sistemas de información digitalizados por el Inc se localizaron 158.878 del total de hectáreas incorporadas en 1948 (un 89,88 por ciento del total). De estas, 48.819 fueron adquiridas por el Inc y se incorporaron a su patrimonio. Con esto, el Inc envió a Brecha la lista de los predios que estarían incluidos en el proceso de desafectación de la Luc. La superficie de los predios afectados a Colonización pero en propiedad de terceros es de 108.340 hectáreas.
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