El plan de recuperación económica en Estados Unidos

Más guita, que así funciona

Biden ya gastó buena parte del escaso capital político con el que llegó a la Casa Blanca. Obtuvo del Congreso 1,9 billones de dólares para estimular la economía, pero, para la derecha, lo logrado es demasiado y, para la izquierda, demasiado poco.

AFP, JOSH EDELSON

La economía de Estados Unidos, sobre la que el show presidencial tiene poca influencia, salió de la gran recesión en julio de 2009 y por los diez años siguientes mantuvo un ritmo de crecimiento lento y sostenido. Asimismo, continuó la tendencia de creciente desigualdad en la distribución de los ingresos que ha sido normal por cuatro décadas y por la que, en 2019, el 20 por ciento más rico de la población acaparó el 51,9 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento más pobre recibió el 3,1.

Nada ha cambiado mucho con presidentes demócratas o republicanos ni con mayorías republicanas o demócratas en el Congreso. Corta influencia en el rumbo de la economía han tenido las rebajas de impuestos o los aumentos de impuestos. Y, con Ronald Reagan o George H. W. Bush, con Bill Clinton o George W. Bush, con Barack Obama o Donald Trump, escasas han sido las desviaciones de la tendencia: los ricos siguen haciéndose más ricos, la clase media sigue pedaleando en el vacío y de los pobres nadie se acuerda porque, entre otras cosas, votan poco.

Hay sobresaltos, eso sí: el arribo del coronavirus hace un año causó una caída del 34 por ciento en el PBI del segundo trimestre de 2020 y la pérdida de 20 millones de empleos entre marzo y abril, a lo que el Congreso respondió con la aprobación, y Trump con la promulgación, de un paquete de estímulo de 1,2 billones de dólares. Como es habitual, los republicanos chillaron que eso era mucho y los demócratas gritaron que no lo suficiente. Pero fue lo que ayudó a un incremento del PBI del 32 por ciento en el trimestre siguiente. El año cerró con una caída de apenas el 3,5 por ciento de la economía estadounidense.

JOE, EL VETERANO

El show se repitió el mes pasado: el recién inaugurado gobierno de Joe Biden logró que, sin respaldo republicano, el Congreso aprobara otro paquete de estímulo, esta vez de 1,9 billones de dólares. Biden, con 78 años de edad y casi medio siglo de experiencia en el Senado, era vicepresidente de Estados Unidos cuando, en febrero de 2009, el recién inaugurado presidente Obama le encargó la supervisión del Plan de Recuperación y Reinversión, por 787.000 millones de dólares, que terminó costando, en realidad, 831.000 millones de dólares. En el Congreso, el plan tuvo apoyo de la mayoría de los legisladores demócratas y la oposición de casi todos los republicanos.

Aquel programa consistió, fundamentalmente, en un salvamento del sector financiero que había causado la debacle financiera de 2008 y la peor recesión desde la Gran Depresión, en la década del 30. La norma universal y repetida de la responsabilidad social enseña que, en el desastre, «primero los niños y las mujeres». Traducido al lenguaje del capitalismo: «Primero los bancos y los especuladores financieros». Millones de estadounidenses perdieron empleos, vivienda y sus ahorros para la jubilación, pero el sistema económico salió a flote y todo volvió a su orden natural.

La crisis de 2020 no se debió, inicialmente, a problemas económicos o a un quebrantamiento de los fundamentos del sistema global, sino a un agente ajeno, un virus. El impacto económico y social, sin embargo, se agravó por la inepcia del gobierno de Trump y la politización de componentes básicos de salud pública, como las cuarentenas y el uso de máscaras. Así, el año terminó con medio millón de muertos y una actividad económica que ha retornado al crecimiento con gran lentitud.

Durante la campaña presidencial de 2020, Biden dijo que el paquete de estímulo de 2009 había sido demasiado tímido y prometió políticas que favorecerían a la clase media, darían aliento a la clase trabajadora y confort a los pobres. Prometió que bregaría por un aumento del sueldo mínimo a 15 dólares la hora y un proceso para la legalización de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, que contribuyen con miles de millones de dólares a un sistema de jubilaciones del que, tal como están las cosas, nunca recibirán beneficios.

También prometió Biden una inversión cuantiosa en infraestructura, la construcción de «autopistas digitales» que extiendan la tecnología 5G a las regiones rurales tanto como a las ciudades, la creación de millones de empleos en «industrias verdes», fuentes de energía renovables, protección del ambiente y paliativos para el cambio climático. Y, sobre todas las cosas, iniciativas que amengüen la desigualdad económica y social.

MAYORÍA, APENITAS

Las campañas electorales de Estados Unidos atraen la atención del mundo y se montan como una contienda entre dos candidatos cuyas figuras se exaltan y cuyos supuestos poderes se exageran, del mismo modo que se magnifican sus fallas. Pero el sistema político estadounidense fue diseñado por los próceres y ha evolucionado por más de dos siglos de manera que limita el poder real del ocupante de la Casa Blanca, quien, ni siquiera, puede vanagloriarse de haber sido elegido por «el pueblo» (véase «Democracia no», Brecha, 26-X-20). Su empleo no se sustenta en un mandato de la ciudadanía, sino que es resultado de una elección indirecta vía el Colegio Electoral. De allí, asimismo, que los expresidentes no pasan a ser caudillos de su partido, sino que marchan al retiro de forma calmada (véase «En barbecho», Brecha, 19-II-21).

Si en algún sitio del sistema político estadounidense reside la soberanía popular, ese es el Congreso. Y aunque Biden sí ganó la presidencia, el Partido Demócrata no salió muy bien parado de la elección de 2020. En la legislatura anterior, los demócratas tenían 234 escaños y los republicanos 195 en la Cámara de Representantes. En la nueva, los demócratas tienen 220 y los republicanos 211 votos. En el Senado, antes de la elección, los demócratas ocupaban 46 curules y tenían la simpatía de dos «independientes», en tanto que los republicanos tenían una mayoría con 52 senadores. Tras la elección, cada uno de los partidos salió con exactamente 50 curules y el voto de desempate le quedó a la vicepresidenta Kamala Harris.

En términos prácticos, esto significa que Biden no tiene en el Congreso mucho margen de maniobra, especialmente cuando ciertos tipos de legislación, aunque sean aprobados en la Cámara Baja, requieren 60 votos en el Senado. En la Cámara Alta, Biden no puede perder un solo voto demócrata y debe ganar diez republicanos. Esto explica el papel prominente que ha tomado el senador Joe Manchin, de Virginia Occidental. Manchin es demócrata en un estado donde serlo, y seguir siendo elegido, es casi un milagro. Si da medio paso demasiado a la izquierda de lo tolerado por la mayoría de los votantes o si sigue con posiciones similares a las de los republicanos que enojen a los pocos «progresistas» en su estado, corre el riesgo de perder su curul en 2024. Manchin es, así, un senador clave para el intento de Biden de ganar apoyo bipartidista para alguna de sus iniciativas, incluidos planes de infraestructura, salud y cuidados por un total de al menos 3 billones de dólares.

De esta manera, también en el ámbito político, el sistema retorna a su funcionamiento habitual que requiere diálogo, transacciones, componendas, toma y daca y la compraventa política de favores. Y, asimismo, una percepción realista de lo que verdaderamente preocupa a la ciudadanía. Las encuestas muestran que las tres prioridades principales para la gran mayoría de los estadounidenses son la economía, el empleo y la pandemia. Otros asuntos como el aborto, la posesión de armas de fuego, la inmigración, las leyes que restringen el voto, el respeto de los derechos de los homosexuales y aún la política exterior no quitan el sueño a demasiada gente.

ARRIANDO VELAS

La aprobación del plan de estímulo económico y recuperación de la pandemia ocurrió, nuevamente, con apoyo demócrata y oposición republicana. Y transcurrió con el debate clásico de los economistas acerca de la intervención del gobierno en la economía, con los conservadores predicando las virtudes del mercado libre y los demócratas recurriendo a los méritos keynesianos.

Algunos entusiastas han comparado la coyuntura que encara Biden con la que llevó a Franklin D. Roosevelt a impulsar el New Deal y algunos conservadores trasnochados han señalado que, precisamente, esa comparación trae el fantasma del «socialismo». Pero el plan, tal como salió firmado por Biden, contiene unas pocas concesiones a los reclamos de la izquierda y su aplicación va dejando por el camino otros. La idea de un aumento del sueldo mínimo a nivel nacional quedó archivada y la reforma integral del sistema de inmigración luce como remota. La cancelación de la deuda estudiantil (que en el sistema mercantil que prima en la educación universitaria de Estados Unidos alcanza 1,7 billones de dólares) ya casi no se menciona.

Entre las concesiones a los trabajadores, está el despacho de cheques por 1.400 dólares a un segmento mayor de la población que el que el año pasado recibió del gobierno un cheque de 1.200 dólares y en enero otro de 600. Hay una extensión del seguro de desempleo con cheques de 300 dólares semanales, un aumento del descuento impositivo por hijos en el hogar y, a tono con la equidad que Biden menciona constantemente, hay más subsidios para las personas con discapacidades físicas y las familias en las que un miembro es inmigrante indocumentado (estas familias quedaron excluidas de los cheques del año pasado).

Varios de estos componentes son remedios de corto plazo y expiran en un año. Algunos economistas temen que el estímulo conduzca a un «recalentamiento» de la economía que reduciría el desempleo por debajo de la tasa que creen deseable y a una inflación más acelerada que la que consideran recomendable. Uno de los rasgos menos bonitos pero más prácticos de la economía que llaman mercado libre es que requiere una reserva de mano de obra desempleada como mecanismo para mantener los sueldos bajos. Y otros, ubicados en el mismo costado del debate, opinan que el subsidio por desempleo alienta a la gente a vivir sin trabajar, con lo que se estancaría el consumo, que es el mayor lubricante de la economía.

CORTOPLACISMO

Para Biden, la mayor esperanza de un desempeño con efectos duraderos radica en que la vacunación masiva de la población –ya casi 100 millones de inoculados en dos meses– y la reactivación económica conduzcan a un cambio en el panorama del Congreso en las elecciones de noviembre de 2022. La desigualdad económica y social, de larga data, ha producido en los últimos años fenómenos políticos desestabilizantes: el Tea Party, Occupy Wall Street, la trayectoria «revolucionaria» de Bernie Sanders, el dislate del trumpismo, las protestas de Black Lives Matter y hasta una insurrección con asalto al Congreso incluida.

Para estabilizar el bote y navegar hacia noviembre de 2022, Biden ha recurrido y seguirá recurriendo a concesiones que enojan a la izquierda y movidas «progresistas» que enfurecen a la derecha. Por ejemplo, el presidente decretó el retorno de Estados Unidos a los Acuerdos de París sobre Cambio Climático, repudiados por su antecesor y por esa corriente anticientífica y de pensamiento mágico que aupó a Trump. Y, simultáneamente, ordenó un bombazo en Siria que escandaliza a los pacifistas y disgusta a los conservadores que discrepan con el intervencionismo en conflictos ajenos.

Para alegría de la izquierda, Biden puso fin a la veda en el servicio militar que Trump había impuesto a las personas transexuales y, para decepción de esa misma izquierda, ha reabierto los albergues donde son detenidos decenas de miles de inmigrantes, en su mayoría menores de edad. Por otra parte, Biden ha enfatizado su respaldo a la organización de sindicatos y, sin embargo, desecha las propuestas más radicales de un aumento de los impuestos a los ricos. Habla de «equidad en la acción policial y en los tribunales», pero deja a un lado a quienes han demandado un corte de los fondos para la Policía…

Artículos relacionados