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Más leña al fuego

El gobierno argentino y el uruguayo se han puesto de acuerdo en algo: los datos del monitoreo del río Uruguay no deben ser públicos. Mientras las autoridades minimizan los efectos ambientales de la actividad de las plantas de celulosa, científicos de uno y otro lado del charco reafirman que no se puede negar la contaminación.

La planta de Upm desde un barrio de Fray Bentos / Foto: Alejandro Arigón, Archivo

Además de la celulosa exportada, los nueve años de operaciones de Upm y los dos de Montes del Plata deberían haber generado toneladas de datos que, a su vez, sirvieran para dirimir un viejo desacuerdo: el de los impactos ambientales que pronosticaban los científicos y que desestimaban las autoridades. La realidad es que los datos existen y hace rato que se vienen generando, pero los científicos y las poblaciones uruguaya y argentina no acceden a buena parte de ellos.

La Corte Internacional de Justicia de la Haya, a partir del diferendo entre Argentina y Uruguay, encomendó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) que realizara un monitoreo frente a la planta de celulosa de la ex Botnia, hoy Upm, y en la de-sembocadura del río Gualeguay-chú. Pero los representantes de los dos p...

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