Nunca imaginó el ministro Eleuterio Fernández Huidobro que una más de las ingeniosidades irreverentes de su vasto repertorio podía provocar tan inesperadas e indeseadas consecuencias. A los pocos días del anuncio de Tabaré Vázquez sobre su doblete (el del Ñato), el Frente Amplio debió montar a las apuradas un sainete para demostrar que aquel que pedía autorización para torturar estaba profundamente comprometido con la causa de los derechos humanos. El presidente electo, como corresponde, no opinó y menos aun rectificó su decisión (aunque las “filtraciones” facilongas dicen que “lo está esperando”). Pero como las repercusiones siguen, el presidente José Mujica se sintió en la obligación de multiplicar la defensa. Utilizó algunos argumentos, ¿cómo se pueden calificar?, extravagantes, imperfectos, vulnerables, que no parecen ayudar a la causa. El Pepe desechó de un plumazo el informe lapidario de la Comisión Internacional de Juristas: “Es gente que está allá, en Ginebra, cobrando bien”. Y justificó al Ñato diciendo: “Cuando lo calientan es feroz, es una cuestión de temperamento. Además, se dice cada pavada, como el síndrome de Estocolmo, en gente que no estuvo ni media hora adentro de un calabozo”.
Los argumentos (y éste en especial) se desflecan y no logran el objetivo de desviar el centro de la discusión: ¿por qué los gobiernos frenteamplistas eluden la responsabilidad de investigar los crímenes de la dictadura? Al respecto hay algunas afirmaciones del presidente que revelan hasta dónde el gobierno siente la presión social: “El ministro (Fernández Huidobro) ha hecho lo imposible por saber más”, una opinión que enfrenta a todas las organizaciones de derechos humanos y sociales que respaldaron al Serpaj. Y en términos más generales explicó: “Es un secreto a voces que quienes manejan información no la ponen arriba de la mesa, tal vez pensando en su seguridad o tal vez por acuerdo colectivo. El grueso de la información que hemos recabado viene por caminos de muy abajo, viene por corajeadas de gente que no tenía ninguna responsabilidad. Nosotros hacemos lo que humanamente podemos en las circunstancias en las que estamos, y no somos magos”.
Aunque resulte tedioso desbrozar la paja del trigo, se imponen algunas precisiones. Hay que decir que el grueso de la información que los jueces usaron como insumos para investigar los hechos fue aportado por los familiares de las víctimas y compañeros de militancia; el gobierno no hizo ningún aporte significativo; más aun, el gobierno (el Ministerio de Defensa en este caso) negó información a los juzgados.
Por otra parte, los soldados mencionados por el presidente ofrecieron sus conocimientos parciales a los jueces, a los familiares, a los abogados, a los antropólogos. Muchas veces fueron expuestos ante los militares que habían sido sus responsables en los tiempos en que se asesinaba en los cuarteles y se ordenaba enterrar los cuerpos en tumbas clandestinas; fueron obligados a un “manyamiento” con el consentimiento expreso del ministro Fernández Huidobro. El presidente Mujica, que alude a la condición humilde de esos informantes, nunca tomó medidas para impedir tales “manyamientos” ni tomó medidas con el ministro que los permitía.
El pacto de silencio –en la argumentación oficial– se erige como un muro infranqueable, por lo que, como sugiere el presidente, habrá que “recorrer otros caminos”, dice, seducido por la experiencia sudafricana, donde los criminales quedaban en libertad y absueltos de todo castigo en la medida en que confesaran públicamente sus crímenes, con lujo de detalles. En la versión charrúa fue lo que propuso el entonces secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, cuando sugirió –en una reunión secreta– a los oficiales directamente implicados en los crímenes que entregaran “algunos huesitos”, que el resto “se arregla”.
Sin embargo, prevalece la sensación de que el pacto de silencio sería menos espeso y menos infranqueable si el gobierno tuviera verdadera intención de investigar, si se involucrara efectivamente en la búsqueda de la información. No siempre hubo una actitud pasiva: la ministra de Defensa Nacional del primer gobierno de Tabaré Vázquez, Azucena Berrutti, con su estilo de abuelita dulce, fue inflexible en ciertos criterios básicos. Por ejemplo, en las instancias de promoción de nuevos generales, la ministra invariablemente solicitaba a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sus antecedentes sobre eventuales implicancias en crímenes de lesa humanidad; por ejemplo, en la remoción del comandante en jefe Carlos Díaz, ni bien se enteró de que el general se había reunido con Julio María Sanguinetti, Yamandú Fau, y los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao, sin su consentimiento; por ejemplo, en la celeridad con que incautó un archivo de inteligencia militar en el antiguo cuartel del Cgior, por otra parte el único, de origen militar, localizado hasta el momento. Sin embargo, el mayor aporte de la ministra Berrutti fue la decisión de incorporar personal civil a las estructuras más sensibles del ministerio y la promoción en tareas clave de oficiales que exhibían un auténtico sentido de profesionalidad.
Recientemente el actual ministro de Trabajo, José Bayardi, cuestionó, en una extensa y dura carta a los lectores, el contenido de una nota del periodista Sergio Israel sobre Fernández Huidobro, publicada en Búsqueda en la edición del 31 de diciembre. Israel sostuvo que “Bayardi primero, y Fernández Huidobro después, desmontaron los esfuerzos de la primera ministra de Defensa del Frente, Azucena Berrutti, destinados a dotar a la secretaría de Estado de una sólida estructura civil”. Bayardi, quien fue subsecretario de Defensa y después titular del ministerio, rechazó tajantemente que él hubiera desmontado lo hecho por Berrutti. Habrá que determinar, en forma detallada, la cuota de responsabilidad de Bayardi en el desarme de la estructura civil, cuyo último capítulo fue el decreto 156/012, firmado por Mujica y Fernández Huidobro, por el que la estructura de inteligencia pasa a funcionar dependiendo del mando militar.
En la concepción de Berru-tti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Sid y del Ocoa, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006. Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales.
El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular. La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berrutti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro. El expediente seguramente permanece en algún lugar del despacho ministerial; y el archivo –que, se asegura, es el original, el completo– probablemente siga en el domicilio del coronel retirado, seguramente alimentando pequeños juegos de espías y operativos cercanos al chantaje.
No sólo las confesiones de los responsables podrán dilucidar los secretos de la represión; también los documentos, pero para ello hay que ubicarlos, y para ubicarlos debe haber voluntad política.
