El 12 de marzo de 1986 España celebró uno de los referendos más significativos de su historia reciente: el plebiscito sobre la permanencia en la OTAN. Pasadas cuatro décadas, aquel episodio sigue siendo una referencia obligada para comprender la relación entre política exterior, soberanía democrática y coherencia ideológica en la España surgida de la Transición.
Para entender el clima político de entonces hay que situarse en la compleja etapa que se abrió tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. El país inició un intrincado proceso de democratización que culminaría con la Constitución de 1978. España buscaba consolidar su lugar en el mundo occidental tras décadas de aislamiento; en ese contexto, el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo decidió, en 1981, el ingreso del país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La decisión fue profundamente polémica. La izquierda española –y en particular el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)– se había opuesto frontalmente al ingreso. Su lema era claro y contundente: «OTAN, de entrada, no». Sin embargo, tras la victoria electoral socialista de 1982, el gobierno encabezado por Felipe González protagonizó uno de los giros políticos más recordados de la democracia española. El mismo partido que había rechazado la alianza militar pasó a defender la permanencia en ella.
La consulta popular de 1986 fue, en buena medida, el mecanismo elegido para legitimar ese cambio de rumbo. El gobierno defendió el «Sí» bajo ciertas condiciones: no incorporación a la estructura militar integrada, reducción de la presencia militar estadounidense en España y prohibición de armas nucleares en territorio español. Finalmente, el «sí» obtuvo cerca del 57 por ciento de los votos, en una participación que superó el 59.
Aquel episodio dejó una enseñanza duradera: las decisiones estratégicas en política internacional suelen estar atravesadas por tensiones entre principios, intereses y presiones geopolíticas. También marcó un precedente sobre cómo los partidos pueden modificar posiciones históricas cuando llegan al gobierno.
Con el paso del tiempo, el propio Felipe González ha ido alejándose de los postulados socialistas que marcaron el origen de su carrera política. Sus intervenciones públicas recientes lo muestran cada vez más próximo a posiciones conservadoras en cuestiones económicas, sociales e, incluso, geopolíticas. Este desplazamiento ideológico, que algunos interpretan como una evolución personal y otros como una renuncia a los principios fundacionales del socialismo español, forma parte también de la lectura histórica de aquel referéndum.
Décadas después, España volvió a vivir intensos debates en torno a la guerra y la política exterior. En 2003, el gobierno conservador de José María Aznar decidió apoyar la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y Reino Unido. Aquella decisión, simbolizada en la célebre reunión del llamado trío de las Azores junto con George W. Bush y Tony Blair, provocó una de las mayores movilizaciones sociales de la historia democrática española. Millones de ciudadanos salieron a la calle bajo el lema «No a la guerra». Entre quienes representaron políticamente ese sentimiento se encontraba el dirigente del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, que, tras ganar las elecciones de 2004, retiró las tropas españolas de Irak y buscó reorientar la política exterior hacia posiciones más alineadas con el derecho internacional y el multilateralismo.
Hoy, cuatro décadas después del plebiscito de la OTAN, la política española vuelve a enfrentarse a dilemas similares. El gobierno de Pedro Sánchez se encuentra gestionando tensiones internacionales marcadas por los conflictos en Oriente Medio y por la presión de sectores que reclaman una mayor implicación militar de España. En ese contexto, el gobierno ha sido enfático en no permitir el uso de bases estadounidenses en territorio español para operaciones vinculadas a nuevas escaladas bélicas.
Frente a ese escenario, la memoria histórica del movimiento pacifista sigue siendo una referencia importante. El «No a la guerra» no fue solo una consigna coyuntural, sino la expresión de una cultura política profundamente arraigada en amplios sectores de la sociedad.
Resulta llamativo, por otra parte, el comportamiento de las derechas en este debate. Tanto el Partido Popular como Vox han adoptado posiciones que, en ocasiones, parecen alinearse más con agendas geopolíticas externas que con una reflexión autónoma sobre los intereses nacionales. El entusiasmo con el que algunos dirigentes respaldan el belicismo de líderes extranjeros plantea una pregunta incómoda: ¿dónde queda la defensa de la soberanía política cuando se subordinan las decisiones estratégicas a la lógica de las grandes potencias?
El aniversario del referéndum de 1986 invita, precisamente, a recuperar ese debate. No se trata de repetir de manera mecánica consignas del pasado, sino de reflexionar sobre un principio fundamental: las democracias deben decidir su política exterior desde el mandato ciudadano y no desde la presión de intereses ajenos.
Cuarenta años después, aquella consulta sigue recordándonos que la ciudadanía española supo reclamar voz en una cuestión trascendental. Y que, frente a los vientos de guerra que periódicamente recorren el mundo, la memoria democrática puede seguir siendo una brújula para defender la paz, la soberanía y la dignidad política de un país.
