Sabemos que la memoria es un campo de disputas, y en esta coyuntura encontramos acontecimientos significativos como: 1) el reconocimiento de la responsabilidad de parte del Estado uruguayo que da cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la ejecución extrajudicial de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, ocurrida el 21 de abril de 1974, conocida popularmente como «el caso de las muchachas de abril», junto con las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazú; 2) las sentencias que la Justicia viene dictando sobre delitos cometidos durante el terrorismo de Estado; 3) la aparición de los restos de una desaparecida en el Batallón de Infantería N.° 14, y 4) la inauguración del memorial de mujeres ex presas políticas. Son hechos que reafirman la vigencia del trabajo en este campo de la memoria, que busca la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, sus familiares y toda la comunidad.
Uruguay vivió una dictadura cívico-militar desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, en la cual agentes estatales y civiles colaboracionistas cometieron crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. En muchos casos estas ya venían siendo cometidas con anterioridad, desde 1968, lo que se denominó una actuación ilegítima del Estado.1 Fueron 12 años de terrorismo de Estado que conllevaron la persecución de personas opositoras al régimen dictatorial, detenciones arbitrarias masivas y el uso sistemático de la tortura; cerca de 200 desapariciones forzadas,2 116 ejecuciones sumarias documentadas, la destitución de miles de funcionarios públicos, la intervención de la educación primaria, secundaria y universitaria, la prohibición y represión de toda actividad política y sindical, y cientos de miles de exiliados.3
Se calcula en 60 mil el número de personas que fueron detenidas, secuestradas, torturadas y procesadas por la justicia militar; en 6 mil, aproximadamente, los prisioneros políticos, en un país que solo tiene 3 millones de habitantes.4 No se contabiliza el número de afectaciones reales, en todos esos años, de la barbarie y el horror. ¿Cómo se sobreponen una persona, familias enteras, amigos, compañeros de trabajo, compañeros del club, del barrio, a estas violencias? ¿Son las víctimas las que deben seguir buscando justicia y reparación o es el Estado el que debe cumplir con sus obligaciones?
Cincuenta años después del golpe de Estado, el pasado 27 de junio, se inauguró el memorial de las mujeres frente al Palacio Legislativo, memorial que reúne casi 1.800 nombres de ex presas políticas. Ese día recordaron que en la cárcel compartieron momentos difíciles y también alegrías y afectos. Al silencio y a la incomunicación resistieron con su canto y solidaridad. Al aislamiento y al castigo los enfrentaron con acciones colectivas, unidas siempre, firmes en sus convicciones.5 La dictadura no las quebró. Ellas salieron de las cárceles, se juntaron, se escucharon, siguieron militando por una sociedad más justa, denunciaron y construyeron el memorial que «hablará de las luchas y las resistencias desde el testimonio, la poesía, la música, el arte; de él se apropiarán las y los jóvenes».6
Los memoriales son una forma de fijar, de materializar un evento que la sociedad no quiere olvidar. Este memorial en particular se constituye en una nueva plaza que recalifica el espacio público de las inmediaciones del Palacio Legislativo para el usufructo de las y los montevideanos. La luminaria circular, apoyada por columnas con los nombres inscriptos de las ex-presas, recuerda sus nombres y habilita el encuentro de nuevas generaciones de luchadoras sociales.
Cualquiera que se detenga en la lectura de los nombres puede identificar hermanas, madres, familias enteras afectadas por la cárcel política. La familia fue, por un lado, una institución tradicional reivindicada por los represores, en la que las mujeres debíamos recluirnos en nuestro rol sumiso, y, por otro lado, un apoyo fundamental de las y los presos dentro y fuera de la cárcel. Cada nombre es una familia afectada y también una red de apoyo que se constituye desde el barrio, el lugar de trabajo, el sindicato y la comunidad. La memoria de estas redes de solidaridad, familiares y comunitarias, es parte de nuestra historia reciente.
La lista impresa en estas columnas es un registro inicial e incompleto del alcance de las afectaciones. Muchos nombres más, muchas otras vidas se vieron agobiadas por el impacto económico y social impuesto por las destituciones y proscripciones. Reconstituir ese entramado de afectaciones y de formas de solidaridad y resistencia es fundamental para reparar el tejido social. Esto requiere nuevas formas de memorializar que recuperen los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado que aún no conocemos, ni sus afectaciones familiares, y el quiebre de sus proyectos de vida. Por ello, desde la Unidad Académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar venimos recuperando nombres de mujeres detenidas y las afectaciones familiares de otras personas detenidas vinculadas a cada una de ellas.
Visualizar las redes de afectaciones familiares y comunitarias es también memorializar y ejercitar el derecho a la verdad como derecho humano, tanto en su dimensión personal como colectiva.
*Carmen Aroztegui Massera y Flor de María Meza Tananta son docentes de la Unidad Académica de Extensión y Actividades en el Medio e integrantes de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Udelar.
1. Ley 18.596, artículo 5.
2. Al momento de escribir este artículo esperamos conocer la identidad de los restos de una desaparecida encontrada hace unas semanas en el Batallón de Infantería N.° 14.
3. Naciones Unidas (2014), Informe del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pág. 4.
4. Sapriza, Graciela (2009), «Memorias de mujeres en el relato de la dictadura (Uruguay, 1973-1985). Violencia/cárcel/exilio». DEP, n.° 11.
5. Discurso leído por el colectivo de mujeres ex presas políticas el pasado 27-VI-23.
6. Ídem.
