Un anónimo de la red Twitter le estampó el sello de noticia falsa a una información verdadera y el invento pasó por cierto. Retorcido como mentir en nombre de la verdad, o, por lo menos, equivocarse con disfraz de justiciero y no agachar la cabeza ni para una fe de errata, FakeUruguay –que no duró operativa ni un mes, porque luego del fake al fake fue rápidamente dada de baja– tildó de falso que Naciones Unidas diga que en las cárceles uruguayas hay situaciones que habilitan la tortura.
Malintencionada o no, la argumentación era claramente falaz: para refutar la información se citaba un documento diferente al aludido por la periodista Paula Barquet en la nota original del suplemento Qué Pasa.1 Además, desconocía el hecho de que ya ni siquiera es noticia que en las cárceles uruguayas se tortura.
Sólo en la última década lo sugirieron dos relatores especiales sobre la tortura en 2009 y 2012, el Comité contra la Tortura en 2014 y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 2017, todas instituciones de la Onu. Además, lo demostraron las descripciones de las condiciones de reclusión de los informes del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y lo dijeron, sobre todo, y en alusión a las cárceles para adolescentes, la fiscal Adriana Umpiérrez y el juez Gustavo Iribarren cuando procesaron a 26 funcionarios del entonces Sirpa, ahora Inisa, con la prueba de un video en donde se veía a trabajadores golpeando a gurises presos en el Ceprili. Aunque en el tribunal de apelaciones fue desestimado porque se entendió que el video no probaba la sistematicidad de los maltratos, el fallo fue histórico: hizo a un lado los eufemismos jurídicos y empezó a llamarle tortura a eso que sufren los presos uruguayos también en democracia.
Es real: en marzo de 2018 el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Onu visitó las cárceles uruguayas y realizó un informe lapidario, que entregó a las autoridades en setiembre.2 En el informe –en poder de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, y que se mantuvo en secreto hasta que El País insistió a través de pedidos de acceso a la información pública–, se reafirman la displicencia y la ignorancia, elementos que contribuyen, lejos de prevenir, a situaciones de tortura que terminan siendo impunes.
El informe da cuenta de presos que no pudieron salir al patio durante meses; otros que no tienen un abrigo en el invierno de una celda sin ventanas ni colchón; habla de una mujer presa en Rivera en una celda de 2,1 metros por 1,1 metros que sentía que “dormía en un ataúd”; también de quienes se mutilan y ni así tienen acceso a una atención de salud mental. Al frío, la oscuridad, el hedor, el hambre y la sed el informe añade las plagas de ratas y cucarachas, los waters tapados y los cables pelados, culpables, según los presos, de varias muertes. Durante los 11 días de recorrida por cárceles y comisarías, los miembros del subcomité escucharon los relatos de la tortura: “Una persona narró que después de que lo ‘agarraron a palos’, lo ataron a una argolla en una celda en la comisaría 17, en donde permaneció durante varias horas. Otra persona indicó que un elemento del Grupo Especial de Operaciones le había quebrado la mano y torcido los dedos después de haberlo pateado por todo el cuerpo. Una mujer dijo que cuando la detuvieron, la golpearon con los puños y la mantuvieron incomunicada durante diez días”.
Pero, además de reafirmar todo esto, la desclasificación del documento vuelve a poner sobre la mesa que la figura jurídica de la tortura es limitada en Uruguay y que nadie tiene idea, ni el propio Poder Judicial, de cuántas sentencias por tortura hay. Porque al final de cuentas, si ni siquiera hay datos, si la información se oculta y si se interpreta de forma restringida lo que es tortura, quien hable de eso, hoy, queda librado a cualquiera que quiera desmentirlo.
1. “Onu alerta naturalización de torturas e ‘impunidad’ en las cárceles uruguayas”, publicada el 24 de febrero de 2019 en el diario El País.
2. Se puede acceder al informe en la web de este semanario.
