Uno de los integrantes más notorios del Escuadrón de la Muerte, prófugo de la justicia uruguaya desde 2009, fue enviado a prisión, aunque aún no existe pronunciamiento sobre el fondo de la causa. También es investigado por utilizar un documento de identidad apócrifo, y se pretende determinar si es la primera vez que vino a Uruguay en estos diez años. La historia de Miguel Sofía y los crímenes del grupo parapolicial y paramilitar quedaron registrados en las páginas de Brecha.
Miguel Antonio Sofía Abelaira está en prisión. Cuánto tiempo estará tras las rejas es una incógnita. La jueza Fanny Canessa dispuso su prisión preventiva en el marco de la indagatoria penal por los crímenes del Escuadrón de la Muerte (o Comando Caza Tupamaros). Para esto se basó en dos argumentos: la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga.
Este último era previsible. En 2009 el fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de Sofía por tres de los crímenes atribuidos a la organización parapolicial y paramilitar que operaba antes del golpe de Estado: la desaparición de Héctor Castagnetto y los homicidios de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. Desde entonces Sofía estaba prófugo, con paradero desconocido.
Eso cambió hace unos días. Un informante anónimo dio cuenta de su presencia en Uruguay. Había llegado para pasar las fiestas junto a su familia. La investigación de Interpol confirmó el dato y comenzó el operativo para su captura, con allanamientos en Punta del Este (Maldonado) y Montevideo. Finalmente fue detenido el martes 8, sobre las 20 horas, en plena calle. Se identificó como Adolfo Aldo Casaballe Lapido y presentó una cédula con ese nombre; la foto no coincidía.
Fue trasladado a la sede de Interpol, donde pasó la noche. Al otro día declaró durante cuatro horas ante la jueza Canessa y la fiscal Sylvia Gari. Allí reclamó por su inocencia e intentó desacreditar las acusaciones en su contra. Sobre todo el testimonio del ex fotógrafo policial Nelson Bardesio –condenado por la desaparición de Castagnetto–. Esa noche volvió a dormir en Interpol a la espera de la decisión judicial.
Finalmente este jueves fue enviado a prisión. La jueza no pudo pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que su abogado, Aníbal Martínez Chaer –el mismo que defendió a Bardesio–, insistió en la tesis de la prescripción de los delitos y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes 18.026 y 18.831. Esto suponía elevar la causa a la Suprema Corte de Justicia (Scj) y detener las actuaciones.
Pero la jueza se plegó a la “teoría Buñuelo”. ¿Qué es? Sobre principios de 2018, un hombre, apodado con el nombre de la tradicional fritura, fue imputado por delitos de narcotráfico. En la audiencia de formalización su defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad, por lo que el juez debió suspender el proceso y liberarlo a la espera del fallo de la Corte. Para evitar que esta estrategia se expandiera, la Scj determinó que, ante un recurso de inconstitucionalidad, los jueces pueden dictar una medida cautelar (como la prisión preventiva) y recién después paralizar la causa. La jueza Canessa –en línea con la fiscal– entendió que esta tesis puede aplicarse en las causas del viejo Código del Proceso Penal (Cpp).
Pero sea cual fuere la decisión judicial, igualmente permanecería recluido. Mientras declaraba por los crímenes del Escuadrón, el juez José María Gómez pidió su detención, a pedido del fiscal Carlos Negro, que lo investiga por la utilización de un documento adulterado, o falso, y por la forma en que ingresó al país. También si fue la primera vez que volvió a Uruguay desde su fuga. Negro tiene previsto formalizar la causa.
En este sentido, el abogado Martínez Chaer dijo que Sofía no falsificó ningún documento, sino que un amigo le entregó una cédula que había encontrado en la calle, la que utilizó para registrarse en hoteles y para que no se detectara su presencia en Uruguay. Según el abogado, Sofía ingresó al país “por la frontera seca” con Brasil, pero declinó especificar por dónde. Se estima que residió varios años en Estados Unidos, algo que el asesor legal también se negó a confirmar.
JOSÉ SABÍA. El vínculo de Miguel Sofía con la ultraderechista Juventud Uruguay de Pie (Jup) y el Comando Caza Tupamaros quedó al descubierto a partir del testimonio de Bardesio, obtenido durante su secuestro por parte del Mln-t y su reclusión en la Cárcel del Pueblo. En su declaración –confirmada ante varios legisladores la noche en que fue liberado–, Bardesio identificó a Sofía como un joven de confianza del subsecretario del Interior de la época, Armando Acosta y Lara, que tenía acceso directo a las dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo y a las oficinas del personal estadounidense que colaboraba con ésta en Uruguay (Brecha, 29-VIII-08).
Según ese testimonio, en 1971 “José” (alias de Sofía) participó, junto al médico paraguayo Ángel Pedro Crosas Cuevas (hombre de confianza de Acosta y Lara e impulsor de la Jup) y funcionarios de los servicios de inteligencia, en la muerte del joven Héctor Castagnetto. Castagnetto fue secuestrado, torturado y asesinado por miembros de la organización paramilitar, y su cuerpo fue arrojado a las aguas del Río de la Plata. Se trata de uno de los crímenes imputados a Sofía por la fiscalía, y que él niega, por lo que su defensa no descarta pedir un careo con Bardesio.
Tras el golpe de Estado, Sofía cumplió funciones como diplomático. Fue jefe de la sección de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores, y más tarde fue funcionario de confianza en la embajada de Uruguay en Estados Unidos –cuando el embajador era Jorge Pacheco Areco– y en la embajada en Taiwán.
Sobre el final de la dictadura Sofía inició su carrera como empresario: recibió la concesión de la radio Emisora del Plata. Con los años, el ex integrante de la Jup adquirió otras radios y formó el Grupo del Plata, que vendió al magnate mexicano Ángel González por varios millones de dólares. También obtuvo la concesión para explotar el servicio de tevé cable en Ciudad de la Costa; la adjudicación fue firmada por el abogado Hugo Permuy Brito (subdirector de Comunicaciones del Ministerio de Defensa), quien tenía una relación comercial con Sofía y terminó procesado por este hecho. La adjudicación fue revocada en 1998, por lo que Sofía y su esposa presentaron una millonaria demanda civil contra el Estado, que superaba los 200 millones de dólares, la cual fue rechazada.
