Con votos blancos y colorados, la Junta Departamental de Maldonado autorizó el 28 de noviembre pasado un acuerdo extrajudicial entre la Intendencia y particulares –uruguayos y argentinos– que desde 2012 reclaman la propiedad de terrenos ubicados al sur de la ruta 10, frente al balneario Buenos Aires. El Frente Amplio se expidió en contra a través de un informe en minoría, y puso en conocimiento de los hechos al Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) y a la Fiscalía de Corte, en el entendido de que se trata de predios del Estado. La transacción implica reconocer los padrones 10.108 y 10.109 (de casi cuatro hectáreas cada uno) a las sociedades panameñas Kalin Assets y Arwen Services Inc, cuyos directores –Pablo Reynal y Álvaro Cayol– también son accionistas de Lenore SA, propietaria de cientos de padrones del balneario Buenos Aires ubicados al norte de la ruta 10. A cambio, todas las partes desisten de los procesos administrativos y judiciales en curso y la Intendencia de Maldonado (Idm) recibe 150 padrones de Lenore para regularizar construcciones en el balneario Buenos Aires y fortalecer sus planes de acceso a la vivienda. Los particulares también se comprometen a reconocer el dominio público de la faja costera de 150 metros y a abrir siete calles de acceso a la playa. También ceden en favor de la Idm la propiedad de un baldío sin empadronar, lindero con Punta Piedras (Manantiales).
“Hay una desproporcionalidad absoluta entre las concesiones hechas por los particulares y el reconocimiento de la propiedad privada de tierras fiscales sobre la playa por parte de la Intendencia Departamental. Con el pretexto de evitar daños que no existen, Antía entrega un súper millonario lote de tierras fiscales a un grupo de privados con fuerte lobby dentro del propio gobierno departamental”, argumentó el Frente Amplio (FA) en su informe en minoría. Según esta fuerza política, no sólo se resignaron tierras fiscales que la Idm estaba en condiciones de disputar a nivel judicial, sino que los terrenos ofrecidos por los particulares tenían un valor “muy inferior” al de los padrones 10.108 y 10.109. Sin embargo, el FA no recurrió el acto administrativo. Tampoco lo hizo el edil colorado Juan Silvera (quien en 2017 puso en el tapete el caso de Edén Rock y propició, junto a los ediles del FA, la anulación parlamentaria de la resolución por la cual Antía reconoció terrenos a Jorge Rey). Días antes, Silvera había salido en los medios a advertir sobre la presunta ilegalidad de esta transacción en el balneario Buenos Aires. Su partido lo quitó de la comisión legislativa que estudiaba la transacción y tampoco le permitió asistir al plenario para votar en contra de la iniciativa.
LA MOVIDA DEL MEF. No obstante, los planes del intendente Antía se toparían –como en el caso de Edén Rock– con la determinación del Mef, cuya intención es que la justicia decrete la propiedad pública de los bienes en disputa. Al otro día de aprobarse la transacción en la Junta Departamental, la asesoría jurídica ministerial presentó un escrito ante la sede civil de sexto turno de Maldonado, donde se sustanciaba el litigio entre la Idm y los particulares. Dando por sentado que se trata de tierras fiscales, el Mef reclama que nunca fue informado de las actuaciones judiciales, e invoca su derecho como parte del Estado; además, denuncia “la comisión de un eventual delito” de usurpación por los particulares y otro “eventual delito de fraude procesal” por parte de los jerarcas de la Idm, ya que, antes de negociar una salida extrajudicial con las agrupaciones privadas, el gobierno departamental había presentado sólidos informes para respaldar el dominio público de los bienes.
El escrito del Mef, al que Brecha accedió, llegó el 29 de noviembre al juzgado, antes de que la Idm presentara su desistimiento de la demanda contra los particulares (el litigio se abrió en 2016, en respuesta a otra acción judicial de “jactancia” planteada por los privados). Por cuestiones administrativas, el documento no fue contemplado por la jueza cuando, en diciembre, firmó el decreto aceptando el desistimiento de la Idm. Así que el Mef apeló y este mes la magistrada Alejandra Sánchez Altieri emitió un nuevo decreto por el cual anuló su anterior decisión y trasladó el escrito a las partes para que lo contesten, antes de definir si acepta o no el desistimiento de la Idm. El plazo legal para la contestación vence hoy.
DE PUNTA CONTRA EL MEF. Según el citado escrito, el MEF pretende que la justicia se expida y declare la propiedad pública y fiscal de los padrones 10.108 y 10.109, y para eso debe continuarse el juicio con toda la prueba que aportó la Idm antes de iniciar la negociación con los privados. ¿Pero qué pasa con el acuerdo extrajudicial mientras la jueza no se expide? Mientras no hay desistimiento, ¿se suspende la transacción? Según la Idm y los particulares, la respuesta es un rotundo no. “El acto está firme porque fue publicado en el Diario Oficial y nadie lo recurrió administrativamente. Lo que planteó el Mef corresponde al ámbito judicial, pero tampoco hay una medida de no innovar ni nada que impida continuar con lo acordado”, señaló a Brecha el prosecretario de la Idm, Álvaro Villegas.
En el mismo sentido se expidió el abogado Mauricio Fioroni, cuyo estudio representa a Reynal y Cayol, por Lenore SA, en la negociación con la Idm desde principios de 2018. “Aunque el desistimiento esté en duda, la transacción quedó firme porque nadie la impugnó ni recurrió. Nunca vi un caso en que el demandante no quiere seguir el juicio y se lo impiden”, objetó, consultado por Brecha. ¿Y si se lo impiden porque se presume la existencia de un fraude procesal? “Si se habla de un fraude procesal, será otro carril. Si el Mef sostiene que hay fraude procesal, debe denunciarlo a un juzgado penal, no dejarlo a consideración de la justicia civil. Cuando se hace una denuncia fuera del juzgado penal, lo que se hace es meter miedo, tratar de intimidar y difundir una información falsa”, opinó Fioroni. El abogado se declaró “profesionalmente molesto” con el “manoseo” que la cartera de Economía ha hecho del tema y con el perjuicio que ocasiona a sus clientes, interesados en desarrollar un emprendimiento residencial sobre los padrones 10.108 y 10.109. Luego reconoció que hubo “conversaciones” sobre si tomar acciones o no contra el Mef.
El prosecretario de la Idm, en tanto, se limitó a señalar que el Mef ha tenido una “postura muy liviana” en un asunto que considera ampliamente discutido, analizado por los directores generales con competencia en el tema y avalado por la Junta Departamental. “La Idm ha evaluado la actitud procesal del ministerio, sus repercusiones y qué medidas adoptará sobre eso. No puedo adelantar más”, dijo Villegas.
UN PLAN DE LARGA DATA. Pese a los avatares judiciales inconclusos, el proyecto denominado La Orilla (cuya marca se registró en 2014 ante el Ministerio de Industria) ya está siendo promocionado en la web por la firma Central Desarrollos SA, dirigida por Reynal y Cayol.
Durante la última administración del frenteamplista Óscar de los Santos, los promotores de esta iniciativa (entonces bajo la firma Lenore SA) intentaron, sin éxito, un acuerdo similar al logrado ahora con Antía. Su abogado patrocinante era Hugo Álvez, actual funcionario de elite en la División de Asuntos Legales de la Intendencia blanca. Álvez había sido destituido en 2012 por Óscar de los Santos y volvió a la Idm en junio de 2016, tras firmar con el intendente blanco un acuerdo extrajudicial. Ese convenio implicó una indemnización de casi 600 mil dólares para Álvez, a cambio de retirar la “acción reparatoria patrimonial” que había iniciado contra la Idm al ser separado del cargo. Mientras batallaba para volver a la Intendencia, en 2013 Álvez patrocinaba a los empresarios hoy beneficiados por Antía, pese a que existe un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que declara esas tierras de dominio público. “Más vale un mal arreglo que un buen pleito”, repetía Álvez en rondas mediáticas, como representante del grupo empresarial Lenore SA. Este grupo compró cientos de padrones, pero la administración de Óscar de los Santos se negó a emitirles la planilla de contribución inmobiliaria a los ubicados al sur de la ruta 10.
En setiembre de 2013, el abogado Álvez dijo a El País y a FM Gente que Lenore pretendía negociar la entrega de tierras gratuitas para regularizar predios ubicados al norte de la ruta 10, a cambio de la restitución de la planilla. “A nadie le gustaría hacer una mansión al sur cuando enfrente hay un lugar con problemas sociales, con asentamientos”, comentó. “Conviene que esto no se solucione en un juicio, porque es el camino más largo”, advirtió entonces.
Llamativamente, el juicio del que pretende desistir ahora la Idm se inició en 2016, cuando los particulares presentaron una acción de jactancia en la justicia civil, que exigía a la administración iniciar una suerte de contrademanda para defender el dominio público, o desistir de los padrones en cuestión. Esa demanda de la Idm contra los particulares presentaba un alegato contundente en cuanto a que los terrenos en litigio no podían ser de propiedad privada. Sin embargo, poco después Antía retiró a los abogados que seguían el caso y lo puso en manos de la cúpula de la División Asuntos Legales, como hizo con otros litigios por terrenos costeros (véanse “Arenas movedizas” y “A toda costa”, en Brecha, 4-VIII-17 y 1-IX-17).
En estricta reserva la Idm inició una instancia de negociación extrajudicial que apuntaba a reconocer la propiedad privada de los padrones, con el argumento de que no había posibilidades de ganar el juicio. Ya en abril de 2016 el abogado Federico Graglia, asesor legal de la familia Sagredo, que vendió los terrenos a Reynal y Cayol, amenazaba con un juicio por 12 millones de dólares.
Sobre esta base, durante meses las partes se presentaron sistemáticamente para pedir a la justicia la suspensión de los plazos procesales mientras duraba la negociación. Para transparentar la transacción, a instancias del prosecretario Álvaro Villegas se creó una comisión especial, integrada por directores generales de la comuna que evaluaron la propuesta de los privados desde sus respectivas áreas, y se pidió un informe al catedrático Arturo Yglesias, que resultó contrario al dominio público. Finalmente, por unanimidad, los miembros de la comisión concluyeron que la oferta de los particulares favorecía el interés general y se redactó una transacción extrajudicial, que Antía remitió a la Junta Departamental. Los lineamientos de ese acuerdo tienen grandes coincidencias con el que estos mismos empresarios presentaron, sin éxito, durante la administración frenteamplista.
