Una perla en la costa

Cuenta la leyenda que, a fines del siglo XIX, cuando Punta Ballena era un acantilado rocoso desconocido por los fernandinos y sin valor aparente frente al Río de la Plata, el visionario empresario marítimo Antonio Lussich posó sus ojos sobre ella. Dicen que la compra de ese predio en la costa uruguaya fue una maniobra de astucia de quien también sería reconocido por su obra en el arboretum que lleva su apellido.

En un almuerzo con amigos –entre ellos figuras de la época, como el pionero de Punta del Este, Pedro Risso, y el dramaturgo Samuel Blixen–, al enterarse de que el terreno estaba en venta, Lussich fingió desinterés para no avivar a posibles competidores. Dijo, incluso, que no daría «ni un céntimo por todo eso». Días después volvió a Montevideo y cerró la compra: se quedó con el predio que incluye el peñón del extremo sur de la sierra de la Ballena. Años más tarde, la punta rocosa se transformaría en uno de los terrenos más valiosos de la costa uruguaya (con una herencia marcada por múltiples disputas y conflictos legales) y en un hito ambiental para el país, con la paralización de un desarrollo privado que amenazaba su ecosistema.

Pero no se trata de una historia en pasado. Uno de los últimos capítulos es de fecha reciente. En los primeros días de enero, una comisión conformada por el gobierno departamental de Maldonado aprobó un documento que plantea la incorporación de Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La comisión –integrada por la intendencia, representantes de los partidos políticos, la sociedad civil y la Universidad de la República (Udelar), a través del Centro Universitario Regional del Este (CURE)– se creó luego de que, en febrero del año pasado, el Ministerio de Ambiente (MA) resolviera no otorgar la autorización ambiental a un proyecto residencial en los terrenos aledaños. En el informe, entre otras sugerencias, el grupo propone medidas para preservar este patrimonio natural –de alta diversidad vegetal y valor cultural– frente a la posible instalación de otros emprendimientos económicos que sean incompatibles con la preservación del ecosistema costero.

DAVID CONTRA GOLIAT

El conflicto por el uso de Punta Ballena lleva décadas. Nació tras la muerte de Lussich. En los años cuarenta, sus herederos fragmentaron el terreno y la punta rocosa quedó como un espacio libre, que con el tiempo empezó a ser frecuentado por los fernandinos. Tanto es así que el entonces intendente de Maldonado, el colorado Gilberto Acosta Arteta, terminó dictando una resolución para expropiarla. Quería que el terreno fuera de dominio público y que la población pudiera disfrutarlo.

Sin embargo, fue durante la dictadura civil-militar cuando se abrieron la ruta panorámica y los miradores. Obras que generaron un corredor turístico que puso a Punta Ballena al alcance de los vecinos, pero también de extranjeros que llegaban al balneario atraídos por su belleza. Con un detalle no menor: el Estado nunca indemnizó a los herederos. Con la vuelta de la democracia, los descendientes de la familia Lussich decidieron llevar el caso a la Justicia: iniciaron un juicio que duró años para recuperar el carácter privado del predio.

Finalmente, en 2001, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reconoció los derechos de los herederos sobre los terrenos expropiados y ordenó la restitución de Punta Ballena. La decisión abrió una nueva etapa: algunos descendientes de Lussich vendieron parte del predio al empresario argentino Delfín Ezequiel Carballo, quien fue el artífice de la iniciativa que proponía construir un complejo residencial de 29 edificios, cuatro niveles, 320 unidades de vivienda y 462 plazas de estacionamiento.

En las consideraciones del fallo, la SCJ habilitó a la Intendencia de Maldonado a expropiar el terreno. Sin embargo, el gobierno departamental no cuenta con el presupuesto para hacerlo. «Lamentablemente, antes hubiera sido mucho más barato que ahora. Y lo entiendo también: gastar dinero en un lugar donde todo el mundo va y se sienta a tomar mate… La misma Suprema Corte lo compara con el Cerro de Montevideo», dice a Brecha José Luis Sciandro, docente e investigador del CURE.

PRIMER ROUND

El CURE ha cumplido un rol fundamental en las acciones en defensa de Punta Ballena. En 2023, Sciandro participó del primer encuentro en el que los vecinos conocieron el proyecto residencial, que se respaldaba en un acuerdo transaccional sellado entre los propietarios del terreno y la intendencia en 2012. Este convenio incluía como puntos clave el interés del municipio por recuperar áreas para el uso público y la posibilidad de que los nuevos propietarios pudieran construir en la zona, siempre que se respetaran ciertos límites de edificación. Además, establecía un compromiso esencial: que el proyecto contara con la autorización del MA.

Según Sciandro, hasta ese momento, la población desconocía la resolución de la SCJ y las instancias de negociación que estaban dándose entre los inversores y el gobierno departamental. «Se sabía que había un acuerdo, pero no en qué consistía, porque obviamente no había sido público», señala el investigador.

Dentro de los aportes del CURE, uno de los más importantes fue la elaboración de un informe, que fue elevado por los vecinos como respuesta al proyecto y al Informe Ambiental Resumen (IAR) presentado al MA por el empresario argentino y otros inversores. A través del IAR, los desarrolladores informaron sobre las características del proyecto, sus posibles efectos sobre el medioambiente y las medidas que tomarían para mitigarlos o manejarlos.

El estudio del CURE, elaborado por 20 científicos de distintas áreas de la Udelar, detalla la excepcional biodiversidad botánica de Punta Ballena como patrimonio natural y advierte sobre las consecuencias irreversibles que acarrearía la urbanización para el lugar. Este documento fue utilizado como insumo para la audiencia pública, un espacio establecido por la normativa del MA en el que vecinos y otros interesados pueden expresar sus puntos de vista sobre el proyecto.

En el informe, los expertos del CURE destacaron la relevancia ecológica de Punta Ballena, respaldada por un exhaustivo relevamiento de su vegetación. Señalaron que, además de su valor biológico, el paisaje proporciona servicios ecosistémicos clave, como la mitigación de los impactos de las tormentas. En este sentido, hicieron un llamado a la protección estricta del área para evitar la pérdida irreversible de comunidades vegetales únicas en el mundo, muchas de ellas en peligro de extinción. «Todas esas condiciones le dan características absolutamente excepcionales para Uruguay y para el mundo también, porque no hay muchos peñones de este tipo, por el momento en que se generaron en la historia de la Tierra», comenta Sciandro.

UNA TRAS OTRA

La audiencia pública fue multitudinaria y marcó el inicio de una movilización que terminaría reconfigurando el debate sobre el uso del espacio público en la punta rocosa. Durante dos años, el movimiento ciudadano que comenzó llamándose No al Proyecto Punta Ballena y que hoy se denomina Punta Ballena Protegida recorrió todas las instancias posibles para que el proyecto inmobiliario no fuera aprobado.

Fernando Niggemeyer, que participó del movimiento desde sus inicios, era en 2023 directivo de la Unión Vecinal de Punta Ballena (UVPB). Cuenta que, antes de la audiencia, la consultora Rivero Quirino, que participó en los datos relevados para el IAR, se contactó con las agrupaciones de la zona. «Nos enteramos de que el Ministerio de Ambiente les había pedido a los desarrolladores que incorporaran el componente social dentro de su análisis de impacto», señala Niggemeyer.

Luego de presentado el IAR, una de las primeras acciones de los vecinos fue realizar «manifestaciones» sobre el proyecto: de acuerdo a las instancias establecidas por el MA, durante el período de análisis, cualquier persona física o jurídica puede acceder al documento completo y presentar observaciones, comentarios, opiniones o aportes por escrito sobre el proyecto a través del sitio web del ministerio. Uno de los informes técnicos –se presentaron más de 30– fue el del CURE. «Hubo cerca de 14 mil manifestaciones en contra. Fue histórico. Superó obviamente lo que había generado, por ejemplo, UPM», dice Niggemeyer, quien lideró uno de los análisis que fueron presentados al MA por parte de la UVPB.

En paralelo, el movimiento social inició la recolección de firmas para una iniciativa popular que proponía incorporar a Punta Ballena y las estribaciones cercanas de la sierra de la Ballena al SNAP. En total, se recolectaron más de 34 mil firmas. Esta instancia llevó a que la junta departamental votara por unanimidad a favor de declararlas área protegida a nivel del municipio y dio lugar a la creación de la comisión, que se conformó en el gobierno de Maldonado, encargada de analizar el pedido de incorporación al SNAP. «La verdad es que salió mucho mejor de lo que el más optimista hubiera esperado, porque en Maldonado estábamos acostumbrados al ninguneo de la sociedad civil. Y con esto hubo un cambio notorio en el espacio que se nos dio», reconoce el integrante del movimiento Punta Ballena Protegida, quien marca un contraste entre la gestión del intendente Miguel Abella y la de su antecesor en la intendencia, Enrique Antía, a la hora de abordar el conflicto.

TENEMOS UN PLAN

En febrero de 2025, el MA rechazó el proyecto del complejo residencial del empresario argentino y otros inversores. En el comunicado, señaló que la decisión se sustenta en los informes que realizaron sus técnicos, los de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y los «aportes de la participación pública».

La cartera catalogó el proyecto de «alta sensibilidad ambiental» y señaló efectos irreversibles, especialmente hacia «los ecosistemas allí presentes». De todas formas, el dato clave para no aprobarlo fue que no resultaba viable porque la edificación se emplazaba dentro de una franja de 150 metros medidos desde la línea superior de la ribera, lo que lo hacía incompatible con la normativa de ordenamiento territorial.

Caída la autorización ambiental y sin que el gobierno departamental pueda expropiar el predio, Punta Ballena continúa en manos privadas. De ahí la relevancia de su inclusión como área natural protegida. El viernes 16 de enero la comisión creada por el gobierno de Maldonado elevó su informe final al intendente Abella, con sugerencias.

El diputado frenteamplista Joaquín Garlo, integrante de la comisión, señala a Brecha que, además de proponer el ingreso al SNAP, el texto plantea, por un lado, resolver el conflicto a futuro mediante la expropiación de Punta Ballena y, por otro, avanzar en un plan de ordenamiento territorial. Y también algo que «ha quedado más soslayado, pero representa un hito relevante: iniciar el proceso para toda la microrregión de Punta Ballena, que va desde Piedras del Chileno hasta el arroyo del Potrero», señala el diputado. Además, se plantean medidas cautelares para otros terrenos linderos que hoy se encuentran baldíos y poseen condiciones ecosistémicas relevantes que justifican su protección.

Según Garlo, en paralelo a la comisión especial sobre Punta Ballena, también se conformaron cuatro comisiones interpartidarias promovidas por la intendencia. El diputado del Movimiento de Participación Popular integra la comisión de Ordenamiento Territorial, en la que se estudian otros mecanismos de protección para distintas zonas del departamento. Entre ellas se encuentran el eje central San Carlos-Maldonado-Punta del Este; la zona de Piriápolis y sus adyacencias; la revisión del plan local que comprende el territorio entre la laguna Garzón y la laguna José Ignacio, y toda la franja de la costa este, que incluye el balneario Buenos Aires, Manantiales, El Tesoro y La Barra.

Garlo destaca que ninguno de estos ámbitos se habría generado sin el movimiento social, que impulsó las instancias necesarias para que se dieran estas discusiones. «El mayor aprendizaje que tenemos es que la participación ciudadana es clave y que, a pesar de que tenemos una legislación bastante vetusta que hay que mejorar, el dinero no es el que manda en estas decisiones.»

Ahora, el proceso entra en una etapa decisiva: resta que la Intendencia de Maldonado formalice el ingreso de la propuesta ante el SNAP. El intendente se comprometió a tomar el trabajo de la comisión y conformar un grupo técnico para iniciar ese camino. El último paso de un hito ambiental que marca un precedente para el país.