Casi nadie se atreve a negar que Venezuela sufre la crisis más grave de su historia. Por quinto año consecutivo el país presentará la inflación más alta del mundo (estimada en 82.766 por ciento para el período de julio de 2017 a julio de 2018). En julio de 2018 la inflación del mes alcanzó el 125 por ciento y la inflación acumulada en 2018 roza el 10.664,7 por ciento. De este modo, el país lleva nueve meses consecutivos de hiperinflación.
Venezuela padece además un déficit fiscal que ronda el 20 por ciento del Pbi (al menos por sexto año consecutivo), el riesgo-país más alto del mundo, las reservas internacionales se ubican en el nivel más bajo de los últimos 20 años (menos de 8.500 millones de dólares) y una aguda escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas). El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se ha incrementado en más de 9.900 por ciento en lo que va de 2018.
Sobre ese infausto panorama el presidente Nicolás Maduro lanzó lo que dio en llamar “Programa de recuperación y prosperidad económica”. El plan de “salvación” es aún desconocido. Pero se difundió una serie de anuncios que prometen llevar a un gran viraje en la política económica nacional. Veamos de manera sintética el núcleo de esas proclamas y el contexto concreto del cual dimanan.
La hiperinflación anualizada más alta de la historia. Mientras que las hiperinflaciones ocurren por lo general sin caídas dramáticas de la producción, la hiperinflación de Venezuela presenta un fuerte derrumbe en el suministro de bienes, ya que la economía se ha reducido drásticamente cada año desde 2014. Según cifras del Fondo Monetario Internacional (Fmi), en 2016 la producción disminuyó 16,5 por ciento, y la caída de 2017 y 2018 se estima en unos valores semejantes. Cálculos propios muestran que la caída en el Pbi para el período 2013 a 2018 podría llegar a rozar el 45 por ciento.
Si la inflación del mes de julio (la más alta en nuestra historia) se repitiese por los próximos 11 meses, hablaríamos de una inflación anualizada de 1.683.411,21 por ciento. Si la primera hiperinflación registrada en noviembre de 2017 (el primer mes de hiperinflación, con 56,7 por ciento) se repitiese como promedio mensual, la inflación anualizada sería 21.919 por ciento, un escenario que quizás el gobierno maneje como “deseable”, pero ya imposible. Para Steve Hanke, especialista en procesos de hiperinflación en el mundo, la hiperinflación anualizada (julio 2017 a julio 2018) alcanzó la escalofriante cifra de 65.320 por ciento. Esta inflación fue medida a través de las variaciones del tipo de cambio paralelo, puntualmente el indicador de Air TM.
A simple vista, el “elefante en la sala” parece ser la hiperinflación, en segundo lugar la profunda caída de la producción y en tercer lugar la destrucción voraz del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Siendo estos tres ejes nodales en la crisis económica, el gobierno ha decidido atacar a los tres a la vez. Veamos…
¿En qué consiste el “plan”?
1) El plan económico no existe o no se ha dado a conocer al público. Si el gobierno anhela credibilidad y confianza en su plan secreto, este debería dejar de serlo y abrirse a los venezolanos.
2) Al no conocerse el plan, todas las medidas lucen aisladas y dispersas. Propuestas llamativas parecen saltar de la chistera de un mago sin ninguna organicidad o armonía.
3) El plan no tiene el más mínimo consenso entre diversos sectores gremiales, políticos, sindicales, populares ni académicos. Por ende, genera más dudas, temores e incertidumbre que esperanzas.
4) Un diálogo abierto hubiera podido pulir las aristas problemáticas del plan y haber generado cierta sensación de participación, lo que habría podido dar lugar a compromisos y apoyos sociales indispensables. Pero tal como fue implementado, los anuncios suenan como órdenes, como gritos cuyo incumplimiento acarrea castigos.
5) Los anuncios atacan factores esenciales de la economía, pero dejan de lado muchísimos ámbitos importantísimos que son sintomáticamente olvidados. El plan debería estar disponible para su exhaustiva revisión, y debería ufanarse de ser lo más completo posible.
6) Y para ser un verdadero plan tendría que tener metas específicas en cuanto a fechas, indicadores y magnitudes a las cuales se quiere llegar. La ausencia de toda prospección técnica hace parecer los anuncios como una declaración de intenciones muy optimista y etérea. El wishful thinking habitual.
Extractos comentados de anuncios sueltos. 1) La varias veces pospuesta reconversión monetaria fue confirmada para el 20 de agosto. Luego de anunciar que se le quitarían tres ceros al bolívar, hace unos días se decidió que fueran cinco ceros. El “bolívar fuerte” pasa a llamarse “bolívar soberano”.
El problema de esta medida necesaria es que es apresurada, porque no tiene la preparación que requiere un cambio tan drástico en la familia dineraria, que hoy en día, según el Banco Central de Venezuela, apenas puede cubrir el 0,9 por ciento de la liquidez monetaria. Es evidente que la cantidad de billetes requeridos no está disponible, que coexistirán los nuevos billetes con los anteriores (más sus dos ampliaciones) y que debieron eliminar seis ceros en lugar de cinco. Obviamente debemos destacar que desde 2008 se le han quitado unos ocho ceros a la moneda y que la reconversión monetaria debió ser la guinda del pastel de un programa de estabilización macroeconómica, y no precederlo. De no tomarse con seriedad las medidas económicas antinflacionarias es evidente que en pocos meses los cientos de millones de dólares invertidos en la reconversión habrán caído en un saco roto, debido al ritmo inflacionario.
2) El gobierno decidió “anclar” el bolívar al petro y darle a éste un valor oscilante de 60 dólares. El valor del petro será entonces de 3.600 bolívares soberanos (el tipo de cambio implícito será de 60 bolívares soberanos por dólar, es decir 6 millones de bolívares fuertes).
El petro es una “criptomoneda” que carece de venalidad. Las supuestas miles de ofertas de compra del petro jamás se concretaron, y no se compra ni se vende. El petro está respaldado por las reservas de petróleo del Bloque I de la faja petrolífera del Orinoco. El asunto es que (aparte de ser violatorio de la Constitución y de la ley de hidrocarburos) la garantía real de cada petro no existe, ya que el petróleo que la “sustenta” está a cientos de metros debajo de la tierra en una zona donde no hay extracción ni procesamiento alguno. Extraer ese petróleo extrapesado cuesta decenas de miles de millones de dólares que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no tiene. Para ser un respaldo real, el petro debería ser canjeable por una cantidad de petróleo clara y específicamente establecida.
El tipo de cambio y el valor del petro se decidieron de una manera completamente arbitraria. Aunque sabiamente se derogó la ley de ilícitos cambiarios, no se anunció la eliminación del control de cambio ni se planteó un nuevo sistema de cambio libre.
3) Maduro fijó “el salario mínimo, las pensiones, y la base de salario para todas las tablas del país” en 1.800 bolívares soberanos (180 millones de bolívares fuertes). El actual salario es de apenas 3 millones de bolívares fuertes, si le adherimos el bono de alimentación, la remuneración mínima legal mensual es de 5.196.000 bolívares fuertes, es decir, 51,96 bolívares soberanos. El presidente no especificó si el aumento del salario incluía o no el bono de alimentación. Partiendo de que éste representa una gran parte del salario (lo que amerita una reforma de la ley del trabajo), diríamos que el aumento neto porcentual fue de 3.364 por ciento, de un solo plumazo. Según el dólar oficial (Dicom), representa 30 dólares mensuales, justo en el umbral de la pobreza extrema que se calcula por debajo de un dólar por día. A la cotización del dólar paralelo el sueldo mínimo es de unos 18 dólares mensuales, un terrible salario de miseria e inanición.
El problema con este “munificente” incremento salarial es que es asombrosamente elevado para las capacidades de pago del 95 por ciento de las empresas. Por más doloroso que parezca, ni el arruinado y deficitario Estado ni los quebrados empresarios tienen el suficiente dinero como para pagar ese incremento, ya que su producción y la productividad correlativa del trabajo son extremadamente bajas. Por ende, no hay base económica para un aumento semejante, ya que se está en el estadio más álgido de la crisis, es decir, de la caída de la producción motivada por el cierre o paralización de cientos de miles de empresas.
Aunque muchas empresas sobrevivirán a este incremento extrínseco en su nómina, es de esperar una fuerte ola de despidos, ya que casi ninguna empresa pequeña que no haga exportación puede soportar de un solo golpe una nómina 33 veces más alta. El despido podría ampliar el “ejército industrial de reserva” y, peor aun, llevar a otros cientos de miles de trabajadores a formar parte de la “población obrera sobrante consolidada”. Ello aumentaría la oferta de trabajo y reduciría los salarios reales. A su vez, los despidos y paralización de la producción harían aumentar la escasez, lo que empujaría los precios hacia arriba y licuaría aun más rápido el incremento nominal de los salarios, azuzando el ritmo inflacionario.
Para que el Estado pueda pagarle a su propia nómina de alrededor de 3 millones de empleados más 4 millones de adultos mayores pensionados, requerirá 33 veces más dinero del que erogaba hasta agosto pasado. Si el mismo gobierno admitió que está en déficit fiscal (que sus egresos son mayores a sus ingresos), no podrá pagar ese incremento con otra herramienta que no sea la emisión de dinero sin respaldo, es decir, dinero inflacionario. Ello será gasolina para la fogata de la hiperinflación; esa acción amenaza con darle un ritmo inflacionario tremendo que haría desaparecer el incremento salarial en dos o tres meses (en el mejor de los casos).
Por si fuera poco, Maduro anunció que el gobierno asumirá el costo de pagar la diferencia salarial en toda la pequeña y mediana industria y de sectores privados durante 90 días. Si más del 90 por ciento de las empresas del país son pymes (alrededor de 126 mil), podemos decir que el gobierno también pagaría directamente a más de 3 millones de trabajadores adicionales, un enorme gasto añadido a sus 7 millones de dependientes. ¿Más?, bueno, el gobierno prometió pagar un bono de 600 bolívares soberanos a 10 millones de personas afiliadas al bolivariano carné de la patria.
¿Hay que aumentar el salario real de manera significativa? Sí. ¿Los aumentos nominales del salario son el camino para incrementar el salario real? No. Desde 2013 hasta junio de 2018 Maduro aumentó el ingreso mínimo legal (salario más bono de alimentación) en 129 mil por ciento. En ese mismo período la caída del salario real ha sido de 86 por ciento. Es muy necesario entender que el poder adquisitivo no se eleva por decretos ni ucases. Requiere un sólido y sostenido incremento en el desarrollo de las fuerzas productivas, una expansión de la productividad y de la magnitud de la producción. Sobre esta última base se pueden desarrollar todas las luchas obreras posibles por ampliar la remuneración, por reducir la plusvalía arrebatada por el capital. Sin esa base es imposible aspirar a ninguna mejora.
4) Lo más insólito de las medidas es que tienen un “remate”, en el cual el presidente dice que van a ir hacia un déficit fiscal cero y que su norte es la disciplina fiscal. En tal sentido se anunció una batería de impuestos fuertemente contractivos que chocan con su interés de generar crecimiento económico inmediato:
El impuesto al valor agregado (Iva) aumentará cuatro puntos porcentuales (de un 12 por ciento a un 16 por ciento) para los bienes suntuarios, manteniendo las exenciones de bienes y servicios esenciales. Se aumenta el impuesto más regresivo y desestimulante del consumo mientras se mantienen exenciones al pago del impuesto a la renta (Islr) (un impuesto progresivo) a las grandes petroleras, desde Pdvsa hasta las empresas mixtas.
El Islr establece el pago de anticipos del 1 por ciento sobre las ventas diarias de los contribuyentes especiales. En el sector financiero asegurador el pago será del 2 por ciento. El rango para el pago de anticipos mensuales del Islr será de entre 0,5 por ciento y 2 por ciento. Son cargas importantes para el sector privado, que, sumadas a los siderales aumentos impuestos a cada nómina, dificultarán aun más la actividad productiva.
Se fija un impuesto a las “grandes transacciones financieras” en un rango que va de 0 por ciento al 2 por ciento para el universo de contribuyentes especiales, exceptuando el sector industrial necesario para dinamizar la actividad productiva nacional.
Corolario. El rosario de anuncios presidenciales es una increíble mezcolanza de anhelos económicos. El gobierno busca tres objetivos cuyas políticas exigen gradualidad y resolver, a modo de escalera, un paso a la vez. Los anuncios pretenden resolver todos los problemas con soluciones intrínsecamente contradictorias. Por ejemplo, uno de los anuncios que no comentamos busca “obligar” a que los precios no suban (luego del aumento de 3.300 por ciento en la nómina salarial) a fuerza de más regulación y acción punitiva. El ideal buscado es que la inflación en setiembre sea 0 por ciento, a pesar de haberse incrementado el salario 33 veces (como mínimo).
Es realmente trágico que la alta burocracia crea que la economía es un pony de circo que hace todas las piruetas y volteretas que su gentil amo le ordena. No se entiende que la economía no “obedece” a los designios y a la abstracta voluntad del planificador. El gobierno aún está a tiempo de discutir, dialogar y pulir (o eliminar) diversas aristas del “plan” que aún se desconoce, pero que es menester debatir y criticar.
Según las cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (Onu), unos 2,3 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. Colombia, Ecuador, Perú y Brasil son los principales destinos de los emigrantes. La mayor parte de los que se fueron cita la falta de alimentos como la principal razón de su salida, y hay datos que señalan que 1,3 millones de personas sufren malnutrición. Las nuevas medidas anunciadas pueden hacer que la diáspora empeore sensiblemente. La acelerada quiebra de empresas podría tomar más impulso al ritmo de la hiperinflación. No está de más decir que la fuga de fuerza de trabajo calificada y la exportación del llamado “bono demográfico” pueden dificultar enormemente la recuperación de una senda productiva, ya que la escasez de profesionales formados en diversas áreas es muy severa. Tristemente en el “plan” no asoma la posibilidad de generar estrategias para repatriarlos.
* Economista, magister scientiarum en ingeniería industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo).
(Tomado de Nueva Sociedad, con autorización del medio.)
