Autores: Héctor Navarro / Oly Millán / Gustavo Márquez / Ana Elisa Osorio / Edgardo Lander / Juan García / Gonzalo Gómez / Santiago Arconada. Integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución hemos venido tomando iniciativas y denunciando el régimen autoritario e inconstitucional del presidente Maduro, quien a raíz de perder el control de la Asamblea Nacional (AN), luego de la aplastante derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, comenzó a gobernar al margen de la Constitución mediante la aplicación de un estado de excepción permanente, para evadir y neutralizar el control del parlamento nacional y facilitar la entrega al gran capital corporativo trasnacional de la explotación primaria de nuestros recursos naturales, mineros y petroleros. Optó por avanzar en la profundización del modelo rentístico extractivista depredador, lesionando la soberanía nacional y el patrimonio social, natural y económico de la nación. El Arco Minero del Orinoco, los acuerdos de servicios conjuntos de Pdvsa en términos viles, que nos retrotraen al régimen de concesiones de Juan Vicente Gómez y a los contratos operativos de la apertura petrolera de Luis Giusti, son la muestra de la clara orientación entreguista de un gobierno cada vez más autoritario y opaco, que sustenta su poder en el control político clientelar y en la represión y coacción policial, violando los derechos humanos, con la falsa bandera de la lucha antimperialista y de la defensa de la revolución bolivariana.
Habiendo perdido la base social de apoyo heredada del liderazgo de Chávez, por su connivencia y tolerancia con la corrupción y su incapacidad para corregir errores en el manejo de la política económica y en la conducción del proceso, el gobierno de Maduro optó por preservar el poder a toda costa sin importarle los graves daños causados al pueblo de Venezuela y sus instituciones, echando por tierra los logros políticos y sociales alcanzados por la revolución bolivariana, para lo cual no dudó en llevarse por delante su logro histórico fundamental: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, parida por un proceso constituyente inédito, que sentó las bases del protagonismo popular a través de la profundización de la democracia y de su ejercicio directo y refrendario. La instrumentalización del poder electoral para “legitimar” la suspensión del referéndum revocatorio presidencial convocado por la oposición (2016), y la posterior convocatoria a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (2017) otorgándole poderes “supraconstitucionales” y plenipotenciarios, sustituyendo de facto a la Asamblea Nacional y usurpando la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo, fueron rechazados y denunciados en su momento por esta Plataforma.
LA IDEA DEL “VACÍO DE PODER”. El 20 de mayo de 2018 el presidente Maduro resultó electo para un nuevo período constitucional de seis años, en unas elecciones adelantadas caracterizadas por un claro ventajismo e irregularidades, en las cuales hubo una abstención del 52 por ciento, superando en 30 por ciento la abstención promedio de los tres últimos procesos electorales presidenciales, en lo cual tuvo un peso importante el llamado a no participar que hizo un sector de la oposición con el propósito de evidenciar la ilegitimidad del régimen madurista, al que se sumó el escepticismo derivado de la fragmentación de los opositores y la desconfianza en el manejo del proceso por el Consejo Nacional Electoral (Cne). En esa oportunidad la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución llamó a participar en el proceso electoral, por considerar que la abstención, además de dejarle el campo libre a Maduro para atornillarse en el poder, también se lo abría al gobierno de Estados Unidos y sus aliados, interesados en imponer la tesis del “Estado fallido” al demostrarse, según ellos, la “ilegitimidad de origen” del presidente, para luego justificar su intervención en Venezuela, siguiendo la ruta de la creación de un “Estado paralelo”, como hicieron en Libia.
No es casual que el vocero más conspicuo de Trump en la Oea, Luis Almagro, haya participado directamente en la campaña electoral llamando a no votar, presumiendo que una alta abstención permitiría declarar la “ilegitimidad de origen” del presidente electo, con el fin de desconocer su mandato y proclamar el “vacío de poder” a fin de darle “legitimidad” a un gobierno paralelo impuesto por Estados Unidos.
Reconocemos que en la alta abstención en el proceso electoral del 20 de mayo jugaron un papel importante la pérdida de credibilidad del liderazgo político y el escepticismo de amplios sectores de la población respecto de la eficacia de la participación electoral como medio para cambiar la situación del país, y también la desconfianza en el Cne y la fragmentación del liderazgo opositor. Sin embargo, independientemente de que algunos sectores opositores acompañaron de buena fe la abstención para demostrar su rechazo al gobierno de Maduro, los efectos prácticos de ésta y de la política abstencionista impulsada por el Departamento de Estado –y asumida por algunos sectores de la oposición extremista proyanqui– han sido la desmovilización del pueblo venezolano, evitando que asumiera su condición de decisor fundamental en la salida a la crisis por medio de la vía pacífica y constitucional.
De ese modo Estados Unidos y sus aliados pasaron a ser actores de primera línea bajo el paraguas de la “comunidad internacional” para imponer un desenlace por la vía violenta o a través de una negociación injerencista con el gobierno de Maduro, funcional a sus intereses económicos y geopolíticos, hiriendo gravemente la soberanía del Estado-nación venezolano.
Creemos que la ilegitimidad del presidente Maduro proviene del rechazo de una mayoría aplastante de venezolanos y venezolanas que consideran a su gobierno el principal responsable de la terrible crisis que los agobia, de la masificación de la pobreza, del colapso de los servicios públicos, de la parálisis económica, de la hiperinflación y de la destrucción del tejido social y productivo del país, además de muy graves violaciones persistentes de la Constitución. Igualmente, también hay un rechazo a la violencia y a la injerencia externa. Esa mayoría considera, de igual modo, que la vía para restaurar el Estado de derecho y la institucionalidad perdida es la movilización pacífica sustentada en los mecanismos constitucionales. En ese sentido, respaldamos las luchas y reclamos de las trabajadoras y trabajadores venezolanos por la defensa de su salario y de sus condiciones de vida y de trabajo, hoy terriblemente afectados por la caída del ingreso y por el desconocimiento del gobierno de la contratación colectiva y demás conquistas laborales y socioeconómicas. Esas luchas deben articularse con la lucha por la restauración de la Constitución.
Rechazamos la creación de un Estado paralelo centrado en la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia (Tsj) en el exilio apoyado por Estados Unidos y el Grupo de Lima, porque conduciría a la profundización de la crisis y a un “choque de trenes” que podría derivar en un conflicto interno de consecuencias impredecibles, comprometiendo la soberanía e integridad de la nación.
Sólo el pueblo de Venezuela, apoyándose en la Constitución y conforme a su derecho inalienable a la autodeterminación, debe ser quien decida sobre la salida a la crisis política.
LA “RUTA DE TRUMP”. El pronunciamiento del Grupo de Lima sintetiza la hoja de ruta trazada por el gobierno de Donald Trump para tensar la cuerda al límite, con el fin de darle jaque mate al gobierno de Maduro, para colocarlo frente al dilema de negociar su rendición o enfrentar la ofensiva final de la alianza Estados Unidos-UE-Grupo de Lima, eufemísticamente llamada “comunidad internacional”, a través del estrangulamiento económico seguido de una “intervención humanitaria” tipo Libia, articulada con la puesta en escena de la disputa territorial por el Esequibo y del reclamo del gobierno colombiano por la presencia en Venezuela de la guerrilla del Eln, como detonantes de conflictos en los flancos occidental y oriental.
La ficha clave en esta jugada –que han venido preparando minuciosamente el Departamento de Estado y el Comando Sur junto al Grupo de Lima–, con la cual esos poderes fácticos pretenden rebasar la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano, para imponer un gobierno tutelado desde Washington y condicionado a los intereses del gran capital trasnacional, comprometiendo la existencia misma de la nación, es la derecha apátrida que fuera y dentro del país ha hecho suya esa estrategia intervencionista, asumiéndola como la única opción para lograr un cambio político en el país, desechando de plano la salida a la crisis por la vía pacífica y constitucional. El pronunciamiento del Grupo de Lima es también un emplazamiento dilemático para los movimientos y organizaciones políticas que hacen vida en el país. Por nuestra parte, rechazamos en todo su contenido ese pronunciamiento intervencionista violatorio del derecho internacional y ofensivo a la dignidad del pueblo venezolano, con base en las siguientes consideraciones:
* El Grupo de Lima es un conglomerado informal de presión creado bajo los auspicios de Estados Unidos a partir de los cambios de gobierno hacia la derecha que ocurrieron en la región en los últimos años, ante la imposibilidad de lograr una mayoría en la Oea para imponer la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra del gobierno de Venezuela. La creación de ese grupo se produjo en el contexto de la deserción y reducción de la participación de algunos de sus países miembros de la Unasur, siguiendo la política estadounidense de dinamitar la arquitectura de integración latinoamericana, con el fin de devolverle a la Oea el protagonismo perdido como foro regional y su condición de “ministerio de colonias”. No son razones humanitarias sino políticas y económicas las que animan a ese bloque de gobiernos, y lo que está de por medio son las ambicionadas riquezas naturales y la primera reserva petrolera del mundo.
* Al asumir de manera arbitraria y unilateral la facultad de calificar la legitimidad de los órganos del poder público venezolano –renunciando al escenario multilateral, a la mediación, y al diálogo como el instrumento fundamental para dirimir pacíficamente las diferencias y conflictos entre los estados y dentro de los países–, le dan sustento a la política del gobierno de Trump de bloquear cualquier salida que surja de la decisión autónoma y soberana de los venezolanos. De ahí su política de impulsar el abstencionismo y la insurrección violenta desmovilizadora, con las cuales se embanderó la derecha extremista, dándole al gobierno la oportunidad de justificar la aplicación de un “estado de excepción” de facto, que, aunque inconstitucional, le ha servido de coartada para gobernar al margen de la Constitución e imponer un régimen represivo para supuestamente “garantizar la paz” y atornillarse en el poder. Al reconocer la legitimidad del Tsj en el “exilio”, desconocer el nuevo mandato del presidente Maduro y reconocer a la AN como el único poder legítimo, el Grupo de Lima presiona hacia la constitución de un Estado paralelo, hacia un conflicto de poderes, hacia una confrontación de alcance internacional de consecuencias impredecibles entre el gobierno de Maduro, respaldado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), y la oposición extremista atrincherada en la AN.
* El guion seguido por una mayoría de la AN liderada por su nuevo presidente, Juan Guaidó (Voluntad Popular), sigue la misma estructura y letra del pronunciamiento del Grupo de Lima y del jefe de la diplomacia estadounidense, tanto en cuanto al desconocimiento del mandato de Nicolás Maduro como en lo referido al carácter plenipotenciario que asume la AN para designar un presidente interino o “consejo de transición”, que ejercería la “coordinación” con la Fanb, la designación de representantes ante instancias internacionales y la conducción de un proceso de transición, todo ello presumiendo que el cargo de presidente estaría vacante. La dualidad de poderes que promueven Estados Unidos y sus aliados podría conducirnos a un conflicto en el que las víctimas seremos los venezolanos y el poder de decisión quedará a merced de los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos y sus aliados.
* El hecho de que diez de los 12 gobiernos del Grupo de Lima se retractaron del espaldarazo que le dieron a Guyana, en su reclamo ante Venezuela por la expulsión de una embarcación extranjera que, con la autorización de ese país, penetró aguas venezolanas en el Delta del Orinoco, no le quita relevancia al cipayismo vergonzoso de los gobiernos que integran ese grupo. Ese es sólo un movimiento “táctico”, lo que cuenta es su intención y voluntad demostradas de adhesión total, incondicional e inédita a la posición de Estados Unidos de reconocerle a Guyana soberanía plena sobre el Esequibo y una porción importante de la plataforma continental del Delta del Orinoco, como si esta disputa fuera algo coyuntural vinculado al gobierno de Maduro, y no un asunto de Estado de carácter histórico, altamente sensible para los venezolanos, porque afecta la integridad del territorio nacional. Para colmo del irrespeto, se atrevieron a calificar a la Fanb como “provocadores” y “violadores de los derechos humanos de los países vecinos” (refiriéndose a Guyana) cuando una nave patrullera de la Armada Nacional Bolivariana interceptó y desalojó a un buque que realizaba estudios exploratorios para la Exxon Mobil con el permiso írrito del gobierno guyanés.
* Adicionalmente, ese incidente lo utilizan para justificar la suspensión de la cooperación militar en general y el posible establecimiento de una zona de exclusión aérea mediante la suspensión de los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en caso de asistencia humanitaria. Estas son señales que anuncian la preparación para un conflicto bélico, lo cual resulta mucho más preocupante si tenemos en cuenta que en ese grupo están Brasil, Colombia y Guyana, países que tienen frontera con Venezuela, y que con los dos últimos mantenemos diferendos territoriales.
Un sector extremista de la oposición, encabezado por el nuevo presidente de la AN, decidió adherirse al pronunciamiento del Grupo de Lima y del gobierno de Estados Unidos de declarar unilateralmente vacante la jefatura del Estado venezolano, argumentando la ilegitimidad de origen de la elección de Nicolás Maduro para el período 2019-2025, y en consecuencia procedió a conformar un Estado paralelo –en el que la AN asume las funciones del Poder Ejecutivo y reconoce como legítimo al Tsj “en el exilio”–, crea las condiciones para que se desencadene un conflicto interno que agravará la crisis y podría conducir a una guerra civil con participación internacional o, en el mejor de los casos, a una negociación, impuesta desde fuera, amenazando la integridad territorial y la soberanía nacional.
Desde esta Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución proponemos:
¿QUÉ HACER? Para el pueblo de Venezuela, la primera tarea es garantizar la preservación de la patria, porque sin ella ningún proyecto nacional sería posible para construir el futuro. De allí que cualquier propuesta, idea, decisión planteada en términos de lesionar nuestra herencia, nuestra integridad territorial, nuestra identidad nacional, nuestro derecho a la autodeterminación, incluyendo los derechos de nuestros pueblos originarios, debe ser combatida con absoluta firmeza, y es por ello que denunciamos y rechazamos como injerencistas las acciones del llamado Grupo de Lima, y cualquier venezolano, más allá de su opinión política, está en la obligación de sumarse a ese rechazo.
Asimismo rechazamos la tesis –que internacionalmente viene siendo manejada por un sector extremista de la oposición, siguiendo las instrucciones del gobierno estadounidense– acerca del “vacío de poder” y de la necesidad, en consecuencia, de una intervención extranjera. Tal idea, al final, busca limpiar el camino para la disolución de la república, para la repartición de lo que es de los venezolanos, para convertir a Venezuela, esa de las ocho estrellas, esa del libertador, esa de donde surgió la libertad para buena parte del continente, en un grupo de pequeñas republiquetas: un proceso de fragmentación. Pero eso no implica, de ninguna manera, que defendamos el actual gobierno, responsable de la gran crisis que nos agobia y responsable también, por acción u omisión, de poner en peligro a la república. Asumimos que en Venezuela sí existe un gobierno, pero éste es ilegítimo porque actúa al margen de la Constitución, y porque sus acciones son absolutamente contrarias al interés general. Por tanto, debe ser remplazado, pero no mediante un inconstitucional golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, sino a través de una acción coherente y sostenida de participación y movilización popular en el marco de la propia Constitución. La profundidad de la crisis requiere, sin dudas, un acuerdo general, un acuerdo de sociedad, no un simple acuerdo de cúpulas, y para ello, insistimos, la Constitución tiene previstos los caminos. No se trata de remplazar una cúpula por otra, se trata de que el pueblo, quien ejerce la soberanía (artículo 5 de la Constitución), se manifieste acerca de lo que verdaderamente quiere (artículos 70 y 71). Es necesario reinstitucionalizar la república, pero ello no es posible mientras las instituciones sigan siendo manejadas por los responsables de la crisis. Se trata de que, a partir de un acuerdo de patria, un acuerdo con visión de futuro, un acuerdo responsable, que prevea la renuncia de absolutamente todos los poderes, en forma ordenada y frente al pueblo, se llame, en tiempo perentorio, a un nuevo proceso general de elecciones que relegitime todos los poderes, para abrirle el camino a una nueva Venezuela. Se trata, en definitiva, de poner las decisiones en manos del soberano, como reza nuestra Constitución. De lo contrario, la deriva de la crisis nos conducirá inexorablemente a una guerra civil con participación internacional, la instalación directamente del fascismo, o la instalación, a partir de componendas, de un gobierno que no represente los intereses de los venezolanos.
La AN liderada por la oposición extremista avanza en la ejecución del proyecto de Estado paralelo promovido por la tríada Estados Unidos-UE-Grupo de Lima para desplazar a Maduro del gobierno, mientras éste, con el apoyo de la Fanb, acaricia la idea de disolver la AN y convocar unas elecciones anticipadas. En estas circunstancias, cuando está en juego la existencia de la nación, es que el pueblo debe ser el protagonista de su propia historia para decidir el destino de la república, ejerciendo plenamente su derecho a la autodeterminación.
Por esa razón proponemos que la disputa entre el gobierno y la AN debe resolverse mediante el diálogo y la negociación, tomando como punto de partida la convocatoria a un referéndum consultivo vinculante, en el que los venezolanos decidamos, en elecciones transparentes y con base en los artículos 70 y 71 de la Constitución, si queremos o no renovar todos los poderes públicos.
(Este texto fue difundido originalmente el 17 de enero con el título “No al Estado paralelo impulsado por Estados Unidos, UE y Grupo de Lima. Rechazamos el régimen entreguista e inconstitucional de Nicolás Maduro. Referéndum para renovar todos los poderes públicos”. Brecha reproduce fragmentos con nueva titulación.)
