Algunas irregularidades del directorio del Brou comprobadas por el Tribunal de Cuentas: cobro de sueldos por encima del tope legal; contrataciones sin contrato; ausencia de documentación de uso de tarjetas corporativas; y un gasto sin crédito por un equivalente a 100 millones de dólares.
Diciembre terminó con un sonado triunfo para el directorio del Banco República (Brou): la defensa del llamado “proceso de reestructura” que –con el decidido apoyo del ministro de Economía– realizó en la reunión de Diputados en régimen de comisión general facilitó, días después, el levantamiento del conflicto sindical que enfrentaba las privatizaciones, el cierre de sucursales y el deterioro salarial para varias actividades tercerizadas.
Enero comenzó mostrando algunas de las facetas de la política que los directores Jorge Polgar, Leandro Francolino, Adriana Rodríguez y Pablo Moyal –que representan a la mayoría– defendieron en el Parlamento. En la última sesión del Tribunal de Cuentas de la República (Tcr), el 27 de diciembre, pero divulgada en la primera semana del nuevo año, el organismo convalidó el informe de auditoría del contador interventor que analizó el balance de ejecución presupuestaria del Brou correspondiente al ejercicio 2016.
El contador delegado del Tcr observó varios gastos: el apoyo financiero a la empresa Empretec Uruguay, por 120 mil dólares, pese a que había sido contratada para una auditoría externa por 120 mil pesos, y el desembolso de 1.396.000 pesos para el mantenimiento de La Azotea de Haedo, una finca puntaesteña, antigua propiedad del legendario dirigente blanco Eduardo Víctor Haedo.
La resolución del Tcr registra que no fueron proporcionados los documentos probatorios de los gastos de fondos permanentes (una especie de “caja chica”) y otros gastos de dependencias; al negar la documentación, las autoridades del Brou argumentaron que está en curso el desarrollo de un sistema integral de ejecución presupuestal que permitiría visualizarla en su totalidad.
La resolución indica que “se detectaron inconsistencias en el código de seguro de salud declarado para algunos funcionarios que cobran el beneficio de guardería. Las mismas dejan ver deficiencias en el sistema de control interno del sistema de liquidación de sueldos y de los procedimientos de control respectivos”.
El cobro de beneficios de guardería involucró a los miembros del directorio. La resolución no especifica quién o quiénes de los directores tuvieron cobros indebidos, pero el Tcr consignó al respecto: “integrantes de este directorio cobraron partidas por concepto de reintegro de asistencia mutual y guardería por hijos menores superando el tope establecido”. Ese tope está fijado por el artículo 4 de la ley 16.452, que establece: “La retribución del presidente de los directorios de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República será equivalente al total de la retribución del ministro de Estado, y la de los miembros de los referidos directorios será equivalente al total de la del subsecretario de Estado”. De modo que algunos directores cobraron más que el ministro Danilo Astori o el subsecretario Pablo Ferreri.
El Tcr consignó otra irregularidad: la no publicación en la página web del organismo el detalle de viático, la determinación de su utilización y el listado de comisiones de servicio en el exterior de los funcionarios con viáticos percibidos, razón del viaje y sus resultados. Al respecto, el informe a consideración del tribunal afirma que “no se ha puesto a disposición de los contadores delegados la documentación correspondiente a los gastos por tarjetas institucionales en oportunidad de realizar la intervención preventiva de los mismos”.
Hay, sin embargo, otras observaciones más graves, referidas a los controles internos. El Tcr especifica que “se realizaron erogaciones por servicios de profesionales bajo el régimen de arrendamiento de obra sin contrato vigente”; el directorio aprobó partidas de carácter no limitativo después de culminado el ejercicio; y, fundamentalmente, dispuso un gasto sin crédito disponible por un total de 2.843.436.871 de pesos, equivalente a 100 millones de dólares.
Si estas observaciones del Tcr no siguen el trámite habitual –ser completamente ignoradas–, quizás la Asamblea General (órgano parlamentario al que se remiten las decisiones) descubra en qué se gastaron esos 100 millones de dólares y a quién benefició el gasto.
