Las políticas económicas de la nueva administración de gobierno, entre las que destacan el endeudamiento externo público, la desregulación financiera, la apertura de las importaciones, la elevada tasa de interés, el incentivo a la especulación y valorización financiera y la permisividad frente a la fuga de capitales han determinado una necesidad de financiamiento de divisas, por encima de lo que aportan las exportaciones, por una magnitud del orden de los 40.000 millones de dólares anuales. Esta dependencia del financiamiento externo es la que ha colocado al país en un escenario al borde de la cesación de pagos, en la jerga económica, de default. Es este, y no otro, el núcleo del problema que está por detrás de las dos últimas corridas cambiarias que el país afrontó en los últimos cinco meses.
Es el temor de los acreedores frente a la posibilidad de que Argentina tenga que cumplir efectivamente los pagos de la enorme deuda pública que acumula el que dispara los comportamientos de salida de capitales que presionan al alza el tipo de cambio, en un contexto de elevada especulación sobre el valor del dólar. Ese fue el escenario de la primera corrida cambiaria de finales de abril y mediados de mayo, que en apenas 15 días hizo devaluar la moneda en un 50 por ciento. Es en el marco de esta primera corrida cuando el gobierno presenta un inesperado acuerdo con el Fmi. El acuerdo con el Fmi buscaba eliminar las incertidumbres de los acreedores respecto a la capacidad de pago de la deuda argentina, ya que se comprometía a otorgar un financiamiento del orden de los 50.000 millones de dólares por un período de tres años. Obviamente este acuerdo suponía también las vueltas de las condicionalidades del Fmi, ahora denominadas “metas”, que involucran al conjunto de la política económica, ya que van desde metas fiscales hasta monetarias, de reservas y de inflación. Metas que, en la práctica, se transforman en una política de ajuste de la economía, principalmente a través del ajuste del gasto primario, que, del 3,5 por ciento de déficit previsto para 2018, el acuerdo lo fija en 2,7 por ciento para el mismo año, una reducción del 1,3 por ciento en 2019 y un equilibrio para 2020. Metas que ocultan que su cumplimiento implica una reducción del 20 por ciento del gasto primario actual, que combinaría un ajuste del 80 por ciento de la obra pública, del 75 por ciento de las transferencias a las provincias, del 40 por ciento de los planes sociales (excepto las asignaciones familiares que se reducirían sólo un 5 por ciento) y de un 13 por ciento de los salarios de los estatales.
Las metas acordadas con el Fmi no son otra cosa que la reedición de una vieja receta fracasada en Argentina, que es la del déficit cero sobre la base de la reducción del gasto primario. Fracaso en un sentido, pero éxito en el otro. El fracaso estriba en que nunca se alcanza con esta lógica el ansiado déficit fiscal, puesto que la reducción del gasto primario supone una caída de la demanda interna. Entonces, la caída del gasto primario se traduce en caída de los ingresos, y el déficit primario se mantiene. A esta lógica hay que agregarle que los intereses de los pagos de deuda hacen incrementar el gasto total y le agrega una presión adicional a la reducción del gasto primario. De esta manera, se configura un proceso de ajuste perpetuo, que transforma el déficit en la excusa para reducir el gasto, sin que nunca se elimine el déficit. Fracaso, puesto que nunca se alcanza el déficit fiscal, pero éxito, porque el objetivo final buscado es la recesión del nivel de actividad, a la que se llega por efecto de la caída de la demanda interna, la que a su vez impacta en la reducción de las importaciones y permite achicar las necesidades de financiamiento. De este modo, la recesión es un objetivo buscado y no un accidente de esta política económica. El impacto en la caída del Pbi, del empleo, de los ingresos y el aumento de los fenómenos de la pobreza y la desigualdad son un efecto necesario, y no un defecto contingente, de esta estrategia de política económica.
LA FIESTA DE LOS EXPORTADORES. Sin embargo, esta estrategia tiene un defecto a los ojos voraces del capital financiero: tarda mucho en concretarse. Es una espiral que se retroalimenta en sucesivas rondas de recortes del gasto y su impacto en el deterioro del nivel de actividad. La recesión llega, pero lentamente. Es en este marco de avidez por el ajuste en que emerge la segunda corrida cambiaria de principios de agosto, con la excusa de que la meta de inflación acordada con el Fmi (del 32 por ciento) no se iba a cumplir, puesto que el efecto obvio de la primera corrida cambiaria era, como todos esperaban, un aceleramiento de la tasa inflacionaria. Así, con los datos de que la inflación (del 35 por ciento anual), fruto de la primera corrida, superaba la meta con el Fmi (del 32 por ciento), se desató la segunda corrida cambiaria que en apenas una semana hizo devaluar un 30 por ciento adicional a la moneda doméstica. No alcanzó con que se anunciara un nuevo acuerdo con el Fmi en el que se comprometía a adelantar la totalidad del financiamiento previsto para 2018 y 2019, sino que hizo falta que la devaluación alcanzara el cien por ciento del valor que la moneda tenía a principios de abril para que, en momentos que esto se escribe, se presencie una cierta calma cambiaria. Una calma que supone haber perpetrado una brutal transferencia de ingresos en favor de las empresas exportadoras, principalmente a las 15 líderes exportadoras (casi todas cerealeras), que en cinco meses tuvieron un crecimiento de 550.000 millones de pesos en su facturación (el mismo monto que el gobierno se comprometió con el Fmi a reducir del gasto público). Se ve con claridad que la fiesta de los exportadores la paga la sociedad en su conjunto.
La calma cambiaria se verifica en el marco de las nuevas metas fiscales que el gobierno comprometió con el Fmi, que supone profundizar el ajuste en curso. Si para 2018 el acuerdo anterior suponía un déficit del 2,7 por ciento, ahora en el anunciado nuevo acuerdo la meta es del 2,6 por ciento; y para el 2019, en que se había previsto un déficit del 1,3, ahora se prevé llegar directamente al equilibrio en dicho año, con el agravante de una cuenta de intereses que crece exorbitantemente, y que alcanza nada menos que 600.000 millones de pesos. La novedad del acuerdo respecto al anterior es que en el primer acuerdo la meta se conseguía con un ajuste del gasto primario, y en la nueva meta se la consigue con un ajuste sobre los ingresos, los que vuelven a aportar recursos fiscales por vía de la restitución de las retenciones a la exportaciones. Se trata de una retención light, puesto que es de apenas dos puntos porcentuales para las empresas exportadoras de aceites de soja. Este dato nuevo pone en tela de juicio el fracaso de la estrategia anterior. Esta vez están dadas las condiciones del doble éxito de la política económica: por un lado, pueden conseguir el ansiado superávit primario, ya que este no se centra sólo en reducción de gasto primario, que sigue estando, sino que se compensa con el aporte de los recursos fiscales de las retenciones. El segundo éxito es que la brutal devaluación supone derrumbar la actividad económica rápidamente, en un verdadero shock recesivo, que logra en un corto plazo lo que la estrategia anterior requería un tiempo de maduración.
Los propios datos del gobierno indican que la tasa de inflación se disparó arriba del 40 por ciento y que la economía se va a contraer más del 2 por ciento. El pequeño problema es que este éxito de la estrategia económica supone colocar al borde del estallido social a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aprendices de la crisis de 2001, el gobierno y el Fmi prevén aportar recursos focalizados para atender la situación de los sectores más vulnerables (pero de todos modos los aumentos previstos no alcanzan a reparar toda la pérdida sufrida). Aunque se evite el estallido social, en el medio queda enterrada la noción de desarrollo económico. Argentina va a quedar confinada a ser una plataforma exportadora de materias primas, destruyendo las capas medias, expandiendo su pobreza y la desigualdad en aras de mantener el altar de los pagos de deuda.
Es en este marco que quien escribe ha presentado una denuncia penal contra el presidente por el acuerdo con el Fmi, que no ha respetado los resguardos constitucionales, y se ha solicitado una suspensión de dicho acuerdo. Porque consideramos que lleva a Argentina al borde del colapso social. Se requiere una nueva concertación política con un conjunto amplio de actores que fije otro rumbo económico.
* Economista. Presidente de Unidad Popular (Argentina). Ex diputado.
