Operación masacre

El backstage del caso Assange.

Partidarios de Julian Assange manifiestan frente a la Corte de Magistrados en Londres para que no sea extraditado a Estados Unidos / Foto: Afp, Tolga Akmen

Según el relator especial de la Onu para la Tortura, Julian Assange fue víctima de una farsa: las denuncias de violación en su contra fueron fraguadas por la policía sueca, su “escape” a Londres no fue tal y la fiscalía británica presionó a sus pares nórdicos para que no abandonaran el caso. Estas son apenas algunas irregularidades de una larga lista que Nils Melzer relató para el portal suizo Republik. En el origen está, según él, la intención de Estados Unidos de perseguir el periodismo de investigación.

El viernes pasado, Nils Melzer, relator especial de las Naciones Unidas para la Tortura y especialista en derecho suizo, se sumó a las denuncias que desde hace varios meses se vienen haciendo por la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El australiano, actualmente detenido en Londres, dijo Melzer, “ha revelado la tortura, fue torturado y podría ser torturado hasta la muerte en Estados Unidos”. Lo que ocurre con él, declaró para el portal Republik, editado en la Suiza germánica, no es normal. Se lo quiere liquidar, y en esa operación de liquidación está involucrado, en primer término, Estados Unidos, pero también Suecia y Reino Unido, que han sido intensamente presionados por Washington para darle un escarmiento ejemplarizante a quien puso al desnudo crímenes de guerra y otros delitos cometidos por soldados y autoridades del país norteamericano y sus aliados. Todos los procesos judiciales contra Assange en Suecia e Inglaterra y el que se anuncia en Estados Unidos están bajo un manto de sospecha, dijo el relator de la Onu, y puso así de relieve las manipulaciones, a veces groseras, que constató en Suecia y el llamativo exceso de la condena infligida al activista australiano en Londres.

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Los relatores especiales de Naciones Unidas son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para tratar la situación de un país, un tema o un caso, pero no son funcionarios de la Onu ni cobran salario alguno. Son independientes y se involucran por decisión propia, aunque tienen el respaldo de Naciones Unidas. Melzer es relator especial de la Onu sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes desde noviembre de 2016.

El suizo comenzó a interesarse en el caso Assange hace cerca de un año, en marzo de 2019, luego de que en diciembre de 2018 los abogados del fundador de Wikileaks intentaran, sin éxito, que tomara cartas en el asunto. “Estaba sobrecargado con otras peticiones y no conocía realmente el caso. En mi percepción, influenciada por los medios de comunicación, también tenía el prejuicio de que Julian Assange es culpable de alguna manera y podía manipularme”, explica. Pero tres meses después, cuando los abogados le alcanzaron “algunos documentos clave” y “crecían los indicios de que Assange pronto podría ser expulsado de la embajada ecuatoriana”, aceptó involucrarse. Melzer dice a Republik que, apenas tomó contacto con la documentación, se dio cuenta de que algo no funcionaba como debía.

Fue en Suecia que todo comenzó, en agosto de 2010, cuando una mujer, identificada como S W, se acercó a una comisaría de Estocolmo acompañada por otra, de iniciales A A, para reclamar que se obligara a Assange a hacerse una prueba de Vih porque había mantenido relaciones sexuales consensuadas con él sin preservativo. “Antes de que el interrogatorio pudiera incluso ser completado, a S W se le informó que Assange sería arrestado bajo sospecha de violación. S W quedó impactada y se negó, entonces, a continuar el interrogatorio […]. Ella nunca acusó a Assange de violación. Se negó a continuar con el interrogatorio y se fue a su casa. Sin embargo, dos horas más tarde, Express, una revista sensacionalista sueca, publicó en primera plana que Julian Assange era sospechoso de doble violación.” No sólo se lo acusaba por el caso de S W, sino también de presunta agresión a A A, quien al principio había ido a la policía sólo como acompañante y luego aparecía, de golpe, como denunciante del australiano.

Las filtraciones inmediatas a la prensa sensacionalista y las acusaciones formuladas tan ligeramente contra Assange llamaron la atención de Melzer. Pero más sospechas le generó lo que siguió: el archivo del caso por la Fiscalía General sueca al no encontrarse pruebas de delito, en un primer término, y su reapertura, pocos días después, luego de que la policía reescribiera (“Sí, reescribiera, tengo todos los documentos, los emails, los mensajes de texto”) las declaraciones de S W. “Hubo una manipulación evidente que las autoridades utilizaron para construir una violación” insostenible, dice el suizo. Al enterarse por la prensa de las acusaciones que se le habían hecho, Assange quiso explicarse, señala Melzer. Debió esperar nueve días para hacerlo, soportar que su declaración fuera filtrada a la prensa, a pesar de su pedido expreso de que no se hiciera, y enterarse luego de que el comisario que lo recibió fue quien ordenó reescribir la declaración de S W. Frutilla de la torta: el Estado designó como abogado de las dos muchachas a Claes Borgström. “El hombre era socio del bufete del exministro de justicia Thomas Bodström, bajo cuya égida la seguridad sueca había secuestrado, en pleno Estocolmo, a dos personas sospechosas para Estados Unidos. Fueron secuestradas sin ningún tipo de juicio y entregadas a la Cia, que luego las torturó”, dice el relator de la Onu. (Algo similar le sucedió a Assange en Londres en abril de 2019. Una de las juezas que integraron el tribunal británico que examinó su caso y lo condenó a 50 semanas de cárcel por violar una salida bajo fianza –un delito que en Reino Unido es habitualmente penado con multas– está casada con “un hombre que había sido expuesto por Wikileaks en 35 casos”. El abogado de Assange objetó su parcialidad, “pero el juez desechó las objeciones sin examinarlas”.)

¿Por qué las autoridades suecas actuaron de esta manera?, le preguntan los periodistas de Republik a Nils Melzer. El relator de la Onu responde: “El contexto temporal es crucial. A finales de julio de 2010, Wikileaks, en colaboración con The New York Times, The Guardian y Der Spiegel, había publicado el llamado ‘Diario de la Guerra de Afganistán’, una de las mayores filtraciones en la historia del ejército de Estados Unidos. Estados Unidos inmediatamente exhortó a sus aliados a iniciar procesos penales contra Assange […]. En ese marco, Stratfor, una empresa consultora de seguridad que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, al parecer aconsejó entonces a las autoridades abrumar a Assange con todo tipo de cargos penales por los siguientes 25 años”.

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En un momento dado, luego de lo sucedido en Suecia, Assange viajó a Londres. Lo hizo autorizado por la fiscalía sueca, dice Melzer. Sin embargo, Estocolmo lo declaró prófugo y emitió una orden de captura internacional. La policía británica lo detuvo, pero la justicia lo liberó bajo fianza. “Esa historia de la fuga desde Suecia no corresponde tampoco a la realidad; fue construida”, señala el relator. Desde Londres, los abogados de Assange reiteraron que su cliente estaba dispuesto a responder a la justicia sueca. Cuando se enteró de que Estados Unidos ya estaba preparando un pedido de extradición en su contra, Assange volvió a insistir con que no tenía problemas con ser interrogado por los suecos, pero pidió garantías de no ser extraditado. Las autoridades suecas rechazaron la solicitud, aduciendo que no había ningún pedido formal de extradición desde Estados Unidos, y Washington negó que tuviera bajo estudio pedir la entrega de Assange. “Ahora sabemos que no era cierto y que el caso Assange ya se estaba armando en secreto”, dice Melzer.

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Fue en ese contexto que el fundador de Wikileaks decidió, el 19 de junio de 2012, pedir asilo en la embajada de Ecuador en Londres. El gobierno de Rafael Correa se lo concedió. Incluso estando refugiado, Assange continuó manifestando su voluntad de colaborar con la justicia sueca. Ofrecía declarar por videoconferencia o ante funcionarios suecos en la propia embajada ecuatoriana en Londres, como lo permite un tratado vigente entre los dos países. Suecia se negó, pero durante los 2.487 días en los que el australiano permaneció en la residencia diplomática hubo en otros casos 44 procedimientos de ese tipo entre Suecia y Gran Bretaña. “Hay una única explicación para la negativa sueca a otorgarle la garantía diplomática y a interrogarlo en Londres: querían ponerle las manos encima para poder extraditarlo a Estados Unidos”, asegura Melzer.

Las presiones de Washington sobre Suecia y Reino Unido, y luego sobre Ecuador, cuando Rafael Correa dejó el gobierno y llegó al poder Lenín Moreno, se hicieron cada vez más intensas. Los suecos estuvieron a punto de abandonar el caso, al hacerse insostenible la actitud del Estado, que nunca llegó a presentar una acusación formal contra Assange. Pero desde Reino Unido los conminaron: “No se acobarden ahora”, cita Melzer un email enviado por el Servicio de Fiscalía de la Corona británica a la procuradora general sueca.

Eso fue a comienzos del año pasado. En abril, el gobierno de Lenín Moreno decidió poner fin al asilo de Assange y entregarlo de hecho a la policía británica, que lo sacó manu militari del local diplomático. Conducido a un tribunal, se lo condenó a 50 semanas de prisión por violación de la libertad bajo fianza. Una condena absurda, cuyo único objetivo, señaló Melzer, “era mantenerlo en custodia hasta que Estados Unidos pudiera completar las acusaciones por espionaje”. Fue entonces que se supo a ciencia cierta que ya existía un pedido de extradición estadounidense por un cargo de conspiración, al que luego Washington agregó otros 17. La justicia sueca, entretanto, y en silencio, comunicó que archivaría el expediente abierto contra el australiano por falta de pruebas, como lo había decidido la Fiscalía en 2010. “Durante casi una década el Estado sueco denunció a Assange públicamente como un delincuente sexual y luego, de repente, abandonó el caso con los mismos argumentos que la primera fiscal había usado ya en 2010, cuando lo archivó tras cinco días.” Impresentable, subraya Melzer. En la maquinaria armada para cazar al activista australiano, Suecia ya no es necesaria, da a entender el relator de la Onu.

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El 11 de abril de 2019 comenzó en Londres un nuevo calvario para Assange: su estadía en una prisión de alta seguridad construida después de los atentados del 11 de setiembre de 2001 para alojar “terroristas”. El fundador de Wikileaks pasa desde entonces encerrado 23 horas por día, con derecho a apenas dos visitas sociales por mes y sin contacto con otros detenidos (véase “Una enciclopedia de la infamia”, Brecha, 20‑XII‑19). “Lo están matando con cuentagotas”, denunció repetidas veces uno de sus abogados, el francoportugués Juan Branco. Se está ante la paradoja, dice por su lado Nils Melzer, de que un hombre que denunció crímenes de guerra y ejerció a cabalidad el periodismo de investigación puede llegar a ser condenado a hasta 175 años de cárcel, es decir, a cadena perpetua, en un país en el que quienes cometieron delitos de lesa humanidad revelados por él se pasean lo más campantes. “A modo de comparación, los principales criminales de guerra del tribunal de Yugoslavia han recibido sentencias de 45 años. Assange recibiría 175 años en condiciones que son clasificadas como inhumanas por el relator especial de la Onu y Amnistía Internacional. Lo realmente aterrador de este caso es el vacío legal que se ha desarrollado: los poderosos pueden matar con impunidad y el periodismo se convierte en espionaje.”

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Las garantías de que Assange sea objeto de un juicio justo en Estados Unidos son, obviamente, casi inexistentes. Se lo juzgaría en Alexandria, Virginia, en el tribunal de espionaje, “donde se manejan todos los casos de seguridad nacional”, apunta Melzer. “La ubicación no es una coincidencia, ya que los jurados deben ser seleccionados en proporción a la población local. Y en Alexandria el 85 por ciento de la población trabaja para la comunidad de seguridad nacional, es decir, la Cia, la Nsa, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado. Cuando alguien es acusado de violar la seguridad nacional ante un jurado como ese, el veredicto es claro desde el principio. Los juicios son llevados a cabo siempre por el mismo juez, a puertas cerradas y basados en pruebas secretas. Nadie ha sido absuelto en estos casos.”

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