En pocas semanas, la «Intervención urbana Centenario del Palacio Legislativo» –la serie de obras propuestas por la vicepresidenta, Carolina Cosse, para reformar el entorno de la sede en el marco de sus 100 años– pasó de considerarse un meticuloso proyecto de múltiples componentes a nivel edilicio y urbanístico, anunciado en una conferencia de prensa en el mismo edificio, a ser tratado como una «idea», todavía «muy lejos, incluso, de ser un anteproyecto». Así lo planteó la vicepresidenta durante la presentación formal de la propuesta en la última sesión de la Comisión Administrativa del Parlamento, en donde le bajó el tono a la iniciativa que tantas críticas desató por su magnitud, en medio del escenario de restricción presupuestal tan reiterado por el gobierno y remarcado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al ser consultado al respecto. A Cosse no le gustó nada –y así se lo hizo saber a los legisladores– que el documento repartido a los integrantes de la Comisión Administrativa se conociera a través de la prensa antes de su presentación formal. «Creo que cuando se trabajó rumbo a esta reunión, en el medio hubo filtraciones de las que obviamente no podemos hacernos cargo. Considero que, por el bien de todos nosotros, tenemos que mantener un entorno y un clima de respeto y de intercambio a la altura», comentó en la última sesión de la comisión, el 14 de mayo, de acuerdo a la versión taquigráfica. En el encuentro y las posteriores declaraciones de los distintos actores, quedó claro que el proyecto está totalmente abierto a modificaciones, y no hay, todavía, certezas sobre qué elementos lo compondrán, en caso de que se alcancen los acuerdos necesarios para ejecutarlo.
Los detalles de la «intervención urbana integral», como se definió en la nota de presentación del proyecto que envió Cosse a los integrantes de la Comisión Administrativa, han sido ampliamente difundidos en las últimas semanas. En la misiva de tres páginas se explica que la propuesta incluye la construcción de un segundo edificio anexo al palacio –que ya cuenta con el edificio José Artigas, ubicado en la avenida de las Leyes, entre las calles Colombia y Panamá– de 2.600 metros cuadrados. Este edificio «polifuncional» estaría destinado a «programas de expansión de la capacidad edilicia institucional, así como a usos educativos y sociales». Contaría, entre otros elementos, con una plaza pública y un mirador en su azotea, un área de cowork, un espacio parala biblioteca del palacio, un hogar estudiantil y un CAIF. Luego, respecto del tránsito, plantea reconfigurar la circunvalación del palacio, incorporando «áreas verdes y mejoras en la circulación», además de la ampliación del estacionamiento y la instalación de una semipeatonal con bicisenda por la avenida General Flores hasta las facultades de Química y Medicina. En total, la cuantificación preliminar es de 15 mil metros cuadrados de nuevos espacios públicos. A nivel técnico, lo que se presentó fue una serie de renders para ilustrar los distintos componentes de la iniciativa y un estudio de impacto en el tránsito de la zona –elaborado por la consultora CSI, con fecha de diciembre de 2025– con aportes sobre las características del área relacionados con la incorporación de eventuales modificaciones al proyecto inicial.
BAJANDO A TIERRA
Uno de los elementos que generó mayor discusión en torno a la iniciativa fue el financiero, que depende de los cerca de 10 millones de dólares de fondos presupuestales dispuestos a través del Programa 747 para inversiones vinculadas al centenario del Palacio Legislativo. Desde la oposición, la cifra no solo fue considerada excesiva, sino que se advirtió por el riesgo de que ascienda en caso de concretarse. El senador colorado Tabaré Viera, por ejemplo, sostuvo que, según sus informes, «solo el edificio no baja de los 10 millones de dólares», por lo que, en total, la obra «no bajaría presupuestalmente de los 15 millones de dólares; 50 por ciento más de lo que hipotéticamente tenemos». En diálogo con Brecha, aclaró que se trata de un «cálculo primario» basado en el costo por metro cuadrado, entre otros indicadores, al que, además, habría que sumar las «variaciones incrementales por mayores costos» a las que está sujeta toda obra de infraestructura. Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a este semanario que, además de «inoportuno y costoso», llama la atención que el proyecto aún no haya sido apoyado orgánicamente por el Frente Amplio, algo que le daría otra entidad a la iniciativa. Sin ese respaldo, que el partido de gobierno evaluará recién la semana próxima, para el legislador el proyecto es solo una «inspiración personal faraónica de Cosse». Por otra parte, aunque todo el espectro político coincide en las limitaciones edilicias del palacio –la congestión de algunas de sus instalaciones, las dificultades para la preservación de documentos históricos–, que fueron ilustradas a través de imágenes que se presentaron en la comisión, así como en ciertos problemas de movilidad en su entorno, los legisladores plantearon dudas sobre algunos puntos del proyecto, como la pertinencia de crear un hogar estudiantil o la viabilidad de peatonalizar una avenida de la magnitud de General Flores.
En el marco de estos planteos, los dos principales asesores del proyecto, el arquitecto y excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM) Salvador Schelotto y la ingeniera civil Natalia Castro, abordaron las cuestiones más debatidas de la iniciativa en diálogo con Brecha. En primer lugar, aclararon que técnicamente todavía «no tiene un costo», ya que recién se está en una etapa inicial, en la que hay que definir si se quiere avanzar en el proyecto y qué elementos se quiere incluir. De todos modos, según dijeron, las propuestas incluidas se enmarcan en la cifra disponible; cerca de la mitad del presupuesto se destinaría al nuevo edificio y la otra mitad, a las remodelaciones urbanísticas. Una vez acordados los detalles, se elaborarían las bases de los concursos: uno para el edificio anexo y otro para las obras viales. Consultada por los cuestionamientos sobre la insuficiencia del dinero disponible, Castro indicó que eventualmente podría recurrirse a «otros programas que también hacen a reformas edilicias o rubros de obra» del palacio y no descartó que en lo urbanístico la IM pueda aportar más recursos, pero insistió en que «el objetivo es que cueste 10 millones de dólares». La asesora de Cosse afirmó que «la interacción con la intendencia es fundamental» y relató que el equipo mantuvo reuniones con autoridades y técnicos del gobierno capitalino, particularmente de las direcciones de Movilidad, Desarrollo Humano, Ambiental, Económico, entre otras dependencias, en las que la iniciativa fue «bien recibida y el material quedó a estudio». De hecho, ante la Comisión Administrativa, el equipo subrayó que, para avanzar en el proyecto, necesariamente debería votarse un convenio con la IM. Consultados sobre el asunto, desde la comuna indicaron a Brecha que por el momento no harán pronunciamientos.
Otro aspecto que produjo escepticismo en algunos legisladores fue el planteo de que los concursos para las futuras obras se realicen con el patrocinio de la Sociedad Uruguaya de Arquitectos (SUA), y se preguntaron qué rol jugaría, entonces, la división de Arquitectura del Palacio Legislativo, que, según sugirieron, debería hacer una evaluación exhaustiva de las carencias del edificio, como insumo para contemplar el proyecto. Al respecto, Schelotto indicó que, de concretarse ese convenio, la SUA aportaría un asesor técnico y un jurado para evaluar los concursos, lo que no iría «en detrimento» de los aportes de la IM o del palacio.
POLIFUNCIONAL
A su turno, Schelotto enfatizó la flexibilidad de los elementos que incluye la propuesta inicial de reforma. «No hay un proyecto en sí, es apenas una especie de aproximación, hay que tener en cuenta que esto salió a la luz pública antes de definir los detalles», explicó. El arquitecto recordó que la idea de construir otro anexo no es nueva y «gran parte de lo que está en ese borrador son ideas que vienen de antes». Por ejemplo, la instalación del CAIF sería, en realidad, el traslado del centro ubicado en la calle Hocquart entre la avenida de las Leyes y Batoví, que es propiedad del Palacio Legislativo y funciona por un acuerdo con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, con cupos para funcionarios de la institución, policías y vecinos del barrio, y que hoy tiene una demanda de más de 200 niños y niñas en espera, explicó. Consultado por puntos como el hogar estudiantil o el mirador, Schelotto subrayó que «los componentes que tenga ese anexo están abiertos a debate, las imágenes son solo de referencia, para ilustrar un poco cuál es la visión; la idea es que sean cosas útiles para la comunidad y que el palacio las pueda apoyar».
En cuanto a la movilidad, el estudio de impacto presentado a los legisladores diagnosticó cómo funciona el tránsito en el entorno del Palacio Legislativo –cómo inciden los tiempos de espera de los semáforos, los flechamientos actuales de las calles y demás– y evaluó la posibilidad de diversas modificaciones. Según explicó Castro, el informe identificó embotellamientos en horas pico en la mañana y en la tarde, particularmente en el anillo externo de la avenida de las Leyes, sobre la esquina de la avenida del Libertador, mientras el anillo interno permanece prácticamente vacío. Por ello, uno de los aspectos contemplados en el informe fue «el cierre para la circulación de vehículos del anillo interior que actualmente posee la avenida, permitiendo una ampliación de los espacios verdes y espacios de esparcimiento». Sin embargo, los modelos de simulación utilizados para la evaluación descartaron esa posibilidad. El estudio indica que «se pudo constatar la inviabilidad del cierre total del anillo interno de la avenida de las Leyes si no se ejecutan diversos cambios sobre el anillo externo, así como también en la zona circundante al Palacio Legislativo», como modificaciones semafóricas, cambios en los flechamientos de las calles y en la localización de las paradas de ómnibus, entre otros puntos. Al comparar el escenario actual con los cambios propuestos, se observa «una leve mejoría en cuanto a las demoras globales», mientras que las colas de vehículos «permanecen invariantes o con cierta disminución». La ingeniera Castro indicó que, en este marco, algo que se maneja es no eliminar el anillo interno, sino «pacificarlo; que uno pueda seguir ingresando por allí, pero circulando a menor velocidad, con una intención más de paseo que de rotonda vehicular», ilustró, aunque aclaró que eso debería evaluarse en conjunto con la IM.
En las conclusiones del informe de impacto de tránsito se añaden «algunos puntos valiosos que los resultados no permiten reflejar». Por ejemplo, la peatonalización de las dos cuadras de General Flores, «lo cual permitirá ganar preciados metros cuadrados para la circulación de las personas, además de conectar las facultades de Química y Medicina». Además, se valora la eliminación de todos los ingresos y los movimientos sin semaforización de la avenida de las Leyes, «lo cual otorga mayor claridad y seguridad a los usuarios. Esto último, sumado a los cambios propuestos sobre el anillo exterior, permiten ordenar los movimientos, reduciendo los conflictos y las demoras ocasionadas por ellos».
