Las reuniones entre los representantes de la empresa Tenfield SA y las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tuvieron un tono cordial, ameno, aunque en ocasiones la discusión subió de tono. Durante más de diez horas de intercambio, se habló de fútbol y de la vida, pero, sobre todo, de negocios. En ese ámbito, el empresario Francisco Paco Casal –acompañado de su mano derecha, Osvaldo Giménez– presentó su posición sobre los derechos de televisación del fútbol uruguayo, con foco en las incertidumbres que plantea el nuevo escenario de difusión de contenido. Las autoridades de la AUF, encabezadas por Alonso, también dieron su visión, resaltando el valor del producto fútbol uruguayo. Tenfield presentó su oferta y la AUF entregó una contraoferta, pero quedaron lejos de un acuerdo; la diferencia fue millonaria.
La egociación parecía terminada, pero Tenfield pidió una última reunión -que sería este viernes- para presentar una nueva oferta, cuyo contenido aún se desconoce (El Observador, 3-VII-2025). De no existir, la AUF comenzará, desde el sábado 5, el proceso de licitación por los derechos de televisación. Esto supondría un quiebre histórico: tras 27 años, la empresa de Casal puede quedar por fuera de uno de los negocios más lucrativos del fútbol uruguayo. Esto representa un triunfo para Alonso y los denominados grupos de interés, que promovían la licitación como único camino para vender los derechos de televisación.
Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. La licitación pondrá, de una vez por todas, en negro sobre blanco el valor del fútbol uruguayo, pero también si existen múltiples empresas interesadas en adquirir los derechos de televisación, como pregonan Alonso y sus aliados. En la licitación, Tenfield –que controla los derechos de televisación desde 1998– tendrá una ventaja sobre sus eventuales competidores: el actual contrato le otorga una cláusula de igualación, o sea, tendrá la posibilidad de empatar la oferta ganadora para continuar al frente del negocio televisivo. De esta forma, la empresa de Casal no está obligada a presentar su mejor oferta para la apertura de sobres y podrá conocer las cifras de sus eventuales rivales antes de tomar la decisión. Jugará con las cartas a la vista. Su último intento de acordar directamente con la AUF marca que Tenfield y Casal buscan evitarse una sorpresa.
IDA Y VUELTA
En el último mes, las autoridades de la AUF y de Tenfield tuvieron tres reuniones presenciales para negociar la renovación del contrato por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Se trató de una instancia formal prevista en el contrato vigente, que las obligaba a negociar «de buena fe» la eventual renovación. En ese ámbito, la empresa de Casal puso su oferta sobre la mesa: 25 millones de dólares al año, más unos 5 millones de dólares por concepto de merchandising. El precio incluye los derechos de televisación en directo y diferido por televisión abierta y por cable, por internet (streaming) y los derechos de publicidad estática y visual de todos los partidos. La oferta representa un aumento de casi el 50 por ciento con relación al actual contrato.
Hoy día, Tenfield paga 17 millones de dólares al año, que son distribuidos entre los clubes; el grueso del dinero queda en manos de Peñarol y Nacional (el resto de los clubes de Primera División cobra unos 35 mil dólares al mes). Además, los dos clubes grandes reciben de la empresa una partida de 1.250.000 dólares extras por año, por concepto de marketing y merchandising. Tomando en cuenta esas partidas, Tenfield paga, en total, unos 19 millones de dólares por año. En las conversaciones con una decena de clubes, en su mayoría aliados, entre ellos Peñarol, Casal había adelantado su intención de pagar hasta 30 millones de dólares (véase «En los descuentos», Brecha, 30-V-25), pero quedó lejos de las aspiraciones de la AUF.
Con base en un informe de la consultora Ernst & Young (EY), el organismo rector del fútbol uruguayo fijó el piso de la negociación en unos 40 millones de dólares. Este fue el eje de la contraoferta que la AUF le presentó a Tenfield, que fijó la diferencia entre las partes. Con esto, cambiaría la ecuación sobre el destino del dinero por derechos de televisación. El informe de EY estimó que el negocio alcanza una facturación de 65 millones de dólares por año; si se restan los costos operativos –entre ellos, el costo de transmisión de 300 partidos–, la ganancia neta para la AUF, en caso de explotar directamente los derechos, sería de unos 45 millones de dólares (véase «Million Dollar Tenfield», Brecha, 25-IV-25).
La disputa actual está, precisamente, en el margen de ganancia. Si las cifras del informe de EY fueran correctas, Tenfield tendría una ganancia neta de unos 20 millones de dólares cada año. Es decir, el intermediario del negocio embolsaría lo mismo o más que el dueño de los derechos –o sea, los clubes del fútbol uruguayo–. La negociación impulsada por la AUF, con apoyo de los grupos de interés, busca cambiar esta lógica distributiva y que el fútbol retenga la mayoría de los recursos que genera. Semanas atrás, el presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), Diego Scotti, dijo a Brecha que el intermediario debería llevarse entre el 25 y 30 por ciento de los ingresos brutos, no el 65 por ciento, como hoy en día.
El informe de EY, sin embargo, provocó escepticismo entre algunos dirigentes de los clubes afines a Casal. En estos clubes existe molestia porque no pudieron acceder al informe completo, por lo que desconocen su contenido y las bases de cálculo. Los presidentes de Peñarol y Cerro Largo, Ignacio Ruglio y Ernesto Dehl, declararon públicamente que la cifra de 50 o 60 millones de dólares planteada por la AUF está fuera de la realidad. Para esto, se basan en números del negocio presentados por el propio Casal, pero también en los valores de derechos de televisación de otros países de la región, como Paraguay.
Millicom International Cellular SA (Tigo) adquirió los derechos del fútbol paraguayo por 98 millones de dólares por cuatro años de contrato. Esto representa unos 24,5 millones de dólares al año, un valor similar al ofertado por Casal en Uruguay y sustantivamente inferior al valor fijado por la AUF. Paradójicamente, el contrato entre la Asociación Paraguaya de Fútbol y Tigo (a través de Tigo Sports) fue utilizado por Alonso cuando –entre 2022 y 2023– Tenfield propuso a los clubes extender el contrato televisivo hasta 2032. En ese momento, Alonso les decía a los clubes que el piso del contrato debía ser de 30 millones de dólares, equivalente a lo que pagaba Tigo en tierras guaraníes (véase «Cotas de poder», Brecha, 20-IX-24).
DOS LADOS
La negociación por los derechos televisivos demarcó la existencia de dos grupos dentro del mundo del fútbol, que terminó en una especie de clásico: pro-Tenfield y anti-Tenfield. Dentro del primer grupo aparecen ubicados una decena de clubes –en su mayoría asociaciones civiles–, liderados por Peñarol. Del otro lado, estarían el Comité Ejecutivo de la AUF, los grupos de interés –los gremios de futbolistas, árbitros y entrenadores– y una decena de clubes, en su mayoría sociedades anónimas deportivas y Nacional. Inmerso en este segundo grupo está el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, quien estableció una alianza con Alonso y con el exfutbolista Diego Lugano y está enfrentado a Casal. Sobre esa caricaturización transcurrió el debate de los últimos años.
Este escenario marcó las negociaciones, en 2016, por la indumentaria de la selección uruguaya –la primera victoria de los grupos de interés sobre Tenfield–1 y de los derechos de televisación de las eliminatorias para el Mundial 2026, que la AUF decidió comerciar directamente con los cableoperadores, sin intermediación. En este contexto de enfrentamiento, Alonso tuvo una victoria política relevante: logró que la negociación por los derechos televisivos sea encabezada por el Comité Ejecutivo de la AUF y no por el Consejo de Fútbol Profesional (CFP), en el que los clubes aliados de Tenfield son mayoría.
En todo este proceso, la AUF tuvo el respaldo de los grupos de interés. En un reciente comunicado, estos grupos afirmaron que la licitación representaba «una oportunidad histórica para poner en valor real los activos del fútbol uruguayo». «Esta negociación es clave para corregir un prolongado desajuste entre lo que el fútbol genera y lo que efectivamente retorna al sistema», afirmaron, y alegaron que el organismo rector tenía la legitimidad e independencia necesaria para encarar este proceso en beneficio «del interés general del fútbol uruguayo, libre de condicionamientos o intereses particulares». «Esta instancia no debe verse como una negociación puntual, sino como una oportunidad para impulsar un cambio estructural que permita un aumento significativo y una distribución más justa de los recursos que genera el fútbol uruguayo», cierra el comunicado, firmado por la MUFP, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol y la Asociación de Futbolistas del Uruguay, un colectivo presidido por Diego Lugano, que define el representante de los jugadores en el Comité Ejecutivo de la AUF.
En la otra vereda estuvo un grupo de clubes –liderado por Peñarol– que procuró que la oferta de Tenfield sea puesta a votación del CFP. El argumento de los clubes es de orden político –los derechos de televisación pertenecen a los clubes profesionales– y jurídico. En efecto, el artículo 39 del Estatuto de la AUF de 2019 establece que el CFP deberá definir «la forma de explotación comercial de todo lo atinente a los derechos económicos y a los contratos de explotación audiovisual en cualquiera de sus formatos actuales y futuros que pudieren surgir por los avances tecnológicos, de esponsorización, publicidad estática o similares, que provengan exclusivamente de los torneos oficiales del Fútbol Profesional».
Con este artículo como argumento central, estos clubes preparan su próxima batalla para incidir en la venta de los derechos televisivos. El debate en puerta será a quién le corresponde convocar la licitación: a la AUF o al CFP. Este punto es relevante porque el organizador podrá definir las condiciones y los requisitos incluidos en el pliego. La base del proceso licitatorio está definida en el propio contrato vigente con Tenfield. El artículo 12 –derecho de preferencia– establece que en caso de no haber acuerdo para la renovación «la AUF se obliga a realizar un procedimiento competitivo, en forma abierta, con carácter nacional y/o internacional, de carácter público y al mejor postor, por la cesión de los derechos». «La AUF admitirá la participación en dicho proceso exclusivamente a aquellas empresas y/o consorcios de reconocida trayectoria, que demuestren o garanticen en forma fehaciente una solvencia económica y técnica de similar naturaleza a las detentadas por la actual cesionaria», es decir, Tenfield.
En filas asociacionistas están jugados a que la licitación tenga varios oferentes que cumplan con esas condiciones. Entre los interesados estarían Direct TV –que busca expandir sus negocios en Uruguay y que ya adquirió los derechos para transmitir partidos de la selección uruguaya–, Cablevisión-Flow, propiedad del grupo argentino Clarín, y Tigo, la multinacional propietaria de los derechos de televisación del fútbol paraguayo, que semanas atrás adquirió la filial uruguaya de Telefónica-Movistar por unos 440 millones de dólares. También se habla del interés de un holding integrado por los canales de televisión privada de Montevideo –Saeta TV (Canal 10), Sociedad Televisora Larrañaga (Canal 12) y Monte Carlo (Canal 4)– en acuerdo con el Grupo Magnolio, propietario de varias radios y medios en Montevideo.
Otro interesado –el primero que apareció como potencial oferente– es Disney Plus (The Walt Disney Company Latin America), propietario del 50 por ciento de los derechos de televisación del fútbol argentino. La empresa ya desembarcó en Uruguay tras adquirir los derechos de transmisión del fútbol uruguayo en formato streaming. Para esto, paga unos 10 millones de dólares al año a Tenfield. Su supuesto interés, sin embargo, quedó en duda luego de que Sebastián Piñeyrúa, representante de Disney Plus en Uruguay, participara, junto con Casal, en una reunión con varios clubes. La presencia de Piñeyrúa en esa reunión fue cuestionada por la AUF en una nota formal enviada a las autoridades de Disney en Argentina, en la que se señaló que de existir un interés en licitar por los derechos deberían contactarse con la AUF y no con los clubes.
Si no existe un acuerdo de último momento y se concreta la licitación, se sabrá –finalmente– cuántas empresas interesadas hay en adquirir los derechos del fútbol uruguayo y cuál es su valor de mercado. Que no haya ninguna oferta –salvo la de Tenfield– significaría una derrota para Alonso y sus aliados. Por eso, el presidente asociacionista mantiene –desde hace semanas– intensos contactos en procura de que algunas de estas empresas presenten una propuesta formal para adquirir los derechos y salvarse del golpe de que no haya oferentes. Sería –en efecto– una acción formal, porque el escenario más probable es que Casal iguale la oferta y mantenga los derechos por cuatro años más. Hasta 2029, cuando vuelvan a licitarse, seguramente –como pretenden la AUF y los grupos de interés– sin cláusula de preferencia, con un escenario de competencia abierto, en el que gane la mayor oferta.
- Tras una intensa negociación, Tenfield SA igualó una oferta de Nike y se obligó a pagar 24,5 millones de dólares como intermediario de Puma para vestir a la selección uruguaya hasta diciembre de 2023. ↩︎
