Persevera

La empresa pesquera arrastra una deuda de 40 millones de pesos con el ente estatal. Luego de intentar cobrarla mediante la justicia concursal y de agotar la posibilidad de un acuerdo en un juzgado de conciliación, la empresa estatal se prepara para una demanda civil.

En agosto de 2015 los Fernández anunciaron el cierre de Fripur, que empleaba a 960 trabajadores, en su mayoría mujeres / Foto: Leónidas Martínez

La señal política, en setiembre del año pasado, fue clara: Ute no iba a dar el brazo a torcer. El ente estatal solicitó al Juzgado de Concursos de Primer Turno que considerara a Kentilux y a Fripur como integrantes de un mismo grupo económico para poder percibir los 40 millones de pesos que la pesquera le quedó debiendo tras sucumbir. La estrategia era la siguiente: teniendo en cuenta que los dueños de Fripur, los hermanos Fernández, son también los propietarios de la empresa de generación eólica con la cual Ute tiene un contrato por 15 años (la empresa estatal le paga cerca de 5 millones de dólares anuales1), el ente solicitó que se reconociera el contrato que tiene con Kentilux como parte de la masa concursal de la pesquera, para poder cobrar lo adeudado.

Pero tanto el juzgado concursal como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ante el cual apeló Ute) se negaron a reconocer a Kentilux y Fripur como grupo económico, por razones de “forma”. Se argumentó que “la normativa aplicable” estaba “precluida”; en otras palabras, que el recurso fue presentado fuera del plazo, y además que Ute “guardó silencio” en la etapa concursal.

Así lo explicó el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, en la comisión investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales en su sesión del 7 de agosto, donde también dio su versión: “Ute no guardó silencio, aportó la información en el momento en que responsablemente resultaba oportuno”. Añadió que no se acudió antes a la justicia ni se tomaron otras medidas porque Fripur fue un “cliente regular durante muchísimos años” y que su incumplimiento comenzó en los “últimos meses” antes de su cierre. Por lo general, explicó el jerarca, Ute tarda en enterarse de este tipo de situaciones, porque la energía eléctrica es lo último que dejan de pagar las empresas que van a concurso: “Cuando nosotros llegamos, ya no tenemos nada para embargar, nada para pedir como prenda: esa es una situación que conocemos y que siempre ha sido así”.

 

SÉ CÓMO HACERLO. La iniciativa de Ute de considerar como un grupo económico a estas dos empresas pertenecientes a los mismos propietarios es bastante novedosa. En el derecho tributario uruguayo, explicó Casaravilla, la definición y las responsabilidades de estos grupos son relativamente claras. En cambio, en el derecho comercial uruguayo no está previsto que un grupo económico deba responder como tal por las deudas que dejan sus empresas.

Por ese motivo Ute elevará al Poder Ejecutivo una propuesta para que, por medio de su iniciativa, se apruebe un “texto legal que defina el conjunto económico aplicable para los casos como el presente”. Cerradas las puertas en la justicia concursal, Ute recurrirá ahora a la justicia civil para demostrar la existencia del grupo, porque tiene, de acuerdo a Casaravilla, “todos los elementos” para probar “dónde se firmaban los contratos, quién los firmaba, quiénes estaban del otro lado, y siempre eran los mismos, incluso en las direcciones jurídicas o legales que aparecían en unos y otros”.

El paso previo antes de iniciar el juicio civil, que consiste en acudir al juzgado de conciliaciones (en este caso el de tercer turno), resultó estéril. De acuerdo con el expediente al que accedió Brecha, la sede citó a los representantes de Fripur, que alegaron desconocer el reclamo de la deuda por el consumo de energía eléctrica “en virtud de la existencia de un conjunto económico de ésta con Kentilux SA”, por un monto de 39.526.064 pesos. También comparecieron representantes de Kentilux, que primeramente solicitaron una prórroga para “interiorizarse del asunto”. Pero luego, en la audiencia conjunta con Ute del 17 de agosto, la empresa de los negocios del viento también respondió que desconoce el reclamo en todos sus términos, por lo que no se llegó a una conciliación. El asunto, entonces, se resolverá mediante un juicio civil.

 

  1. El cálculo surge de una investigación que realizó Sudestada el 25-V-16.

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