La legalización del aborto de nuevo a merced del Senado argentino

Por la revancha

El proyecto de ley del Ejecutivo logró sortear el debate en Diputados con más holgura que en 2018. Ahora todo se decidirá otra vez en la Cámara Alta, donde fracasó el intento de hace dos años. En el medio, movilizaciones, presiones y negociaciones varias.

Manifestación frente al Congreso argentino, en Buenos Aires. Afp, Juan Mabromata

En el Senado los votos se cuentan uno por uno y con calculadora en mano. Según estimaciones de las secretarías parlamentarias consultadas por Brecha, hay un empate con 28 votos a favor del proyecto de ley que legaliza el aborto y 28 votos en contra. Los restantes 16 están aún en duda. El expresidente Carlos Menem, actual senador por La Rioja y declarado antiabortista, está internado, pero espera estar presente en la sesión plenaria del Senado el día de la votación. Desde ambos lados se tienen en cuenta, además, algunos incidentes ocurridos durante el trámite en Diputados, como el sufrido por el diputado peronista por Jujuy Daniel Ferreyra y su hija. Ferreyra dijo la semana pasada que planeaba votar a favor de la iniciativa, pero que las amenazas telefónicas de las que fue objeto lo llevaron a abstenerse.

Tras su tratamiento en las tres comisiones del Senado que entienden en el tema, el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se encamina al pleno de la Cámara Alta. Las negociaciones hasta el día de la votación, el 29 de diciembre, serán ajetreadas. Para decidir su voto, cada legislador tendrá en cuenta no sólo su conciencia, sino también el panorama electoral en su provincia.

COMPLEMENTO DE MIL DÍAS

Con 131 votos a favor y 117 en contra, el viernes de la semana pasada la Cámara de Diputados dio media sanción para modificar lo dispuesto actualmente en la ley argentina, que sólo permite abortar a las víctimas de violación y a las embarazadas cuya vida corra peligro, según lo dispuesto por el Código Penal de 1921. La iniciativa del Ejecutivo aprobada ahora en Diputados establece, en cambio, en su artículo primero, que, «en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional».

Los diputados argentinos ya habían dado el visto bueno a un proyecto similar en 2018 por 129 votos a favor y 125 en contra, pero su aprobación fracasó en el Senado, con 38 rechazos, 31 adhesiones y tres abstenciones. Por reglamento legislativo, se debió esperar al menos un período parlamentario para volver a tratar el asunto. El presidente, Alberto Fernández, entusiasta defensor de la despenalización del aborto, se había comprometido a enviar al Congreso el proyecto actual durante su discurso de apertura del año parlamentario, el 1 de marzo.

Esta vez, con participación de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, la iniciativa fue acompañada de una norma complementaria, que consiste en un programa de apoyo estatal a aquellas mujeres que no deseen abortar, pero carezcan de recursos económicos para sostener la maternidad. Se amplían las políticas públicas de Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo y el Estado se compromete, a través del sistema de salud pública, a proveer medicamentos esenciales, vacunas y alimentos durante todo el período de embarazo y los tres primeros años de vida del bebé.

En la Cámara Baja, la llamada «ley de los 1.000 días» –que también deberá ir ahora al Senado– cosechó 196 votos a favor, ninguno en contra y 49 abstenciones. Se registró la ausencia de 12 diputados. A diferencia de lo que sucede con el debate de la IVE, los pañuelos verdes y los celestes tuvieron un punto de acuerdo en esta votación, en la que los legisladores volvieron a sesionar de manera presencial tras las medidas dispuestas debido a la pandemia de coronavirus.

CAMBIOS AL PROYECTO ORIGINAL

Diputados introdujo dos modificaciones negociadas en el proyecto de la IVE que probablemente sean motivo de intervenciones judiciales. Por un lado, se dejó expresamente establecido que los médicos pueden negarse a hacer un aborto por objeción de conciencia. Algunas ONG feministas y asociaciones médicas vislumbran que esa cláusula puede causar inconvenientes en pueblos y ciudades chicas del norte argentino. En los últimos seis años, en esa región ya hubo ocho casos de médicos que se negaron a practicar un aborto a menores de edad que habían sido violadas y cuyas vidas corrían riesgo si seguían el curso normal del embarazo. Debió intervenir la Justicia y trasladar a las menores a otras ciudades para que pudieran abortar.

La otra modificación especifica que las jóvenes que tengan menos de 16 años sólo pueden abortar con el consentimiento escrito de sus padres, cuando el proyecto original libraba de este requerimiento a partir de los 13 años. Por otra parte, en los últimos días la senadora Lucía Crexell, del partido provincial Movimiento Popular Neuquino, adelantó que apoyará la iniciativa, pero sólo si en esta se cambia el tope de 14 semanas para abortar y se lo lleva a 12 semanas. Crexell se abstuvo de acompañar la iniciativa presentada en 2018.

LA IGLESIA, OTRA VEZ

Frente a la marea verde feminista –que cuenta con apoyo en diferentes movimientos sociales, en buena parte del oficialismo y en la oposición de izquierda– se encuentra una parte de la opinión pública fuertemente influenciada por la religión. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ya se manifestó contra el proyecto y la misma postura adoptó la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, con sedes y subsedes diseminadas por varias provincias del norte del país. Ambas instituciones ratificaron que apoyarán jurídicamente a los médicos que no quieran practicar abortos.

La propia Iglesia Católica remarcó su disconformidad con el proyecto de la IVE mediante una carta pública del papa Francisco para un grupo de mujeres villeras contrarias al aborto. Allí, en referencia a la interrupción del embarazo, Francisco se pregunta: «¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?». En setiembre, el sumo pontífice nombró al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, como miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. El gesto fue interpretado en el gobierno como una forma de presionar a Fernández para que revea su actitud ante el aborto, según confiaron a Brecha asesores legislativos del Frente de Todos. La Conferencia Episcopal Argentina, que ya había convocado a una misa en Luján el 8 de marzo para «defender la vida y a nuestras mujeres», celebró la semana pasada otro evento similar para posicionarse contra la iniciativa del Ejecutivo. No descarta, incluso, pedir una audiencia con el presidente para solicitarle que vete la norma si es aprobada en el Senado.

En la vereda de enfrente, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsa acciones en todo el país a favor de su aprobación. Ya anunciaron que el día en que se trate en la Cámara Alta convocarán a una vigilia nacional. Sin euforia, pero con convicción, el sector verde considera que esta vez sí «será ley».

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