Las cinematecas nacionales son instituciones públicas. Sin embargo, en Uruguay, la Cinemateca Uruguaya es una asociación civil que desde hace 73 años se encarga de conservar el patrimonio, formar espectadores y gestionar la principal sala del cine uruguayo. Cinemateca resuelve el 93,8 por ciento de su presupuesto a través de su propia gestión y el restante 6,2 por ciento proviene del apoyo que se le otorga en el presupuesto nacional, monto que permanece incambiado desde hace una década. Sin embargo, a pesar de la solicitud de ajuste por IPC realizada por Cinemateca tanto al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) como al Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto presentado el pasado domingo no contempla corrección alguna para el próximo quinquenio.
El cuento empieza así: un presidente profesor de Historia, un ministro de Educación y Cultura profesor de Historia y un ministro de Economía hijo de eminentes historiadores entran al monumento histórico nacional que guarda las imágenes de la Paz de 1904, el entierro de José Batlle y Ordóñez, el hundimiento del Graf Spee…
El cuento por ahora no tiene remate porque la respuesta oficial que hemos recibido es que la única esperanza de que ese apoyo ínfimo con el que cuenta Cinemateca se reajuste es «tirar de la piola en el Parlamento». Y aquí estamos, rodeados de metáforas textiles, tratando de alargar la sábana corta o tirar de la piola correcta para lograr la pretensión más básica: que un aporte que se mantiene en valores de 2015 se ajuste a los de 2025, porque así se han ajustado los servicios, los salarios, los alquileres y todo a lo que los particulares no podemos alegar sábanas cortas para dejar de pagar.
Pero pongamos las cosas en su justo lugar. No es que Cinemateca le pida ayuda al Estado, sino al revés: es Cinemateca la que ayuda al Estado, tomando para sí una función que normalmente es pública, pidiéndole, únicamente, que colabore con una cantidad mínima de su presupuesto. Tan mínima que Cinemateca no está dispuesta a reconocer válido el argumento económico para negársela, considerando lo insignificante que resulta en el presupuesto nacional.
Y es que el posicionamiento respecto a una cinemateca es siempre político, como suelen ser las decisiones sobre honrar o no la memoria, defender o no la cultura, proteger o no el patrimonio. Apoyar a una cinemateca es una decisión que involucra el interés de defender una actividad de notorio valor público y tener la voluntad política de buscar algún lugar donde el Estado esté gastando un poco de más para corregir lo que se aporta a un lugar donde el Estado flagrantemente está gastando mucho de menos.
La Cinemateca Uruguaya ha atravesado la censura, la persecución política, la crisis económica, la pandemia y un grave intento de avasallarla y arrebatarle su capital simbólico, dispersando sus colecciones y expropiándole el fruto de décadas de trabajo.
Hoy, el reconocimiento a la labor de la Cinemateca está ausente del presupuesto nacional –a diferencia de lo que sucede con el teatro independiente, que con justicia cuenta con una asignación expresa– y el apoyo a nuestra institución depende de que el MEC honre el convenio vigente y lo renueve –sin ajuste, como nos han anunciado– a lo largo de los próximos cinco años.
Es por ello que nos vemos obligados a señalar nuestra decepción por la respuesta del Poder Ejecutivo ante un pedido de ajuste que, de otorgarse, representaría un aumento del 0,06 por ciento en la afectación del presupuesto del MEC, así como a expresar nuestra esperanza de que el Poder Legislativo subsane esta situación.
La Cinemateca Uruguaya de hoy es el resultado de la convicción y el trabajo de una asociación civil que, con el apoyo sostenido de la sociedad y de una política pública valiente, han logrado una gestión exitosa que es referencia más allá de las fronteras nacionales. Erradicarla del presupuesto nacional y, además, condenarla a otros cinco años de recorte presupuestal significa no solamente poner en riesgo su frágil sustentabilidad, sino obligarla a detener las inversiones que se vienen realizando en el archivo fílmico y las previstas para la digitalización del patrimonio. Eso sin mencionar el estupor que provoca esta extravagancia administrativa que, con la excusa de evitar un ridículo aumento del gasto público, castiga a una institución que es monumento histórico nacional y que, si fracasa en su gestión, obligará al Estado a hacerse cargo, logrando así la proeza de pagar diez veces más de lo que hoy se está reclamando. #
