La denuncia es de fines de 2013 y es conocida como la “causa del video”. Filmado con un celular por un funcionario que ya no está en la institución, apellidado Márquez, registra a un adulto de espalda fornida dándole una golpiza brutal a un gurí que está en el suelo y que no llega a verse.
Según publica esta semana El Observador, el fiscal de la causa, Leonardo Morales, habría solicitado el procesamiento sin prisión de seis de los implicados por el delito de “abuso de autoridad” (artículo 286 del Código Penal). Dos de ellos son Jessica Barrios y Alejandro Araújo, quienes formaban parte del triunvirato de la dirección del Centro Ser desde mitad de 2013.
Brecha pudo confirmar que desde el 8 de agosto existe un pedido de prisión para el protagonista de la golpiza, el famoso “Popeye”, el séptimo implicado en la causa.
El expediente está en manos de la jueza Isaura Tórtora, que tiene un plazo de 45 días para fallar.
Esta causa es la que está más avanzada pero no es la única, y contrariamente a lo publicado en distintos medios de prensa, no fueron “acordonadas”. Es decir, se juzgarán por separado, caso a caso.
De hecho, este periplo no comenzó en la justicia. La primera denuncia sobre las golpizas y vejámenes masivos producidos en el centro Ser fue presentada por decenas de familiares de las víctimas el 15 de julio del año pasado en la división jurídica del Sirpa. En ella se relatan los hechos sucedidos en las noches del miércoles 10 y jueves 11 de julio de 2013, cuando los internos fueron desnudados y violentados en conjunto en el patio del “hogar”. Un recrudecimiento punitivo que coincidió con el ingreso de Barrios a la dirección del Ser.
Un detalle no menor que se apunta desde la defensa de los jóvenes es que no se tomó ningún tipo de medida cautelar que los protegiera, ya que continuaron bajo la égida de los mismos funcionarios a los que estaban acusando. Recién en mayo de este año las autoridades del centro Ser fueron separadas del cargo, y no se tiene detalle de lo que sucedió con el resto de los acusados.
En el juzgado de Pando existen al menos otras cuatro causas que tienen como protagonistas a integrantes del equipo de los siete: dos realizadas en junio de este año y dos más presentadas a comienzos de este mes, que involucran a los jerarcas del Sirpa y el Inau Ruben Villaverde y Javier Salsamendi, por estar al tanto de lo que sucedía y no tomar cartas en el asunto.
A pesar de la gravedad de las denuncias, los tiempos judiciales resultaron demasiado lentos. Motivo por el cual el Comité de los Derechos del Niño presentó, a comienzos de julio, una nota al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para denunciar los atrasos de la fiscalía de Pando. Díaz pidió información sobre el estado de las diversas causas a los dos fiscales actuantes –Morales y Silvia Méndez–, quienes se limitaron a brindar información básica de los expedientes.
La causa finalmente se movió y desde el Comité valoraron “en forma positiva el impulso que ha tomado el procedimiento, pero no estamos de acuerdo en la tipificación que realiza el fiscal, porque entendemos que no se trata de abuso de autoridad sino de delitos específicos que están enmarcados en las convenciones contra la tortura que ha ratificado el país”, dijeron a Brecha. De hecho, en el escrito de las últimas denuncias presentadas en setiembre contra los jerarcas se pide expresamente que el delito que se aplique sea el de tortura (ley 18.026).
La causa del video renovó la lógica de desacreditar al denunciante, práctica que esta vez compartieron las autoridades de la institución con el sindicato del Inau: tanto Villaverde como Joselo López acusaron al ex funcionario de haber querido utilizar el video como forma de recuperar el empleo. Pero sobre todo, esta causa puede ser la primera que confirme lo que viene denunciándose desde hace más de un año.
