Hace cuatro meses, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto presentado por el diputado de la Unidad Popular Eduardo Rubio, que crea el Plan Nacional de Vivienda Popular, que contó con el voto de todos los diputados de la oposición y del diputado frenteamplista por Maldonado Darío Pérez (Liga Federal Frenteamplista 1813, Frente Amplio). Los restantes frenteamplistas votaron en contra.
En la discusión parlamentaria y en declaraciones de prensa anteriores y posteriores, Pérez reconoció que el proyecto tenía defectos importantes, pero lo apoyó de todos modos (“con premeditación y alevosía”, dijo) para cuestionar el sistema y poner el problema sobre la mesa. El proyecto pasó así la etapa de Diputados y está ahora en el Senado, donde no hay otro Darío Pérez, por lo cual si el Frente Amplio (FA) mantiene su postura de la otra Cámara, morirá ahí.
Hubo mucha operación política en el primer capítulo de esta historia. Para Rubio, solitario uno en 130, fue su minuto de gloria, que difícilmente volverá a repetirse y que aprovechó muy bien, apareciendo como nunca en los medios de comunicación y agitando su propuesta en todo el país, de la mano de los intendentes blancos y de una organización social como Quiero Comprar mi Casa, que adquirió a su vez visibilidad, si bien con el riesgo de parecer partidizándose.
Para los blancos, en cambio, la oportunidad era pintada para chicanear al gobierno, aun cuando debieran reconocer que la iniciativa venía de otro lado, y para marcar las insuficiencias de los resultados que en materia de vivienda han tenido estos tres períodos de gobierno del FA, en los que, tanto cuando no fue declarada prioridad, como cuando sí lo fue, los recursos asignados siempre resultaron escasos y nunca los necesarios.
Para el FA, a su vez, la disyuntiva era aceptar la incomodidad de oponerse a un proyecto que parecía aportar soluciones para el acceso de la población a la vivienda adecuada, un tema en el que siempre había estado del otro lado, o reconocer, votándolo, que había cosas que se podían hacer y no se estaban haciendo.
El proyecto fue comentado en su momento en estas mismas páginas1 pero vale la pena recordar que tiene una estructura extraña, que vuelve en muchas cosas sobre cuestiones que ya están laudadas en la legislación vigente y casi siempre de mejor manera (las condiciones de las viviendas, el monto de los pagos a efectuar, las características de los destinatarios, las condiciones de adjudicación, y otras). Y lo más extraño es que, para ser un plan de construcción de viviendas, falte lo fundamental: con qué recursos se van a hacer esas viviendas.
El proyecto original contenía un artículo, el 5, que depositaba en Rentas Generales el cometido de financiarlo, pero eso requería algo que Rubio no tenía: iniciativa del Poder Ejecutivo, de tratarse de nuevos recursos, o definir con qué economías se llevaría adelante este plan (o sea: que se dejaría de hacer), si los recursos eran los existentes. Como además los blancos no le llevaban ese artículo, el financiamiento desapareció en la negociación y el proyecto quedó lleno de buenas intenciones pero vacío de aquello que podía hacerlo realidad.
El tema era que a Rubio no le alcanzaba con presentar un proyecto (uno más para dormir en las carpetas): necesitaba que su propuesta hiciera al menos parte del camino, que por lo menos se aprobara en su propia Cámara. Con un solo voto asegurado, el suyo, tenía que negociar, con el gobierno o con la oposición, en busca de los otros 49.
Negoció con la oposición y así obtuvo que su iniciativa se aprobara en general, con lo cual sobrevive, pero no pudo impedir que se rechazaran en la votación particular sus aportes más importantes: la participación del Estado para bajar los costos de los materiales; la expropiación de tierras privadas improductivas para construir allí las viviendas; la obligación del Estado de aportar los servicios necesarios, realizando las obras que fuera preciso, todas cosas inaceptables para quienes piensan que el mejor Estado es el mínimo posible. Con ello el proyecto, aun siguiendo vivo, en la práctica nació muerto y es sólo una cáscara vacía de contenido.
Por otra parte, la llave de lo que pase en el Senado ahora sí la tiene el FA, si todos sus legisladores actúan disciplinadamente, como parece que lo harán. Y esa llave puede cerrar definitivamente la puerta, rechazando el proyecto, o abrirla, pero ya no para esta versión que sólo sirve para molestar al gobierno, sino para una que apunte a lo que deben ser su corazón y sus pulmones: el financiamiento.
El camino más idóneo para resolver esto sería la inclusión de los recursos necesarios en la Rendición de Cuentas 2017, la última del período que puede aumentar el gasto, pero hoy ese camino está casi cerrado: por los plazos (sólo quedaría la alternativa de un mensaje complementario del Poder Ejecutivo cuando el proyecto entre al Senado) y por la voluntad del Ministerio de Economía de presentar la rendición más austera de toda la historia en año preelectoral fuera de una crisis económica, al decir del ministro Danilo Astori.
Pero una ley puede generar en cualquier tiempo sus propios recursos (artículo 86 de la Constitución), como ya sucedió en 1968 con la mismísima ley de vivienda, número 13.728. Y un problema, cuando es tan grave como éste de la vivienda, podría generar también el allanamiento de las disciplinas fiscales más severas. Eso es lo que el momento social y político parecería requerir. Y bastaría sólo con elevar medio punto las tasas del impuesto al patrimonio (medida progresista y redistributiva de riqueza si las hay) para solucionarlo.
- “De los inmuebles abandonados a los ‘vacíos y degradados’. Parecido no es lo mismo”, Benjamín Nahoum. Brecha, 27-IV-18.
