Comenzar esta columna evocando la valentía de Gisèle Pelicot, autora de la frase del título, es un modo de afirmar hacia dónde debemos avanzar en los tiempos venideros.
También podría citar las palabras de Milagros Chamorro, colega, uruguaya, quien fue violada por cinco jóvenes en una reunión de amigos cuando tenía 15 años y se suicidó años después producto del daño, la negligencia, la complicidad, la indiferencia y la impunidad. Todos los esfuerzos y el amor de sus amistades, de su familia y de su entorno no pudieron contrarrestar el daño tremendo de la violencia padecida y de la impunidad que perpetúa la violación una y otra vez.
Hoy es tiempo de hacer grandes transformaciones, de marcar un nuevo mojón en este proceso que desde fines de la década del 80 avanza sin pausas. Un proceso arrollador empujado por las pioneras, aquellas mujeres valientes y decididas que salieron a ponerle nombre a este problema y a exigir respuestas. Fue un camino duro, pero se lograron cosas impensables; siempre en colectivo, en articulaciones, en alianzas dentro y fuera del país.
Se ha logrado construir política pública (leyes, servicios, mecanismos institucionales, sistemas de respuesta, medición, investigación, protocolos, entre otros), e incorporar el tema en la agenda política y en la opinión pública. Ahora tenemos que ir a más: blindar los logros alcanzados, patear el tablero y redefinir las reglas del juego.
Las relaciones opresivas de poder y el machismo estructural permanecen, a veces se camuflan, otras se muestran de forma atroz; a veces se recrudecen, se sofistican y otras veces aumentan su crueldad. Hoy el desafío es transformar el orden de género hegemónico que somete, domina, explota y violenta a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Hoy vivimos una contraofensiva patriarcal despiadada que pretende derribar los logros alcanzados. Los discursos antiderechos han ganado terreno y se siente la virulencia de la violencia machista. Por eso es urgente actuar. La apuesta debe apuntar a derrocar el sistema patriarcal opresivo y violento, que se ha visto en jaque y por eso reacciona.
Una férrea voluntad política de transformar el orden patriarcal es lo primero que se requiere; sin esa convicción del gobierno, difícilmente se pueda avanzar desde el sistema institucional.
Rita Segato propone desmontar los mandatos de violencia y crueldad de la masculinidad hegemónica que se reproducen en diferentes ámbitos. Para avanzar en este sentido es necesario que el gobierno impulse un pacto social amplio que incorpore diversos sectores de la sociedad (político, académico, profesional, sindical, sociedad civil, empresas, artistas, entre otros).
En segundo lugar, son necesarias la fortaleza, la valentía y la firmeza, porque las reacciones suelen ser virulentas cuando se disputan relaciones de poder.
Lo tercero que se necesita es construir institucionalidad para liderar el proceso, para lo cual el mecanismo de género debe ser jerarquizado y debe contar con el respaldo político necesario.
Sin dudas y para afrontar las necesidades anteriores, es esencial contar con presupuesto y personas expertas en este campo que tracen los mapas de ruta partiendo de los acumulados históricos que los movimientos feministas han consolidado. Estas no son condiciones suficientes, pero sí las necesarias.
En paralelo, hay urgencias que deben ser atendidas desde el primer día del nuevo gobierno.
SISTEMA DE JUSTICIA
Es necesario blindar la ley 19.580 y destinar presupuesto para implementarla, así como instalar los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual en todo el país.
La respuesta del sistema de justicia para víctimas de violencia debe ser transformado. Se requiere en forma urgente contar con jueces/zas, peritos/as, defensores/as, equipos técnicos y fiscales especializados en la temática con competencias para poder trabajar con víctimas de este tipo de delitos y que sean especialmente seleccionados para trabajar en esta materia. No cualquier profesional está capacitado para trabajar con víctimas de violencia.
Se requieren locales adecuados, amigables y contenedores, que garanticen la reserva y la protección. Es necesario contar con operadores del sistema de justicia en cantidad suficiente para abordar de forma adecuada una problemática compleja que requiere un estudio profundo de cada situación. Asimismo, definir defensas especializadas, independientes, que cuenten con los tiempos y las herramientas necesarias para poder abordar casos de tanta complejidad.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Verónica fue separada de su hija de 5 años porque una jueza consideró que estaba obstruyendo el vínculo con el padre. Las múltiples denuncias de violencia no fueron consideradas por la jueza. La niña, que nunca se había separado de su madre desde que nació, fue enviada a vivir con su padre y sus abuelos a otra localidad y estuvo incomunicada con su madre durante 40 días que fueron un infierno para ambas. La situación solo pudo revertirse en segunda instancia.
Ana, de 2 años y medio, fue separada de su madre (aún la amamantaba para dormir) y fue entregada a su padre porque la jueza consideró que la madre estaba obstruyendo ese vínculo. El sufrimiento de Ana es indescriptible; llora y le suplica a su madre que la lleve a su casa.
Diego, de 10 años, fue sacado de su casa llorando a mares por dos policías, su abogada defensora y un alguacil, y durante 18 días le fue prohibida la comunicación con su madre. La situación se revirtió, pero el trauma perdura.
Los casos son un infierno, el sufrimiento que atraviesan los niños y las niñas en estas circunstancias es indescriptible, y la desesperación, el miedo y la angustia que transitan sus madres protectoras son inhumanos.
Es necesario derogar la «mala ley» (ley de corresponsabilidad en la crianza) que ha dado el marco perfecto para que se disparen los casos de violencia vicaria y todo tipo de resoluciones judiciales que constituyen formas de tortura para los niños, las niñas y los adolescentes, y sus madres protectoras. Han ido creciendo los casos de revinculaciones forzadas, de desvalorización del testimonio de los niños/as y de reversión de tenencia en favor de los agresores (arrancamientos), que castigan a las madres protectoras y a sus hijos y restringen fuertemente el contacto y la comunicación entre ellos.
CENTROS DE ATENCIÓN PARA VÍCTIMAS
Hay que crear centros de atención interinstitucionales para víctimas de violencia en cada capital departamental y en el interior de cada departamento que cuenten con mecanismos de accesibilidad para víctimas que viven en zonas rurales. En cada centro se debe brindar una respuesta inmediata, atención en crisis, primeras respuestas, atención psicosocial, denuncia, patrocinio jurídico y tratamientos de reparación del daño.
Hay experiencias muy interesantes, como el Polo Integral de la Mujer de Córdoba o el modelo Barnahus (Islandia y España) para niños, niñas y adolescentes. En nuestro país, en 2012, se implementó un modelo de intervención interinstitucional en el Mercadito Niágara, en Casavalle, que tuvo muy buenos resultados. Allí confluyeron varios servicios de distintas instituciones (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU], Administración de los Servicios de Salud del Estado, Intendencia de Montevideo, Ministerio de Desarrollo Social [MIDES] y Policía Comunitaria) donde las situaciones eran abordadas en forma conjunta. En el mismo espacio físico se les brindaba atención a la mujer víctima de violencia y a sus hijos e hijas, y se coordinaban los horarios para que cuando la madre concurriera a espacios de atención psicológica o a entrevistas con abogadas sus hijos recibieran atención en el servicio especializado. En el espacio también se ofrecían otras propuestas (talleres, espacio grupal, propuestas recreativas, entre otras) que complementaban y fortalecían los procesos de reparación del daño. Asimismo, se coordinaban acciones con distintos dispositivos e instituciones a los efectos de brindar respuestas integrales.
Es fundamental que el sistema de respuestas fortalezca los procesos de salida de la violencia y que cuente con prestaciones múltiples y a medida de cada caso (protección por riesgo de vida, respuestas habitacionales, inserción laboral, sistema de cuidados, entre otros).
CUIDADO DE EQUIPOS, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Todos los servicios que trabajan en estas temáticas deberían contar con espacios de cuidado para prevenir el desgaste por empatía que provoca el trabajo con estas situaciones. En el sistema de justicia se deberían implementar estos espacios de cuidado para jueces/zas, defensores/as, equipos técnicos, actuarios, receptores y funcionarios administrativos. También deberían implementarse la capacitación permanente, la formación y el entrenamiento en la temática al personal de los órganos y organismos públicos, estatales, departamentales y municipales, especialmente a operadores que trabajan en la detección y la atención directa en situaciones de violencia (jueces, fiscales, peritos, defensores, policías, equipos de salud, docentes, equipos técnicos del INAU, MIDES, intendencias, entre otros).
Sin olvidar la formación profesional, la Universidad de la República (Udelar) debe incorporar en la currícula de grado (no materias optativas) de distintas carreras la formación en estas temáticas y ofrecer posgrados.
También debería estar incluido en la currícula del sistema educativo la educación sexual integral. Los contenidos a abordar podrían incluir, al menos, la educación en derechos humanos, igualdad de género, diversidad y libertad de ser, hacer y sentir, el cuidado de sí y de los demás, la salud sexual y reproductiva, la prevención de violencia basada en género, la prevención del maltrato, el abuso y la explotación sexual, la no discriminación, el consentimiento sexual, entre otros. Se trata de temas que requieren abordajes urgentes, pero la lista sigue.
Para enfrentar y transformar el orden establecido, se requiere una sociedad valiente, dispuesta a mirar de frente las desigualdades y con una firme convicción de querer cambiarlo todo.
Ojalá el 8M llenemos las calles de cada ciudad, cada pueblo, cada localidad exigiendo que la vergüenza cambie de bando.
*Andrea Tuana es licenciada en Trabajo Social por la Udelar. Magíster en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Directora de la Asociación Civil El Paso, ONG orientada al trabajo en derechos humanos, especialmente en el campo de la violencia doméstica y sexual hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. Coordinadora académica del Diplomado de Especialización en Género con Orientación en Violencia Basada en Género y del Diplomado de Especialización sobre Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes de Flacso, Uruguay.
