“Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente. (…) Lo decisivo es el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira.”
Jacques Derrida
La investigación periodística sobre el edil herrerista y presidente del Partido Nacional (PN) en Maldonado, Rodrigo Blás, tiene particularidades que merecen ser contadas o remarcadas ahora que la causa judicial se archivó en polémicas circunstancias y que la Comisión de Ética del PN se propone examinar, nuevamente, la conducta del dirigente.
Ninguna investigación periodística escapa a los ataques que buscan evitar que la población conozca aquello que el poder quiere ocultar, y esta no fue la excepción. Durante casi cinco años, Brecha lidió con un andamiaje mediático y partidario que el caudillo local de Luis Lacalle Pou montó, en primera instancia, para impedir que sus maniobras de evasión impositiva tomaran estado público y, luego, para mostrarse ante sus tenaces militantes como víctima de un complot.
Este semanario nunca dudó del interés público del tema. Blás no era un operador inmobiliario más de Punta del Este, cuya conducta pudiera atribuirse a un asunto privado: había pasado casi la mitad de su vida atornillado a una banca de la Junta Departamental, con activa participación en la Comisión de Obras (que analiza y aconseja al plenario aprobar o no fraccionamientos y emprendimientos edilicios), varios ediles y concejales de su sector trabajaban como encargados de las sucursales de su inmobiliaria, era el principal caudillo de Lacalle Pou en el departamento y no ocultaba su intención de ser intendente.
En febrero de 2014, cuando apenas comencé a recabar testimonios y documentos, tuve la convicción de que el político, que discurseaba sobre el respeto a los contribuyentes y prometía ser un celoso guardián de sus tributos, había maniobrado para evadir impuestos, esos que el Estado destina a invertir en salud, educación y seguridad. En ese proceso, además, se había burlado de la gente trabajadora que acudió a su inmobiliaria, transformándoles el sueño de la casa propia en una pesadilla.
Cuando la Dgi radicó la denuncia en la justicia de crimen organizado, ya habíamos publicado cinco artículos, que tuvieron una mínima repercusión departamental. Los colegas a los que les planteé la importancia de consignar el caso alegaron que era muy complejo, que no tenían tiempo para estudiarlo o que temían represalias por informar sobre él. Los propios nacionalistas reconocen que ese año Blás fue el mayor recaudador para la campaña nacional de Lacalle Pou y el principal inversor en publicidad electoral. No es de extrañar que tantos medios le hicieran el caldo gordo a su sector, Unión y Cambio.
Evadiendo el asunto de fondo, la agrupación construyó el relato de que todo respondía a una campaña de desprestigio orquestada por el FA junto con la Dgi y este semanario. Un argumento llamativo, teniendo en cuenta que la fuerza política mantuvo un profundo y prolongado silencio sobre el tema, prácticamente desde el principio.
En 2014, el FA todavía era gobierno en Maldonado y Blás era el hombre capaz de conseguir las mayorías especiales que se requerían para aprobar proyectos estratégicos en la Junta Departamental. No convenía hacerlo enojar, alegó un edil en la bancada cuando el Pvp propuso crear una comisión investigadora. La situación no cambió cuando el nacionalista Enrique Antía ganó la Intendencia, gracias a 16.000 votos aportados por Blás. El líder herrerista accedió a la presidencia del legislativo con votos de todo el FA, e incluso su figura fue ensalzada por un edil del sector del diputado frenteamplista Darío Pérez (Cabildo) en el momento de fundamentar el voto. Desde la presidencia, Blás profundizó su buen vínculo con ediles de todos los partidos (negoció las “partidas por gastos de representación”, que luego observaron el Tca y la Jutep) y consolidó su poder sobre los medios de comunicación al innovar con una campaña institucional de bien público para combatir los accidentes de tránsito y “promover” el pago de tributos. Repartió arbitrariamente recursos públicos entre todos, en algunos casos a cambio de notas o entrevistas, según consta en el expediente que el propio Blás me proporcionó en respuesta a un pedido de informes, a través de la ley de acceso a la información pública. Dado ese panorama, ¿quién se atrevería a poner en tela de juicio la probidad del político?
Ahora hay quienes consideran que el trabajo periodístico que expuso las maniobras de Blás ante la opinión pública “no sirvió de nada”, porque nadie resultó procesado. Otras personas toman el archivo del caso como sinónimo de inocencia de los políticos denunciados y de “ensañamiento” mío con el caudillo. Creo que demasiada gente se rehúsa a comprender, o no entiende, el sentido de las investigaciones periodísticas sobre la conducta de nuestros gobernantes y la importancia de que se instalen en la agenda pública. Creo que quienes nos comprometemos a desarrollar esas investigaciones en el interior del país, prácticamente en soledad, estamos mucho más desprotegidos que los colegas de la capital, no sólo por el manido argumento de nuestra cercanía con los investigados, sino también porque los referentes de los partidos políticos, que parecen ocupados en fomentar las buenas prácticas de los dirigentes y la militancia para que la campaña electoral no se contamine con información falsa, deberían otear más allá del horizonte montevideano.
Tener en cuenta estos factores es fundamental para garantizar el derecho de todos a contar con información de calidad –más allá de los discursos y la propaganda– al elegir a quienes nos representarán en el gobierno. Ese, y no otro, es el cometido del periodismo de investigación. Que los ediles Blás y Correa se las hayan ingeniado para evadir también a la justicia pasa a ser anecdótico. Incluso si la Comisión de Ética del PN no se expide antes de las internas ni los sanciona, el trabajo periodístico valió la pena. El fiscal Luis Pacheco aclaró en su dictamen que encontró pruebas suficientes para procesar al caudillo herrerista en Maldonado y reconoció que la medida administrativa por la cual archivó el caso fue invocada por la defensa. No se hizo justicia, es cierto. Pero esta semana, al reconocer en las redes sociales que recibió el archivo del caso con “una íntima alegría y satisfacción”, Rodrigo Blás confesó todo.
