Hace pocos días, la muerte de dos niños bajo custodia del Estado irrumpió en la agenda noticiosa de un enero habitualmente marcado por la escasez de información. Los hechos, dolorosos y alarmantes, que afectan a la infancia institucionalizada, obligan a mirar de frente una realidad que Uruguay ha preferido mantener en silencio.
La consigna «Verdad, justicia y no repetición», aplicada en América Latina sobre todo a procesos vinculados a dictaduras y a conflictos armados, comienza a instalarse también en la agenda global y regional –ya se llevaron adelante procesos en Australia, Escocia, Irlanda, Canadá– como un imperativo para revisar la situación de niños y adolescentes en los reformatorios, los institutos o los acríticamente denominados hogares, donde graves violaciones de derechos humanos han permanecido invisibilizadas durante décadas.
En nuestro país, la historia del Consejo del Niño, el Instituto Nacional del Menor (INAME) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) revela un patrón persistente: la institucionalización como respuesta principal frente a la vulnerabilidad.
Entre 1934 y 1989, el Consejo del Niño, bajo una lógica tutelar, consolidó un sistema de control social que recurrió casi en exclusivo al encierro frente a la pobreza y la marginalidad, y jugó, además, un papel crucial durante la dictadura, que recién empieza a visibilizarse. El INAME, entre 1989 y 2005, supuso un cambio nominal, pero mantuvo las prácticas de separación familiar y reproducción del mismo patrón tutelar. Finalmente, con la creación del INAU, en 2005, a pesar de avances normativos y enfoques alternativos, la institucionalización sigue siendo predominante, con episodios reiterados de graves vulneraciones de derechos.
Más allá de los cambios de nombre y de las reformas parciales, la respuesta estatal ha sido la misma: encerrar, separar, invisibilizar.
En este contexto, paradójicamente el discurso de protección ha servido como justificación para el encierro. El caso del incendio en el Hogar Yaguarón en 1986, en el que murieron cuatro niñas bajo custodia estatal, es un símbolo de cómo el Estado ha fallado en su deber de cuidado. La reiteración de tragedias de este estilo evidencia que el modelo institucional reproduce exclusión y violencia estructural. La persistencia de muertes y abusos en instituciones públicas, o en aquellas que operan bajo convenios o licitaciones, constituye un patrón histórico de violaciones de derechos humanos que se reproduce con obstinada regularidad.
El discurso oficial de protección –provenga desde el Legislativo, el Ejecutivo o el Poder Judicial– se erige como una fachada que contrasta de manera brutal con la realidad de encierro, abandono y violencia que vemos a diario. Los cambios institucionales, aunque proclamados como reformas, han demostrado ser insuficientes para quebrar esta lógica.
Cada hecho grave –una desaparición, un maltrato, un abuso, una muerte– activa un ciclo previsible: voces de indignación, reclamos, exigencias, la apertura de un expediente. Sin embargo, ese movimiento inicial se disuelve en la maraña burocrática, en la desconfianza en relación con investigaciones que se exhiben como espectáculo, pero que rara vez producen justicia. La parafernalia institucional funciona más como un ritual de legitimación que como un mecanismo de reparación.
La impunidad no solo marca los cuerpos de las víctimas, sino que se inscribe en la memoria colectiva y en la propia identidad de las instituciones. Es una huella indeleble que revela la distancia entre la retórica de protección y la práctica de abandono, y perpetúa un círculo de violencia y desprotección que se normaliza en el tiempo.
La experiencia chilena como referencia
En 2022, el presidente chileno, Gabriel Boric, impulsó la creación de una Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre Vulneraciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes bajo la Custodia del Sename o en Sistemas de Cuidados Alternativos Privados.
De acuerdo a lo que se indica en su web, «el eje central del trabajo de la comisión es el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de las víctimas para así contribuir a la justicia, y proponer al presidente medidas reparatorias y garantías de no repetición. Por lo tanto, escuchar a las víctimas y los sobrevivientes es central para avanzar en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta comisión asume la responsabilidad de contribuir a que nunca más un niño, niña o adolescente bajo la tutela del Estado sea violentado en sus derechos».
Chile inició así un proceso para reconocer que la institucionalización masiva produce daños graves y que el Estado debía asumir responsabilidades, reparar y garantizar la no repetición.
Este proceso constituye un precedente regional que Uruguay no puede desatender. La realidad exige ser revisada con la misma seriedad con la que otros países han enfrentado sus pasados de violencia y abandono. Una comisión similar a la creada en Chile debería, por lo menos, actuar en un marco temporal que abarque desde la creación del INAME hasta la actualidad. No debe tratarse tampoco de un mero ejercicio administrativo o de la creación de una comisión más, sino de un acto de responsabilidad histórica para reconocer que la institucionalización ha sido y es escenario de violaciones sistemáticas a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Para ello, resulta imprescindible la conformación de un órgano independiente, integrado por personas de distintos ámbitos, con acreditada idoneidad y rigor. Su tarea debería ser documentar las violaciones ocurridas en el marco de la institucionalización. Estas deberían incluir memoria institucional, apoyo psicosocial y gestos concretos que restituyan dignidad allí donde hubo despojo.
Una vez concluido el trabajo de recopilación de información e identificación de las víctimas, se deberá elaborar un documento final que sistematice los hechos y proponga medidas tendientes a garantizar el acceso a la Justicia y la reparación de las víctimas, así como propuestas de modificaciones legales y administrativas necesarias para impedir o prevenir la repetición.
El principio de no repetición y el compromiso del «Nunca más» deben ser asumidos como horizonte. Solo así se podrá salir de la trampa autocomplaciente que históricamente ha funcionado como un circuito de impunidad y simulación. La institucionalización no puede seguir siendo la respuesta principal frente a la infancia en situación de vulnerabilidad. Uruguay debe promover políticas basadas en derechos, con anclajes sólidos en la familia como ámbito privilegiado para el crecimiento de sus niños, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado.
La memoria, el reconocimiento y la reparación son condiciones necesarias para que el país pueda construir un futuro distinto, en el que la institucionalización deje de ser sinónimo de abandono y se abra paso a un modelo de cuidado que dignifique la vida de cada niño y cada adolescente.
La repetición de tragedias demuestra que no basta con cambios nominales: se requiere, además, de un proceso profundo de verdad, justicia y reparación. Solo así podrá honrarse la memoria de los niños y adolescentes que murieron bajo custodia estatal y garantizar que nunca más se repita este patrón.
