Un juicio en la Sudáfrica de América – Brecha digital
Ríos Montt y el genocidio en Guatemala

Un juicio en la Sudáfrica de América

Efraín Ríos Montt ha vivido en 86 años varias vidas, y hubo un tiempo en el que, aunque hoy cueste creerlo, se lo consideró un progresista. En los meses previos a las elecciones del 3 de marzo de 1974, en las que el presidente y general Carlos Arana Osorio planeaba legar el poder a su ministro de Defensa Kjell Eugenio Laugerud, las fuerzas democráticas moderadas que sobrevivían en Guatemala evaluaron sus opciones reales de victoria en un tablero evidentemente desparejo después de dos décadas ininterrumpidas de gobiernos militares y con un conflicto armado en marcha.

Concluyeron que su única maniobra posible era, como ya habían hecho en 1970, llevar como candidato, a modo de cuña del mismo palo, a un militar. Ríos Montt había ascendido el año anterior a jefe del Estado Mayor, tenía fama de librepensador y ejercía un liderazgo innegable en el ejército.
Tentado por la candidatura que le ofrecían, entre otros partidos, la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) que ya presidía Vinicio Cerezo –el que sería primer presidente democrático en 1985– y la Unidad Revolucionaria Democrática (URD) de Manuel Colom Argueta –tío de Álvaro Colom, presidente en 2008–, Ríos Montt se dio de baja del ejército para ser candidato del denominado Frente Nacional de Oposición (FNO) y se lanzó a una campaña en la que, según escribieron los corresponsales de la época, insistió en denunciar que las políticas económicas de Arana y su probable sucesor ahogaban a los más desfavorecidos. Laugerud, en respuesta, lo acusó varias veces de comunista. Una acusación peligrosa: la Constitución de Guatemala prohibía expresamente el comunismo.

Es ya una verdad histórica que el FNO ganó aquella elección pero un fraude dio como vencedor a Laugerud. Aunque denunció el robo, Ríos Montt no quiso que sus bases desafiaran al régimen en las calles, quizá sabedor de que la represión de Arana –durante su gobierno se estima que 20 mil personas habrían sido asesinadas o desaparecidas por el terrorismo de Estado– sería implacable. Acabó aceptando un exilio dorado como agregado militar de Guatemala en la embajada en Madrid. Aquella derrota política lo cambió para siempre. Pasó por el alcoholismo, dejó la religión católica y se hizo evangélico pentecostal. Cuando regresó a Guatemala en 1978 fue para, como un renacido, levantar la Iglesia del Verbo, de la que se hizo pastor. A su Iglesia estaba dedicado cuando el 23 de marzo de 1982 un grupo de oficiales jóvenes dio un golpe de Estado contra el general Romeo Lucas García con la intención de cambiar el rumbo de la guerra, y necesitó un rostro visible al que colocar al frente del nuevo gobierno.

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—En el 79 triunfa la revolución sandinista, y luego viene el golpe de Estado en El Salvador, y eso nos hace reflexionar –cuenta Mauricio López Bonilla, subteniente golpista en 1982 y hoy ministro de Gobernación del gobierno de Otto Pérez Molina–. La legitimidad estratégica de esta guerra se estaba colocando del lado de los subversivos y había que sacar al candidato militar de la próxima contienda electoral. Si Lucas hubiera aceptado quitar al candidato militar como se le pidió, no hubiera habido golpe.

—Pero entonces su objetivo no era democratizar, sino cambiar de estrategia contrainsurgente.

—La realidad socioeconómica que veíamos en el campo daba una razón de fondo al planteamiento de la guerrilla, así que nosotros mismos estábamos cavando la tumba donde nos iban a enterrar por la ceguera y la tozudez de nuestros generales. ¡Y lo peor es que los generales salieron corriendo de Nicaragua y de El Salvador! ¿Y quiénes íbamos a ser los que nos quedáramos dando la última batalla para luego ser juzgados por tribunales revolucionarios? Los oficiales jóvenes. ¿A quién se necesita? A un cuadro político-militar. Y el único que llenaba ese perfil era el general José Efraín Ríos Montt. Era un hombre respetado, fue director de la Escuela Militar… y se pensó: “Los guatemaltecos que votaron por él en el 74 lo van a ver bien. Venga para acá, don Efraín”.

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Ocho años más tarde, el ya subteniente López Bonilla acabaría formando parte de la llamada “juntita”, una de las juntas de asesores del general Ríos Montt, el hombre cuya victoria democrática quiso defender y al que acababa de ayudar a encumbrar como dictador.

—Ríos Montt llega con el pensamiento de que Guatemala tiene que cambiar, con un pensamiento de populismo caudillista, como el de los grandes caudillos de América Latina, y eso significó decirle al sector privado de Guatemala: “Abran la mano porque si no se la van a cortar”. Pero la conspiración en contra del golpe comenzó el mismo 23 de marzo…

—Pero el segundo golpe no lo dan los desplazados por el primero.

—No, es un retorno a la idea del 82, no completo pero sí ya con toda una planificación, porque Ríos Montt apostaba a perpetuarse en el tiempo. En el ejército había dos corrientes: una que decía: “Convoquemos a elecciones en seis meses, y se legitima el proceso con una asamblea nacional constituyente”, y otra que decía: “No, esta es la oportunidad de reordenar la institucionalidad del Estado al estilo de Pinochet con los Chicago Boys, y eso implica un mínimo de cuatro años o un período más largo aun”.

—¿Quién resolvió la pugna?

—Es Ríos Montt el que dice: “La transición tiene que ser política nada más, mientras resolvemos el enfrentamiento armado”. Por eso al año del golpe se institucionaliza el Tribunal Supremo Electoral ya como lo vemos hoy, a los dos años se convoca la constituyente, al tercero tenemos Constitución, y al cuarto llega el nuevo presidente de la república, un civil.

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Antes, López Bonilla ha hecho un amplio recorrido por la historia del siglo XX guatemalteco, reivindicando que el ejército siempre tuvo en su seno una vertiente progresista, que se resistió a la injerencia internacional aun cuando ésta era anticomunista. Él, obviamente, se considera heredero de esa corriente. De Efraín Ríos Montt ha dicho que siempre fue “controversial”, “pasional” y “dogmático”: “Decía que los militares éramos sacerdotes de una religión que se llama patriotismo y que nuestro símbolo era la bandera nacional”.

—¿Por qué no dejaron que Ríos Montt condujera esa transición a la democracia?

—Porque estaba desfasado en el tiempo. Él regresó por sus fueros de líder militar y de guía espiritual, y ahí fue donde no encajó.

—¿Cómo explica que quienes, según cuenta, administraron la transición a la democracia fueran los mandos militares de la etapa más brutal, de más excesos y violaciones de derechos humanos en toda la guerra guatemalteca?

—Se explica porque la transición a la democracia era la vía política para eliminar la justificación del movimiento revolucionario, que luchaba por la libertad, por derechos humanos… Una vez que no hubiera dictador no había posibilidad de levantamiento. No se trataba de la convicción de la democracia como ejercicio, sino de la democracia como objetivo estratégico para cambiar el marco de la guerra.

—¿La democracia como estrategia contrainsurgente?

—Así es. Pero también había que definir la guerra militarmente, en el campo de batalla.

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Durante los 17 meses del gobierno militar de Efraín Ríos Montt se cometieron más de la mitad de las masacres y violaciones de derechos humanos registradas en los 36 años que duró la guerra interna en Guatemala. Según el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, coordinado por las Naciones Unidas y presentado en 1999, un 81 por ciento del total de las violaciones de derechos humanos en el conflicto se dieron entre 1981 y 1983. El 93 por ciento las cometió el Estado guatemalteco, ya fuera a través del ejército o por medio de las Patrullas de Autodefensa Civil, que a menudo se nutrían del reclutamiento forzoso. Se estima que durante el efímero mandato de Ríos Montt se ejecutó extrajudicialmente a alrededor de 10 mil personas y se aniquiló totalmente 448 aldeas.

Esa brutalidad, parte de una política de tierra arrasada que forzó el desplazamiento y desarraigo de decenas de miles de personas principalmente en el departamento del Quiché, tuvo en cierto modo éxito desde el punto de vista militar y asentó en parte de la población la idea de que Ríos Montt había salvado al país del comunismo. A fines de 1983 el ejército, con el respaldo de terratenientes que ofrecieron sus fincas para ubicar en ellas destacamentos militares, prestaron sus avionetas para operaciones de ataque y financiaron políticas gubernamentales, había recuperado la iniciativa en el conflicto y debilitado a la guerrilla a unos límites de los que no se volvería a recuperar.

A pesar de ello, el mesianismo del general deterioró rápidamente la relación con sus propios oficiales, algunos de los cuales, en un ejército atravesado por fuertes recelos intergeneracionales, desafiaron su autoridad desde el mismo momento en que llegó al gobierno. Documentos desclasificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos revelan que uno de los primeros en recibir castigo por ello fue un mayor cuya enemistad con el general Ríos Montt se alimentó con los años y sobrevive hasta nuestros días: Otto Pérez Molina.

Treinta años después, en el gobierno de Pérez Molina es evidente la presencia de ex militares en puestos clave. Se puede hacer un recorrido por buena parte de las instituciones del ramo de seguridad, por ejemplo, saltando de una boina kaibil a otra desde el despacho del ministro de Gobernación hasta llegar al escritorio del director de una cárcel de máxima seguridad. Pero eso no quiere decir que el actual gobierno de Guatemala simpatice ni se sienta comprometido con la suerte jurídica del general retirado.

En sus apariciones semanales en televisión –la Guatemala clasista lo bautizó con sorna como “la muchacha”, porque salía los domingos– Ríos Montt solía repetir una norma que se convirtió en lema: “No robar, no mentir, no abusar”, y llegó a predicar sobre asuntos como la infidelidad, con una carga abiertamente moralista. Paradójicamente, y pese a esa obsesión pastoral, su tensión creciente con la Iglesia Católica, a la que consideraba cercana a la teología de la liberación y que ya desde el gobierno de Lucas se sentía perseguida por el ejército en departamentos como Quiché, tampoco ayudó a su relación con los sectores más conservadores del país.

El 8 de agosto de 1983 el propio ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Victores, encabezó un nuevo golpe de Estado que derrocó a Efraín Ríos Montt y terminó definitivamente con su vida militar. El periodista Gustavo Berganza recurre a este hecho para cuestionar que Ríos Montt tuviera el férreo control del ejército que él mismo en su momento, la historia oficial, y la acusación en el juicio, le atribuyen. “¿Controlar el ejército? ¡Pero si le dieron un golpe de Estado! –apunta Berganza–. Él no tenía el control del país que, por ejemplo, tenía Pinochet, pero está preso en su propia trampa: no puede desmentirse a sí mismo cuando dijo que era la autoridad máxima; y por espíritu de cuerpo, por su propio concepto de lealtad, no va a señalar a sus compañeros de armas, tan responsables o más que él en lo sucedido.”

La relación de Ríos Montt con el sector privado guatemalteco también salió dañada de su etapa de gobierno, principalmente por su insistencia en implantar una reforma fiscal que incluía un impuesto especial para costear la lucha contrainsurgente, y por su populista mensaje antioligárquico, que se haría más palpable en su carrera política posterior al derrocamiento. Si en 1983 llegó a decir que en Guatemala sólo existían “los explotados y los explotadores”, después de fundar en 1989 –ya en democracia– su propio partido, el Frente Republicano Guatemalteco, la confrontación con la organización empresarial más fuerte del país, el CACIF, se hizo habitual.

La pérdida de aliados en las estructuras tradicionales de poder no impidió, sin embargo, que Efraín Ríos Montt viviera todavía una tercera juventud política al frente del frg, primero como diputado y después como presidente del Congreso, que culminó en 1999 con la llegada a la presidencia de su candidato, Alfonso Portillo. Aún hoy, quienes defienden la inocencia del general retirado apelan a su popularidad en un sector de la población indígena del Quiché, y los altos niveles de votación que entre 1991 y 2008 logró incluso entre la población ixil, para descartar que sea un genocida.

Helen Mack lo explica: “En Quiché muchos dicen que les dio la paz, porque al llegar al poder en el 82 concedió una amnistía y permitió el regreso de los desplazados, aunque aquello fuera para recluirlos en lo que después llamaron las ‘aldeas modelo’. Hay indígenas que sólo recuerdan que en ese momento, para ellos, cesó la persecución”. Ríos Montt, con sus políticas, dividió a los indígenas del Quiché en dos bandos: los que aceptaron estar con él, bajo su control y tutela, y el resto, a los que el ejército consideró en adelante base de la guerrilla.

Confiado en su propia historia, el ex dictador en persona compitió en las elecciones de 2003, pero apenas alcanzó un poco memorable tercer puesto. Después, el lento declive de su partido, que en las elecciones de 2011 sólo logró dos diputados, ha ido desnudando la nueva fragilidad política de Ríos Montt, desplazado en el campo por nuevos clientelismos, sin fuero legislativo desde enero de 2012 y rodeado de los enemigos que se ha granjeado en sus múltiples vidas.

Felipe Bosch, perteneciente a una de las familias más poderosas de Guatemala, fue presidente del CACIF durante el gobierno de Alfonso Portillo, la etapa en la que Ríos Montt acumuló más poder después de los ochenta. Sus choques con ambos fueron constantes, especialmente por los intentos de reforma fiscal de aquel gobierno, y Portillo llegó incluso a acusarlo de conspirar para derrocarle mediante un golpe de Estado. El empresario no conserva de aquella época simpatía alguna por ninguno de los dos personajes. Más bien lo contrario. En lo referente al juicio, sin embargo, trata de ser prudente:

—Hay que buscar a las víctimas y darles nombre y dignidad, pero sin llevar los temas al más alto grado de ebullición –dice–. La cuestión es cómo juzgar sin debilitar al país. Ahí juega la responsabilidad de los jueces. Lo estamos viendo en Argentina. Hoy se juzga a un general y se le condena, y eso es una victoria para un grupo que dice ¿cuál es la próxima? Y puede ser incluso el presidente. Y pongamos que comprueban que sí participó. Y los siguientes pueden ser quienes lo apoyaron… ¿Y quiénes fueron? Los empresarios del sector agrícola. Y todos los dedos van a empezar a apuntar al sector empresarial. Y entonces los empresarios se van a defender… Aún estamos a tiempo de parar eso.

—Eso suena a defensa gremial. ¿Es un problema si sólo se condena a quien sea culpable?

—Lo malo es volver a abrir la olla de grillos. Ahí vas a encontrar de todo. ¿Dónde parar entonces? Eso puede volver a una guerra que esta vez sería más violenta.

—¿Y si un empresario fue cómplice de masacres o encubrió asesinatos de niños, por ejemplo?

—Que lo condenen… pero si eso sigue podemos acabar en las armas de nuevo. ¿No acabó ya la guerra?

—¿Dónde está el polvorín del asunto?

—En la acusación de genocidio. Si un general hizo algo, que lo condenen, pero aquí no sólo se está juzgando a Ríos Montt; se está juzgando internacionalmente al país. E incluso hay que pensar que si ahora tenemos país fue en parte por Ríos Montt. No hay que olvidar que por lo que pasó, por lo que se hizo, no llegamos a ser una Cuba.

*     De la revista digital salvadoreña El Faro. Brecha reproduce fragmentos de esta nota, por convenio.

El día señalado

“El acusado es responsable como autor del delito de genocidio y (…) se le impone una pena de 50 años inconmutables, y el acusado es responsable de delitos contra los deberes de la humanidad cometidos en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles y (…) se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutable.” Cuando la jueza Jazmín Barrios leyó en la noche del viernes pasado el histórico fallo, la sala del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de la Corte Suprema de Justicia rompió en aplausos. “¡Sí hubo genocidio, sí hubo genocidio!”, gritaron unas 500 personas, casi todas de origen maya. “¡Jueza, jueza, ponga orden!”, se desesperaba por su lado el general. Era la primera vez que un tribunal guatemalteco escuchaba testimonios de indígenas familiares de hombres, mujeres y niños masacrados por el ejército a comienzos de los años ochenta. A Ríos Montt se lo encontró responsable de haber ordenado 15 masacres de indígenas mayas-ixiles del departamento de Quiché entre 1982 y 1983. Su ex jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, que también era juzgado, fue absuelto de los mismos cargos.

Durante el juicio, iniciado casi dos meses atrás y que fue suspendido varias veces por diversas chicanas ensayadas por los abogados de la defensa, más de cien sobrevivientes de las masacres testificaron contra los acusados. Dieron cuenta de atrocidades: degollamientos de niños, mujeres embarazadas cosidas a puñaladas para sacarles el feto de su vientre, violaciones colectivas. “Hubo voluntad de exterminio de comunidades enteras a las que los militares acusaban de colaborar con la guerrilla. Y eso quedó probado”, dijo un abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, querellante en la causa. “Es la primera vez que se reconoce el genocidio en América Latina”, afirmó por su lado la activista Elizabeth Osorio.

Un modelo matemático para sugerir el genocidio

Patrick Ball, director ejecutivo de Human Rights Data Analysis Group, es un especialista en estadísticas para derechos humanos. Años atrás había realizado peritajes sobre homicidios en conflictos ocurridos en todo el mundo, desde Colombia hasta Timor Oriental, pasando por Kosovo, El Salvador, Sri Lanka, Sierra Leona, Haití, Chad, Congo, Etiopía. En Guatemala ya había trabajado para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, contribuyendo al establecimiento del total de muertos en el país entre 1978 y 1996: nada menos que 132 mil personas.

En estos últimos años sus investigaciones sirvieron para dar fundamento a la tesis que la fiscalía sustentó –en el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez–, de que lo que sucedió en la zona del Quiché, al norte de Guatemala, entre abril del 82 y julio del 83 fue un genocidio. “Mi trabajo no estaba destinado a afirmar si hubo o no genocidio. Cuando el fiscal me preguntó ante la corte si habíamos probado el genocidio dije que no, que sacar las conclusiones es lo que tiene que hacer la fiscalía, pero que nuestro trabajo sí es congruente con la tesis de que hubo un exterminio planificado de una población determinada, la de los indígenas ixil habitantes de tres municipios”, dice Ball. El estadounidense comparó, basándose en un análisis de estimación de sistemas múltiples, la cifra de asesinatos de indígenas y de no indígenas cometidos por militares en el espacio y tiempo estudiados y concluyó que “el riesgo de ser asesinado por el ejército en esos tres municipios durante ese período fue ocho veces mayor que el riesgo corrido por el vecino no indígena. Esta es una diferencia enorme”. Con una metodología basada en buscar coincidencias y corregir sesgos, Ball llegó a la conclusión de que en los 16 meses analizados las fuerzas armadas habían masacrado, en diversos ataques, a 2.147 de los 38.902 indígenas que habitaban el área, mientras que de los 5.882 no indígenas que allí vivían “sólo” había matado a 41.

“Es una diferencia muy grande”, insiste. Ball descartó la validez de los argumentos de la defensa de los militares. El principal de ellos: que no podía de ninguna manera haber genocidio porque muchos de los soldados atacantes eran también indígenas que “no podían” ir contra sus propias etnias. “Un soldado que recibe una orden de matar no puede decir sí o no, tiene que cumplir. No importa si era indígena, no indígena, gringo o de Marte. Aquí el punto son los generales y los coroneles que dieron las órdenes. Ni su etnia es tan importante o relevante. Una persona de una etnia determinada puede decidir destruir su propia etnia y es un hecho de genocidio. Pero yo me pregunto: ¿los coroneles y generales eran indígenas o ladinos?”, señala Ball.

(Basado en una entrevista concedida a la publicación digital guatemalteca Plaza Pública.)

¿Tú también, Otto?

“Con la condena de Ríos Montt, Guatemala lidera con el ejemplo en una región donde la impunidad de crímenes pasados es tristemente la norma”, comentó esta semana desde Londres Sebastián Elgueta, experto en Guatemala de Amnistía Internacional. La organización humanitaria pretende que la justicia de ese país no se contente con haber mandado a prisión al ex dictador “en nombre de todos los represores”, sino que comience por fin a investigar todo lo sucedido en los 36 años de guerra interna y condene a los culpables; a todos ellos, y no sólo a los militares. El mismo tribunal que mandó a prisión a Ríos Montt exculpó a su ex jefe de inteligencia, Rodríguez. La fiscalía había pedido para ambos una pena de 75 años de cárcel.

Quince días atrás la revista digital guatemalteca Plaza Pública publicó un reportaje sobre una colonia, una suerte de country, en la que viven alrededor de 30 hijos de oficiales del ejército que en su mayoría combatieron en el Quiché, la zona fundamentalmente indígena donde se cometieron las masacres evocadas en el juicio a Ríos Montt. Los jóvenes, que andan por la treintena y son también ellos soldados, muestran su “indignación” porque los civiles y “los extranjeros” que ordenaron la represión de la que participaron sus padres y les dieron carta blanca en aquellos años pueden llegar a zafar. Uno de ellos, Luis Reyes, que oficia de vocero del grupo, manifestó a la periodista Alejandra Gutiérrez Valdizán su bronca en especial por la actitud de Estados Unidos y del empresariado. “El hecho de que haya llegado (al tribunal donde se enjuiciaba a Ríos Montt) el embajador de Estados Unidos (es un ejemplo de) doble moral. Nos enzarzan en la guerra y allí nos dejan: es el país más hipócrita. ¡Y el empresariado! El empresariado debería salir a defender a la institución que le defendió sus intereses, por eso muchas veces tenían razón en decir que era el ejército de los ricos”, dijo.

Entre los asiduos visitantes del country la periodista señaló a Mann Pellecer, un guatemalteco-estadounidense que hoy se presenta como “analista político” y que en su tiempo combatiera en Vietnam. El hombre, cuyo padre murió en una emboscada guerrillera, defiende a Ríos Montt. “¡Viejo hueco, si usted quiere! (ha sido uno de los pocos generales que ha sido monógamo, palabra). Pero tildarlo de genocida, eso no es correcto”, dice. Y respecto de un coronel acusado de violar y masacrar a mujeres indígenas y que vive en la colonia, dice a la periodista: “Ahora, que me vengan a decir que gente como este coronel se llegó a coger a un montón de indígenas, discúlpeme la palabra, eso sí que no. La gente indígena tiene un cierto olor un poco feo, así femeninamente, muy fuerte allá abajo, porque no se bañan. Tiene que estar uno muy necesitado de querer coger para haber tenido sexo con tanta indígena. Yo creo que sí sucedió, pero no es que haya sido una regla”. Reyes y Pellicer quieren que “se cierre por fin esta etapa”, que “se pueda olvidar lo sucedido” y que “el país mire para adelante”.

Carmen Ibarra, del Movimiento pro Justicia, una de las asociaciones querellantes en el juicio contra Ríos Montt, pretende que se investigue la actuación de otros militares, no sólo la del capo dei capi Ríos Montt. Ibarra aspira en especial a que el Ministerio Público (MP) presente la declaración de un testigo que acusó al presidente Otto Pérez Molina de haber participado en el genocidio de indígenas ixiles. “El MP recibió un mandato del tribunal para continuar con las investigaciones por genocidio, y el actual presidente de Guatemala es un primer mencionado”, dijo.

Un testigo protegido por la justicia afirmó que en los primeros años ochenta Pérez Molina actuó en territorio ixil en la época de las masacres bajo el seudónimo de “mayor Tito Arias”. El hoy presidente reconoció ambas cosas, pero negó haber formado parte del destacamento militar que mató a unos 2 mil indígenas. Durante el juicio a Ríos Montt, el general retirado, aun si negó que hubiera habido genocidio, se dijo favorable a que “la justicia actúe” para investigar si se cometieron o no crímenes de guerra durante “la dura etapa de la guerra contra la subversión”, y dijo que el proceso al ex dictador fue posible en parte gracias a que su gobierno no lo obstruyó (“hace diez años hubiera sido imposible”, afirmó).

“Si es verdad, como el propio Pérez Molina reconoce, que actuó en el Quiché y bajo el seudónimo que se le imputa, ¿qué tareas cumplía? ¿Es posible que no haya participado en las masacres?”, apuntó Ibarra.
La militante humanitaria señaló también que las investigaciones judiciales no pueden tampoco circunscribirse a algunas de las masacres. “Las matanzas contra la población civil eran parte de una política contrainsurgente que se desarrollaba con el control desde la presidencia y en la que también hubo sectores que la validaron política o financieramente.”

Julieta Rústica, investigadora del Grupo de Estudios sobre Centroamérica de la Universidad de Buenos Aires, escribió a su vez en el diario argentino Página 12 (13-V-13) que la violencia padecida por los indígenas ixiles, y que fue catalogada como “genocida” en virtud de que obedecía a un plan sistemático de exterminio, se aplicó también a otros grupos. “Ese caso específico era más sencillo llevarlo a la justicia, dadas las pruebas más que contundentes y las limitaciones de la definición jurídica de genocidio. Sentada la jurisprudencia, tal vez en un futuro no muy lejano podamos oír otra sentencia que no necesite circunscribir el genocidio al conflicto armado interno ni a un grupo étnico en particular. Por lo pronto, el coto a la enorme impunidad que cubrió como un manto durante décadas a Guatemala hoy es un hecho, así como también se otorga un viso de dignidad a los pueblos indígenas”, subrayó. n

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