La confidencialidad de la compra de las vacunas contra el covid-19

Se paga en silencio

Con una resolución que no ha sido pública, el gobierno dispuso la confidencialidad de todo el proceso de negociación para la compra de las vacunas, incluido el precio pagado por cada dosis. La decisión es una imposición de la industria farmacéutica. El Estado ya transfirió 18 millones de dólares a Pfizer-Biontech y a Sinovac.

Vacunación contra el covid-19 en Montevideo, el 1 de marzo Mauricio Zina

Los contratos celebrados entre el Estado uruguayo y los laboratorios para la compra de dosis de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 fueron clasificados como confidenciales y se mantienen en reserva. Esa confidencialidad incluye los contratos ya firmados, así como sus eventuales ampliaciones o enmiendas, según una resolución del Poder Ejecutivo a la que accedió Brecha, a través de un pedido de acceso a la información pública.

El 22 de enero, el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, anunció un acuerdo con los laboratorios Pfizer-Biontech y Sinovac para la compra de 3,75 millones de dosis contra el virus. Según el mandatario, esto permitiría iniciar un ambicioso plan de vacunación para superar la pandemia de coronavirus en Uruguay. Sin embargo, el presidente evitó brindar detalles sobre los contratos, ya que incluían cláusulas de confidencialidad.

Doce días después, el 3 de febrero, el Poder Ejecutivo firmó la resolución CM/391, que otorgó un marco legal a esa reserva: «Clasifícanse como confidenciales […] toda documentación vinculada a las negociaciones mantenidas y los contratos celebrados por el Estado uruguayo para la adquisición de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 producidas por los respectivos laboratorios, así como sus anexos, eventuales ampliaciones y/o enmiendas».

Esa resolución –que no está publicada en el portal web de la Presidencia de la República, ya que también es de carácter confidencial y reservado– señala que las negociaciones y los contratos están amparados por cláusulas de confidencialidad «que impiden la revelación de su contenido de forma total o parcial». Y afirma que «el incumplimiento de los acuerdos y cláusulas de confidencialidad harían incurrir al Estado uruguayo en responsabilidad, poniendo asimismo en riesgo la ejecución de los contratos suscriptos y la de aquellos a suscribirse».

Para fundamentar la reserva, el gobierno aplicó un literal del artículo 10 de la ley 18.381, sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, que le permite al Estado limitar la información de carácter público cuando existe un acuerdo contractual de confidencialidad, como en este caso. Amparado en esta resolución, el Poder Ejecutivo rechazó el pedido presentado por Brecha para tener acceso a los contratos firmados con Pfizer-Biontech y Sinovac, así como con el mecanismo Covax. En ese pedido –realizado el 23 de enero– se solicitaba copia de los contratos y detalles sobre el precio a pagar a cada laboratorio, la cantidad de dosis adquiridas y el precio por dosis.

Esta semana, entrevistado en Telemundo, Lacalle Pou aseguró que firmar estas cláusulas era algo natural, en virtud de que los laboratorios debieron desarrollar sus vacunas en cinco meses («se van a atajar»). Y afirmó que la información sobre el precio de las vacunas se dará a conocer cuando estos contratos lo permitan: «Ahora no […] por ahora es confidencial». Sin perjuicio de esto, negó que el gobierno hubiera comprometido garantías estatales a cambio de la provisión de las vacunas.

En cuanto a estos criterios de confidencialidad, el abogado Martín Prats aseguró que el plazo legal máximo de reserva de una información es de 15 años, aunque podría desclasificarse con anterioridad «si se extingue la causa que diera lugar a su clasificación». Sin embargo, apuntó que esa declaración de reserva puede ser revisada por la Justicia, en particular, cuando la confidencialidad refiere al precio que paga el Estado por un contrato. «Estamos hablando de información de interés público», afirmó.

Las cláusulas de confidencialidad son una exigencia de las empresas farmacéuticas en todo el mundo. Según diversos relevamientos, los contratos para la adquisición de vacunas contra el covid-19 incluyen eximentes de responsabilidades para los laboratorios por efectos adversos de las vacunas y el secretismo en el precio pagado por dosis . El mes pasado Brecha señaló que la empresa Pfizer solicitó a los gobiernos de Argentina y de Brasil incluir activos soberanos –que incluyen embajadas o bases militares– como garantía para cubrir posibles costos legales por el suministro de las vacunas (véase «Leoninas», Brecha, 29-I-2021).

La politóloga Natalia Carrau –de Redes Amigos de la Tierra– aseguró que la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad en los acuerdos comerciales entre países o entre el Estado y privados –como fue el acuerdo entre Uruguay y UPM para la instalación de la segunda planta de celulosa– es común o habitual, pero no tiene nada de normal. «¿Es legal? Sí. ¿Debería ser así? No. Porque atenta contra la democracia y el debate franco en materias sensibles para la ciudadanía», afirmó Carrau a Brecha.

Según Carrau, la introducción de estas cláusulas es uno de los modus operandi de las empresas transnacionales: «Seguramente la confidencialidad esté protegiendo los intereses de esa transnacional en varias materias, desde que no se pueda demandar a la multinacional por posibles efectos de la vacuna hasta que no se puedan conocer todos los componentes con los que se desarrolló». Y aseguró que las farmacéuticas están amparadas por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que protegen la propiedad intelectual de las empresas, lo que les otorga una posición de poder en la negociación.

Pese a todo, algunos datos sobre los contratos comenzaron a filtrarse a nivel mundial. En diciembre de 2020, la ministra de Presupuesto de Bélgica, Eva De Bleeker, divulgó a través de sus redes sociales el precio de las vacunas acordadas por la Unión Europea con los laboratorios. El tuit fue borrado en forma inmediata en virtud de esas cláusulas de confidencialidad, pero los datos ya eran de dominio público. De acuerdo con este resumen, las vacunas más caras eran las de Moderna (14,6 euros por dosis) y de Pfizer (12 euros por dosis), seguidos por la de Curevac (10 euros), Sanofi-GSK (7,56 euros), Johnson and Johnson (6,9 euros) y Astrazeneca-Oxford (1,78 euros).

Por ahora, en Uruguay, el único detalle conocido oficialmente es el precio pagado por dosis a través del mecanismo Covax. El contrato con la Gavi Alliance, una fundación con sede en Ginebra encargada de centralizar la demanda de vacunas del Covax, al que accedió Brecha, establece que el Estado uruguayo reservó 1.389.000 dosis de vacunas a través de este sistema. Para esto, realizó un pago anticipado de 2,2 millones de dólares, financiado con recursos del Fondo Coronavirus. En este caso, el contrato firmado establece que «el promedio ponderado del costo calculado integral por dosis son 10,55 dólares», por lo que Uruguay deberá abonar unos 14,6 millones de dólares a la Gavi Alliance para acceder a la totalidad de las vacunas.

En enero, al informar sobre los acuerdos con Pfizer-Biontech y Sinovac, el presidente Lacalle Pou aseguró que el Tribunal de Cuentas (TCR) autorizó un gasto por 120 millones de dólares para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, fuentes de ese organismo indicaron que el Poder Ejecutivo se limitó a enviar una nota en la que informaba sobre la futura suscripción de acuerdos con laboratorios y empresas internacionales para la compra de las vacunas, sin aportar mayores datos.

En esa nota, el gobierno se comprometió a que, «una vez culminados los procesos administrativos de contratación y en el marco de lo dispuesto en los acuerdos confidenciales suscriptos por el Poder Ejecutivo», se procedería a enviar los antecedentes al TCR para que se analice su legalidad y el organismo intervenga el gasto. Sin embargo, los contratos con Pfizer-Biontech y Sinovac aún no fueron enviados al organismo para su control administrativo.

Eso pese a que el Estado ya realizó dos transferencias de dinero a las farmacéuticas como pago adelantado para la adquisición de las vacunas. Las transferencias fueron hechas en febrero, cuando los contratos estaban cerrados. Una tenía como destinataria a Pfizer-Biontech y la otra, a Sinovac; el monto de cada transferencia fue de unos 9 millones de dólares, dijeron las fuentes consultadas por Brecha. Sobre fines de febrero, Uruguay recibió la primera partida de 192 mil dosis de Sinovac; el miércoles 10, llegaría la primera partida de Pfizer-Biontech, con unas 50 mil dosis, lo que permitiría comenzar con la vacunación del personal de la salud y de los adultos mayores. En las próximas semanas, en tanto, saldrían nuevos pagos al exterior.

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