Sed de mar

El comercio, las telecomunicaciones, la pesca, la extracción de petróleo y gas, el turismo: el mar es un espacio estratégico fundamental para el desarrollo de la economía mundial. En 2016 la ampliación de su plataforma continental al máximo permitido le dio a Uruguay un gran potencial de explotación de ese territorio, pero también la responsabilidad de controlar e investigar. Semanas atrás la Udelar dio a conocer sus actividades de formación, investigación y extensión en torno al tema. Lo hizo alertada por una idea que ronda en la Presidencia: la creación de una universidad del mar que dé cumplimiento a las obligaciones contraídas.

Durante el Consejo de Ministros que se realizó en Pirarajá (Lavalleja), en noviembre de 2017, un vecino propuso al presidente Tabaré Vázquez la creación de una universidad del mar en el departamento de Rocha. Dijo que hilvanaba la idea desde setiembre del año anterior, cuando las Naciones Unidas concedieron a Uruguay la ampliación del límite de su plataforma continental hasta llegar al máximo permitido de 350 millas. Mediante esta decisión, enmarcada en la Convención de los Derechos del Mar (Convemar), nuestro país adquirió los derechos exclusivos para explotar los recursos naturales vivos y no vivos (minerales) del lecho y subsuelo marino, pero también la obligación de investigar y controlar todas las actividades en esa zona.¹ En ese contexto, el presidente Vázquez tomó la iniciativa del vecino –cuya identidad nunca trascendió– como “una excelente idea”, y allí mismo prometió encomendar un estudio de factibilidad al Ministerio de Educación y Cultura (Mec). “Toda la riqueza y el potencial de crecimiento que tiene Uruguay en su territorio marítimo amerita que sea estudiado en profundidad y con seriedad”, remarcó el mandatario. Luego, la ministra María Julia Muñoz destacó a El Observador que Uruguay debe aprovechar las oportunidades “que le brinda la expansión de su plataforma continental, y que los jóvenes uruguayos que quieran realizar actividades vinculadas al mar deben tener dónde estudiar”.² Ningún jerarca volvió a hablar públicamente del asunto y todo pareció quedar en otra nota de color, de las que se generan cuando el presidente y su gabinete sesionan en el interior del país. Pero el episodio caló hondo en la Universidad de la República (Udelar), que vio amenazado su papel en la formación, investigación y extensión comunitaria sobre el espacio marino y costero. Y resolvió tomar medidas para no perderlo. “Hasta ese momento la Udelar no tenía muy claro todo lo que estaba haciendo por estos temas a través de sus servicios”, admitió esta semana a Brecha el doctor en ciencias Alvar Carranza, profesor adjunto en el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental que funciona en el Centro Universitario Regional del Este (Cure). Con la certeza de que atraviesa un creciente desarrollo en esas áreas, la casa de estudios se propuso cuantificar la magnitud del conocimiento que aporta a nivel nacional y valorarlo a nivel interno, para luego darlo a conocer a la opinión pública. Así, en marzo pasado el Consejo Delegado Académico (Cda) designó un comité de docentes investigadores con dos cometidos: primero, diagnosticar las capacidades académicas en recursos humanos y logística para temas marinos y costeros; en segundo lugar, reconocer las debilidades y fortalezas de las actividades de la Udelar en esos espacios.

El comité –que el profesor Carranza integra junto a otros colegas– procesó esa información en los últimos dos meses y presentó los resultados durante una jornada organizada el 11 de mayo en la sede del Cure de Rocha. El director de este centro universitario, Javier Vitancurt, destacó a Brecha que la actividad fue el corolario de un proceso en el que, por primera vez, todos los servicios de la Udelar se unieron “con el solo objetivo de mostrar las actividades de la Universidad, dejando de lado los intereses propios de cada grupo o servicio”.

De ese encuentro, que definió como “bisagra” para mejorar la articulación entre los servicios universitarios y proyectarse “en la interna”, surgieron datos que entiende relevantes también para reivindicar el papel de la Udelar en esa temática a nivel nacional.

AVANCES Y TRASPIÉS. En cuanto a recursos humanos, el sondeo del comité académico reveló que 107 investigadores de la Udelar se consideran vinculados con las ciencias del mar y que, entre éstos, 12 se destacan por el impacto de sus publicaciones en la comunidad científica internacional. No obstante, también verificó la falta de una o más carreras de grado para formar recursos humanos específicamente en temas marinos. “Hay unos sesenta cursos dispersos en distintas carreras, pero eso no se ha cristalizado en una oferta académica concreta”, reconoció Vitancurt. Otra debilidad detectada es que la mayoría de los docentes con maestrías y doctorados (obtenidos en el exterior, a falta de esa opción formativa en Uruguay) se dedica a temas costero-marinos (alrededor del 75 por ciento), y son muy pocos los que investigan en la zona oceánica. Sobre los motivos parece haber consenso: en esto inciden las carencias en materia de logística e infraestructura, fundamentalmente, debido al alto costo del equipamiento y de las embarcaciones necesarias. A modo de ejemplo, Alvar Carranza recordó una experiencia del año 2010, cuando extrajeron muestras de barro del fondo marino a 1.500 metros de profundidad. “Un equipo rudimentario costaba 230 mil dólares, y hay que imaginarse los costos de mantenimiento y logística de un barco de investigación. Es prohibitivo”, lamentó.

Instituciones como la Armada o la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos cuentan con navíos para desarrollar algunos proyectos junto a la Udelar y así paliar, en cierta forma, la falta de presupuesto. Pero la Universidad entiende necesaria la existencia de un buque oceanográfico multipropósito (equipado para trabajar en las distintas áreas de la oceanografía: biológica, física, química y geológica) que permita investigar la plataforma y el talud continentales.

Para la doctora Leticia Burone, integrante del grupo de trabajo de Ciencia y Tecnología Marina (Cincytema), de la Facultad de Ciencias, y miembro del comité académico formado por el Cda, lograr este objetivo requiere una “voluntad política traducida en fondos” y un trabajo articulado que aproveche cada oportunidad de mejorar la logística. Por ejemplo, la oceanógrafa recordó a Brecha que hace dos años Uruguay perdió la invalorable donación de uno de esos buques, gestionada ante la Universidad de San Pablo (Brasil). Relató que el navío oceanográfico Profesor Bessnard cubría ampliamente las aspiraciones de la comunidad oceanográfica nacional y su llegada a Uruguay había sido avalada por el propio presidente Vázquez. Sin embargo, por presuntas demoras en los trámites a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y dificultades para cubrir los costos de traslado de la embarcación, la donación se perdió.

Por otra parte, Burone advirtió sobre los escasos beneficios que reportan al país los acuerdos de cooperación internacional, por los cuales buques científicos de bandera extranjera ingresan a la zona económica exclusiva (Zee) de Uruguay. “Traen un proyecto en mente, investigan y se llevan datos y materiales (muestras) que luego se transforman en publicaciones científicas (de esos países). A veces algún docente consigue que un estudiante nuestro se embarque, pero eso no puede llamarse cooperación. Cooperación científica significa que el grupo de investigadores uruguayos pueda participar en el proyecto de investigación a realizarse en nuestra Zee desde el vamos. En otros países, si los barcos extranjeros no cumplen con ese requisito, no consiguen la autorización para entrar a sus mares territoriales”, enfatizó. A esto agregó otra situación que revela la escasa participación de los investigadores uruguayos en estos proyectos y el grado de desarticulación entre los diferentes organismos estatales abocados a la exploración de nuestro mar: “El Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (Sohma) a veces puede poner un observador en el navío, que no es hacer investigación. Por otra parte, el Sohma tiene el Centro Nacional de Datos Oceanográficos (Cendo), con mucha información que está guardada y sin procesar. Habría que ver cuál es el camino para que la Udelar pueda acceder a esa información, que puede ser publicada por los investigadores”, reclamó Burone.

Para Alvar Carranza situaciones como éstas pueden enmarcarse en la “falta de una visión integrada” sobre la gestión del mar. “¿Dónde hay una política nacional explícita que diga qué haremos con los sistemas marinos, más allá de los acuerdos internacionales que mandatan o de los lineamientos de los ministerios que participan en estos asuntos según sus propios objetivos?”, cuestionó. “Nunca hubo nada explícito, centralizado, sobre cómo debemos interactuar y complementar las capacidades de cada organismo, con un objetivo común que facilite la definición de un modelo de desarrollo y la toma de decisiones estratégicas sobre el mar”, añadió.

Burone coincide con ese diagnóstico: “La región marina uruguaya es relevante desde el punto de vista social y económico, ya que contiene una gran variedad de recursos naturales, así como de ambientes y diversidad biológica. Usos y servicios como la exploración y explotación de hidrocarburos, la pesca industrial, el cableado submarino, entre otros, se desarrollan actualmente en la Zee. Sin embargo, es escaso el conocimiento del funcionamiento integral de los procesos oceanográficos, siendo que éste es clave a la hora de tomar medidas correctas de manejo marino”, argumentó.

UN INSTITUTO EN CIERNES. En vistas de este panorama, para la Udelar es necesario transitar otros caminos antes de pensar en una universidad del mar. Carranza subrayó que la universidad pública “tiene muchas capacidades instaladas” para formar profesionales vinculados con las diferentes áreas de gestión de los espacios marinos. “Lo mejor es definir cómo potenciamos el desarrollo en función de lo existente, en lugar de crear una entidad nueva”, remarcó. Por eso adelantó que en los próximos meses el comité académico se abocará a diseñar “una hoja de ruta” sobre tres grandes ejes estratégicos: primero, potenciar la formación de recursos humanos; luego, avanzar hacia una plataforma logística que permita investigar mar adentro; y por último, fortalecer la interfaz de ciencia política, es decir, incorporar el conocimiento académico a la toma de decisiones del gobierno. “¿Cuántos barcos pesqueros pueden entrar por año sin que hagan pelota todos los ecosistemas? Determinarlo exige una respuesta técnica, de investigación, que Uruguay no tiene y que la academia puede dar”, graficó Carranza, convencido de la importancia de dialogar con el Poder Ejecutivo hasta encontrar la “sinergia” necesaria.

La postura de la Udelar, contraria a la creación de una universidad del mar, es respaldada, en principio, por el Mec. El jefe de la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento, David González, aseguró a Brecha que ese proyecto “no está en los planes” de la cartera. “En Uruguay tenemos muchos actores que han hecho interesantes aportes desde su perspectiva, pero con el pasar de los años, como en otros temas relativos a la ciencia, no hemos podido generar un espacio de esfuerzo conjunto. Existen varios organismos, cada uno con su mirada y sin saber lo que hace el otro”, reconoció. Para superar esta situación entiende útil la creación de un instituto que concentre y articule la actividad de todos los actores públicos que intervienen en temas marinos (como la Udelar, el Sohma, la Dinara, la Dinama, Relaciones Exteriores, Cambio Climático), mientras, por otro lado, se fortalece la oferta académica con carreras específicas. En principio, González adelantó que el Poder Ejecutivo potenciará el funcionamiento de la Comisión Uruguaya de Oceanografía (Cuo), creada por ley en 2009 y que funcione en la órbita del Mec. Se trata de un órgano interministerial cuyo cometido es “promover el desarrollo de estudios en el campo de la oceanografía, favorecer la coordinación y la correcta orientación en los estudios de investigaciones oceanográficas, procurando la participación de las instituciones competentes”. Sin embargo, la Cuo ha hecho poco y nada en este sentido: en todos estos años sus reuniones se cuentan con los dedos de una mano. “Muchas veces se hacen leyes o decretos que crean estas comisiones multiorganismos, y después no tienen la dinámica que el legislador esperaba”, admitió el funcionario del Mec, aunque aseguró que desde el mes pasado el objetivo es aumentar la frecuencia de las reuniones. “Estamos haciendo todo lo posible para que el tema comience a rodar”, aseguró, sobre todo ahora que Uruguay ocupa un “lugar preponderante” en la Comisión Oceanográfica Internacional de la Unesco. Además, González informó que la ministra María Julia Muñoz resolvió crear un grupo de trabajo para coordinar con la Udelar y la Secretaría de Ciencia y Tecnología el desarrollo de posgrados y revitalizar la licenciatura en oceanografía que alguna vez existió. El jerarca sostuvo que en estos meses se verifica un “empuje” y una “efervescencia muy grande” de gente que intenta colocar en la agenda nacional el estudio, cuidado, preservación y explotación sustentable del mar territorial y sus costas.

1. Véase www.enperspectiva.net, 8-IV-16.
2. Véase “Ejecutivo estudiará proyecto de la Universidad del Mar”, publicada en www.elobservador.com.uy, 2-XII-17.

Glosario

Las regiones marinas con soberanía uruguaya

La plataforma continental de un Estado ribereño “comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio, hasta el borde exterior del margen continental”, según establece el artículo 76 de la Convención de Derechos del Mar (Convemar) de las Naciones Unidas. Cuando esa plataforma se extiende más allá de las 200 millas marinas, el Estado ribereño puede aspirar a ampliar su límite exterior ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (Clpc). Ese fue el caso de Uruguay, que al cabo de ocho años de estudios e investigaciones, en 2016 logró extender su soberanía sobre la plataforma continental hasta las 350 millas (82.500 quilómetros cuadrados más), alcanzando el máximo permitido y convirtiéndose en el primer país de América Latina en conseguirlo.

Más allá de la definición jurídica de “plataforma continental” planteada en la Convemar, desde el punto de vista científico el margen continental uruguayo se divide en tres regiones: con 180 quilómetros de ancho y una columna de agua de hasta 200 metros de profundidad se encuentra la plataforma continental; luego sigue el talud continental, que se extiende hasta los 4 mil metros de profundidad y presenta una pendiente abrupta; hacia abajo, hasta aproximadamente los 5 mil metros, se encuentra la elevación continental. En estas zonas el Estado tiene derechos exclusivos de exploración y explotación de sus recursos naturales no vivos (minerales, hidrocarburos) y especies del lecho marino (langostas, cangrejo rojo, entre otras), por lo cual Uruguay necesita incrementar la investigación sobre dichos recursos. Paralelamente, debe controlar todas las actividades que se realicen en la columna de agua, que es de uso internacional.

MAR TERRITORIAL Y ZEE. El mar territorial uruguayo se extiende 12 millas náuticas (22,2 quilómetros) contadas a partir de la línea de base normal desde la que se mide su anchura (esta es la línea de bajamar a lo largo de la costa) hasta la línea imaginaria que une Punta del Este (Uruguay) y Punta Rasa (Argentina), en el límite exterior del Río de la Plata. En este sector del océano el Estado ejerce plena soberanía, al igual que en las aguas internas de su territorio (continente).

En tanto, la zona económica exclusiva (Zee) es una franja marítima que ocupa 142.166 quilómetros cuadrados, equivalente al 82 por ciento de la superficie terrestre del país (176.215 quilómetros cuadrados). Se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas marinas (370,4 quilómetros) contadas a partir de la línea de base. En esta zona Uruguay tiene derechos de soberanía para explorar y explotar los recursos naturales vivos y no vivos, presentes tanto en las aguas suprayacentes al lecho marino como en su lecho y subsuelo. Estos derechos también se extienden a otras actividades, como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos.

Por otro lado, Uruguay tiene el deber de promover el manejo y uso sustentable de los recursos renovables y no renovables, y se compromete a proteger y preservar la biodiversidad y el ambiente marino con base en la mejor información científica disponible, tal lo plasmado en el Objetivo de Desarrrollo Sustentable 14 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Fuente: Grupo de Ciencia y Tecnología Marina (Cincytema-Udelar).

[/notice] [notice]

Científicos buscan anular decreto reglamentario de la ley de pesca

Un grupo de investigadores de la Universidad de la República presentó un recurso administrativo de revocación ante el Poder Ejecutivo contra el capítulo 7 del decreto 115/2018, que reglamenta la ley de pesca responsable y fomento de la acuicultura y fue publicado en el “Diario Oficial” el 4 de este mes. Los científicos afirman que esta disposición del Poder Ejecutivo es inconstitucional porque afecta la autonomía de la Universidad y además otorga excesivas potestades a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

El recurso, presentado con el patrocinio del abogado José Sciandro, cuestiona el capítulo 7, sobre pesca con fines de investigación, científicos o docentes. Los académicos entienden que el texto es “ambiguo, impreciso, confuso y poco claro” y que además colide con la ley orgánica universitaria, en tanto la ejecución de proyectos de investigación y la publicación de los resultados quedarán supeditadas a la opinión de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara). Esa dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap) tendrá potestades para impedir investigaciones si entiende que un proyecto no cumple con los requisitos estipulados en el decreto reglamentario, o prohibir que se divulguen los resultados si declara la “reserva” de la información, afirman los científicos en un escrito al que Brecha accedió.

Además, como el decreto abarca “cualquier tipo de actividad que se realice en el medio acuático y que pueda tener efectos sobre los recursos hidrobiológicos”, interpretan que habrá que pedir autorización a la Dinara para acciones como la “natación, riego, transporte y pesca, incluyendo toda la gama de formas de exploración, defensa nacional o recreación”. También advierten que esa dirección tendrá potestades para evaluar la conveniencia de proyectos con fines ambientales basados en el cumplimiento de una variedad de requisitos que ni siquiera solicita la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en el marco de la ley general del ambiente. Otro punto preocupante es que las investigaciones realizadas por organismos privados quedarían fuera de estas obligaciones, ya que el artículo 47 del decreto sólo hace referencia a organismos públicos.

“Llama la atención el pobre proceso de participación en la discusión y elaboración de este decreto o, al menos, la información manejada en forma pública. Esto anula cualquier intento de investigación independiente”, cuestionó la doctora Leticia Burone, del Departamento de Oceanografìa y Ecología Marina de la Facultad de Ciencias, en declaraciones a Brecha. Junto a los investigadores Daniel Panario, Julio Gómez, Marcelo Loureiro y Javier García Alonso –entre otros– promueve “una revisión seria” del decreto y apuntan a su anulación.

[/notice] [notice]

El mar en cifras

Fuente: Crónica Onu, Volumen LI número 4, 2014.

Los océanos producen la mitad del oxígeno de la atmósfera de la Tierra y absorben el 25 por ciento de las emisiones de CO₂. El fitoplancton marino genera el 50 por ciento del oxígeno necesario para la supervivencia.

Se calcula que la actividad económica global en los océanos oscila entre 3 y 6 billones de dólares estadounidenses, y contribuye a la economía mundial de muchas formas significativas:

• – El 90 por ciento del comercio mundial utiliza el transporte marítimo.
• – Los cables submarinos transportan el 95 por ciento de todas las telecomunicaciones mundiales.
• – La pesca y la acuicultura proporcionan a 4.300 millones de personas más del 15 por ciento del consumo anual de proteína de origen animal.
• – Más del 30 por ciento del petróleo y el gas que se producen en el mundo se extraen en el mar.
• – El turismo costero es el mayor segmento de mercado de la economía mundial y representa el 5 por ciento del producto bruto interno (Pbi) mundial y entre el 6 y el 7 por ciento del empleo mundial.
• – La ampliación de los conocimientos sobre la biodiversidad marina ha permitido adelantos muy importantes en sectores como la industria farmacéutica, la producción alimenticia y la acuicultura.
• – Las mareas, las olas, las corrientes y la energía eólica marina son fuentes de energía emergentes con grandes posibilidades de contribuir a la obtención de energía con bajas emisiones de carbono en países costeros.
• [/notice]