Nacida de un grupo de estudio de estudiantes de ingeniería, la organización que luego se definió como movimiento de liberación nacional no tardó en emplear la lucha armada con atentados, secuestros y asesinatos. Seis décadas más tarde, Eta se despidió pidiendo perdón por los “graves daños” que causó a sus víctimas y anunciando el “desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras” y “el final de su trayectoria y su actividad política”.
1958-2018. Sesenta años de vida. Sesenta años de sangre, de persecuciones. Sesenta años de exilio y dolor. La banda armada más longeva en el Estado español ha anunciado su disolución el 3 de mayo. Quedan atrás seis décadas de lucha por la independencia de Euskal Herria con la violencia como estrategia.
Desmantelamiento total de sus estructuras, abandono de la actividad política, disgregación del colectivo que formaba la organización Eta, disolución definitiva. El comunicado que lanzó el 3 de mayo la banda armada Euskadi Ta Askatasuna pone fin a una trayectoria marcada por la violencia y la búsqueda de un pueblo vasco independiente: “Eta surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él”, resumió en un comunicado que ha sido titulado Declaración final de Eta al pueblo vasco y que fue acompañado el 4 de mayo de un acto público de cese de actividad en presencia del mediador internacional Brian Currin y del alcalde de Bayona, Jean-René Etchegaray.
LOS PRIMEROS AÑOS. Ha cambiado mucho el contexto social desde que Eta inició su camino, aún en el marco de la dictadura franquista. Pocos años antes de su nacimiento, en 1952, se había formado Ekin, un grupo de estudio universitario de Bilbao dedicado a organizar charlas y debates en torno a la historia vasca y el euskera.
Ekin tomó contacto con Egi –Euzko Gaztedi Indarra, Juventudes del Partido Nacionalista Vasco– y los militantes comenzaron a crecer. En 1956 ambas asociaciones se fusionaron y realizaron una ponencia en el primer Congreso Mundial Vasco, celebrado en París entre el 23 de setiembre y 1 de octubre de ese mismo año, donde ya comenzaron a verse las tensiones con el Partido Nacionalista Vasco (Pnv): Ekin apostaba por la acción directa, siguiendo las luchas de liberación nacional que en esos años se daban en varios países, como Argelia, cuya guerra de independencia se extendería desde el año 1954 a 1962 y pondría en jaque al Estado francés. Ekin fue el germen de lo que después sería Eta.
Eran “unos jóvenes estudiantes de ingeniería de San Sebastián, que vinieron a Bilbao y empezaron a dar charlas los sábados”, relató el monje y documentalista Juan José Agirre en una entrevista publicada en El Salto. “Más tarde empezaron los atentados, que eran con bombas molotov hechas con botellas con ácido clorhídrico. Todo era muy rústico en aquella época. Y empezaron también las detenciones y algunos tuvieron que exiliarse a Bayona. Fue allí, en Bayona, donde empezaron a trabajar y publicar cantidad de publicaciones, una de las primeras fue el famoso Libro Blanco de Eta”, explicó Agirre, uno de los principales memorialistas del nacionalismo vasco.
La primera vez que la organización utilizó el nombre de Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad) fue en una carta dirigida a José Antonio Agirre, lehendakari (presidente del País Vasco) en el exilio, para notificarle la existencia de un grupo nacionalista salido de Egi. Era el año 1959. Un año después publicaron su Libro Blanco. En él establecieron su línea política, y también su línea estratégica: “La liberación de manos de nuestros opresores requiere el empleo de armas cuyo uso particular es reprobable. La violencia como última razón y en el momento oportuno ha de ser admitida por todos los patriotas”, señalaba la publicación.
Pasó un año más hasta que Eta hizo su primera acción, que consistió en intentar hacer descarrilar un tren con destino a Donostia en el que viajaba un grupo de ex combatientes franquistas para celebrar allí la victoria de Franco –otros historiadores sostienen que la primera víctima fue Begoña Urroz, una niña de 22 meses que falleció en una explosión en la estación de Amara, en San Sebastián, pero los archivos policiales apuntan a otro grupo, el Dril, formado por exiliados españoles y portugueses, como el responsable del atentado.
En 1962, la organización celebró su primera asamblea. Fue en Urt (Francia), y en ella se asentaron sus bases: el laicismo, la defensa del euskera, la identidad vasca como elemento definitorio y la definición de la organización como movimiento revolucionario vasco de liberación, además de la defensa de la democracia ante el comunismo y el franquismo, y la lucha por la independencia del País Vasco, entendiendo por éste los territorios de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Labort, Baja Navarra y Sola, estos tres últimos situados en el Estado francés.
En 1964, Eta lanzó su primer comunicado. El texto, publicado tanto en euskera como en castellano, era un “mensaje de esperanza” para el que fijaban como el primer año de “lucha por la liberación total de Euskadi”. Fue en ese año, en su tercera asamblea, celebrada en Bayona, cuando la organización decidió que la lucha armada era la vía para conseguir la independencia de Euskal Herria.
En su siguiente asamblea, celebrada entre los años 1966 y 1967, comenzaron las escisiones: Eta Zaharra –que posteriormente se quedaría con Eta – y Eta Berri, una vertiente obrerista que años después daría lugar al partido Movimiento Comunista.
PUNTO DE INFLEXIÓN. El 7 de junio de 1968 se produjo el primer asesinato de Eta. La banda acababa con la vida de un guardia civil, José Antonio Pardines, en un control de carretera. Dos meses después, la banda cometió su primer asesinato premeditado, el de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de Donostia, colaborador de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial y jefe de la Brigada político-social de Guipúzcoa, a quien se le atribuyen numerosas torturas a opositores al régimen franquista, tanto a militantes independentistas como a figuras del partido socialista, el comunismo y el sindicalismo de la Unión General de Trabajadores.
El 3 de diciembre de 1970, 16 miembros de Eta fueron llevados a juicio sumarísimo por los asesinatos de Manzanas, Pardines y de Fermín Monasterio Pérez, un taxista que habría sido asesinado por un miembro de Eta por negarse a sacarlo de allí cuando huía de la policía –el comunicado de Eta sobre lo ocurrido negó esto, asegurando que el taxista murió como consecuencia de los disparos de la Guardia Civil. El proceso fue contestado en las calles con paros, huelgas y manifestaciones, en las que Roberto Pérez Jáuregi, un joven antifranquista de 21 años, fue herido de muerte por disparos de la policía.
De los 16 acusados en el proceso, seis fueron condenados a penas de muerte, otros nueve a penas de cárcel que iban de 12 a 70 años y la última fue absuelta. Las reacciones ante las durísimas condenas por parte de todos los sectores de la sociedad civil y de varios países hizo que el régimen reculara y retirara las penas de muerte. Años después, todos los acusados saldrían en libertad amparados por la ley de amnistía.
Llegó el año 1973 y, con él, nuevas –y las más importantes– escisiones: una parte de Eta abogó por la prioridad de la actividad terrorista –Eta militar–, mientras la otra optaba por supeditarla a la lucha política –Eta político-militar–, siendo esta última la que tenía más apoyos.
El año 1973 también fue el de la operación Ogro, que acabó con la vida de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno franquista y sucesor in pectore del propio Francisco Franco. El mismo día del atentado, el 20 de diciembre, Eta lo reivindicó, saliendo al paso de las especulaciones en torno a un atentado que, no obstante, ha estado siempre envuelto en un halo de misterio por el posible papel que, según se ha especulado durante años, jugaron los servicios secretos estadounidenses. Lo cierto es que la operación Ogro situó a Eta en el mapa de los grupos terroristas internacionales, clasificación en la que estaban las Brigadas Rojas italianas y la Fracción del Ejército Rojo de la Alemania Federal. Con el asesinato de Carrero Blanco se marcaban, asimismo, los límites de la transición a la democracia, una transición en la que Eta se iba a constituir como enemigo público número uno.
Nota aparte merece el contexto político, cultural y social vasco en los últimos años setenta y los ochenta, que ha sido llamado “revolución vasca”. Más allá del movimiento obrero y del nacionalista, incluyó un potente movimiento ecologista y antimilitarista, experiencias de economía alternativa, redes feministas, medios de comunicación (diarios, revistas, fanzines, radios libres…), proyectos educativos, etcétera. La forma en la que la lucha armada influyó en ese contexto –y, al decir de algunos autores, uniformizó un movimiento ecléctico hasta agotarlo– es todavía objeto de polémica.
Los años de la transición fueron años de plomo. A la actividad armada de Eta se sumó la de los Grapo –Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, nacida en 1975–, el Frap –Frente Revolucionario Antifascista y Patriota–, las Fuerzas Armadas Guanches en Canarias o el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive. Pero también el terrorismo se vio desde la extrema derecha –Alianza Apostólica Anticomunista, Grupos Armados Españoles o los Guerrilleros de Cristo Rey–, que contó con entre 15 y 20 víctimas mortales, en su mayoría abogados laboristas o ciudadanos sin ninguna relación con la política.
Los objetivos de los atentados terroristas, además de políticos, iban dirigidos contra la expansión de la recién llegada droga dura al país. Hasta 1994, un artículo de El País publicado ese año cifraba en 20 las personas vinculadas al narcotráfico muertas a manos de Eta. El Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive también se había marcado como objetivo combatir el narcotráfico, que en esos años comenzaba a expandirse por las rías gallegas tras la reconversión del sector del contrabando de tabaco, como ilustra el libro –y serie– Fariña.
LA GUERRA SUCIA CONTRA ETA. El déficit democrático en España se plasmó en la estrategia que durante los años ochenta se tomó para combatir la oleada de violencia. Primero y tímidamente bajo el gobierno de Adolfo Suárez (1976-1981) y, posterior y decididamente, durante la etapa de Felipe González (1982-1996), proliferó la “guerra sucia” contra Eta. Entre varias bandas paramilitares, fueron los Grupos Antiterroristas de Liberación (Gal) los principales responsables de la estrategia de terrorismo de Estado desencadenada contra la banda y contra ciudadanos vascos. Los asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, el secuestro de Segundo Marey y el atentado en el hotel Monbar de Bayona fueron los atentados más conocidos de una ofensiva en la que estuvieron implicados responsables del Ministerio de Interior: José Barrionuevo y Rafael Vera (Psoe). Felipe González, presidente del gobierno, nunca fue señalado oficialmente como responsable de los Gal, pese a las evidencias periodísticas. En 2016, una respuesta en un programa de radio de González asumió la leyenda negra en torno a esos años al hablar del resultado electoral del Psoe en las elecciones generales: “Nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco, a pesar de las cosas que hicimos… ta, pa, pa”.
Incrustada en esa guerra sucia, las divisiones internas y la huida hacia adelante de parte de la organización se tradujo en el asesinato de María Dolores “Yoyes” González Katarain, vecina del municipio de Ordicia y ex militante de Eta. Con el asesinato de Yoyes se lanzaba un mensaje al corazón del independentismo, señalando a quienes abogaban por la vía de la reinserción.
La década del 80 terminó con el empeño más importante de solucionar el conflicto hasta la llegada de Zapatero a La Moncloa. Las conversaciones de Argel, que dieron lugar a la primera tregua de la banda, entre enero y marzo de 1989, arrancaron con un comunicado lanzado en la Bbc y The New York Times y terminaron con un tiro en la cabeza a un guardia civil. A la tregua del 89 le seguirían otras pausas en la actividad armada.
En 1995, Eta se fijó como objetivo matar a personalidades de las más altas esferas, aunque con poco o ningún éxito. El 19 de abril, fracasó un atentado con coche bomba contra el entonces líder de la oposición y poco después presidente del gobierno, José María Aznar. También, según los cuerpos de seguridad, fue abortado otro atentado contra el rey Juan Carlos I, y, el año siguiente, desmantelaron otro dirigido al líder del Pnv y entonces consejero de Interior en el País Vasco, Juan María Atutxa.
RECHAZO POPULAR a LA VIOLENCIA. No obstante, la estrategia de “socialización del sufrimiento” supuso una ampliación de los objetivos que marcaría definitivamente el rechazo social a una táctica que comenzó con el asesinato del concejal Gregorio Ordóñez (1995) y tendría sus exponentes más claros en los casos del jurista Francisco Tomás y Valiente (1996), Miguel Ángel Blanco (1997) o el economista y político Ernest Lluch (2000).
La respuesta de parte de la sociedad vasca y española fue el movimiento de las “manos blancas” (jóvenes que se manifestaban con las palmas pintadas de blanco), que tuvo un impacto poderoso a través de medios de comunicación y masivas manifestaciones. Unos años antes había nacido Elkarri, un movimiento social y cívico por la paz y el diálogo que abogó en su trayectoria (1992-2006) por construir una paz positiva.
En 1996, Eta secuestró a un funcionario de prisiones. José Antonio Ortega Lara estuvo encerrado en un zulo durante 532 días. La condición que la banda armada puso para su liberación fue el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco, pero el gobierno hizo caso omiso. La política de alejamiento de presos había comenzado siete años antes, en 1989.
Días después de la liberación de Ortega Lara, media España vivió en tiempo real el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua. El objetivo de Eta cuando lo secuestró, el 10 de julio de 1997, fue el mismo: acabar con la política de dispersión de presos. De nuevo, el gobierno se negó. El 12 de julio de 1997 fue asesinado a tiros en un descampado de Lasarte-Oria, en Guipúzcoa.
La muerte de Miguel Ángel Blanco se convirtió en un símbolo para el Partido Popular y, más allá, para la lucha antiterrorista encarnada por el gobierno de Aznar, que comenzó a recibir el apoyo decidido de las autoridades francesas. Una lucha para la que contó también con el apoyo de parte de la intelectualidad y amplias capas de la sociedad vasca. En 2001, Jaime Mayor Oreja, representante del sector ultramontano del PP, tocaba el techo electoral de los populares en la Comunidad Autónoma Vasca, con un 23,1 por ciento de los votos.
En 1997, el Tribunal Supremo condenó a Herri Batasuna por ceder su espacio electoral a Eta en las elecciones de 1996. También comenzó el dogma del “todo es Eta” promulgado por el juez Baltasar Garzón. El sumario 18/98 supuso la detención de 75 personas acusadas de formar parte del “entramado social” de Eta. Empresarios, asociaciones ecologistas o periódicos, como Egin –cerrado en una decisión que, diez años después, fue tachada de ilegal por el Tribunal Supremo–, fueron relacionados con Eta pese a que las evidencias mostraban lo contrario.
ACCIÓN Y REACCIÓN. El 16 de setiembre de ese año, Eta anunciaba una tregua indefinida y sin condiciones, que duraría un año. Cuatro días antes, Pnv, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y el sindicato Lab habían firmado el pacto de Estella, con el que, siguiendo el modelo de Irlanda del Norte, proyectaban un proceso de paz para Euskal Herria.
Los atentados continuaron. El del 21 de enero de 2000, un coche bomba en Madrid se llevó la vida del teniente coronel de intendencia Pedro Antonio Blanco y puso fin a un año de tregua.
La respuesta del gobierno fue cerrar todas las vías a la representación democrática, ilegalizando a todo partido que desde Madrid se considerara simpatizante de la organización terrorista. La nueva ley de partidos políticos supuso la ilegalización, en 2003, de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Herritarren Zerrenda, Abertzale Sozialisten Batasuna, Askatasuna, el Partido Comunista de España (reconstituido).
Un año después, Madrid sufriría el mayor atentado de su historia: 190 personas murieron en las explosiones en trenes de cercanías en la estación de Atocha. El mensaje del gobierno del Partido Popular fue claro: había sido Eta. Pero después de varios días, la población supo que los autores del atentado estaban vinculados a la organización Al Qaeda.
En 2006 llegó un nuevo invento dirigido a determinados presos, la doctrina Parot, bautizada así por Henri Parot –miembro de Eta condenado a 4.800 años de cárcel por 82 asesinatos–, sobre quien recayó la resolución del Tribunal Supremo que creó la jurisprudencia. La nueva lectura establecía que, para acceder a los beneficios penitenciarios –tercer grado, libertad condicional– ya no había que cumplir dos terceras partes de la condena, con los 30 años de encarcelamiento como referente máximo, sino la pena total. La nueva doctrina fue declarada ilegal por el Tribunal de Estrasburgo en octubre de 2013.
No fue el primero, pero su trabajo ha sido impulsor del proceso de paz que continuaría años después. El movimiento Lokarri se fundó el 7 de marzo de 2006 a través de la plataforma Elkarri. Su nombre –“lo que sirve para unir”– daba muestras de su objetivo: la pacificación. Para ello: el diálogo y la negociación. Pocos días tras la fundación de Lokarri, Eta anunció un nuevo alto el fuego, esta vez “permanente”, siguiendo los pasos del Ira en su proceso de paz. Pero la negociación que siguió a la tregua fracasó y, en diciembre de 2006, un atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas causó la muerte de dos personas. Al atentado de Barajas le siguieron los asesinatos de tres guardias civiles y el del ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco. Por su parte, el juez Garzón volvió a la carga condenando a diez años de cárcel a los principales líderes de Gestoras pro Amnistía, organización que tenía como objetivo prestar asistencia humana y jurídica a presos de Eta.
Un año después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió una instrucción al cuerpo de Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Policía Foral de Navarra para que investigaran la colocación de carteles y pancartas con fotografías de presos de Eta en las calles y en el interior de locales, comenzando una persecución de un tipo penal hasta entonces usado un puñado de veces, el enaltecimiento del terrorismo, que después se trasladaría a la persecución de opiniones expresadas en las redes sociales.
EL CAMINO HACIA LA PAZ. Ya en 2010 se comenzaron a dar pasitos. En marzo, mediadores internacionales, entre los que se encontraba Brian Currin, que después asumiría protagonismo en el proceso de paz, reclamaron a Eta un alto el fuego y al gobierno español que, si este alto el fuego llegaba, diera una respuesta acorde al proceso de paz. Un mes después, la izquierda abertzale (nacionalista) recogió la hoja de ruta de la tregua de 2006 para avanzar hacia un abandono definitivo de las armas. Y ese mismo año, en setiembre, Eta declaró su intención de no llevar a cabo más acciones armadas ofensivas.
En 2011 comenzó a materializarse el proceso. El 10 de enero, Eta declaró el alto el fuego permanente, general y verificable, respondiendo a la demanda de los mediadores internacionales. En octubre, la Declaración de Aiete pidió que el cese de la violencia fuera definitivo. Para entonces, ya se había creado una Comisión Internacional de Verificación (Civ), con mediadores internacionales e independientes (véase entrevista con Alberto Spektorowski), expertos en la resolución de conflictos armados. Ese mismo mes de octubre de 2011, Eta anunció el fin de la lucha armada.
En los siguientes años continuaron los pasos dados por Eta, también por la sociedad vasca, y, en algunos casos, las instituciones vascas hacia la paz. En 2012, comenzaron los encuentros entre presos y víctimas de Eta.
El acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco era el principal reclamo de la banda armada, pero también de una sociedad civil cada vez más organizada. La manifestación pro presos del 12 de enero de 2013 reunió en las calles de Bilbao a más de cien mil manifestantes para pedir la paz y el fin de la política de dispersión de presos. Silencio por respuesta.
El proceso continuó con Eta cumpliendo sus compromisos de fin definitivo de la actividad armada ofensiva, según comprobó la Civ, y en junio de 2013 eran los refugiados políticos vascos los que declaraban su deseo de regresar y aportar para el proceso de paz.
En diciembre, Lokarri presentó una comisión de ocho personas para impulsar el proceso de paz y, un mes más tarde, ya en enero de 2014, Eta realizó su primera entrega de armas y explosivos ante la Civ, una entrega simbólica que fue calificada de irrisoria por los grandes medios de comunicación. Aun con el proceso abierto, continuaron las detenciones de personas relacionadas con el colectivo de presos de Eta.
Desde la Audiencia Nacional también cargaron contra los mediadores internacionales de la Civ, que fueron llamados a declarar por su “relación con Eta” ante la petición del colectivo de víctimas Covite.
Pero el proceso continuó. El 15 de julio de 2014, Eta envió un comunicado anunciando que sus estructuras logísticas y operativas de lucha armada estaban ya desmanteladas. En 2016 fue cuando la sociedad civil asumió el protagonismo total de un proceso al que los gobiernos francés y español seguían dando la espalda. Varios activistas del ámbito pacifista se lanzaron a organizar el proceso de desarme, enfrentándose a los obstáculos y la represión gubernamentales.
En diciembre de ese año, cinco activistas fueron detenidos en Luhuso cuando se disponían a realizar una operación de desarme y destrucción del arsenal de Eta. Al día siguiente, cuatro mil personas salieron a las calles en Francia en repulsa por estas detenciones, enfrentándose el gobierno, no sólo a las críticas de la izquierda, sino también de la derecha francesa.
Habían llegado los Artesanos de la Paz (voluntarios de la sociedad civil), recogiendo el testigo del proceso de paz, cuyo objetivo ahora era el desarme de Eta. El gobierno francés cambió su actitud, dejando hacer, y el 8 de abril de 2017, en un acto público celebrado en Bayona, se realizó la entrega definitiva de armas de Eta (véase Brecha, “Adiós a las armas”, 24-III-17, y “Ganadores y perdedores”, 12-IV-17).
Desde entonces hasta el día de hoy, cuando Eta ya ha anunciado su disolución, han continuado los pasos, incluyendo ahora a representantes del gobierno francés, que también ha comenzado el proceso de acercamiento de presos vascos.
(Tomado de El Salto por convenio. Brecha reproduce fragmentos.)
[notice]Con Alberto Spektorowski, mediador del Grupo Internacional de Contacto
La vía vasca
El vacío que dejó el gobierno español al negarse a participar en las negociaciones para el desarme y la disolución de Eta lo llenó la sociedad civil vasca, con la ayuda del Grupo Internacional de Contacto como intermediario. Brecha conversó con uno de los integrantes de este grupo de verificadores del desarme, el profesor universitario uruguayo-israelí Alberto Spektorowski.
Por Pablo Rabasco
—Una parte de la sociedad española pudo llegar a simpatizar (o al menos entender) las acciones de Eta durante la década del 70, especialmente el atentado de 1973 contra Luis Carrero Blanco, primer ministro de Franco y quien se pensaba sería su heredero.
—El atentado contra Luis Carrero Blanco fue aceptado porque era la época del franquismo y por lo que Carrero Blanco representaba en el régimen.
—A finales de los ochenta se produjo un terrible giro en las acciones de la banda; los atentados a la casa-cuartel de Zaragoza en 1987 (11 muertos, entre ellos cinco niños), en el centro comercial Hipercor en 1987 (21 civiles asesinados), o la casa-cuartel de Vic, en 1991 (nueve muertos, entre ellos cuatro niños).
—Fundamentalmente nos encontramos con la reprobación de la sociedad vasca. Aún no en esos años, pero en la década del 90 ya la sociedad vasca se empezó a manifestar contra Eta. La avanzada terrorista de Eta, denominada “la socialización del sufrimiento”, terminó por cansar a la sociedad vasca. Y por último el asesinato del concejal del Partido Popular (PP) Miguel Ángel Blanco (en 1997) fue un momento de quiebre en lo que se podría considerar el cambio de viento para la organización. La gente, aun con miedo, salía a manifestar contra los asesinatos.
—Las diócesis del País Vasco, Navarra y Bayona emitieron un comunicado hace unas semanas en el que reconocen que se “han dado complicidades, ambigüedades y omisiones” en su relación con Eta. No existen muchos precedentes en una institución como ésta, de asumir, aunque sea verbalmente, su papel en el conflicto.
—Es cierto. Es que hicieron la vista gorda por un tiempo. Hoy más que nunca es mejor salir al frente que esperar que te empiecen a acusar.
—En España la inmensa mayoría de los medios de comunicación analizan el final de Eta como una victoria de los diferentes gobiernos democráticos a través de los cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia. No existe debate sobre mediación o acuerdos de paz.
—Es en parte cierto. La democracia y los aparatos de seguridad, y sobre todo la colaboración España-Francia, llevaron prácticamente al desmantelamiento de la organización. Pero la mediación internacional, es decir el trabajo del Grupo Internacional de Contacto, contribuyó para que el fin tuviera sello y firma. Si no fuera por ese trabajo, lo que tendríamos sería una Eta derrotada pero existente. Y eso produciría inestabilidad en la población: saber que la organización está derrotada pero no disuelta. El anuncio del fin de la violencia hecho con bombos y platillos después de (la Conferencia de Paz de San Sebastián en 2011 en el Palacio) Aiete, luego en el proceso de desmantelamiento y entrega de armas, y finalmente en Kanbo (donde se organizó el 5 de mayo pasado el acto de reconocimiento del fin definitivo de Eta), le dio a todo el proceso la credibilidad del final. La sociedad vasca empezó a dormir tranquila desde la “Declaración de Aiete” (que Eta aceptó, anunciando el fin definitivo de su actividad armada), y ahora puede seguir viviendo sin el terror de Eta. El final está sellado. El sello es muy importante.
—¿Cómo pudo generarse este proceso, cuando el gobierno español no pidió mediar en el conflicto?
—Al principio hubo una mediación con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no hizo mucho pero que permitió lo de Aiete. Pero luego, con el PP, se acabó toda posibilidad de conversar con España. En ese momento se pasó a un sistema único nunca visto en cuanto a negociaciones. Éstas se hicieron con la sociedad vasca, que se vio involucrada cada vez más en un problema que ya no era español sino de los vascos. A eso se lo denominó “la vía vasca”.
—¿Si el gobierno español no ha pedido una mediación, quién lo hizo?
—La pidió Eta a través de la izquierda abertzale (nacionalista). Era una pista de aterrizaje precisamente para llegar a esto.
—Se están dando procesos de mediación en el ámbito de lo personal, entre etarras y víctimas, entre personas vinculadas a Eta y colectivos sociales y vecinales… sin embargo esto no está trascendiendo a la sociedad española.
—Exactamente. Este es un problema vasco, y muy doloroso por cierto. Los etarras deben darle la cara a su pueblo, en el cual una mayoría les dice que el daño fue injusto.
—Da la sensación de que todo este proceso final está muy vinculado a un intento desesperado por aproximar los presos de Eta al País Vasco. Sin embargo, parece que la radicalización de las leyes antiterroristas españolas que se aplican a cualquier acto vandálico de la kale borroka (lucha callejera de grupos nacionalistas vascos) y la izquierda abertzale podría vincular a los presos con estos grupos e impedir esta aproximación…
—Creo que el acercamiento de los presos se va a dar en silencio y sin declaraciones, porque el PP no puede verse presionado hoy en día cuando tiene a Ciudadanos (partido de derecha del que depende la coalición de gobierno del PP y que se opone a un acercamiento de los presos) encima. Esa radicalización del gobierno que mencionas tiene mucho que ver con la presencia de Ciudadanos a la derecha del PP, y repercute tanto en el caso de Cataluña como en el del País Vasco.
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